TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 391/2015-RA

Sucre, 17 de junio de 2015


Expediente        : Potosí 15/2015

Parte Acusadora        : Santos Chávez Balcázar y otro

Parte Imputada        : Tarín Crisálida García Flores

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de marzo de 2015, cursante de fs. 128 a 130, Tarín Crisálida García Flores, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista  6/2015 de 4 de febrero, de fs. 111 a 113 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Santos Chávez Balcázar y Florencio Cuiza Navarro, representantes del Sindicato de Transporte Pesado Primero de Mayo contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 128/2014 de 16 de octubre (fs. 86 a 88 vta.), el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Villazón del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Tarín Crisálida García Flores, autora de la comisión del delito de Apropiación Indebida Agravada, previsto y sancionado por los arts. 345 y 349 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión.

  1. Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 91), la imputada formuló recurso de apelación restringida (fs. 94 a 99), resuelto por el Auto de Vista 6/2015 de 4 de febrero (fs. 111 a 113 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó totalmente la Sentencia apelada.


  1. El 2 de marzo de 2015 (fs. 120), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 9 del mismo mes y año, formuló recurso de casación.


II. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente, previa referencia a la vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y al principio de legalidad, alega que el caso reviste índole civil-comercial, porque no existe materia justificable para hacer posible la acusación por la comisión del delito de Apropiación Indebida en base a un documento de carácter civil, en el que no se establece que se haya apropiado indebidamente de fondos del Sindicato o haya abusado de la confianza, habiéndose forzado la existencia de la comisión de delito en base a un fallo inmotivado y contradictorio, sin realizar una valoración de veracidad de los hechos sobre los cuales se funda la Sentencia.


Refiere que de la revisión del Auto de Vista impugnado: “…se tiene la omisión del  Art. 370 Inc. 1) del C.P.P., puesto que los Vocales recurridos han inobservado y cometieron error en la aplicación de la ley Adjetiva citada, en relación al Art. 349 del C.P.P.” (sic), que se consideró la existencia de agravante por el dinero manejado en razón de su trabajo sin ninguna seguridad, en lugar de considerar una atenuante de la pena, vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, además de los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no fueron interpretados correctamente.


De igual forma refiere la ausencia de una suficiente y adecuada revisión y motivación en el Auto de Vista impugnado, aclarando que la obligación de motivar las resoluciones no significa que las decisiones adoptadas necesariamente deban satisfacer al justiciable, sino que la decisión sea justificada y verse sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el documento base de la querella y lo manifestado en las declaraciones contradictorias de los querellantes y testigos, por cuanto la pena impuesta en su contra no condice con la realidad de los hechos.

Cita los Autos Supremos 134/2013-RR de 20 de mayo, 127/2011 de 21 de abril, 8/2012 de 30 de enero, 304/2006 de 25 de agosto, 431/2005 de 15 de octubre y 712/2004 de 25 de noviembre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


En el caso de autos, se establece que el 2 de marzo de 2015, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 9 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de fondo, se advierte que la recurrente enfatizando que el caso reviste índole civil-comercial, porque la condena dispuesta en su contra tendría como base un documento de carácter civil, denuncia que se forzó la existencia de la comisión del delito de apropiación indebida a cuyo fin invoca varias resoluciones emitidas por este Tribunal, sin cumplir con la carga procesal de establecer con claridad, alguna situación de contradicción entre el Auto de Vista impugnado, con alguno de los precedentes invocados que permita realizar la labor de contraste que la ley asigna en la resolución de fondo de los recursos de casación.


Sin embargo, no es menos evidente, que la recurrente cuestiona a partir de la precisión de los hechos que motivan la causa, específicamente la suscripción de un documento de compromiso de pago de una suma de dinero y con fecha determinada, que el Juez de la causa haya supuestamente forzado la comisión de delitos, sin tomar en cuenta que el documento es de carácter civil y sin que el Tribunal de alzada haya emitido una resolución motivada que verse sobre la totalidad de los aspectos contenidos en el documento base de la querella y lo manifestado en las declaraciones contradictorias de los querellantes y testigos, en vulneración al debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que derivó en la imposición de una condena de tres años y seis meses; lo que supone, la concurrencia de los presupuestos de flexibilización descritos en el acápite anterior del presente fallo, posibilitando la admisión del recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación formulado por Tarín Crisálida García Flores, de fs. 128 a 130. y en cumplimiento del segundo párrafo del mencionado artículo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA