TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 389/2015-RA

Sucre, 15 de junio de 2015


Expediente                : Cochabamba 25/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Remigio Paco Coca y otros

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de octubre de 2006, cursante de fs. 127 a 128, Feliciano Jora Loroño, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 13 de septiembre de 2006, de fs. 115 a 119 y su Auto Complementario de fs. 122, pronunciados por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Remigio Paco Coca, Ernesto Paco Jora y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 9 a 12 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 17 de 25 de mayo de 2004 (fs. 99 a 103 vta.), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a: i) Remigio Paco Coca y Feliciano Jora Loroño, autores del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndoles al primero la pena de ocho años de presidio y al segundo la sanción de diez años de presidio; ii) Ernesto Paco Jora, autor en grado de Complicidad por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado por los arts. 76 y 55 de la Ley 1008 y art. 23 del Código Penal, imponiéndole la pena de cinco años y cuatro meses de reclusión. Asimismo, dispuso la multa de 250 días a cada uno de los imputados a razón de 1 Bs.- por día, con costas y responsabilidad civil, averiguables en ejecución de Sentencia. Finalmente, en aplicación del art. 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), declaró absolutoria a favor de los tres imputados por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Remigio Paco Coca, Feliciano Jora Loroño y Ernesto Paco Jora (fs. 108 a 109), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista de 13 de septiembre de 2006 (fs. 115 a 119), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, que declaró anular en parte la Sentencia apelada, sin reposición del juicio, sólo en cuanto a la absolución de los imputados por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008. En lo demás, declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, con costas.


  1. El 23 de octubre de 2006 (fs. 126), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y su Auto Complementario, y el 28 del mismo mes y año, formuló recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente denuncia el incumplimiento del art. 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que el Auto de Vista motivo del presente recurso, fue emitido fuera del plazo máximo de 20 días establecido en la norma procesal antes citada, violándose el principio de celeridad procesal consagrado en el art. 116 inc. X de la anterior Constitución Política del Estado y art. 8.I del Pacto de San José de Costa Rica.


  1. También denuncia la errónea interpretación del art. 414 del CPP por el Tribunal de alzada, ya que no fundamentó en derecho la parte resolutiva del Auto de Vista recurrido, es decir, no habría cumplido además con lo dispuesto en el art. 413 del citada norma legal, pues al anular en parte la Sentencia sólo en lo referido a la absolución del delito de Tráfico de Sustancias Controladas y confirmar la Sentencia, le dejó en incertidumbre por que no se sabe si, se le condenó por el delito de Tráfico o Transporte de Sustancias Controladas o en su caso por los dos ilícitos, cuando lo correcto debió ser que se aplique el art. 413 del CPP, anulando en parte la Sentencia para que el Tribunal que conozca el presente caso dicte nueva Sentencia con una valoración integral de las pruebas a producirse en audiencia de juicio bajo el principio contradictorio; en conclusión, alega que con esta decisión asumida por el Tribunal de alzada se violó sus derechos y garantías como es el de ser juzgado por un Tribunal imparcial.


Finalmente, señala que ante la existencia de defectos absolutos no es necesario acompañar precedente contradictorio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Dicho entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 23 de octubre de 2006, fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 28 del de mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 de CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad se tiene respecto al primer motivo referido a que el Auto de Vista recurrido hubiese sido emitido fuera del plazo legal establecido en el art. 411 del CPP, que la parte recurrente omite innovar algún precedente contradictorio con el cual este Tribunal pueda efectuar la labor de contraste que la ley le asigna, más cuando a partir de la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 240 de 12 de marzo de 2009, 259 de 6 de mayo de 2011 y 254 de 2 de octubre de 2013 entre otros, sostenida de manera uniforme por este Tribunal, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios negligentes; por consiguiente, este motivo resulta inatendible en casación teniendo en cuenta que este Tribunal por su función unificadora de jurisprudencia mantiene el lineamiento jurisprudencial referido.


Con relación al segundo motivo, por el cual la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada aplicó erróneamente el art. 413 del CPP, pues en vez de corregir de forma directa la parte dispositiva de la Sentencia, debió disponer que sea otro Tribunal de Sentencia el que en base a una nueva valoración probatoria emita una nueva resolución, ya que con dicha decisión a más de revalorizar prueba se vulneraron sus derechos y garantías, se evidencia el incumplimiento de lo previsto en los arts. 416 y 417 del CPP, pues el recurrente omite invocar precedentes contradictorios y explicar fundadamente una posible contradicción con el Auto de Vista recurrido. Debe agregarse, que si bien es evidente que el recurrente refiere que no es necesaria la invocación de precedentes cuando se denuncia la existencia de defectos absolutos por vulneración de principios y garantías constitucionales, convenios y tratados internacionales, no es menos cierto que cuando se efectúan este tipo de denuncias, la parte recurrente se encuentra en la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite III de la presente resolución, que en el presente caso también fueron omitidos, pues simplemente señala de forma sucinta y confusa los hechos acusados, sin acreditar en qué consiste la restricción o disminución de las citadas garantías o derechos, y menos explica el resultado dañoso emergente, derivando en que el recurso resulte inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización, pues conforme las falencias advertidas en el planteamiento del recurso y siendo que estas no pueden ser suplidas de oficio por la mera referencia o cita de las normas habilitantes, imposibilitan a este Tribunal ingresar al análisis de fondo vía flexibilización.


Finalmente, se aclara que la consideración y resolución del presente recurso de casación correspondiente a la gestión 2006, se efectúan en la presente fecha en mérito a la dilación existente en la notificación de los co-imputados con el Auto de Vista de 13 de septiembre de 2006, aspecto que deberá ser de conocimiento de las autoridades competentes.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Feliciano Jora Loroño, de fs. 127 a 128. 


Conforme a los fundamentos expuestos, se dispone que por Secretaria de Sala se remitan fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes ante la Fiscalía General del Estado y del Concejo de la Magistratura a los fines que según normativa corresponda.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA