TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 388/2015-RA

Sucre, 15 de junio de 2015


Expediente                : Santa Cruz 34/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Ángel Alejandro Aripi

Delito                : Violación de Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 09 de marzo de 2015, cursante de fs. 147 a 150, Ángel Alejandro Aripi interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 100 de 11 de diciembre de 2014, de fs. 140 a 143 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rosa Laime Villca en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente con Agravación, previsto y sancionado por los arts. 308 bis con relación al 310 incs. 2), 3) y 4) del Código Penal (CP).


I.        ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)        En mérito a las acusaciones pública (fs. 16 a 19) y particular (fs. 23 a 27), una vez desarrollada la Audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 01/2014 de 27 de enero (fs. 98 a 100 vta.) el Tribunal de Sentencia de la Provincia Obispo Santistevan del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ángel Alejandro Aripi, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, en forma agravada, previsto en los arts. 308 bis con relación al art. 310 incs. 2), 3) y 4) CP, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de veinte años en presidio, sin derecho a indulto, a cumplir en el cárcel Pública de Montero del mismo Departamento.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el imputado Ángel Alejandro Aripi formuló recurso de apelación restringida (fs. 105 a 110 vta.), resuelto por Auto de Vista 100 de 11 de diciembre de 2014 (fs. 140 a 143 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que lo declaró admisible é improcedente el recurso interpuesto y confirmo la Sentencia apelada.


c)        Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado el 2 de marzo de 2015 (fs. 144), el 9 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACION


De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivo el siguiente:


El recurrente como agravio, alega que denunció ante el Tribunal de alzada, defectos absolutos de la Sentencia condenatoria, ya que se habría aplicado erróneamente la ley sustantiva al no establecer en la Sentencia los elementos constitutivos del delito de violación y por haberse basado en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba y que ante estos agravios denunciados el Tribunal de alzada, no habría respondido de manera fundamentada, que lo habría hecho simplemente realizó un análisis de la actividad del desarrollo del juicio oral desde el punto de vista doctrinario referente a la violación, por ejercicio de poder y habría realizado una copia de los hechos obtenidos de la Sentencia, llegando a deducir  que  la prueba producida fuera suficiente para vencer la presunción de inocencia y que con relación a lo referente a los vicios que tendría la Sentencia condenatoria, habría considerado que no era cierto ni evidente, ya que el Tribunal de Sentencia habría actuado y fundado su Resolución de conformidad a las disposiciones que corresponde al delito de violación, respuesta que a decir del recurrente no es clara ni  específica sobre los puntos denunciados en la apelación restringida; afirmando que con este actuar, el Tribunal de alzada, por un lado no ha realizado una adecuada fundamentación intelectiva sobre los motivos de la apelación restringida; y por otro lado, que éste habría incurrido en incongruencia omisiva, pues no respondió de una manera clara y precisa sobre los puntos denunciados, violando los arts. 124, 398 y 370 incs. 1) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Agrega que, como consecuencia de esa carencia argumentativa, al omitir pronunciarse motivadamente sobre los puntos que fueron denunciados en la apelación restringida, el Auto de Vista vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica, infringiendo las normas procedimentales en sus arts. 169 inc. 3) del CPP, aseverando que es contrario a los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo, 348/2013-RRC de 24 de diciembre y 215 de 18 de junio de 2006.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE     CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO O NO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días, ya que, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 2 de marzo de 2015 (fs. 144), presentando su recurso el 9 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


El recurrente como único motivo, alega que denunció ante el Tribunal de alzada, defectos absolutos  de la Sentencia condenatoria, al haberse dictado sin establecer los elementos constitutivos del delito de violación y haberse basado en hechos inexistentes o no acreditados en valoración defectuosa de la prueba; ante lo cual, el Auto de Vista impugnado, no respondió clara y específicamente sobre cada uno de los puntos denunciados en la apelación restringida y que a su vez no se realizó una adecuada fundamentación o motivación, pues, no respondió de manera clara y precisa sobre los puntos denunciados y a decir del recurrente, con este actuar los Vocales incurrieron en incongruencia omisiva, deduciéndose, que el recurrente ingresó en ambigüedad e imprecisión al interponer su reclamo ante este Tribunal, ya que, por un lado denuncia incongruencia omisiva, al señalar que el Tribunal de alzada  no habría respondido  clara y específicamente sobre los puntos denunciados en la apelación restringida y además denunciar falta de fundamentación, sin especificar sobre qué puntos específicamente no habría respondido o lo habría hecho insuficientemente, sin advertir que ambas, son instituciones diferentes, que si bien forman parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, tienen connotaciones diferentes, que deben ser claramente explicadas por el recurrente, obligación que en el caso concreto no se observa.


En ese entendido, no le es posible a este Tribunal identificar concretamente el presunto agravio denunciado, al resultar la denuncia confusa, genérica y contradictoria, defecto argumentativo que impide que este Tribunal pueda efectuar la labor de contraste con los precedentes contradictorios invocados, cuya situación de contradicción tampoco fue debidamente explicada; por lo que, el presente motivo deviene en inadmisible.


Por otro lado, si bien ha denunciado la vulneración de derechos constitucionales, corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para viabilizar el examen del referido agravio; es así, de la lectura del motivo se establece que el recurrente al no haber explicado claramente en qué consiste el agravio denunciado, si en fundamentación insuficiente o en incongruencia omisiva, mucho menos se entiende, cómo se materializó el agravio denunciado, es decir no explica el resultado dañoso; resultando que no cumplió con los requisitos mínimos de flexibilización explicados en el acápite IV del presente Auto, para abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal ante la denuncia de existencia de defectos absolutos, como solicita el impugnante, por lo que en definitiva el motivo analizado deviene  en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por  Ángel Alejandro Aripi de fs. 147  a 150.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA