TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 384/2015-RA

Sucre, 15 de junio de 2015


Expediente        : La Paz 65/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Víctor Paxi Quispe y otros

Delitos        : Asesinato y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 9 y 13 de marzo de 2015, cursante de fs. 879 a 882, fs. 887 a 891 y de fs. 893 a 894 vta., los acusados Víctor y Alberto Cruz, ambos de apellidos Paxi Quispe y Bernardino Pallarico Vargas, a su turno, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 094/2014 de 28 de noviembre, de fs. 868 a 872, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Valentín y Juana ambos de apellido Bautista Mamani contra  Marina Paxi Bautista, Luisa Bautista de Paxi y los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Tentativa de Asesinato, Complicidad, Violación, Instigación Pública a Delinquir y Robo Agravado previstos y sancionados por los arts. 252, 8, 23, 308, 130 y 332, todos del Código Penal (CP); respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a las acusaciones pública (fs. 1 a 8, subsanada fs. 11 a 12), y particulares (fs. 14 a 18; y, fs. 26 a 30 vta.); y, una vez desarrollado y concluido el juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia S-6/2014 de 16 de mayo (fs. 738 a 747), declarando a los imputados Alberto Cruz y Víctor ambos de apellidos Paxi Quispe, autores y culpables de la comisión del delito de Homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del CP, condenándoles a la pena privativa de libertad de veinte años de presidio, más costas a favor del Estado y reparación de daños a favor de las víctimas; asimismo, se los absolvió de la comisión de los delitos de Asesinato, Tentativa de Asesinato, Violación, Instigación pública a delinquir y Robo Agravado tipificados por los arts. 252, en relación al art. 8, 308, 130 y 332 todos de la citada norma penal; con relación a Bernardino Pallarico Vargas lo declaró autor del delito de Homicidio en grado de complicidad previsto y sancionado por el art. 251 en relación al art. 23 ambos del CP, imponiéndole la pena de diez años de presidio, más el pago de costas a favor del Estado y reparación de daños a favor de la víctima calificables en ejecución de sentencia, así también, lo absolvió de la comisión de los otros ilícitos endilgados; en cuanto, a la imputada Luisa Bautista de Paxi, la declaró autora del delito de Encubrimiento previsto y sancionado por el art. 171 del CP, condenándola a la pena de dos años de reclusión, más costas a favor del Estado y reparación de daños a favor de las víctimas a ser calificados en ejecución de sentencia; asimismo, en aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), le concedió el perdón judicial, habiendo sido absuelta de la comisión de los delitos por los cuales fue acusada; finalmente, en cuanto a la imputada Marina Paxi Bautista, la declaró absuelta de la comisión de los delitos endilgados porque la prueba aportada no fue suficiente, con costas al Ministerio Público. 


b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Víctor y Alberto Cruz ambos de apellidos Paxi Quispe (fs. 759 a 765 vta.); Juana Bautista Mamani (fs. 784 a 787 vta.) y Bernardino Pallarico Vargas (fs. 789 a 792 vta.), formularon recursos de apelación restringida; respectivamente, resueltos por Auto de Vista 094/2014 de 28 de noviembre (fs. 868 a 872), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, que admitió el recurso y declaró su improcedencia; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


c) Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista el 3 y 6 de marzo de 2015 (fs. 873 y vta.), interpusieron recursos de casación el 9 y 13 del mismo mes y año, que son objetos del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1.Recurso de casación de Víctor Paxi Quispe.


1) Como primer agravio el recurrente refiere que a tiempo de plantear su apelación restringida invoco como precedentes contradictorios los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y “22 de 10 de enero”; empero, habrían sido inobservados por el Tribunal Ad quem;  por cuanto, erróneamente habría subsanado la sentencia, ante su reclamo referido a la falta de fundamentación de la excesiva pena de 20 años, con la única fundamentación de la edad; toda vez, que al tener su persona la edad de 44 años, constituiría una agravante, ya que, tendría la suficiente madurez y experiencia de vida para asumir plenamente la responsabilidad de sus actos, desconociendo a decir del recurrente, que el elemento edad tiene que estar vinculado a otros factores que constituyan un peligro o riesgo para que su situación sea agravada, lo contrario implicaría una discriminación por la edad, aspecto que sería resguardado por la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 14.II y por la Ley 45 de 8 de octubre de 2010 (Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación); afirma, que si bien el Tribunal de alzada puede corregir los errores de derecho con relación al quantum de la pena; empero, debe  especificar las atenuantes y agravantes, por cuanto de acuerdo a los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, “22 de 10 enero así como el Nº 64/2012” su ausencia, constituiría defecto absoluto, vulnerando el derecho a la defensa, seguridad jurídica, debido proceso y el principio de favorabilidad.


Agrega, que la determinación de la pena no puede ser discrecional, que debería estar sometida al principio de proporcionalidad y a la finalidad de la pena como es la rehabilitación e inserción social, conforme prevé el art. 414 del CPP, considerando la personalidad, educación, naturaleza de la acción y el grado de participación, aspectos ausentes en la sentencia como en el Auto de Vista recurrido. Sobre este reclamo, también cita los Autos Supremos 64/2012-RRC de 19 de abril, 191/2013-RRC de 22 de julio y 26/2014 de 17 de febrero, precedentes que, afirma, tendrían absoluta relación con los Autos antes citados.


2) Bajo el título de error judicial, el recurrente asevera, que la única relación que lo involucra con el hecho es ser parte de la familia “Paxi” y que las versiones de la querellante Juana Bautista y sus “allegadas” (sic) carecen de relevancia al ser conjeturas contradictorias y mal intencionadas -afirmando- que no fue partícipe de la reyerta, no agredió, ni victimó a Martin Bautista Mamani; empero, la Sentencia de forma general aseguró que su hermano Alberto Cruz Paxi Quispe y su persona serían los autores del delito de Homicidio, sin especificar “como” (sic) y cual su grado de participación; aspecto, no considerado por el Auto de Vista, que además de ratificar la sentencia condenatoria, desconoció su denuncia referida a que no se habría individualizado a los imputados, alegando equivocadamente en su inc. b), que su persona no habría realizado referencia expresa sobre la afectación en términos claros; empero, afirma, que en todo el juicio señaló que su persona no participó del hecho constituyéndose en una víctima de error judicial; puesto que, la determinación asumida por la sentencia estaría basada en declaraciones confusas, incoherentes e interesadas en perjudicarle, vulnerando el principio de valoración; y, que si bien el Tribunal de alzada no puede valorar prueba, considera, que está en la obligación de revisar el procedimiento de valoración de la sentencia, al efecto invoca los Autos Supremos 080/2013 de 8 de abril y “77/23013” (sic) de 4 de abril de 2013. Añade, que el Tribunal de alzada tampoco verificó que la víctima no tenía lesión en la garganta, tráquea etc.; aspecto que lesionaría el principio in dubio pro reo; por cuanto, asevera, debió procederse a la nulidad de la Sentencia y el reenvío.


II.2. Recurso de casación de Alberto Cruz Paxi Quispe.


1. Al igual que el recurso de casación que antecede, el ahora recurrente refiere que a tiempo de interponer recurso de apelación restringida señaló como precedentes contradictorios los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y “22 de 10 de enero”, que habrían sido incumplidos por el Tribunal de alzada avalando la Sentencia carente de fundamentación en el fondo y en la fijación de la pena; es así, que denuncia bajo el epígrafe “No existe fundamentación en la fijación de la pena” (sic), que fue condenado a veinte años de presidio (pena máxima del delito de Homicidio), sin que exista justificativo o fundamentación, vulnerando el art. 124 del CPP, y la jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional; por cuanto, el Tribunal de alzada convalidó el error absoluto de la Sentencia, engendrando uno nuevo al hacer prevalecer su edad como agravante para la imposición de la pena, que al ser un primer delito y en caso de existir duda, considera, que debió aplicarse el principio de favorabilidad o el in dubio pro reo; sin embargo, fue sancionado sin causa ni razón justificada, extrañando la existencia de concurso real e ideal al encontrarse absuelto de los delitos de Asesinato, Tentativa de Asesinato, Violación, Instigación Publica a Delinquir y Robo Agravado. Añade, que los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y “22 de 10 de enero”, mantienen coherencia con la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 064/2012-RRC de 19 de abril, 191/2013-RRC de 22 de julio, 26/2014 de 17 de febrero, referidos a la obligatoriedad de fundamentar la determinación de la pena; sin embargo, el Auto de Vista impugnado se referiría subjetivamente a la edad como agravante resultándole una discriminación prohibida por el art. 14.II de la CPE, vulnerando el art. 24 del CP, ya que en su inciso iv, habría copiado los fundamentos utilizados para Víctor Paxi, careciendo de individualización; vulnerándose, el principio de favorabilidad previsto en el art 116 de la CPE y los principios universales de derecho penal; por contener, fundamentos endebles e inconstitucionales, respecto a la determinación de la pena, cuando debería estar sometida al principio de proporcionalidad y a su finalidad en atención al art. 414 del CPP; al efecto, cita los Autos Supremos 064/2012 de 19 de abril, 191/2013-RRC de 22 de julio, compatibles con el 099/2005.


2. Como segundo agravio el recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido no ejerció el control jurídico de los fallos; por cuanto, no se habría referido ante sus denuncias concernientes a: i) La inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; toda vez, que habría sido condenado por el delito de Homicidio, cuando de acuerdo a las circunstancias acreditadas en la audiencia de juicio no existiría Homicidio, sino el delito de Lesión seguida de muerte, puesto que, la víctima habría fallecido después a consecuencia de sus heridas y que el fin de la reyerta -alega- no era causarle la muerte, sino defenderse, producto de una agresión reciproca; no considerando, además que en la querella de Juana Bautista señaló que la víctima fue trasladado al hospital donde falleció y posteriormente fue trasladado al lugar de los hechos para simular el delito de Asesinato, incurriendo el Tribunal de sentencia en error in judicando al tipificar y sancionar como homicidio un hecho distinto, causándole perjuicio por cuanto fue condenado con una pena máxima de 20 años, omitiendo el Auto Supremo 134/2013 de 20 de mayo, situación avalada por el Tribunal de alzada que al no realizar el control respectivo cometió una errónea aplicación de la ley sustantiva prevista en el art. 251 del CPP; y, ii) Que la Sentencia se basó en hechos no acreditados e inexistentes y en valoración defectuosa de la prueba, que alega, reclamó en el punto 3 de su alzada restringida; empero, habrían sido soslayados por el Auto de Vista, no considerando las pruebas MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP13, MP14, MP15, MP16, MP17 y MP19, al efecto invoca el Auto Supremo 353/2013 de 27 de diciembre.


II.3. Recurso de casación de Bernardino Pallarico Vargas.


El imputado inicialmente bajo el subtítulo de “Auto de Vista sin la debida fundamentación” (sic), denuncia que la Resolución recurrida, infringe las normas adjetivas como es el art. 124 del CPP; por cuanto, no estaría debidamente motivado constituyendo defecto absoluto no susceptible de convalidación de acuerdo a los arts. 167 y 169 inc. 3) del CPP, vulnerando el debido proceso, ya que, toda resolución además de exponer los hechos debería de citar las normas que la sustenten; sin embargo, alega, que en el punto 5 del Considerando III del Auto de Vista impugnado indicó que no puede retrotraer la actividad jurisdiccional a circunstancias y pruebas ya sometidas a control, fundamento que le causa incertidumbre, advirtiendo además, que el Tribunal incurrió en otra generalidad al indicar que su persona no hubiere señalado en su apelación en qué consistiría la contradicción en el contenido de la Sentencia, lo cual, afirma no es evidente; toda vez, que en su recurso de apelación restringida habría denunciado que en la sentencia no se efectuó un juicio de tipicidad sobre su conducta y el cumplimiento de los elementos constitutivos del tipo penal (Homicidio en Grado de Complicidad art. 23 del CP); por cuanto, no habría citado prueba de cómo su persona hubiere facilitado o cooperado en la ejecución del hecho antijurídico, aspecto que a su criterio debió haber sido objeto de control de legalidad por el Tribunal de alzada; empero, ni siquiera sería mencionado en el Auto de Vista recurrido, no considerando que la interpretación de la Sentencia sería contraria a los arts. 23 y 14 del CP.


Añade, que el Auto de Vista recurrido no se pronunció sobre todos los fundamentos de su recurso de apelación restringida, vulnerando el art. 124 del CPP; por cuanto, no habría cumplido con la obligación de fundamentar la resolución recurrida señalando las razones que le impidieron analizar los puntos de su apelación, resultando contrario a los Autos Supremos 129 de 29 de abril de 2010, 26 de 8 de febrero de 2013, 174/2013 de 19 de junio, 314 de 25 de agosto de 2006, 27, 83 y 86 estos últimos todos de 2013.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se constata que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 3 y 6 de marzo de 2015 (fs. 873 y vta.), planteando sus recursos de casación: Víctor Paxi Quispe y Alberto Cruz Paxi Quispe el 9 y Bernardino Pallarico Vargas el 13, todos del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


IV.1. Del recurso de casación de Víctor Paxi Quispe


Con relación al primer motivo, en el que denuncia el recurrente que el Tribunal de alzada en inobservancia de los Autos invocados en su recurso de apelación, erróneamente subsanó la sentencia, ante su reclamo referido a la falta de fundamentación de la excesiva pena de 20 años, con la única fundamentación de que al tener su persona la edad de 44 años constituiría una agravante, desconociendo a decir del recurrente, que el elemento edad tiene que estar vinculado a otros factores, lo contrario implicaría una discriminación, aspecto resguardado por el art. 14.II de la CPE y por la Ley 45 de 8 de octubre de 2010; por cuanto, la determinación de la pena no puede ser discrecional, sino que estaría sometida al principio de proporcionalidad y a la finalidad de la pena como sería la rehabilitación e inserción social, debiendo considerarse para su imposición la personalidad, educación, naturaleza de la acción y el grado de participación, aspectos ausentes en la sentencia como en el Auto de Vista recurrido. Sobre este reclamo el recurrente invocó el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, que estaría referida a que si bien los Tribunales pueden corregir los errores de derecho de la sentencia con relación al quantum de la pena deberá operar especificando las atenuantes y agravantes, lo contrario constituiría defecto absoluto; en la argumentación del recurso, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado que alega, no fue considerado en su recurso de apelación restringida, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible el presente motivo.


Respecto a los Autos Supremos“22 de 10 enero”, 64/2012-RRC de 19 de abril, 191/2013-RRC de 22 de julio y 26/2014 de 17 de febrero, corresponde señalar que en cuanto al primero, si bien el recurrente alega fue invocado en la interposición de su recurso de apelación; empero, no especifica el año de su emisión, situación que impide a este Tribunal efectuar la labor que le encomienda la ley, similar situación ocurre con los otros precedentes, que únicamente fueron citados, no explicando el recurrente cual el contenido doctrinal a ser objeto de contraste, situación por la que no serán considerados para el análisis de fondo.


En cuanto, al segundo motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido además, de ratificar la sentencia condenatoria, habría desconocido su denuncia referida a que no se individualizó a los imputados, alegando equivocadamente en su inc. b), que su persona no habría realizado referencia expresa sobre la afectación en términos claros; fundamento que considera errado, ya que en todo el juicio habría señalado que su persona no participó del hecho, que la única relación que lo involucró fue ser parte de la familia “Paxi”, constituyéndose en una víctima de error judicial; puesto que, la determinación asumida por la sentencia estaría basada en declaraciones confusas, incoherentes e interesadas en perjudicarle; por cuanto, no habría especificado cómo y cuál su grado de participación, vulnerando a su criterio, el Tribunal de alzada el principio de valoración, toda vez, que no habría verificado que la víctima no tenía lesión en la garganta, que si bien no puede valorar prueba, empero, estaría en la obligación de revisar el procedimiento de valoración de la sentencia, al efecto invoca los Autos Supremos 080/2013 de 8 de abril y “77/23013” (sic) de 4 de abril de 2013. Sobre este agravio cabe referir, que por mandato del art. 416 del CPP, la invocación del precedente contradictorio debe efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida, y en casación, la parte recurrente tiene la carga procesal de señalar, en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; ahora bien, en el presente caso se evidencia que el presunto defecto denunciado por la parte recurrente, hubiera surgido al momento de pronunciarse la Sentencia; entonces, el precedente debió ser invocados a tiempo de interponerse el recurso de apelación restringida, lo que no ocurrió; en consecuencia, al no haberse observado la norma legal precedentemente citada, se tiene que, el motivo en cuestión no cumplió con los requisitos de admisión, correspondiendo declarar su inadmisibilidad.


IV.2. Del recurso de casación de Alberto Cruz Paxi Quispe.


Ahora bien, en cuanto al primer agravio, referido a que el Auto de Vista recurrido incumpliendo los Autos Supremos invocados en su recurso de apelación, habría avalado la Sentencia carente de fundamentación en el fondo y en la fijación de la pena; no considerando, que fue condenado a veinte años de presidio (pena máxima del delito de Homicidio), sin que exista justificativo o fundamentación, vulnerando el art. 124 del CPP; por cuanto, convalidó el error absoluto de la Sentencia, engendrando uno nuevo al hacer prevalecer su edad como agravante para la imposición de la pena, resultando una discriminación conforme prevé el art. 14.II de la CPE, vulnerando el art. 24 del CP, ya que, en su inciso iv, habría copiado los fundamentos utilizados para Víctor Paxi, careciendo de individualización; vulnerándose, el principio de favorabilidad previsto en el art 116 de la CPE y los principios universales de derecho penal; sobre este motivo, se evidencia que el recurrente cumplió con la carga procesal de invocar como precedentes contradictorios el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005 (citado en su alzada restringida), que indica, mantendría coherencia con la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 064/2012-RRC de 19 de abril, 191/2013-RRC de 22 de julio y 26/2014 de 17 de febrero, que tratarían a decir del recurrente sobre la obligatoriedad de considerar las agravantes o atenuantes en favor o en contra del imputado, fundamentando en qué basan su determinación, cuya omisión constituiría un defecto absoluto; explicando, que en el presente caso el Tribunal de alzada injustificadamente consideró la edad como agravante desconociendo otros elementos, evidenciándose por consiguiente, el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por lo que, el presente motivo deviene en admisible.


En cuanto a la invocación del Auto Supremo “22 de 10 de enero”, al igual que en el recurso que antecede, el recurrente no indicó el año de su emisión, impidiendo  a este Tribunal efectuar la labor que le encomienda la ley, situación por la que no será considerado en el análisis de fondo.


Con relación al segundo motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido no ejerció el control jurídico de los fallos; por cuanto, no se habría referido ante sus denuncias concernientes por un lado, a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, habiendo sido condenado su persona por el delito de Homicidio, cuando de acuerdo a las circunstancias de los hechos, habría concurrido el delito de Lesión seguida de muerte, ya que, la víctima hubiere fallecido mucho después a consecuencia de sus heridas, incurriendo el Tribunal de sentencia en error in iudicando al tipificar y sancionar como Homicidio un hecho distinto; y, por otro lado, a que la Sentencia se basó en hechos no acreditados e inexistentes y en valoración defectuosa de la prueba que alega, reclamó en el punto 3 de su alzada restringida; empero, habrían sido soslayados por el Auto de Vista. Sobre estos reclamos invocó el Auto Supremo 134/2013 de 20 de mayo, que estaría referida a la labor de subsunción, explicando el recurrente que el Tribunal de juicio incurrió en esa omisión que habría sido avalado por el Tribunal de alzada; por cuanto, al no realizar el control respectivo, habría soslayado sus denuncias, de ello, se observa que el recurrente cumplió mínimamente con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo en consecuencia los motivos en cuestión en admisibles.


Respecto a la invocación del Auto Supremo 353/2013 de 27 de diciembre; no será considerado en la resolución de fondo; por cuanto, corresponde a una resolución que fue declarado infundado; en consecuencia, carece de doctrina legal aplicable, aspecto que impide a este Tribunal Supremo de Justicia efectuar la labor que le encomienda la ley.


IV.3. Del recurso de casación de Bernardino Pallarico Vargas.


Con relación al reclamo efectuado por el recurrente, referido a que el Auto de Vista impugnado incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, en su punto 5 del Considerando III habría alegado que no puede retrotraer la actividad jurisdiccional a circunstancias y pruebas ya sometidas a control, indicando además, que su persona no hubiere señalado en qué consistiría la contradicción en el contenido de la Sentencia, lo cual, afirma no sería evidente, toda vez, que en su recurso de apelación restringida habría denunciado que la sentencia no efectuó un juicio de tipicidad sobre su conducta y el cumplimiento de los elementos constitutivos del tipo penal por el cual fue condenado; por cuanto, no habría citado prueba de cómo su persona hubiere facilitado o cooperado en la ejecución del hecho antijurídico, aspecto que considera, debió haber sido objeto de control de legalidad por el Tribunal de alzada; empero, no se habría pronunciado sobre todos los fundamentos de su recurso de apelación restringida. Sobre este reclamo, resulta evidente que el recurrente cumplió con la carga procesal de invocar como precedente contradictorio el Auto Supremo 26 de 8 de febrero de 2013, que estaría referido a la fundamentación y motivación con la que debe contar todo Auto de Vista; explicando que la contradicción se debería a que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los aspectos apelados de forma fundamentada, vulnerando el art. 124 del CPP; consecuentemente, al haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP, el presente recurso deviene en admisible para su análisis de fondo.


En cuanto a la invocación de los Autos Supremos 129 de 29 de abril de 2010, 174/2013 de 19 de junio, 314 de 25 de agosto de 2006, 27, 83 y 86 estos últimos todos de 2013, no serán consideradas en la resolución de fondo; por cuanto, el primero corresponde a una resolución de extinción de la acción penal, careciendo en consecuencia, de doctrina legal a ser aplicada, y respecto a los otros precedentes, el recurrente se limitó a su mera enunciación, no efectuando la explicación de contradicción que impone el art. 417 en su segundo párrafo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos interpuestos por Víctor Paxi Quispe (fs. 879 a 882); únicamente respecto al primer motivo, Alberto Cruz Paxi Quispe (fs. 887 a 891), y Bernardino Pallarico Vargas (fs. 893 a 894 vta.); asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA