TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 378/2015-RRC

Sucre, 15 de junio de 2015


Expediente        : Beni 1/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        :        Luis Alberto Ave Suarez

Delito                : Violación de Niño, Niña y Adolescente

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de enero de 2015, de fs. 270 a 275, Luis Alberto Ave Suarez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 011/2014 de 10 de octubre, de fs. 266 a 269 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Mirza Montero Landivar contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado en el art. 308 Bis, con relación al art. 310 inc. 2), ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. Por Sentencia 17/2013 de 25 de noviembre (fs. 228 a 235 vta.), el Tribunal de Sentencia de Guayaramerín del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, declaró a Luis Alberto Ave Suarez, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis, con relación al art. 310 inc. 2) del CP, imponiéndole la pena de quince años de presidio.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 252 a 257), resuelto por Auto de Vista 011/2014 de 10 de octubre, que declaró improcedente el referido recurso y confirmó la Sentencia impugnada, lo que motivó la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación (fs. 270 a 275) y del Auto Supremo 160/2015-RA de 4 de marzo (fs. 297 a 299) dictado en el caso de autos, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución:


  1. El recurrente denuncia la existencia de defecto absoluto con el argumento de que el proceso se inició, desarrolló y concluyó, con una amenaza externa latente que limitó y condicionó el actuar de jueces, abogados y testigos de descargo, comprometiendo el principio de imparcialidad, pues este hecho ocasionó la renuncia de los abogados de la defensa y la incomparecencia de once testigos; además, se le nombró un abogado de Defensa Pública, quien sin su consentimiento renunció a los testigos, a la inspección ocular y al careo, circunstancia que le dejó en total indefensión; sin embargo de ello, el Tribunal de alzada determinó que no existió ninguna conculcación de derechos fundamentales invocados y que debió haberse procedido de acuerdo a lo establecido por el art. 198 del CPP, y que no fue reclamado oportunamente, por lo que considera que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia.


  1. La Sentencia tendría el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, toda vez que: i) El Tribunal de Sentencia tomó como cierta la declaración de la víctima realizada en la audiencia de juicio, sin considerar que otras pruebas demuestran que ella nunca pudo haber reconocido a su agresor ni recordaría su rostro, por lo que, se dictó un fallo vulnerándose el art. 173 del CPP; pero el Tribunal de alzada reconoció la referida declaración, sin realizar una relación y valoración de las pruebas que permitan establecer y precisar los hechos conocidos y darlos por ciertos, por lo que existe un fallo sustentado en una defectuosa valoración de la prueba; y, ii) No se otorgó ningún valor probatorio a la historia clínica (PD-11), pese a que fue judicializada ante la improcedencia de la exclusión probatoria interpuesta por el Ministerio Publico; invoca el Auto Supremo 161/2012-RRC de 17 de julio, indicando que dicha resolución no guarda relación con la fundamentación realizada por el Tribunal de alzada, conllevando así a la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes y a la presunción de inocencia.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita: “…se anule la sentencia 017/2.013 dictada en fecha 25 de noviembre de 2.013 y se ordene la reposición de juicio” (sic).


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 160/2015-RA de 4 de marzo, cursante de fs. 297 a 299, este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Guayaramerín del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, declaró al imputado culpable de la comisión del delito de Violación a Niño, Niña y Adolescente, condenándolo a la pena de presidio de quince años a cumplirse en la cárcel pública de “Mocovi” de Trinidad, en base a la siguiente argumentación:


Se demostró que el 12 de noviembre de 2012, la víctima de cinco años de edad salió del Kinder donde estudiaba, y cuando se dirigía a su domicilio fue abordada por el imputado, quien la subió a su bicicleta y la llevó a un terreno baldío donde la violó, introduciéndole sus dedos en la vagina causando con ello desgarro del himen, encuadrándose su conducta dentro de las previsiones del art. 308 bis del CP; luego la niña fue dejada en la esquina de su casa, ante el llanto y queja de dolor en el área genital fue revisada inicialmente por su abuela, quien encontró sangre, motivo por el cual la llevó al hospital. Declaración que para el Tribunal resultó suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del imputado; asimismo, en la declaración de la víctima no se encontró algún móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o cualquier índole que prive a su deposición de la aptitud necesaria para generar certidumbre, fue  entrevistada ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, constando también, un informe psicológico donde se observó que la niña se encontraba atravesando un estado de depresión, angustia e inquietud interna por lo acontecido, pruebas sobre las que el Tribunal otorgó un valor, asumió la decisión para juzgar la materialidad del hecho, añadió el certificado médico forense de la menor donde indica que presentaba lesiones en horquilla vulvar posterior y desgarro reciente de himen concluyentes de traumatismo directo, compatibles con manipulación a ese nivel y acceso vaginal de algún objeto, indicando que durante las investigaciones preliminares del caso, luego de aprehender al imputado se le realizó muestras fotográficas mostradas a la víctima quien identificó al acusado, corroborado por otra menor estudiante quien también lo reconoció como la persona que llevó a la menor en su bicicleta; en ese sentido se encuentra también la declaración del Policía asignado al caso, de igual modo, valoró la declaración en juicio de Wilson Chamaro Vanegas, que señaló que el día que sucedieron los hechos investigados, estaba trabajando y vio pasar al imputado, llevando a una niña en la bicicleta, y la descripción de la vestimenta de la víctima fue corroborada por el acta de recolección de indicios materiales; asimismo, en cuanto a la edad de la víctima fue demostrada por prueba documental, con relación a las pruebas de descargo sólo tendían a demostrar la edad del imputado y las testificales pretendían crear una coartada para el imputado.


II.2.        De la apelación restringida del imputado Alberto Alave Suarez.


El imputado a través de recurso de apelación restringida, denunciando la existencia de defectos absolutos, refirió que en la puerta de la casa judicial fue objeto de agresión al igual que su abogado por parte de un grupo de personas (vecinos, parientes de la víctima y antisociales) pagados por el abogado de la parte acusadora, abuela y madre de la víctima, fueron insultados también los testigos de descargo, además de que se prestaron declaraciones televisivas de parientes de la víctima que convocaron a la población a la casa judicial para evitar su libertad, considerada como una amenaza dirigida a los jueces bajo presión social si dictaban un fallo a su favor, interferencia externa, física, psicológica planificada y sistemática en vulneración de los arts. 1, 3, 5, 6 y 9 del CPP comprometiendo el principio de imparcialidad previsto en el art. 3.3. de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), lo cual inclusive direccionó la conducta y actuación del abogado de defensa publica, obligándolo a concluir con la presentación y desarrollo de las pruebas de descargo, dejando sin declarar a once testigos, un careo y la reconstrucción de los hechos o supuesto recorrido en bicicleta donde supuestamente llevó a la niña. Afirmó que los propietarios de la flota “Unificada” y dos compañeros de trabajo, a mucho ruego pudieron prestar su declaración testifical para aseverar que el día del hecho, trabajó de 07:30 a 18:30, donde desayunó, almorzó, cenó y retornó en diez minutos a recoger un perro que dejó por olvido en el taller, siendo en ese sentido las demás atestaciones; sin embargo, el Tribunal determinó que las pruebas testificales carecían de valor probatorio, pretendiendo crearle una coartada.


Denunció también la existencia de defectuosa valoración de la prueba, porque  no se valoró la historia clínica que contradice el certificado médico forense, tampoco se comparó pruebas producidas en esos mismos días y horas, para efectivizar un análisis lógico, intelectivo coherente, citó las pruebas documentales “PD11 y MP-D-2”, afirmando que fueron producidas antes de que la niña haya contado a su madre y abuela lo sucedido e identificar a su agresor, otorgando las características de su vestimenta y que le decían Pelón, cuestionó porque no manifestaron estos aspectos en el Hospital y en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCC), lo cual -considera- demuestra que la niña no conocía a su agresor, ni lo recordaba, haciendo referencia a la declaración prestada por la víctima en audiencia de juicio, además de afirmar que a la pregunta dieciséis referida a que si podría reconocer al señor en bicicleta, la niña respondió “no recuerdo”; aseveró que esta interrogante fue excluida del acta.


Concluyó manifestando que el Tribunal de Sentencia no realizó una valoración en la sana crítica objetiva, justa, lógica y real de las pruebas como se puede evidenciar en la Resolución, precisando a las declaraciones del testigo Wilson Chamaro Venegas, la abuela Mirian Montero Landivar, la portera y directora del establecimiento educativo. También denunció que la Sentencia  no fue fundamentada de acuerdo al art. 173 del CPP, incurriendo en el defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 de la citada norma, causándole agravios al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes y a la presunción de inocencia previstos en los arts. 115.II, 116.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista 011/2014 de 10 de octubre, que argumentó sobre los agravios denunciados por el imputado, lo siguiente:


No es evidente la agresión física, psicológica y planificada contra los jueces, abogados de la defensa y testigos de descargo, ya que según el acta a fs. 175 y vta., se le asignó un abogado de defensa pública; sin embargo, no consta representación de defensa técnica ni material (imputado). Añadió que según el acta a fs. 177 y vta., el imputado fue asistido por abogados particulares a quienes se les otorgó un plazo para el estudio del caso, suspendida la audiencia de juicio por dos ocasiones más, lo abogados retiraron su patrocinio, sin que se haya mencionado que se deba a amedrentamiento alguno, continuando con la prosecución del juicio de manera normal.


En cuanto a la falta de pedido para que se proceda de acuerdo al art. 198 del CPP, sobre la declaración de los testigos que no se hubieren presentado a juicio, el Tribunal de alzada aseveró que la misma constituye una negligencia del abogado patrocinante que no puede ser suplida por los juzgadores, observando que este punto no fue reclamado. Asimismo, que no existió vulneración de derechos fundamentales, como el debido proceso, defensa, igualdad de las partes y presunción de inocencia.


Respecto a que la Sentencia incurrió en el inc. 6) del art. 370 del CPP, atribuyéndole una valoración defectuosa, el Tribunal de apelación hizo un previo análisis del proceso intelectivo de asignar a la prueba el valor correspondiente y del cumplimiento de las reglas establecidas al efecto,  sobre el punto apelado referido a que la víctima no reconocía a su agresor, concluyó que de acuerdo a las pruebas de cargo y descargo, se llegó a la convicción que no es evidente, advirtiendo que se valoró los medios probatorios pertinentes indicados en la Sentencia, en el acápite “VII. fundamentación intelectiva del hecho y de derecho” (sic), en sus consideraciones: segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, donde de forma conjunta, armónica e integral las pruebas “MP-D-5, MP-D-15, MP-D-17”, informe psicológico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la “MP-D-9” certificado médico forense, “MP-D-1” emitido por el Policía encargado de la investigación preliminar, “MP-D-14”, que llevaron al Tribunal de Sentencia a la convicción de que la declaración de la víctima era veraz y no así de forma aislada, habiéndose dado cumplimiento al art. 173 del CPP.


Respecto a la contradicción entre la historia clínica y el certificado médico forense que observa el recurrente, el Tribunal de apelación hizo constar que la prueba “PD-11” se trataba de una fotocopia de la historia clínica de la víctima y no constituía un certificado médico propiamente solicitado por el Ministerio Público, por lo que no podía restarse valor probatorio al certificado médico forense como medio idóneo para demostrar los hechos de acuerdo al art. 204 al 206 del CPP, cuyo aspecto fue dilucidado en el considerando cuarto de la sentencia al realizar la fundamentación intelectiva de hecho y derecho de la Sentencia, así sobre la prueba “MP-D-9” certificado médico forense, fue corroborado por la declaración prestada por el médico forense en audiencia; por consiguiente, el Tribunal de alzada concluyó que no evidenció la conculcación de los derechos invocados por el recurrente en cuanto a una supuesta valoración defectuosa de la prueba ni el incumplimiento del art. 173 del CPP.

Con esos argumentos, entre otros, el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la Sentencia apelada.


III. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO


Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el imputado, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible vulneración de derechos y garantías constitucionales y contradicción del Auto de Vista impugnado con el precedente invocado, ante la denuncia en el primer caso sobre la existencia de defecto absoluto que comprometería el principio de imparcialidad, en vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; y, en el segundo caso, por la concurrencia en la Sentencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, debido a la falta de otorgación de valor probatorio a la prueba PD-11, sin que el precedente invocado guarde relación con la fundamentación realizada por el Tribunal de alzada; en cuyo mérito corresponde resolver ambas problemáticas.


III.1. En cuanto a la denuncia de defectos absolutos.


En el primer motivo del recurso de casación sujeto a análisis, cuyo análisis de fondo corresponde ante la observancia de los presupuestos de flexibilización, la parte imputada denuncia que el proceso se desarrolló con una amenaza que condicionó el actuar de jueces, abogados y testigos de descargo, comprometiendo el principio de imparcialidad, ocasionando la renuncia de sus abogados y la incomparecencia de once testigos; además, se le nombró un abogado de Defensa Pública, que renunció a los testigos, a la inspección ocular y al careo, enfatizando que estos extremos generó un estado de indefensión; empero, el Tribunal de alzada determinó que no existió ninguna conculcación de derechos fundamentales invocados y que debió haberse procedido de acuerdo a lo establecido por el art. 198 del CPP, sin que haya sido reclamado oportunamente, por lo que considera que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia.


En este contexto, considerando que los hechos identificados por el imputado convergen en un posible estado de indefensión durante el desarrollo del acto de juicio, es menester señalar que el derecho a la defensa se halla definido como el: "…derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano" (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en "Constitución y proceso", Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección"; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.


Esto significa, que dentro del proceso penal, la función defensiva le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: "El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal" (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


En el ordenamiento interno, el art. 5 del CPP, establece que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y ese Código le reconocen desde el primer acto del proceso hasta su finalización, entendiéndose como primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en esa lógica, el ejercicio del derecho a la defensa se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, siendo la defensa expansiva y polivalente, habida cuenta que se encuentra reconocida en una fase del proceso como en otra, incluida la investigativa pues: "La defensa en juicio debe poder ser ejercida a lo largo de todo el proceso, de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa". (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 158).


En cuanto se refiere a los alcances del derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia Constitucional 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: ”...potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal".


Definido el ámbito de la denuncia y el entendimiento sobre los alcances del derecho a la defensa, se tiene respecto al primer motivo de casación, que evidentemente el Tribunal de alzada ante el punto apelado con base a los argumentos ya mencionados, estableció en el Auto de Vista impugnado no haber advertido agresión física, psicológica y planificada contra los jueces, abogados de la defensa y testigos de descargo, conclusión que emerge de la revisión adecuada de antecedentes, al desprenderse del acta de 11 de noviembre de 2013 (fs. 175 y vta.), que la audiencia de juicio se suspendió ante la incomparecencia de abogado defensor y no a la existencia de alguna amenaza contra las partes o integrantes del Tribunal de Sentencia, razón por la cual se designó a un miembro de la Defensa Público para que asista al imputado; ahora bien, instalada la audiencia el 12 de noviembre de 2013 (fs. 177 y vta.), se verificó que el imputado se encontraba asistido de dos defensores particulares quienes solicitaron la suspensión del acto así como la otorgación del plazo de 10 días para ejercer una defensa eficaz, siendo concedida la pretensión, motivo por el cual se suspendió nuevamente la audiencia.


Una vez instalada la audiencia en la sesión de 21 de noviembre de 2013 (fs. 185), es evidente que los abogados defensores pusieron en conocimiento del Tribunal que la madre de la víctima, hubiese salido por un medio de comunicación agrediendo a la defensa y convocando a la población para que salga y se dirija a la casa de justicia para evitar que “salga el violador “ (sic), motivo por el cual retiraron el patrocinio; sin embargo, no es menos cierto, que ante esa situación, el Tribunal de Sentencia a tiempo de aceptar la renuncia de los abogados, designó un abogado de oficio, quien durante la realización del acto de juicio en sus distintas sesiones (fs. 189 a 226), además de solicitar aclaraciones a la declaración del imputado, expuso su alegato inicial, para luego interrogar a los testigos de cargo incluso haciendo reserva de recurrir respecto a varias resoluciones, presentó interrogatorio escrito para la declaración de la víctima, solicitó la judicialización de prueba literal y la comparecencia de testigos de descargo a quienes también interrogó, para finalmente exponer su alegato final.     


En consecuencia, todas las actuaciones descritas precedentemente acreditan que el Tribunal de sentencia adoptó todas las medidas conducentes para que el imputado esté asistido de un defensor, quien desarrolló todas las actividades procesales acordes a los alcances del derecho a la defensa, evidenciándose en consecuencia, que durante el desarrollo del juicio, se garantizó el derecho a la defensa tanto técnica como material del imputado en los términos previstos por los arts. 8 y 9 del CPP, aún en un eventual escenario de hostigamiento a la defensa ejercido por familiares, fundado en la reacción ante un hecho como el que motiva la presente causa, que despierta la sensibilidad y repudio social; por lo que la determinación asumida por el Tribunal de alzada de desestimar el reclamo del imputado en apelación, resulta acorde a los antecedentes del proceso que demuestran la inexistencia de vulneración a derechos y garantías constitucionales, razón por la cual este motivo deviene en infundado.    


III.2. Respecto a la denuncia vinculada al defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP.


En este segundo motivo, con la invocación del Auto Supremo 161/2012-RRC de 17 de julio, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada reconoció la declaración de la víctima, sin efectuar una relación y valoración de las pruebas, por cuanto la Sentencia incurrió en una defectuosa valoración de la prueba, conforme el defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, tomando como cierta la declaración de la víctima realizada en la audiencia de juicio, sin considerar otras pruebas, vulnerando el art. 173 del CPP; y, sin otorgar valor probatorio a la historia clínica (PD-11), vulnerando sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes y a la presunción de inocencia.


El precedente invocado respecto a la valoración de la prueba, señaló: “El Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados, debiendo resolver los puntos que son objeto de impugnación describiendo cada uno de ellos y aplicando la norma legal pertinente, actividad que servirá para expresar los fundamentos de la resolución; al hacerlo, el Tribunal de Alzada al compulsar y resolver sobre los puntos cuestionados a través del recurso de apelación, debe sujetar su análisis y examen a los antecedentes objetivos que emergen de las actuaciones desarrolladas durante la tramitación del proceso penal, pues de no hacerlo incurre en ausencia de debida fundamentación que genera la concurrencia de un defecto absoluto que atenta al sistema de derechos y garantías constitucionales.


Por otra parte, el Tribunal de Alzada en el caso de que se denuncie la falta de valoración de prueba documental ofrecida y judicializada por alguna de las partes, tiene el deber a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, de verificar si efectivamente el Juez o Tribunal de Sentencia, observó al emitir la respectiva Sentencia, las previsiones contenidas en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, que impone la obligación de asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales se otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida; teniendo presente que la Sentencia debe inexcusablemente contener la debida fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica. Esto implica, que si en la Sentencia sólo se procede a la descripción de alguna prueba, sea de cargo o de descargo, sin efectuarse una fundamentación analítica, que supone dejarse constancia sobre su merecimiento o desmerecimiento así como su relevancia o no, se incurre en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, que amerita de parte del Tribunal de Apelación la observancia del art. 413 del citado Código”.


La doctrina glosada precedentemente fue establecida al evidenciarse en casación que pese a la presentación de determinada prueba de descargo, el Juez de Sentencia no efectuó fundamentación alguna sobre qué valoración otorgó a la prueba extrañada por la recurrente, ni señaló las razones por las que pudo o no ser consideradas, omitiendo la fundamentación intelectiva de las pruebas de descargo, limitándose el Tribunal de alzada a señalar que el Juez hizo una correcta valoración de la prueba, sin responder de manera concreta a este aspecto impugnado por la recurrente; por lo que se evidenció que el referido Tribunal no realizó el debido análisis y examen de antecedentes, incurriendo en ausencia de debida fundamentación de su Resolución y consecuente defecto absoluto, por no haber dado respuesta fundamentada a los agravios expuestos en el recurso de apelación restringida.


Ahora bien, en el caso de autos, se evidencia en primer término no ser evidente que el Tribunal de alzada haya reconocido la declaración de la víctima, sin efectuar previamente una relación y valoración de las pruebas; mas al contrario, de la simple lectura del Auto de Vista recurrido, a la expresión del agravio alegado por el imputado en apelación, estableció que previo el análisis del proceso intelectivo de asignar a la prueba el valor correspondiente y del cumplimiento de las reglas establecidas al efecto, la prueba fue valorada en cumplimiento a las reglas establecidas al efecto conforme se desprende de la fundamentación intelectiva del hecho y derecho en sus consideraciones segunda a séptima de la sentencia, efectuando una relación de las pruebas observadas por el recurrente como es la historia clínica de la víctima codificada como PD-11, sobre la que el Tribunal de apelación hizo hincapié que se trata de una fotocopia que no constituye un certificado médico solicitado por el Ministerio Público; en consecuencia, no puede restar valor probatorio al certificado médico forense existente, el cual por el contrario es corroborado por la declaración del médico forense en audiencia, aspectos por los que el Tribunal de alzada no evidenció la conculcación de los derechos invocados por el entonces apelante, tampoco el incumplimiento del art. 173 del CPP, como reitera nuevamente el ahora recurrente a través del presente recurso.


Esto implica, la inexistencia de un hecho similar al resuelto por el precedente invocado como contradictorio, al evidenciarse por un lado que el Tribunal de juicio estableció siete conclusiones detallando en cada una de ellas la prueba testifical y documental pertinente, para finalmente destacar que la restante prueba judicializada en audiencia no fue valorada al no haber aportado mayores elementos de juicio; y por otro lado, que el Tribunal de alzada respondió de manera concreta, lógica y clara la denuncia del recurrente referida a una supuesta falta de valoración intelectiva de la prueba PD-11, estableciendo las razones por las cuales concluyó no haber evidenciado la violación de derechos en cuanto se refiere a una supuesta valoración defectuosa de la prueba o incumplimiento del art. 173 del CPP; en cuyo mérito, contrastada la resolución recurrida de casación con el precedente, no se advierte la concurrencia de contradicción en los términos establecidos en el art. 417 parte final del CPP, deviniendo también en infundado este segundo motivo. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Alberto Ave Suarez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA