TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 375/2015-RRC

Sucre, 15 de junio de 2015


Expediente                        : Santa Cruz 8/2015

Parte acusadora                : Ministerio Público 

Parte imputada                : Luis Alberto Aguilar Vaca 

Delito                        : Violación de Niño, Niña y Adolescente

Magistrada Relatora                : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de octubre de 2014, de fs. 160 a 161 vta., Luis Alberto Aguilar Vaca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 72 de 4 de septiembre de 2014, de fs. 155 a 158, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado en el art. 308 Bis, con relación al art. 310 incs. 2), 3) y 4) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. Por Sentencia 13/2014 de 3 de abril (fs. 127 a 129 vta.), el Tribunal de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luis Alberto Aguilar Vaca, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis, con relación al art. 310 incs. 2), 3) y 4) del CP, imponiéndole la pena de veinte años de privación de libertad, sin derecho a indulto, más el pago de costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 134 a 142 vta.), resuelto por el Auto de Vista 72 de 4 de septiembre de 2014, que declaró admisible e improcedente el referido recurso, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente Resolución.


I.1.1. Motivos del recurso


Del recurso de casación y del Auto Supremo 132/2015-RA de 27 de febrero, se extrajo el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):


El recurrente alega que el Auto de Vista impugnado no se encuentra debidamente fundamentado y motivado, incurriendo en incongruencia omisiva, en vulneración de lo establecido por los arts. 124, 169 inc. 3), 370 inc. 5) y 398 del CPP; puesto que, no hubiese emitido pronunciamiento sobre los puntos denunciados en su recurso de apelación restringida referidos a: a) La inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva contenida en el art. 370 inc. 1) del CPP, por no establecer la Sentencia los elementos constitutivos del delito de violación; b) La falta de fundamentación de la Sentencia, conforme lo previsto por el art. 370 inc. 5 del CPP; y c) Que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, de acuerdo al art. 370 inc. 6) del CPP. Sin embargo, el Auto de Vista en sus seis considerandos, simplemente habría efectuado  el análisis in extenso respecto a la actividad desarrollada en el juicio oral y un análisis doctrinal sobre el delito de violación, sin otorgar respuesta clara y específica sobre los puntos denunciados en la apelación, desconociendo lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, vulnerando los derechos a la defensa, debido proceso y a recurrir; situación, que estaría vinculado con defectos absolutos no susceptibles de convalidación.


Agrega que, la referida incongruencia del Auto de Vista, es contrario al precedente contradictorio establecido en los Autos Supremos 73/2013-RRC de 19 de marzo, 348/2013-RRC de 24 de diciembre y 215 de 28 de junio de 2006.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita, que ante la violación de los requisitos del Auto de Vista y ante la omisión de pronunciamiento sobre todos los puntos de su apelación, se declare sin efecto “POR LO TANTO NULO” (sic).


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 132/2015-RA de 27 de febrero, cursante de fs. 168 a 170, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente por vía de flexibilización, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Conforme consta en la enunciación del hecho, el 1 de febrero de 2012, Nora Vidaurre Vicente en su condición de madre de la víctima formalizó denuncia contra su esposo Luis Alberto Aguilar Vaca (imputado) por la presunta comisión del delito de Violación a su hija Y.N.A.V. de doce años de edad, quien habría sufrido un intento de abuso en agosto de 2011, cuando su persona se encontraba en el hospital y posteriormente pasadas dos semanas el imputado habría llevado a la menor al baño de su cuarto, abusándola sexualmente, continuando los abusos hasta diciembre de 2011. 


Que realizado el examen médico forense a la víctima, se habría concluido que presentó carúnculas himeneales con desgarros antiguos y Loucorrea; además, que realizado el informe de la entrevista psicológica a la víctima, la menor habría reconocido e identificado a su padre biológico Luis Alberto Aguilar, como su agresor sexual.


Concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luis Alberto Aguilar Vaca, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis, con relación al art. 310 incs. 2), 3) y 4) del CP, imponiéndole la pena de veinte años de privación de libertad, sin derecho a indulto, más el pago de costas, bajo los siguientes fundamentos: 1) Que en audiencia de juicio se habría probado que el imputado, tuvo acceso carnal con su hija biológica Y.N.A.V., hecho evidenciado por: i) La declaración de la víctima realizada en audiencia de juicio oral, ii) Por la declaración del testigo de cargo Nora Vidaurre Vicente; iii) El informe de entrevista psicológico emitido por María Bárbara Romano Gonzales, signada como prueba “PD6 o PP2”, ratificada en audiencia de juicio oral, informe que habría utilizado la técnica de Criterios del análisis del contenido basados en criterios, dando una puntuación de “33” que sería altamente creíble; iv) El informe psicológico Forense Pericial, signado como prueba “PD8 o PP4”, habiendo ratificado en audiencia, que la menor habría sido abusada sexualmente por su padre, presentando daño psicológico y emocional, trastorno de estrés post traumático como cuadro patológico crónico, además de la presencia de trastorno depresivo leve; y, v) El certificado médico forense signado como prueba “PD2 o PP1” emitida por Freddy Sansuste Gonzales que diagnosticó carúnculas himeneales con desgarros antiguos; 2) Que en audiencia se ha probado que la víctima es hija biológica del imputado y en el momento del hecho tenía la edad de once años, aspecto corroborado por la propia declaración del imputado, la víctima y Nora Vidaurre Vicente; así también, por el certificado de nacimiento de la menor víctima prueba signada como “PD4”; por el informe social signado como prueba “PD7”; y, por el informe Psicológico Forense Pericial se habría demostrado el daño psicológico. 


II.2.        De la apelación restringida del imputado.


Notificado el imputado Luis Alberto Aguilar Vaca con la Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 134 a 142 vta.), señalando los siguientes agravios: i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], por dos motivos: a) Por falta de conocimiento de hechos fácticos para adecuar el tipo penal; por cuanto, el Tribunal de juicio no habría establecido cuáles fueron los hechos y circunstancias supuestamente realizadas por su persona, habiendo tipificado hechos inexistentes al tipo penal establecido en el art. 308 Bis del CP, constituyendo una falta de relación fáctica de los hechos; y, b) Por falta de elementos de prueba necesarios para demostrar el tipo penal; toda vez, que no fundamentó los hechos tenidos como antijurídicos, ni los elementos de prueba  que demuestren el tipo penal de Violación a niña; es decir, que no habría existido el principal elemento constitutivo del tipo penal por el cual fue acusado que sería el acceso carnal, existiendo duda con relación al autor del hecho; ii) Que no exista fundamentación en la sentencia o sea insuficiente o contradictoria [art. 370 inc. 5) del CPP]; por cuanto, no hace mención a la fundamentación de su defensa, ni al valor otorgado a cada una de las pruebas aportadas y judicializadas, no cumpliendo con las exigencias del art. 360 del CPP, existiendo una clara falta de fundamentación en cada una de las partes de la estructura de la sentencia, extrañándose la falta de antecedentes o circunstancias objeto del juicio, limitándose a consignar los hechos expuestos por medio de la acusación, aspecto que a su criterio evidenció que la Sentencia se emitió sin tener la mínima información precisa de los hechos, omitiendo referirse a los elementos de prueba ofrecidos y producidos en juicio oral, no contando con los fundamentos jurídicos, intelectivos fácticos ni valorativos; puesto que, no especificó el valor otorgado a cada uno de los elementos de prueba para fundar su decisión de dictar una sentencia condenatoria; y, iii) Que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP; por cuanto, el Tribunal de juicio habría emitido la Sentencia condenatoria basada únicamente en el testimonio de la psicóloga, testimonio que no habría sido ratificado por la víctima. Además, que se habría basado en el certificado médico forense que hubiere sido introducido de forma atentatoria a sus derechos fundamentales, constituyendo defecto absoluto.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista 72 de 4 de septiembre de 2014 (fs. 155 a 158), declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada. Bajo los siguientes fundamentos: 1) Que dentro del juicio se demostró que el imputado Luis Alberto Aguilar Vaca abusó sexualmente de su hija AA de doce años de edad, hecho que habría sido probado por los informes psicológicos de la Defensoría de la Niñez y adolescencia y el certificado médico forense. En ese entendido, agregó, que las relaciones entre un adulto y una niña son regidas por el deber de la obediencia de la segunda al primero; es decir, que dentro de esa relación el adulto obliga a la menor a acatar su orden, es así que la obediencia es absoluta máxime si la agredida en el caso de autos tiene doce años, cuando comenzó a ser abusada sexualmente por su padre biológico, consumándose el delito de Violación previsto por el art. 308 Bis del CP, aunque la víctima haya dado su conformidad o consentimiento; 2) Que el caso de autos, se encontraría ante una Violación por ejercicio de poder, ya que para obtener control sobre su indefensa víctima no obstante la desproporción de la fuerza física, el imputado empleó el engaño aprovechándose de la oportunidad y ocasión de tenerla sola, que utilizó la violencia psicológica para seducirla y reducir su resistencia, obligándola a consentir el degradante y humillante abuso sexual al que fue sometida desde que tenía doce años de edad, de ello, -advirtió- que el imputado cometió el delito de Violación motivado por su superioridad física, la fragilidad de la víctima y la oportunidad que se le presentó para tenerla al alcance indefensa; 3) Que del estudio minucioso de los datos del proceso, el Tribunal de sentencia de Montero, habría procedido en forma correcta y conforme a derecho; habiendo tomado en cuenta que la prueba aportada fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad del imputado en la comisión del delito de Violación agravada a menor previsto por el art. 308 Bis y 310 incs. 1), 3) y 4) del CP, así también, que la pena impuesta se ajustaría a lo previsto por los arts. 37, 38 y 40 del CP, en atención a las agravantes y atenuantes; 4) Que la comisión del delito juzgado lesionó el orden moral, familiar y jurídico, quedando secuelas irreversibles de por vida, situación que emergería de las pruebas de cargo producidas e incorporadas a juicio, hecho por la que el Tribunal inferior habría brindado credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público así como a los informes psicológicos y médico pericial, especialmente a la declaración de la testigo víctima prestada ante la psicóloga y ante el Tribunal de la causa habiendo considerado la verosimilitud del testimonio que prestó la testigo víctima que estaría acreditada con las pruebas materiales y documentales de cargo, corroboradas por el informe médico legal y el informe psicológico a los que el Tribunal de juicio le habría otorgado credibilidad; 5) Que respecto a los vicios que tendría la sentencia condenatoria, observó que no es cierto ni evidente; toda vez, que el Tribunal de la causa habría actuado y fundado su resolución de conformidad a las disposiciones que corresponden al delito de Violación agravada a menor, demostrado en un debido proceso, resguardando los derechos y garantías del imputado, toda vez, que la fiscal de materia habría actuado dando cumplimiento con las previsiones  de los arts. 11, 12, 13, 16 y 21 del CPP y art. 45 de la LOMP; habida cuenta, que las pruebas ofrecidas habrían sido incorporadas al juicio oral por su lectura no incurriéndose en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, ya que las pruebas habrían sido debidamente valoradas por el Tribunal inferior en uso de las reglas de la sana crítica conforme los arts. 124, 171 y 173 del CPP, sin incurrir en valoración defectuosa de la prueba. Además, que la sentencia cumplió con lo normado por el art. 124 y 360 del CPP, conteniendo los motivos de hecho y derecho en que basó sus decisiones, y el valor otorgado a los medios de prueba, conteniendo una relación del hecho histórico de acuerdo a lo previsto por los arts. 359 y 360 del CPP, habiéndose fijado de forma clara, precisa y circunstanciada la especie que estimó acreditada y sobre el cual se emitió el juicio, que es lo que se conocería como fundamentación fáctica. Continuó su análisis, señalando, que la Sentencia se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, que el Tribunal inferior habría valorado las pruebas de cargo y descargo desarrollando una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia de juicio oral, poseía la cualidad suficiente para destruir la presunción de inocencia y permitir con certeza la pretensión punitiva del proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, resultando de ese análisis los hechos probados que habría dado como resultado la responsabilidad penal de Luis Alberto Aguilar Vaca en el hecho de Violación agravada a menor, cumpliendo la pena impuesta con las exigencias de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; y, 6) Concluyó señalando, que la sentencia, es el resultado de un análisis y relación de todo lo actuado y presentado en el juicio oral, donde se habría considerado la defensa material efectuada por el imputado a tiempo de presentar su declaración, la defensa técnica, las pruebas tanto de cargo como de descargo y todo lo oído en el juicio oral.    


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y A RECURRIR


Previamente corresponde destacar que este Tribunal, flexibilizando los requisitos exigidos por la norma procesal penal, admitió el presente recurso abriendo su competencia de manera extraordinaria a los fines de verificar la posible vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y a recurrir, originado en la incongruencia omisiva en la que hubiere incurrido el Tribunal de alzada a tiempo de responder a los puntos reclamados por el recurrente ante la interposición de su recurso de apelación restringida, referidos a: i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; ii) Falta de fundamentación de la sentencia; y, iii) Que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; correspondiendo, en consecuencia, resolver la problemática planteada; a cuyo efecto, resulta pertinente realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo, respecto a la temática que se denuncia, para luego ingresar al análisis del caso en concreto.


III.1.        Doctrina legal sobre la Incongruencia omisiva como defecto absoluto.


De conformidad con el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal, se incurre en el defecto de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), al no pronunciarse una autoridad jurisprudencial sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, en cuyo texto se refirió lo siguiente: “En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


En conclusión, es posible determinar que la incongruencia omisiva o ex silentio, se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, a lo que debe precisarse que este Tribunal Supremo de Justicia a tiempo de analizar una denuncia de incongruencia omisiva atribuible al Tribunal de alzada no puede limitarse únicamente a verificar si en el texto del Auto de Vista impugnado se otorgó una respuesta expresa, sino que además de ello, en resguardo al derecho a la tutela judicial efectiva, tiene el deber de verificar si la respuesta otorgada se encuentra dentro de los cánones de racionalidad y razonabilidad de la decisión. Asimismo, es menester precisar que se tendrá por incumplida la obligación de dar respuesta motivada a todos y cada uno de los puntos de agravio denunciados siempre y cuando no sea posible interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda extraerse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Para ello, resulta necesario ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, para determinar si la omisión en otorgar una respuesta fundamentada, representa una verdadera lesión, o por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, situación que tendría que analizarse en el caso de autos.


III.2.        Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia traída a casación el recurrente reclama que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva; por cuanto, hubiese omitido su pronunciamiento respecto a los puntos denunciados en su recurso de apelación restringida referidos a; i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; por cuanto, la sentencia no habría establecido los elementos constitutivos del delito de Violación; ii) Falta de fundamentación de la sentencia; y, iii) Que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, limitándose el Auto de Vista a efectuar el análisis inextenso respecto a la actividad desarrollada en el juicio oral y a efectuar un análisis doctrinal sobre el delito de Violación.


En cuanto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, ingresando al análisis del presente punto, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, en el acápite II.2 punto I, de este Auto Supremo, se tiene que el recurrente en la interposición de su recurso de apelación reclamó que la sentencia incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva en el art. 370 inc. 1) del CPP; por un lado, por falta de conocimiento de hechos fácticos para la adecuación del tipo penal; por cuanto, el Tribunal de juicio no habría establecido cuales fueron los hechos y circunstancias supuestamente realizadas por su persona, habiendo procedido a tipificar hechos inexistentes al tipo penal establecido en el art. 308 Bis del CP, constituyendo una falta de relación fáctica de los hechos; y, por otro lado, por falta de elementos de prueba necesarios para demostrar el tipo penal; toda vez, que no se habría fundamentado los hechos tenidos como antijurídicos, ni los elementos de prueba que demuestren el tipo penal de Violación.


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista recurrido (fs. 155 a 158), y conforme se extrajo en el apartado II.3 de este Auto Supremo se advierte que el Tribunal de alzada abrió su competencia señalando que dentro del juicio oral se habría demostrado que el imputado abusó sexualmente de su hija de doce años de edad, que ese hecho delictivo estaría demostrado por los informes psicológicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el certificado médico forense, “que en ese sentido el art. 308 bis del Código Penal es claro al establecer que si concurren los requisitos de abuso sexual a una menor de edad, se consuma el delito de violación aunque la víctima haya dado su conformidad o consentimiento” (sic), -agregando- que en el caso de autos se estaría ante una Violación por ejercicio de poder; por cuanto, para obtener supremacía y control sobre su indefensa víctima el imputado habría empleado el engaño aprovechándose de la oportunidad y ocasión de tenerla sola, usando la violencia psicológica para seducirla y reducir su resistencia, obligándola a consentir el degradante abuso sexual al que habría sido sometida la menor, concluyendo el Tribunal de alzada, que por la superioridad física, la fragilidad de la víctima y la oportunidad que se le presentó al imputado para tenerla al alcance indefensa, el hecho es más merecedor de pena, por afectar a la libertad sexual de las personas.


Continuando con el análisis del fundamento del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de apelación respecto al reclamo de falta de elementos de prueba que demuestren el tipo penal por el cual fue condenado el imputado, señaló: que del estudio minucioso de los datos del proceso, observó que el Tribunal de sentencia de Montero, procedió en forma correcta y conforme a derecho; puesto que, habría tomado en cuenta que la prueba aportada fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad del imputado en la comisión del delito de Violación agravada a menor previsto por el art. 308 Bis y 310 incs. 1), 3) y 4) del CP, ajustándose la pena impuesta a lo previsto por los arts. 37, 38 y 40 del CP, en atención a las agravantes y atenuantes. Agregando además, que el Tribunal inferior resolvió adjudicar credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público así como a los informes psicológicos e informe médico pericial, especialmente a la testigo víctima prestada ante la psicóloga y el Tribunal de la causa, asumiendo el Tribunal de alzada, “que el testimonio de la víctima de un delito tiene aptitud y suficiencia para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia por no existir razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan formar la convicción del Tribunal” (sic), resultándole, un “hecho concreto y real que se halla plenamente acreditado con las pruebas materiales y documentales de cargo, corroboradas por el informe Médico-Legal y el informe psicológico, al que también el Tribunal les adjudica credibilidad” (sic); concluyendo el ad quem, que las pruebas periciales, testificales y materiales habrían sido correctamente valoradas por el Tribunal de juicio para fundar una sentencia condenatoria al tenor del art. 365 del CPP. 


Por los argumentos expuestos en la Resolución impugnada, este Tribunal Supremo de Justicia evidencia, que la denuncia interpuesta por el imputado referida a que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva respecto a su denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva; por un lado, por falta de conocimiento de hechos fácticos, no es evidente, por el contrario, se constata que el Tribunal de apelación respondió a su denuncia y ejerció de manera correcta su deber de fundamentación; toda vez, que explicó de manera motivada que el imputado al ser el padre biológico de la menor su conducta se ajustó a lo prescrito por el art. 308 bis del CP, explicando además, que en caso de autos se estaría ante una “VIOLACIÓN POR EJERCICIO DEL PODER” (sic); por cuanto, el imputado habría ejercido el engaño, aprovechándose de la oportunidad y la ocasión de tenerla sola a su alcance, constatando que la sentencia condenatoria se basó en hechos existentes y acreditados en la audiencia de juicio oral; toda vez, que evidenció que existieron suficientes elementos de prueba, que demostraron que la conducta del imputado incurrió en el tipo penal por el cual fue condenado, no incurriendo en falta de elementos de prueba como alegó el imputado; consecuentemente, por los fundamentos expuestos este punto deviene en infundado; por cuanto, el Tribunal de alzada sí emitió respuesta ante la denuncia del recurrente.


En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación de la sentencia, prevista por el art. 370 inc. 5) del CPP; de la revisión, del recurso de apelación restringida interpuesta por el recurrente (fs. 134 a 142 vta.), se evidencia que reclamó este defecto, alegando que la sentencia no hubiere hecho mención a la fundamentación de su defensa, ni al valor otorgado a cada una de las pruebas aportadas y judicializadas, para fundar su decisión de dictar una resolución condenatoria. Al respecto el Auto de Vista recurrido, en su Considerando sexto señaló, que la sentencia cumplió con lo normado por los arts. 124 y 360 del CPP; por cuanto, contendría los motivos de hecho y derecho en los que habría basado su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba, que además, contenía una relación del hecho histórico de acuerdo a lo estipulado por el art. 359 y 360 de la referida norma procesal penal, que: “…se ha fijado clara, precisa y circunstancialmente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio que es lo que se conoce como fundamentación fáctica” (sic), agregando además, que la sentencia estaba sustentada en hechos existentes y debidamente acreditados habiendo el Tribunal inferior valorado las prueba de cargo y descargo, desarrollando una operación de forma conjunta y armónica uniendo en ese trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, de donde refirió el Auto de Vista, que habrían surgido los hechos probados, que dieron como resultado la plena responsabilidad del imputado en el delito de Violación agravada a menor. Concluyendo además, en la parte final de la Resolución recurrida, respecto a su denuncia de que no se hubiera considerado la fundamentación de su defensa, que la sentencia sería el resultado de un análisis y relación de todo lo actuado y presentado en el juicio oral, habiéndose considerado la defensa material efectuada por el imputado a tiempo de prestar su declaración, así como la defensa técnica, las pruebas de cargo como de descargo y todo lo oído en juicio.


Por los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada, no se constata, que hubiere incurrido en incongruencia omisiva; toda vez, que conforme lo expuesto y el extracto del apartado II.3 de este Auto Supremo, se observa que emitió una respuesta y debidamente fundamentada; por cuanto, observó y explicó que la sentencia contendría la suficiente fundamentación fáctica y que además se habría sustentado en hechos existentes y acreditados en la audiencia de juicio oral, aspecto que evidencia que contiene la fundamentación descriptiva, quedando demostrado que la sentencia, conforme corroboró el Tribunal de alzada cumplió con lo normado por los arts. 124 y 360 del CPP.


Finalmente, respecto a su denuncia referida a que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, extractada en el acápite II.2., punto III, de este Auto Supremo, el Tribunal de alzada en su sexto considerando estableció: que el Tribunal de la causa habría actuado y fundado su resolución conforme a las disposiciones que corresponden al delito de Violación agravada a menor, advirtiendo, que las pruebas fueron incorporadas a juicio oral por su lectura, no incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP. Agregando además, en el mismo considerando que tampoco efectuó en defectuosa valoración de la prueba; por cuanto, las pruebas habrían sido debidamente valoradas por el Tribunal inferior en uso de las reglas de la sana crítica conforme lo prescrito en los arts. 124, 171 y 173 del CPP. Sobre este punto, el Tribunal de apelación, también señaló en la parte final del Auto de Vista recurrido, que el acusado no precisó el medio probatorio que consideró no fue debidamente valorado.


Conforme lo establecido, en efecto, no se constata, la denuncia del recurrente; por cuanto, el Tribunal de alzada sí respondió a su reclamo; además, cumplió con su labor de control, observando que la Sentencia se haya basado en hechos existentes y acreditados; por cuanto, conforme a lo extractado en el apartado II.1 de esta Resolución, la Sentencia tuvo como hechos probados 1) Que el imputado, tuvo acceso carnal con su hija biológica, evidenciado por: i) La declaración de la víctima; ii) La declaración de la testigo de cargo Nora Vidaurre Vicente; iii) El informe de entrevista psicológica emitido por la Lic. María Bárbara Romano Gonzales, “signada como prueba PD6 o PP2, ratificada en audiencia de juicio oral, informe que habría utilizado la técnica de Criterios del Análisis del Contenido Basados en Criterios, habiendo dado una puntuación de 33 que sería altamente creíble” (sic); iv) El informe psicológico Forense Pericial, emitida por la Lic. Nely Ortega Heredia, signado como prueba “PD8 o PP4”, ratificando en audiencia que la menor habría sido abusada sexualmente por su padre, presentando daño psicológico y emocional, trastorno de estrés post traumático como cuadro patológico crónico, además de la presencia de trastorno depresivo leve; y, v) El certificado médico forense signado como prueba “PD2 o PP1” emitida por el Dr. Freddy Sansuste Gonzales diagnosticando carúnculas himeneales con desgarros antiguos. 2) Que la víctima es hija biológica del imputado y en el momento del hecho tenía la edad de once años, provocándole un daño psicológico, aspecto que habría sido probado por la propia declaración del imputado, la víctima y Nora Vidaurre Vicente; así también, por el certificado de nacimiento de la menor víctima prueba signada como “PD4”; por el informe social signado como prueba “PD7”; y, por el informe Psicológico Forense Pericial. Hechos por los cuales habría emitido una sentencia condenatoria.


De acuerdo a los antecedentes expuestos y conforme al examen detallado de los fundamentos del Auto de Vista recurrido, se concluye que la denuncia interpuesta por el recurrente referida a que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, no es evidente; por cuanto, en sus seis considerandos no solamente efectuó el análisis de la actividad desarrollada por el Tribunal de juicio como arguyó el imputado; sino que, respondió a sus reclamos; considerando, que conforme lo expuesto en el fundamento jurídico del apartado III.1 de este Auto Supremo, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, basta con una respuesta global, ello en virtud de que la respuesta del Ad quem, abarque al conjunto de los puntos reclamados como en el caso de autos, habida cuenta, que si bien se observó que no existe una enunciación separada a cada punto reclamado; sin embargo, de la lectura de la Resolución recurrida se advierte que respondió a todos los motivos alegados por el imputado, no vulnerándose su derecho a la defensa, a recurrir, ni al debido proceso.


Por los fundamentos extractados y explicados, este Tribunal llega a la conclusión de que la resolución recurrida obró correctamente; toda vez, que cumplió con el fundamento jurídico del apartado III.1.; por cuanto, emitió pronunciamiento a los puntos apelados por el recurrente en su recurso de apelación, cumpliendo con lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP, deviniendo en consecuencia el presente recurso en infundado. 


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia,  con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Alberto Aguilar Vaca.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA