TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 360/2015-RA

Sucre, 11 de junio de 2015


Expediente        : Potosí 14/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : José Luis Bohórquez López

Delito        : Peculado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de abril de 2015, cursante de fs. 182 a 185 vta., Nelson Choquevillque Vera, Defensor Público, en representación legal de José Luis Bohórquez López, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 09/2015 de 11 de marzo, de fs. 177 a 179 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de José Luis Bohórquez López, por la presunta comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 3 a 5), y sustanciado el juicio oral y público, en rebeldía del acusado, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la Sentencia 19/2014 de 30 de octubre (fs. 129 a 134); por la que, declaró absuelto de pena y culpa a José Luis Bohórquez López, del delito de Peculado, tipificado y sancionado por el art. 142 del CP, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral, público, continuo y contradictorio, no fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado sobre el ilícito acusado, conforme manda el art. 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), con costas.

  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte del Ministerio Público (fs. 144 a 145 vta.), resuelto por Auto de Vista 09/2015 de 11 de marzo (fs. 177 a 179 vta.), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; por el que, declaró procedente el recurso; y en consecuencia, anuló la Sentencia recurrida, ordenando la reposición del Juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia.


  1. Notificado el recurrente con la Resolución impugnada el 25 de marzo de 2015, (fs. 181 vta.), el abogado de Defensa Pública, interpuso recurso de casación el 1 de abril del mismo año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por el recurrente se extraen los siguientes motivos:


  1. Previa reiteración inextensa de los fundamentos del Auto de Vista recurrido, en la Resolución de la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva contenida en la apelación restringida formulada por el Ministerio Público, el recurrente aduce que los Vocales concluyeron que se incurrió en errónea aplicación de la ley, al haber establecido elementos de juicio que acreditan la responsabilidad penal del imputado en el delito acusado. Asimismo, aseveraron que se aplicó inapropiadamente el principio in dubio pro reo, determinando en la parte resolutiva la nulidad de la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia.

       

Cita el Auto Supremo 31 de 26 de “marzo” de 2007, afirmando que los miembros del Tribunal de alzada no aplicaron la teoría contenida en la Resolución aludida, a efectos de determinar la existencia del delito; por cuanto, no establecieron si la acción desplegada por José Luis Bohórquez López es típica; a cuyo efecto, asevera, que la prueba producida en juicio no llegó a demostrar de qué manera el imputado se habría apropiado de dineros de cuyo cobro, custodia o administración se encontraba encargado, tampoco se estableció de qué manera se violó el bien jurídico protegido por la ley; es decir, “el correcto desempeño de la función pública” en el manejo de los recursos del Estado; por lo que, no puede existir un juicio de reprochabilidad de dicha conducta.


  1. Con relación a la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, también contenida en la apelación restringida planteada por la acusación pública, el Tribunal de alzada infirió que el Tribunal de Sentencia realizó una defectuosa valoración de la prueba de cargo; por cuanto, esta sería suficiente para acreditar la existencia del hecho y la autoría del imputado en el delito de Peculado.


Sobre el mismo punto, luego de la descripción de la prueba de cargo y la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia, el recurrente afirma, que se hizo una valoración individual de la prueba, asignándole valor correspondiente a cada una, aplicando las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica, sin que resulte discrecional y arbitrario, realizando una valoración armónica y conjunta a efectos de asumir una determinación con relación al hecho acusado y la participación del imputado, declarando su absolución


Invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 220/06 de 11 de octubre de 2006


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


  1. Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme dispone el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días y de acuerdo al art. 130 del mismo cuerpo normativo, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación con la resolución recurrida, computándose sólo los días hábiles; en autos, se constata que el acusado, fue notificado con el Auto de Vista 09/2015 el 25 de marzo del citado año, habiendo formulado recurso de casación el 1 de abril del mismo año, ante la Sala Penal Primera, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante la misma Sala que emitió la Resolución recurrida.


Cumplida la verificación del requisito de forma, corresponde analizar si el recurrente cumplió la exigencia legal que posibilita conocer el fondo de los agravios deducidos, dentro del marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP y los razonamientos expuestos en el apartado III del presente Auto Supremo.


En ese entendido, con relación al primer agravio, el recurrente realiza una descripción de los fundamentos del Auto de Vista impugnado, expresando las conclusiones a las cuales llegó el Tribunal de alzada con relación a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, en base a la cual, determinó declarar la nulidad de la Resolución de mérito y ordenar la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia, argumentos en los que de ningún modo se logra establecer, cuál la lesión o agravio que habría provocado el Tribunal de apelación con dicha decisión; por cuanto, no es suficiente que el impugnante efectúe una simple descripción de la resolución recurrida, sino debe establecer cuáles los argumentos que le causan agravio, explicando razonadamente los motivos de la presunta lesión, explicando a su vez, cuál la contradicción de dichos argumentos con la doctrina legal sentada por los Tribunales Departamentales de Justicia o este máximo Tribunal, carga argumentativa que no observó.


En aplicación del mismo razonamiento, la cita y transcripción de parte del contenido del Auto Supremo 31 de 26 de “marzo” de 2007 lo correcto es enero-, no es suficiente para establecer en términos claros cuál la contradicción del precedente invocado con la actuación del Tribunal de alzada, que a decir del recurrente- no se cumplió con demostrar la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de Peculado; por cuanto, la prueba no habría demostrado la responsabilidad del acusado. Es así, que no explica mínimamente cuál la similitud de los hechos resueltos por el precedente invocado y la causa que dio lugar al Auto de Vista recurrido, que hagan posible su aplicación al caso concreto, tampoco concretó cuál la contradicción de los razonamientos establecidos en la jurisprudencia en relación a la determinación asumida en el Auto de Vista recurrido, denotando un claro incumplimiento de los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 416 y 417 del CPP, y desarrollados en el apartado III del presente Auto Supremo, provocando que este Tribunal no aperture su competencia para conocer el fondo del agravio en estudio.


Con relación al segundo agravio, referido a que el Tribunal de alzada concluyó que el inferior realizó una defectuosa valoración de la prueba de cargo; por cuanto, la misma sería suficiente para acreditar la existencia del hecho y la autoría del imputado en el delito, no se infiere, cuál el perjuicio que dicha conclusión habría provocado a la parte recurrente, debido a que se limita a describir el razonamiento expuesto en el Auto de Vista recurrido, sin concluir nada al respecto. Seguidamente, afirma, que el Tribunal de Sentencia efectuó una valoración individual de la prueba, enmarcada en las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica; sin embargo, no atribuye agravio alguno al Tribunal de alzada, soslayando que el recurso de casación está destinado a revisar la actuación del inferior en grado, no así de las autoridades jurisdiccionales de instancia; por cuanto, este Tribunal no puede ignorar etapas y competencias legalmente establecidas; en consecuencia, al evidenciarse en el recurso de casación falta de precisión y debida fundamentación, no es posible ingresar al análisis de fondo del motivo en análisis.


Por último, con relación a la invocación de Auto de Vista como precedente contradictorio, es preciso aclarar que el recurrente además, de no haberlo individualizado suficientemente, debido a que no estableció a qué Sala de qué Tribunal Departamental pertenece, obvió demostrar que el mismo quedó ejecutoriado y no fue susceptible de modificación, por una resolución ulterior, aspectos que impiden efectuar alguna contrastación de su contenido con el Auto de Vista recurrido, conforme asumió la entonces Corte Suprema de Justicia, a través del Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 182 a 185 vta., interpuesto por Nelson Choquevillque Vera, Defensor Público, en representación legal de José Luis Bohórquez López.

 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA