TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 354/2015-RA

Sucre, 05 de junio de 2015


Expediente                : La Paz 55/2015

Parte acusadora        : Meyer Aleyda Luna Mena y otras

Parte imputada        : Rosalía Nuñez Cori de Arce y otras

Delitos                     : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de febrero de 2015, cursante de fs. 269 a 280, Rosalía Nuñez Cori de Arce, Carmen Rosa Nuñez Cori y Gladys Nuñez Cori, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 92/2014 de 1 de diciembre, de fs. 200 a 201 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Meyer Aleyda Luna Mena, Elizabeth Mena Tarqui y Anahi Valeria Luna Mena contra las recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 94/2014 de 15 de mayo (fs. 176 a 178 vta.), la Juez Segundo de Partido y de Sentencia de El Alto, declaró a Rosalía Nuñez Cori de Arce, Carmen Rosa Nuñez Cori y Gladys Nuñez Cori, autoras y culpables de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, condenándoles a la pena de un año de reclusión y multa de 200 días a razón de Bs. 5 por día, más la imposición de costas, daños y perjuicios a favor de acusadora particular. En aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), otorgó el beneficio del perdón judicial a las imputadas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, las imputadas interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 182 a 184 vta.), resuelto por el Auto de Vista 92/2014 de 1 de diciembre (fs. 200 a 201 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada.


  1. El 20 de febrero del 2015 (fs. 202), fueron notificadas las recurrentes con el referido Auto de Vista y el 26 del mismo mes y año, formularon recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Bajo el epígrafe “DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUCEPTIBLES DE CONVALIDACIÓN POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE VISTA No. 92/2014 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2014 DICTADO POR LA SALA PENAL SEGUNDA RESPECIO A LOS PUNTOS APELADOS, QUE HACEN A LOS DEFECTOS DE SENTENCIA PREVISTOS EN EL ART. 370 NUMERALES 1), 5) Y 6) DEL CPP” (sic); las recurrentes haciendo mención a la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007, 335 de 10 de junio de 2011 y 442 de 10 de septiembre de 2007, referidos a la obligación del ad quem de pronunciarse sobre todos los motivos apelados con la debida fundamentación y de manera individualizada sobre cada denuncia; alegan que el Auto de Vista impugnado, no se encuentra debidamente fundamentado, por cuanto no es completo, exhaustivo, ni lógico por omitir la exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados sobre los justificativos y análisis: “de su conclusión de la existencia del defecto de sentencia previsto en el Art. 370 inc. 1) del Código Procesal Penal” (sic), lo que a decir de las recurrentes vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y la debida motivación como elemento esencial del debido proceso, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.

Dentro del mismo acápite, sostienen que el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver la denuncia concerniente al hecho de que la Juez de Sentencia habría basado su decisión en hechos inexistentes y no probados en juicio; refirió que dicha autoridad en el apartado “ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAN SIDO OBJETO DEL JUICIO” (sic), precisó de manera clara y determinada las actitudes dolosas de las procesadas, concluyendo que la denuncia realizada en apelación no es evidente: lo que significa que el Tribunal de alzada hizo conclusiones inferenciales de culpabilidad, lo cual en grado de apelación es aberrante, más aún si la misma se hace a través de prueba indiciaria, actuación que viola el principio de inocencia, debido proceso, la tutela judicial efectiva y desnaturaliza la esencia de la apelación restringida; asimismo, alegan que el Tribunal de alzada, ante la inexistencia de prueba directa, no explicitó las reglas de razonamiento inferencial aplicable al caso, no acreditó ni fundamentó debidamente criterios válidos para la construcción de la prueba indiciaria, así como no habría justificado ni fundamentado la concurrencia de los datos y el razonamiento lógico inferencial aplicado al caso para concluir que: “… precisa de manera clara y determinada las actitudes dolosas de las procesadas, ahora condenadas…” (sic).

En ese ámbito, sostiene que el Tribunal de alzada, omitió efectuar una exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados, sin realizar una valoración de las cuestiones formuladas de un modo integral; es decir, no fundó su resolución en sentido de señalar si la falta de fundamentación denunciada como defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, se debió a la falta de fundamentación fáctica o falta de fundamentación probatoria descriptiva o intelectiva.


En cuanto al defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, expresan que el Tribunal de alzada debió fundamentar la resolución recurrida en el hecho de que si se aplicaron o no correctamente la sana crítica o en su caso si se trasgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, conforme lo determinó la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre de 2006 y 308 de 25 de agosto de 2006, en cuanto a la permisión de control del inter lógico de la fundamentación probatoria intelectiva.


Finalmente en este punto, las recurrentes alegan que el Tribunal de alzada no emitió resolución sobre los tres puntos apelados defectos previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP-, en inobservancia del art. 398 del CPP, por lo que argumentan que el referido defecto absoluto no puede ser convalidado en atención a la doctrina legal aplicable sentada por el Auto Supremo 164/2012 de 4 de julio, que estableció que constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum el hecho de no resolver todos los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, similar entendimiento habría sido asumido por el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, asimismo hacen referencia al Auto Supremo 418 de 10 de octubre de 2006, referido a la debida fundamentación.


  1. Como segundo motivo bajo el epígrafe: “ILOGICIDAD DEL AUTO DE VISTA POR CONFUNDIR SUBSUNCION DE HECHOS AL TIPO PENAL Y CONTROL DE LOGICIDAD DEL ITER LÓGICO O RAZONAMIENTO EMERGENTE DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, Y RESOLVER AMBOS DEFECTOS DE MANERA CONJUNTA Y RELACIONADA” (sic), las recurrentes refieren que el Tribunal de apelación confunde arbitrariamente errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva y de la ley procesal, al conjuncionar ambos motivos en el art. 370 inc. 1) del CPP y previa referencia a las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R de 24 de julio y 727/2003-R y los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417 de 19 de agosto de 2003, 431 de 11 de octubre de 2006 y 236 de 7 de marzo de 2007, denuncian que el Tribunal de alzada actuó en contra de tales precedentes, teniendo en cuenta que el mérito de culpabilidad no corresponde ser pronunciado por el Tribunal de alzada.


Por otra parte, refieren que el Tribunal de alzada no expresa qué reglas de la sana crítica observó la Juez de Sentencia, así como no expresa si realizó un examen del inter lógico de la valoración probatoria en contradicción a los precedentes que habría señalado y de manera errónea expresa un juicio de culpabilidad, cuando conforme a lo dispuesto por el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia, doctrina ratificada por el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, por lo que consideran que el Tribunal de alzada habría desnaturalizado la esencia del sistema de juicio oral de única instancia, generando inseguridad e incertidumbre al violar el principio de seguridad jurídica.


En ese sentido, agregan que el Tribunal de alzada confundió el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, con los defectos procesales previstos por los incs. 5) y 6) del mismo artículo de la norma adjetiva penal; aspecto del cual deviene la ilogicidad del Auto de Vista impugnado, pues el mismo habría relacionado “ambos elementos en el ámbito de la vulneración de la Sana Critica y reglas de valoración de prueba” (sic), lo cual dio lugar a la falta de fundamentación y la defectuosa valoración de la prueba, ya que la referida resolución no brinda fundamentos claros, precisos que respondan con certeza cada punto impugnado, pues no habría emitido criterio jurídico sobre cada punto impugnado, haciendo referencia al motivo de su apelación refiere que: “En consecuencia se ha denunciado defecto de sentencia previsto en el Art. 370 núm.- 1) del CPP, bajo el argumento de la violación o lesión de la Sana Critica Racional emergente de la valoración de la prueba y errónea aplicación del Art. 173 del Código Procesal Penal en cuanto a sus reglas o métodos, y establecer que esta tenga relación con el control del inter lógico que emerge de la valoración de la prueba…” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 20 de febrero del 2015, fueron notificadas las recurrentes con el Auto de Vista impugnado y el día 26 del mismo mes y año, formularon recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, se establece que las recurrentes en el primer motivo, denuncian que el Auto de Vista impugnado de casación no se encuentra debidamente fundamentado, por cuanto el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida con relación a los defectos de sentencia previstos por el art. 370 incs. 1), 5 y 6) del CPP, omite la exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados respecto al primer defecto; asume conclusiones inferenciales sin fundar la resolución en sentido de señalar si la falta de fundamentación denunciada se debió a la falta de fundamentación fáctica o falta de fundamentación probatoria descriptiva o intelectiva, con relación al segundo; y menos fundamenta la resolución impugnada en la aplicación correcta o no de la sana crítica o en la trasgresión de las reglas del correcto entendimiento humano, en el último defecto; a cuyo fin, invocan como precedentes contradictorios los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007, 335 de 10 de junio de 2011 y 442 de 10 de septiembre de 2007, referidos a la obligación del Tribunal de apelación de pronunciarse sobre todos los motivos apelados con la debida fundamentación y de manera individualizada sobre cada denuncia; en cuyo mérito, estando precisada la eventual contradicción con el fallo recurrido en los términos precisados en el acápite II inc. 1), corresponde efectuar la labor de contraste que la ley asigna a este Tribunal; sin que corresponda un análisis a la parte final de la denuncia, relativa a que el Tribunal de alzada no emitió resolución sobre los tres puntos apelados, al asumirse que una denuncia de indebida fundamentación resulta antagónica a una de incongruencia omisiva.


Con relación al segundo motivo, se advierte que las recurrentes cuestionan la supuesta confusión del Tribunal de alzada, en cuanto a la errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva y de la ley procesal, al haber confundido el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP con los defectos estipulados en los incs. 5) y 6) de la misma norma legal, incurriendo el Auto de Vista en ilogicidad al confundir la subsunción de los hechos con el control de logicidad del iter lógico o razonamiento emergente de la valoración probatoria, expresando por el contrario un juicio de culpabilidad. En este motivo, invocan los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417 de 19 de agosto de 2003, 431 de 11 de octubre de 2006 y 236 de 7 de marzo de 2007, que hubiesen establecido los supuestos de errónea aplicación de la norma sustantiva, así como los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005 y 214 de 28 de marzo de 2007, relativos a que la facultad de valorar la prueba corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, enfatizando que el Tribunal de alzada, desnaturalizó la esencia del sistema de juicio oral de única instancia, correspondiendo de igual forma el análisis de fondo del presente motivo, dejando constancia que las Sentencia Constitucionales citadas en el recurso, no serán objeto de contraste, al no constituir precedentes contradictorios conforme ha establecido de manera reiterada y uniforme este Tribunal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Rosalia Nuñez Cori de Arce, Carmen Rosa Nuñez Cori y Gladys Nuñez Cori, de fs. 269 a 280; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA