TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 353/2015-RA

Sucre, 05 de junio de 2015


Expediente                : Santa Cruz 33/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y Otra

Parte Imputada        : Maribel Lisbeth Fernández Olivera

Delitos                : Lesiones Graves y Leves y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de marzo de 2015, cursante de fs. 1106 a 1113 vta., Maribel Lisbeth Fernández Olivera, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 1 de 16 de enero de 2015, de fs. 996 a 1001, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Gina Carmela Valenzuela Coronel en contra de la recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves, Leves y Hurto, previstos y sancionados por los arts. 271 y 326 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.        ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)        En mérito a la acusación pública a instancia de parte (fs. 3 y vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 13/2014 de 18 de agosto (fs. 911 a 922) el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Maribel Lisbeth Fernández Olivera, absuelta de culpa y pena del cargo de Lesiones Graves, Leves y Hurto, previstos en los arts. 271 y 326 del CP, absolución que se sustenta en el art. 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin costas, suspendiendo las medidas cautelares de carácter personal.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público y la  querellante  Gina Valenzuela Coronel, formularon recursos de apelación restringida (fs. 949 a 950 vta. y 963 a 966), resueltos por Auto de Vista 1 de 16 de enero de 2015, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes los citados recursos; por el que, anuló totalmente la Sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley.


c)        El 2 de marzo de 2015 (fs. 1005), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 5 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION


De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos, los siguientes:


  1. La recurrente como primera denuncia arguye, que el Tribunal de alzada al dictar el Auto de Vista revocatorio, tomó en cuenta argumentos falsos y faltando a la verdad señalando hechos que nunca sucedieron y menos fueron probados en juicio oral; por cuanto, de los datos que cursan en el proceso, se tiene evidencia que tanto el Ministerio Público como la acusadora particular, no han presentado ninguna prueba documental que acredite de la existencia de dineros hurtados y no hubo ningún testigo de cargo y que al contrario hubo testimonios de dos testigos de descargo, presenciales de los hechos, quienes declararon de manera uniforme que la acusadora particular no tenía dinero, concluyendo que el Auto de Vista basó su resolución en una apelación restringida (del Ministerio Público) sin solvencia jurídica ni invocación de precedente contradictorio alguno, describiendo a continuación sus apreciaciones respecto al contenido de cada uno de los considerandos del Auto de Vista impugnado, afirmando nuevamente que “FALSEA LA VERDAD”. Alega también que habría infringido el principio de legalidad y el debido proceso, al considerar el Auto de Vista en el sexto considerando los elementos de prueba presentados por la parte querellante y la fiscalía, concluyendo que tenían eficacia probatoria; sin embargo, la prueba de cargo nunca existió y aún si hubiera existido, al Tribunal de alzada le estaría prohibido valorar o examinar las pruebas producidas en juicio, quebrantando de esta manera las norma procesales penales en sus arts. 124, 370 inc. 6) y 419 del CPP; y, 29 incs. 6) y 12) de la Ley 025 de 13 de septiembre y  Auto Supremo 451 del 13 de septiembre de 2007.


  1. En su segunda denuncia, refiere que se emitió el Auto de Vista recurrido,  sin efectuar una correcta aplicación de las normas procedimentales, infringiendo el art. 124 del CPP; su fundamentación es insuficiente; restringió sus derechos; no denota el “criterio de valor” de cada uno de los elementos de prueba; y, consideró los aspectos cuestionados en las apelaciones restringidas sin que conste una adecuada fundamentación para tal determinación, a cuyo efecto aduce que el Tribunal de alzada vulneró el art. 370 inc. 5) del CPP, con relación al art. 169 inc. 3) de la misma norma, al haber sostenido su fallo en “hechos inexistentes, hechos no acreditados”, así como los arts. 171 y 173 del mismo Código, al respecto invoca los Auto Supremos 109 de 29 de abril de 2010, 308/2006 de 25 de agosto, 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 1 de octubre de 2004.


  1. Finalmente, reclama como tercera denuncia, que el Auto de Vista incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva, al no haber ratificado su absolución de culpa y pena, desconociendo su derecho a la libertad, seguridad, igualdad jurídica, presunción de inocencia y el debido proceso, previstos en la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 1, 3, 4, 13, 124, 167, 168 y 169 del CPP.

 

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO O NO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días, ya que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 2 de marzo de 2015 (fs. 1005), presentando su recurso el 5 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, con relación al primer motivo, referido a que el Tribunal de alzada falseó la verdad, introduciendo hechos inexistentes, por cuanto, entre otras cosas, se probó que la parte acusadora no presentó prueba alguna que acredite la configuración del ilícito de hurto y que revalorizaron prueba, lo cual no le está permitido; citando al respecto los arts. 124, 370 inc. 6) y art. 419 del CPP y arts.  29 incs. 6) y 12) de la Ley 025, invocando el Auto Supremo 451 del 13 de septiembre de 2007, que la recurrente no fundamentó mínimamente de qué modo el Auto de Vista recurrido resulta contradictorio al Auto Supremo invocado, no obstante de tener la carga argumentativa de explicar de manera clara y precisa los alcances de la supuesta contradicción, de modo tal que este Tribunal pueda contar con argumentos sólidos para sostener la resolución de fondo; en consecuencia, no se tiene por cumplidos los requisitos previstos por el art. 417 del CPP, correspondiendo declarar la inadmisibilidad de este motivo.


Respecto al segundo motivo, la recurrente alega, que en el Auto de Vista infringió el art. 124 del CPP, al ser su fundamentación insuficiente; asimismo, restringió sus derechos, omitió otorgar un criterio de valor a cada uno de los elementos de prueba y consideró las apelaciones restringidas sin constar una adecuada fundamentación para su determinación, por lo que aduce que el Tribunal de alzada vulneró el art. 370 inc. 5) con relación al art. 169 inc. 3), 171 y 173, todos del CPP; y, contradijo los Autos Supremos 109 de 29 de abril de 2010, 308/2006 de 25 de agosto, 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 01 de octubre de 2004.


Al respecto, se advierte que la recurrente además de haber formulado el motivo en análisis de forma genérica y desordenada, carente de una fundamentación lógica que ayude a entender cuál el específico agravio atribuido al Tribunal de alzada, se advierte que con relación a los dos primeros Autos Supremos citados, se limitó a mencionarlos sin efectuar ninguna explicación sobre el modo en que resultarían contradictorios con el Auto de Vista recurrido, inobservando su obligación procesalmente establecida en el art. 417 del CPP. En similar sentido, sobre los dos últimos Autos Supremos citados, únicamente transcribió su contenido sin expresar ninguna elucidación respecto a su aplicabilidad a su caso y los términos de la supuesta contradicción con el Auto de Vista impugnado, impidiendo que este Tribunal pueda conocer el fondo del motivo, resultando inadmisible.


Con relación al tercer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista incurrió en la errónea aplicación de la Ley sustantiva al no haber ratificado su absolución de culpa y pena, desconociendo su derecho a la libertad, seguridad, igualdad jurídica, presunción de inocencia y el debido proceso, se advierte que no concretó su reclamo esgrimiendo cuál la norma sustantiva que se habría aplicado erróneamente, ni mucho menos invocó doctrina legal presuntamente contrariada por el Auto de Vista recurrido, impidiendo la apertura de competencia de este Máximo Tribunal de Justicia a efectos de verificar la contradicción.


Por otro lado, si bien la recurrente denuncia lesión a sus derechos a la libertad, seguridad, igualdad jurídica, presunción de inocencia y el debido proceso, citando, entre otras normas, al art. 169 del CPP, haciendo aplicables los criterios de flexibilización para la admisión excepcional del recurso, descritos en el apartado IV de la presente resolución, la falta de precisión en la formulación del agravio y en la identificación del presunto defecto no susceptible de convalidación, impide su admisión excepcional, por lo que en definitiva el motivo en análisis deviene inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Maribel Lisbeth Fernández Olivera de fs. 1006 a 1013 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA