TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 351/2015-RA

Sucre, 05 de junio de 2015


Expediente                : Chuquisaca 11/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y Otros

Parte Imputada        : Dilma Torres León y otros

Delitos        : Asesinato y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de abril de 2015, que cursa de fs. 1015 a 1024 vta., Dilma Torres León, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 105/015 de 23 de marzo de 2015, cursante de fs. 998 a 1012, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Gil Vedia Chávez, Juan Carlos Vedia Pérez y Cristián Nicolás Callejas Avalos en contra de Raúl Condori Pinto, Julio Rodas y la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Lesiones Gravísimas con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 6) y 7); 270 inc. 5); y 272 todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 12 a 17), y particulares (fs. 23 a 25, 27 a 29 y 31 a 33); y, desarrollada la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia condenatoria 12/2012 de 10 de septiembre (fs. 360 a 372), contra la referida Sentencia, la imputada Dilma Torres León, formuló recurso de apelación restringida (fs. 391 a 393 vta., subsanada a fs. 422 a 426 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 41/2013 de 13 de febrero (fs. 436 a 439 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 103/2013 de 10 de abril (fs. 470 a 474); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 174/2013 de 3 de junio (fs. 483 a 488), que declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro tribunal. Desarrollada y concluida la nueva audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia 05/2014 de 17 de marzo (fs. 695 a 717 vta.), por la que declaró a Dilma Torres León coautora de la comisión de los delitos de Lesiones Gravísimas (contra Cristian Nicolás Callejas); y, Asesinato (respecto a Gilbert Vedia Mendoza), tipificados por los arts. 270 inc. 5) y 252 incs. 6) y 7) del CP, condenándola a sufrir la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto, más costas a favor del Estado y acusaciones particulares; asimismo, la absolvió del delito de Lesiones Gravísimas con agravante respecto a Juan Carlos Vedia Pérez.

  1. Contra la mencionada Sentencia Omar Ventura Sanga Defensor de oficio de la imputada Dilma Torres León, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 771 a 773), subsanada por la imputada (fs. 861 a 869 vta.), resuelto por Auto de Vista 311/2014 de 25 de agosto (fs. 905 a 917), y su Auto Complementario 325/14 de 1 de septiembre de 2014 (fs. 921 a 922 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 683/2014-RRC de 27 de noviembre, (fs. 990 a 993 vta.); en tal virtud, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca pronunció el Auto de Vista 105/015 de 23 de marzo de 2015 (fs. 998 a 1012), declarando desistidos los motivos dos, cuatro y ocho, inadmisibles los motivos primero, tercero, quinto, sexto y séptimo; en consecuencia, procedentes los motivos noveno y décimo del recurso interpuesto; en cuyo mérito, modificó el quantum de la pena imponiéndole la pena de seis años de conformidad al art. 268 del Código Niño Niña y Adolescente, Ley 548.


  1. Notificada la recurrente con el referido Auto de Vista el 30 de marzo de 2015 (fs. 1013), interpuso recurso de casación el 6 de abril del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 1015 a 1024 vta., se extrae el siguiente motivo:


La recurrente denuncia que el Auto de Vista ahora impugnado; además, de incumplir la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 683/2014-RRC de 27 de noviembre dictado en el caso de autos, resultó contradictorio e incongruente entre su parte considerativa y resolutiva; puesto que, el citado Auto Supremo habría determinado: a) la existencia de error judicial; toda vez, que no se habría aplicado el principio “Non Reformatius Impeius”, respecto a la sanción impuesta a su persona, de 30 años de presidio cuando le correspondería la primera sanción del juicio anulado que fue de 15 años; y, b) la aplicación de la ley 548; en cuanto, a  la imposición de la pena, por estar vigente a tiempo de la emisión del Auto de Vista, disponiendo, que en caso de adolescentes debería imponerse la quinta parte de la sanción correspondiente a mayores; empero, asevera, que la Resolución ahora recurrida(extractando parte del mismo),de forma incongruente en su parte considerativa arguyó que correspondía la aplicación del principio “Non Reformatius Impeius”; sin embargo, en su parte resolutiva erróneamente habría mantenido el quantum de la pena de treinta años de presidio, fijando erradamente su quinta parte que sería la sanción de seis años de presidio, no considerando, que en aplicación del referido principio debió imponerle a su criterio, la sanción máxima de la pena de quince años impuesto en el primer juicio que fue declarado nulo, y sobre ese cuantum, en aplicación de la Ley 586, fijarle la quinta parte que sería tres años de presidio y no seis años como erróneamente le habrían impuesto; aspecto, que a su decir, incurre en error in factum o error humano de hecho, vulnerando su derecho al debido proceso en su componente de una resolución debidamente motivada y congruente. Sobre este agravio invoca los Autos Supremos 251/2012 de 17 de septiembre, 141/2013 de 28 de mayo y 307 de 11 de junio de 2003.


Agrega además, que el Auto de Vista recurrido violó los principios a la legalidad y seguridad jurídica; puesto que, al no haber aplicado el principio “Non Reformatius Impeius” en su parte resolutiva, infringió los arts. 400.I, 413.III y 420 de la norma Adjetiva Penal, y art. 9 de la Convención americana sobre Derechos Humanos; por cuanto, incumplió con la obligación de la vinculatoriedad de los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, constituyendo vulneración al debido proceso y defecto absoluto insubsanable, al efecto invoca el Auto Supremo  021/2012-RRC de 14 de febrero.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 30 de marzo de 2015 (fs. 1013), presentando su recurso de casación el 6 de abril del mismo año, conforme consta del sello electrónico de recepción a fs. 1015, considerando además, que el 3 de abril de 2015 fue declarado feriado nacional (viernes santo);  cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, ante la denuncia interpuesta por la recurrente referida a que el Tribunal de alzada no habría cumplido con los entendimientos del Auto Supremo 683/2014-RRC de 27 de noviembre, emitido en la presente causa, pronunciando un Auto de Vista contradictorio e incongruente entre su parte considerativa y resolutiva; por cuanto, en su parte considerativa habría alegado que correspondía la aplicación del principio “Non Reformatius Impeius”; sin embargo, en su parte resolutiva erróneamente habría fijado la sanción de seis años de presidio, que sería la quinta parte del quantum de la pena de treinta años, no considerando, que en aplicación del referido principio y de la Ley 586, debió imponerle la sanción de tres años, correspondiente a la quinta parte de la pena de quince años que habría sido impuesto en el primer juicio declarado nulo, incurriendo en error in factum o error humano de hecho, vulnerando su derecho al debido proceso en su componente de una resolución debidamente motivada y congruente. Sobre este agravio la recurrente invocó los Autos Supremos: 251/2012 de 17 de septiembre, que estaría referido a la obligación de los Tribunales de alzada a emitir una resolución congruente, lo contrario significaría una Resolución citra petita o ex silentio; 141/2013 de 28 de mayo, referido a que todo Auto de Vista debe encontrarse debidamente fundamentado, alegando la recurrente, que la Resolución recurrida al omitir dar cumplimiento al principio “Non Reformatius Impeius”, incurrió en una Resolución citra petita o ex silentio. Por otro lado también invocó la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003, que estaría referido a que en ningún fallo puede existir incongruencia ni contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva.


Finalmente refiere la recurrente, que el Auto de Vista recurrido al haber incumplido con la obligación de vinculatoriedad de los fallos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, violó los principios a la legalidad y seguridad jurídica, constituyendo vulneración al debido proceso y defecto absoluto insubsanable, resultándole contrario, a la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 021/2012-RRC de 14 de febrero, que estaría referido a que los Tribunales de alzada tienen el deber de cumplir con la vinculatoriedad de los fallos emitidos por este Tribunal Supremo, lo contrario significaría incurrir en defecto absoluto. Como se observa, en la argumentación del recurso, la recurrente cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por cuanto, explicó la posible contradicción que en su criterio existiría entre el Auto de Vista impugnado y cada precedente invocado, correspondiendo; en consecuencia, declarar la admisibilidad del recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Dilma Torres León de fs. 1015 a 1024 vta.; asimismo, en cumplimiento al segundo párrafo del mismo artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA