TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 339/2015-RA

Sucre, 01 de junio de 2015


Expediente                : Santa Cruz 32/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Dina Parada Claure

Delito        : Peculado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de febrero de 2015, que cursa de fs. 243 a 246, Dina Parada Claure interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 103 de 15 de diciembre de 2014, de fs. 237 a 239 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de la recurrente, por la presunta comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 28 a 35), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 13/2014 de 20 de agosto (fs. 204 a 210), declaró a la imputada Dina Parada Claure autora y culpable de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de reclusión, a cumplir en el centro de rehabilitación Santa Cruz, sección mujeres, más el pago de costas, daños civiles y trescientos días multa a razón de dos bolivianos por día, a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, la imputada Dina Parada Claure formuló recurso de apelación restringida (fs. 216 a 220), resuelto por Auto de Vista 103 de 15de diciembre de 2014 (fs. 237 a 239 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. La recurrente interpuso, recurso de casación el 3 de febrero de 2015, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 243 a 246, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente, haciendo referencia a los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en inobservancia y errónea aplicación de la ley, fundamentación contradictoria y valoración defectuosa en la aplicación y comparación con el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003; puesto que, en ningún momento habría solicitado al Tribunal de alzada que revalorice las pruebas desfiladas en juicio; sino que, considere que se demostró que su persona no se apropió de los impuestos cancelados por los contribuyentes; puesto que, por la declaración de Alex Antonio Bello Nogales se habría evidenciado que en la gestión del alcalde Carlos Alberto Ruiz Martínez no se realizó auditoría en la que pudiera reflejarse datos exactos, ya que, él tenía todos los cardex de impuestos y recaudaciones del municipio, no habiéndose demostrado su participación en la apropiación de dineros ni que se haya ocasionado perjuicios económicos al Municipio de Pailón; empero, el Tribunal de alzada realizando una descripción del bien jurídico protegido así como del tipo penal acusado, no habría guardado relación con su recurso de apelación; toda vez, que alega- su persona no se apropió de dineros por concepto de pagos de contribuyentes; sino que, se debió a la no alimentación de los datos del SIN, que posteriormente se realizó los descargos en forma interna y claramente los contribuyentes primeramente reclamaron ellos mismos, manifestando que no pagaron dos veces los impuestos y que ya se encontraban posteriormente en el sistema como no deudores; en consecuencia la parte recurrente cuestiona, cual es la comparación o valoración que realiza el Tribunal de alzada cuando la doctrina dice una cosa y la realidad del Municipio de Pailón es otra; es decir, que los impuestos cancelados por los contribuyentes fueron solo una vez y descargados al SIN posterior al reclamo.


Agrega, que de las declaraciones de Nicolas Shelemen Morales, Otto Bauer Maiser y Sabino Mamani Lenis, si bien efectuaron la cancelación de sus tributos, el reclamo fue elaborado por Alex Antonio Bello Nogales antes de asumir el cargo de jefe de recaudaciones, donde no se convalidó ningún impuesto, y después que salió como alcalde Carlos Alberto Ruiz, recién los impuestos fueron convalidados no habiéndose efectuado doble cancelación, existiendo dichos problemas por hallarse en déficit el “SIIM”; empero, fueron subsanados, habiéndose querellado únicamente a su persona, cuando eran tres las funcionarias responsables, condenándosela sólo sobre la base de declaraciones de los testigos, sin comprobar de forma lícita cómo su persona se hubiere apropiado de dineros pertenecientes al Municipio de Pailón, dictándose Sentencia por una simple presunción contrarrestando la presunción de inocencia, no adecuándose a su criterio, la pena a la economía procesal penal.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; y, 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente interpuso recurso de casación el 3 de febrero de 2015, sin que conste diligencia de notificación con el Auto de Vista impugnado a su persona; sin embargo, siendo que el recurso fue presentado pese a no haberse procedido a la notificación, estando cumplida la finalidad de la comunicación procesal con ese actuado y resultando innecesaria nueva diligencia, se tiene que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, cumpliéndose de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto a la denuncia referida a que el Auto de Vista recurrido incurrió en inobservancia y errónea aplicación de la ley, fundamentación contradictoria y valoración defectuosa en la aplicación y comparación con el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003; toda vez, que no solicitó al Tribunal de alzada que revalorice pruebas; sino que, demostró que su persona no se apropió de los impuestos cancelados por los contribuyentes; puesto que, posteriormente habrían sido descargos en forma interna en los datos del SIN, donde claramente los contribuyentes habrían manifestado que no pagaron dos veces los impuestos, ya que, no se encontraban en el sistema como deudores; existiendo dichos problemas por hallarse en déficit el “SIIM”; empero, que fueron subsanados, en consecuencia, habría sido condenada sólo sobre la base de declaraciones de los testigos, sin comprobar de forma lícita como se hubiere apropiado de dineros pertenecientes al Municipio de Pailón, contrarrestando la presunción de inocencia, no adecuándose a su criterio, la pena a la economía procesal penal. Sobre este reclamo si bien la recurrente invoca el Auto Supremo supra referido; sin embargo, no realiza una mínima explicación respecto a la posible contradicción en la que habría incurrido la Resolución recurrida con el precedente invocado, en los términos exigidos por el art. 417 del CPP, limitándose a señalar que no solicitó la revalorización de la prueba, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor de contraste que le encomienda la ley, omisión que no puede ser suplida de oficio.


Por otra parte, este Tribunal, considerando que la recurrente denuncia que se contrarrestó la presunción de inocencia; toda vez, que la resolución recurrida no guardaría relación con la Sentencia ni su recurso de apelación; empero, se constata que el recurso de casación contiene denuncias genéricas, que imposibilitan la apertura extraordinaria de su competencia; habida cuenta, que la recurrente se limitó a denunciar que el Auto de Vista incidió en inobservancia y errónea aplicación de la ley, fundamentación contradictoria y valoración defectuosa, sin explicar ni precisar fundadamente que partes de la Resolución recurrida incurren en los defectos reclamados, aspecto que implica, la inobservancia de los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que el recurso de casación en examen no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, impidiendo a este Tribunal Supremo abrir su competencia para conocer el fondo de este recurso, deviniendo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 243 a 246, interpuesto por Dina Parada Claure.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA