TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 333/2015-RA

Sucre, 01 de junio de 2015


Expediente                : La Paz 54/2015        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Rubén Darío Ocampo Quispe

Delitos                : Asesinato y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 18 y 26 de marzo de 2015, cursantes de fs. 2936 a 2939 y 2975 a 2987 vta.; a su vez, el Ministerio Público, Martha Martínez de Herrera y Enrique Rafael Herrera Cabero, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 03/2015 de 21 de enero, de fs. 2893 a 2900 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes en contra de Rubén Darío Ocampo Quispe y Juan Silva Aruquipa, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 250 incs. 2) y 3) y 171 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En mérito a la acusación particular presentada por Enrique Rafael Herrera Cabero y Martha Martínez de Herrera y el Ministerio Público (fs. 4 a 5, ampliación de fs. 6 a 8 y 14 a 19), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia 10/2013 de 11 de diciembre (fs. 2205 a 2219), complementada por Auto de 20 de diciembre de 2013 (fs. 2287 y vta.), por la que declaró al imputado Rubén Darío Ocampo Quispe, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del CP, condenándolo a la pena privativa de libertad de veinte años de presidio a cumplir en el penal de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, con costas, daños y perjuicios a favor de la víctima a calificarse una vez ejecutoriado el fallo; asimismo, absolvió de culpa y pena al imputado Juan Silva Aruquipa por la presunta comisión del delito de Encubrimiento previsto y sancionado en el art. 171 del CP, sin costas.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el imputado Rubén Darío Ocampo Quispe, los acusadores particulares Enrique Rafael Herrera Cabero, Martha Martínez de Herrera y el Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 2399 a 2414 vta., 2430 a 2445 y 2446 a 2447), resueltos por Auto de Vista 03/2015 de 21 de enero (fs. 2893 a 2900 vta.), dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles y procedentes las cuestiones planteadas y en aplicación del art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), anuló totalmente la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, Resolución complementada por Auto de 13 de marzo de 2015 (fs. 2921 y vta.).

c)        Notificados los recurrentes Enrique Rafael Herrera Cabero, Martha Martínez de Herrera con el Auto complementario el 19 de marzo de 2015 (fs. 2923), y el Ministerio Público con el Auto de Vista el 11 de marzo de 2015 (fs. 2912), presentaron recursos de casación el 18 y 26 del mismo mes y año, los cuales son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación del Ministerio Público


  1. El Ministerio Público, denuncia que el Auto de Vista impugnado carece de una debida fundamentación, incumpliendo lo establecido en el art. 124 del CPP; por cuanto, simplemente realizó una fundamentación genérica, haciendo alusión a la apelación restringida formulada por el imputado, al expresar aspectos de la Sentencia como ser: en el contraste intelectivo de los medios de prueba ofrecidos, no les hubiese otorgado valor; asimismo, señaló que el Tribunal no pudo acreditar la data de la muerte de la víctima, pese a que se estableció un periodo en el que hubiera fallecido, aspecto que no estuvo en discusión; por otra parte, refirió equivocadamente que no comparecieron los testigos que podrían catalogarse como principales; agrega que el Auto de Vista expresó que la Sentencia condenó por Homicidio siendo que se acusó por Asesinato; concluyendo que la misma es contradictoria, incongruente e incompleta, afirmación que resulta genérica, no realiza una descripción a la conclusión que arriba el Auto de Vista y que la falta de  fundamentación acarrea la revictimización de quién espera justicia de una muerte plenamente comprobada, no requiriéndose para ello un nuevo juicio; asimismo, al anular la Sentencia por observaciones irrelevantes, incumplió con su deber de administrar justicia y no debió anular por anular, sino en aplicación del art. 413 del CPP, debió dictar nueva Resolución, al no obrar de esa forma, vulneró el principio de legalidad, la tutela de los intereses del Estado y la sociedad, generando un defecto absoluto que pone en riesgo el sistema procesal penal; cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 25 de 3 de febrero de 2010, 205 de 28 de marzo de 2005 y 487/2005 de 15 de noviembre.


  1. Asimismo, denuncia incongruencia omisiva expresado, que el Auto de Vista vulneró el art. 398 del CPP; es decir, omitió pronunciarse sobre todos los puntos apelados, en el caso, no dio respuesta a los puntos cuestionados por el Ministerio Público y la parte querellante, contraviniendo el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004 y la línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional 0682/2004-R de 6 de mayo.


II.2.        Recurso de casación de Martha Martínez de Herrera y Enrique Rafael Herrera Cabero


Los recurrentes, denuncian errónea aplicación de la ley sustantiva, para cuyo efecto, inicialmente refieren que por Resolución 50/2007 de 11 de mayo, el Tribunal de Sentencia dispuso la Apertura de juicio oral contra el imputado Rubén Darío Ocampo Quispe, por la presunta comisión del delito de Asesinato previsto en el art. 252 numerales 2) y 3) del CP y en contra de Juan Silva Aruquipa por el delito de Encubrimiento previsto en el art. 171 del mismo Código; posteriormente, haciendo alusión a los hechos probados y no probados de la Sentencia de grado y a las conclusiones sobre el hecho a los que arribó, refieren que los Jueces Técnicos concluyeron que el imputado es autor y culpable del delito de Asesinato; sin embargo, las Juezas Ciudadanas con la visión de no conocer las leyes, establecieron que el acusado le quitó la vida a la víctima de manera espontánea, sin planificación y por el principio de favorabilidad se impuso como decisión final la condena por el delito de Homicidio con la disidencia de los Jueces Técnicos, aspecto que cuestionaron en el recurso de apelación restringida, explicando que el citado recurso tiene por finalidad establecer si la Sentencia a tiempo de valorar la prueba aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano para luego imponer la sanción subsumiendo el hecho de acuerdo al tipo penal sobre el cual se desarrolló el juicio, requiriéndose para este aspecto, un alto nivel de tecnicidad a tiempo de valorar la actividad probatoria y el manejo de principios como el de razón suficiente, de identidad, de concentración, del tercero excluido y las máximas de la experiencia; puesto que, en el desarrollo del juicio oral la acusación Fiscal y particular, demostraron de manera contundente la participación del imputado en el delito de Asesinato y no el de Homicidio como erróneamente calificaron las Juezas Ciudadanas, olvidando la aplicación del principio de tipicidad, por ello, el Tribunal de alzada debió aplicar estrictamente el último párrafo del art. 413 del CPP y modificar el tipo penal de Homicidio por el de Asesinato.


Por otra parte, previa transcripción del segundo y tercer considerando del Auto de Vista impugnado, mención y transcripción de los fundamentos esgrimidos en los recursos de apelación restringida interpuestos por los ahora recurrentes, el Ministerio Público y el imputado Rubén Darío Ocampo Quispe, sostienen que el Tribunal de alzada anuló totalmente la Sentencia con el argumento de no ser posible la reparación directa por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, ordenando la reposición del juicio  por otro Tribunal, concluyendo en el acápite de petición que las Juezas Ciudadanas vulneraron el debido proceso, incurriendo en falta de congruencia entre la acusación Fiscal y particular con la Sentencia y la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, contraviniendo  los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 67 de 27 de enero de 2006 y 205 de 28 de marzo de 2007, de los que transcriben la doctrina legal aplicable.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


El recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, constituyendo el plazo para su interposición y la obligación de señalar la contradicción con los precedentes citados en términos precisos, requisitos que deben ser examinados por el Tribunal Supremo de Justicia, porque del cumplimiento de los mismos depende que esta instancia, declare admisible o inadmisible el recurso, situación que tiene trascendental importancia a objeto de que este Tribunal pueda confrontar sobre la base de criterios ciertos y objetivos, la veracidad o no de cada uno de los motivos que hacen al recurso de casación.


IV.1. Del recurso de casación del Ministerio Público


En lo referente al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que el Ministerio Público fue notificado con el Auto de Vista, el 11 de marzo de 2015 (fs. 2912), interponiendo el recurso de casación el 18 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo a fs. 2939 vta.; en consecuencia, dentro del plazo de cinco días que establece el párrafo primero del art. 417 del CPP, correspondiendo verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


Con relación al primer motivo, el Ministerio Público, denuncia que el Auto de Vista impugnado carece de una debida fundamentación, incumpliendo lo establecido en el art. 124 del CPP, debido a que realizó una fundamentación genérica, haciendo alusión a la apelación restringida formulada por el imputado, al expresar aspectos de la Sentencia como ser: que no hubiese otorgado valor probatorio a los medios de prueba ofrecidos; que el Tribunal no pudo acreditar la data de la muerte de la víctima, pese a que se estableció un periodo en el que hubiera fallecido; por otra parte, refirió equivocadamente que no comparecieron los testigos que podrían catalogarse como principales; agrega que el Auto de Vista, expresó, que la Sentencia condenó por Homicidio siendo que se acusó por Asesinato, concluyendo que la misma es contradictoria, incongruente e incompleta; puesto que, no expresa jurídicamente a la conclusión que arriba el Auto de Vista,  anulando la Sentencia por observaciones irrelevantes; puesto que, en aplicación del art. 413 del CPP en su último párrafo, debió dictar nueva Resolución, vulnerando así el principio de legalidad, la tutela de los intereses del Estado y la sociedad, generando un defecto absoluto que pone en riesgo el sistema procesal penal; invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 25 de 3 de febrero de 2010, 205 de 28 de marzo de 2005 y 487/2005 de 15 de noviembre.


El motivo en cuestión, denuncia falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, los Autos Supremos invocados como precedentes, están referidos a la obligación que tiene el Tribunal de alzada de motivar adecuadamente la Resolución como un componente del debido proceso y que en observancia de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando no siendo necesario la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de apelación debe resolver directamente; en el caso, no era necesario el reenvió del juicio por meras formalidades subsanables en alzada, vulnerando así el principio de legalidad, la tutela de los intereses del Estado y la sociedad, generando un defecto absoluto; más aún, si se demostró que el acusado asesinó a la víctima, desconociendo su rol de administrar justicia, tomando en cuenta que no se afectaron los derechos y garantías constitucionales del procesado; explicación suficiente para ingresar al análisis de fondo del motivo .


Con relación al segundo motivo, respecto a la denuncia de incongruencia omisiva debido a que el Auto de Vista omitió pronunciarse sobre todos los puntos cuestionados por el Ministerio Público, incumpliendo el art. 398 del CPP, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004 y la Sentencia Constitucional 0682/2004-R de 6 de mayo; no obstante, el recurrente no cumplió con la exigencia establecida en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, señalar de manera clara y precisa la presunta contradicción que existiría entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado; asimismo, no identificó cuáles serían los aspectos sobre los cuales no se pronunció el Tribunal de alzada, no explicó los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la Resolución recurrida con la debida motivación y fundamentación; y finalmente, la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal pueda ingresar al análisis del agravio denunciado; por otra parte, en aplicación del primer párrafo del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales no constituyen precedente contradictorio; en consecuencia, el motivo deviene en inadmisible.


IV.2. Del recurso de casación de Martha Martínez de Herrera y Enrique        Rafael Herrera Cabero


En cuanto al plazo para la interposición del recurso de casación, se constata que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista, el 19 de marzo de 2015 (fs.2923), interponiendo el recurso de casación el 26 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo de fs. 2988; pese  a que el plazo de los cinco días corría a partir de la notificación con el Auto de Vista complementario; en consecuencia, dentro del plazo que establece el párrafo primero del art. 416 del CPP.


Con relación al único motivo denunciado por los recurrentes , errónea aplicación de la ley sustantiva, refieren que el Tribunal de Sentencia dispuso en el Auto de Apertura de proceso el juzgamiento del imputado Rubén Darío Ocampo Quispe, por la presunta comisión del delito de Asesinato previsto en el art. 252 numerales 2) y 3) del CP; sin embargo, pese a que en las conclusiones la Sentencia fundamentó que el imputado es el presunto autor del delito de Asesinato, las Juezas Ciudadanas en desconocimiento de las leyes, establecieron que el acusado le quitó la vida a la víctima de manera espontánea, sin planificación y por el principio de favorabilidad se impuso como decisión final la condena por el delito de Homicidio con la disidencia de los Jueces Técnicos, aspecto que cuestionaron en el recurso de apelación restringida, explicando que en el desarrollo del juicio oral, se demostró de manera contundente la participación del imputado en el delito de Asesinato y no el de Homicidio como erróneamente calificaron las Juezas Ciudadanas, olvidando la correcta aplicación del juicio de tipicidad; agregando a ello, que el Tribunal de alzada en observancia del art. 413 del CPP, debió modificar el tipo penal de Homicidio por el de Asesinato, sin necesidad de disponer la reposición del juicio, incurriendo en incongruencia entre la acusación Fiscal y particular con la Sentencia y la parte considerativa del fallo y la parte resolutiva de la Sentencia, contraviniendo  los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 67 de 27 de enero de 2006 y 205 de 28 de marzo de 2007.


El motivo en análisis, denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, en el que hubiese incurrido la Sentencia a tiempo de emitir el fallo, en el que las Juezas Ciudadanas, por desconocimiento de las normas jurídicas votaron por la autoría del delito de homicidio; no obstante, el Tribunal de alzada pudo haber subsanado el error emitiendo nueva Sentencia por el delito de Asesinato, sin necesidad de reposición del juicio en observancia de los arts. 413 y 414 del CPP; para el efecto, invocó como precedentes los Autos Supremos mencionados supra, invocados también a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, referidos a que el Tribunal de Sentencia está obligado a realizar una correcta subsunción del hecho y cuando no se realiza una correcta calificación del hecho, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva; además, que el Tribunal de apelación aplicando el art. 413 del CPP, cuando sea evidente que para dictar nueva Sentencia, no es necesario la realización de un nuevo juicio, deberá resolver directamente, lo contrario deviene en defecto absoluto; en el caso, sostienen los recurrentes, que al advertir que el inferior incurrió en errónea tipificación del delito, no era necesario la realización de un nuevo juicio, sino era obligación del Tribunal ad quem modificar el mismo, de acuerdo a la relación fáctica de los hechos, el análisis de la prueba sin que signifique una segunda instancia, sino en resguardo del debido proceso corregir el error, explicación escueta pero suficiente para admitir el motivo e ingresar al análisis de fondo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público, únicamente el motivo primero contenido en el acápite II.1 de la presente Resolución y el único motivo interpuesto por Martha Martínez de Herrera y Enrique Rafael Herrera Cabero; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala, se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA