TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 332/2015-RA

Sucre, 01 de junio de 2015


Expediente                : Tarija 28/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : René Artuduanga Estrada y otros

Delitos                : Transporte de Sustancias Controladas y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de marzo de 2015, cursante de fs. 64 a 68, René Artunduaga Estrada, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 02/2015 de 23 de enero, de fs. 58 a 60, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, Miguel Santos Díaz Guzmán, Paulo Santos Ruiz y Luís Miguel Robles Camacho, por la presunta comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 18 a 21 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 07/2014 de 9 de abril (fs. 31 a 40 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: i) René Artunduaga Estrada, autor de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de ocho años de presidio y multa de trescientos días a razón de Bs. 1.- por día, además de costas a favor del Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia; ii) Luis Miguel Robles Camacho, autor en grado de cómplice de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el art. 55 en relación al art. 76 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de cinco años, tres meses y tres días de privación de libertad, más una multa de doscientos cincuenta días a razón de 1 Bs. por día y costas a favor del Estado.


Por otra parte, ante la igualdad de votos de los integrantes del Tribunal y en aplicación del art. 359 última parte del Código de Procedimiento Penal (CPP),  se declaró la absolución de ambos imputados, del delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, tipificado por el art. 53 de la Ley 1008.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado René Artunduaga Estrada (fs. 44 a 47 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 02/2015 de 23 de enero (fs. 58 a 60), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 27 de febrero de 2015 (fs. 62 vta.), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 5 de marzo del mismo año, formuló recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente refiere que pese a la existente jurisprudencia constitucional respecto de la imposibilidad de revalorización probatoria por parte del Tribunal de alzada, éste en el considerando III. 1 y 2 de la resolución recurrida hubiese incurrido en dicha prohibición, al revalorizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, refiriendo que respecto de la prueba MP 1 el Tribunal no consideró que la misma en ningún momento acreditó que su persona haya conocido de la existencia de sustancias contraladas en las llantas del vehículo que conducía, pues se habría llegado a conclusiones ficticias sin fundamento expreso que acredite además que las pruebas hayan sido judicializadas cumpliendo las formalidades legales, vulnerándose el principio de inocencia previsto en la Constitución Política del Estado. Agrega que con dicha actitud del Tribunal de alzada, se habría infringido los arts. 172, 204, 207, 213, 280, 329, 333, 249 y 359 todos del CPP; al respecto, invoca los Autos Supremos 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004, 635 de 20 de octubre de 2004, 41/2012 de 30 de marzo y 152/2013 de 14 de mayo.


Sobre el mismo punto refiere que, el Tribunal de alzada al señalar que todos los medios de prueba aportados en la sustanciación del juicio y valorados en su integridad por el Tribunal aplicando la sana crítica conforme lo establece el art. 173 de la norma procesal, fue suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad penal en la comisión de los hechos juzgados en calidad de autor; sin embargo, para llegar a dicha conclusión no se hubiese tomado en cuenta que fue imputado por los delitos de Asociación Delictuosa y Confabulación y Transporte de Sustancias Controladas, y por el resultado del juicio se advierte una inminente contradicción, pues como se puede demostrar que es autor del delito de transporte de cuantiosos 87 kilos de cocaína, si no organizó ni perteneció a ninguna asociación delictuosa, aspecto que no fue debidamente controlado por el Tribunal de Sentencia, denotando una nueva revalorización más allá de lo permitido por el arts. 407 y 413 del CPP, cuando la apelación restringida tiene como característica la de controlar la existencia de inobservancia o errónea aplicación de la ley tal cual lo mencionó el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003.


  1. El Tribunal de alzada no se hubiese pronunciado sobre algunos puntos mencionados en su apelación restringida, como es la legalidad de los medios de prueba, valoración de la prueba, sobre la actividad procesal defectuosa contraviniendo lo establecido en el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, citado como precedente, así como el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, referido a la falta de fundamentación.


En el numeral 6 del recurso, el recurrente reitera los Autos Supremo 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004, además del Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004 y finalmente el Auto Supremo 724 de 26 de
noviembre de 2004, referido a la necesidad de pronunciarse sobre todos los puntos apelados, hecho que constituye defectos absolutos de la Sentencia.


Por último, señala que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1401/03 y los respectivos Autos Supremos, existe la posibilidad de presentar nuevos precedentes contradictorios que surjan después de la interposición de la apelación restringida, líneas doctrinales que establecen la admisibilidad del recurso de casación al existir evidencia de violación flagrante al debido proceso, defectos absolutos insubsanables en el Auto recurrido y a derechos fundamentales como lo determina los arts. 169 y 370 del CPP.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Dicho entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 27 de febrero de 2015, fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 5 de marzo de mismo año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 de CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, se tiene que en el primer motivo, el recurrente denuncia la presunta revalorización probatoria por parte del Tribunal de alzada, en violación a los principios de inmediación, concentración e inmediatez, para el efecto invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004, 635 de 20 de octubre de 2004, 41/2012 de 30 de marzo, 152/2013 de 14 de mayo y 317 de 13 de junio de 2003; sin embargo, el planteamiento no cumple con las exigencias establecidas por la normativa procesal penal, toda vez que el recurrente omite realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa, respecto de la contradicción existente entre los precedentes invocados y el Auto de Vista recurrido, siendo la argumentación del agravio confusa, ya que denuncia una presunta revalorización, sin precisar de qué manera fueron presuntamente revalorizadas la pruebas por el Tribunal de alzada, mezclando incluso el motivo con argumentos referidos a falta de fundamentación, de contradicción o incongruencia, sin sentar las suficientes bases sobre qué aspectos en concreto pretende sean verificados en el fondo.


Por tal razón, es menester reiterar que el sólo hecho de invocar o efectuar una cita parcial del precedente, no implica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso, siendo lo correcto que el recurrente otorgue los suficientes elementos argumentativos que permitan ingresar al fondo de la problemática planteada; en consecuencia, ante el incumplimiento del art. 417 del CPP, no corresponde el análisis de fondo del presente motivo.


Similar entendimiento resulta aplicable al segundo motivo, porque el recurrente se limita a denunciar que el Tribunal de alzada no se hubiese pronunciado sobre algunos puntos mencionados en su apelación restringida, como la legalidad de los medios de prueba, valoración de la prueba y actividad procesal defectuosa, invocando los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 562 de 1 de octubre de 2004, a través de una argumentación imprecisa y general, ya que el recurrente denuncia la “falta de pronunciamiento sobre algunos puntos”, sin la debida precisión, pues si bien menciona como uno de éstos la legalidad de los medios de prueba, el planteamiento resulta exiguo generando la dificultad de identificar sobre qué medios probatorios en específico se pretende se verifique la ilegal actividad probatoria o cuáles más serían los puntos apelados que aparentemente no hubiesen sido respondidos.


Esto supone, que el recurrente no tuvo presente que el recurso de casación por ser una demanda de puro derecho, para su admisión debe ser interpuesto en términos claros, con cita clara de los agravios, especificando en que consiste la contradicción del Auto de Vista del que se pretende su contrastación, aspectos extrañados en el presente recurso, pues resulta incluso contradictorio cuando en la última parte de su agravio invoca un Auto Supremo que estaría referido a la falta de fundamentación, situación completamente opuesta a la falta de pronunciamiento alegada por el recurrente; en consecuencia, tampoco resulta viable el análisis de este motivo por el incumplimiento de lo previsto en el art. 417 del CPP.


Finalmente, es menester señalar que las falencias advertidas en el planteamiento del recurso,  no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera denuncia de violación al debido proceso o la presunta existencia de defectos absolutos como se observa en el caso presente, pues a efectos de ingresar al fondo del recurso vía flexibilización, el recurrente tiene la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite anterior de esta resolución, que fueron omitidos en el recurso sujeto al presente análisis, pues a más de reiterar de forma sucinta,  contradictoria y confusa los hechos acusados, de ninguna manera precisa cuál su relación con lo resuelto por el Tribunal de alzada; en consecuencia, no acredita en qué consiste la restricción o disminución de las citadas garantías o derechos, y menos explica el resultado dañoso emergente, derivando en que el recurso resulte inadmisible aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por René Artunduaga Estrada, de fs. 64 a 68. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidente Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA