TRIBUNAL SUPREM O DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 302/2015-RA

Sucre, 13 de mayo de 2015


Expediente        : La Paz 36/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Laureana Aruquipa Huanca

Delito                : Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oíl,
                                Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de enero de 2015, cursante de fs. 71 a 73 vta., Nieves Daria Aruquipa Huanca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 97/2014 de 17 de octubre, de fs. 52 a 54 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el representante de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Dr. Freddy Cabezas Vélez Ocampo en contra de Laureana Aruquipa Huanca, por la presunta comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oíl, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, previsto y sancionado por el art. 226 Bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia pública de Juicio Abreviado, el Juez de Instrucción Mixto Cautelar, Liquidador de Guaqui, perteneciente al Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia condenatoria P214/2013 de 21 de agosto (fs. 10 a 11 vta.), contra de Laureana Aruquipa Huanca, por la comisión del delito de Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diesel Oíl, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo previsto y sancionado por el art. 226 Bis del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión; asimismo, dispuso la confiscación definitiva del combustible consistente en setenta litros de diesel oíl, además del vehículo Tipo Caldina, marca Toyota, color blanco, con placa de control 2829-GHB y el pago de costas en la suma de Bs. 500.-.


  1. La mencionada Sentencia, fue recurrida en apelación restringida por Nieves Daria Aruquipa Huanca (fs. 31 a 33 vta.), que fue resuelta por Auto de Vista 97/2014 de 17 de octubre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual rechazó y declaró improcedente el recurso; consecuentemente confirmó la Sentencia apelada, pronunciada por el Juez de Guaqui.


  1. Notificada la recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 14 de enero de 2015 (fs. 55), interpuso recurso de casación el 21 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos venidos en casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Inicialmente hace una remembranza de proceso, la cual concluye señalando que se estableció que su persona no es parte en el proceso, luego acusa que el auto de Vista recurrido, haciendo referencia a aspectos formales sin ingresar al fondo, argumentando que la apelación incumple con lo previsto por los arts. 407 y 408 del CPP, decide declarar improcedente el recurso de apelación restringida y confirma la Sentencia emitida por el Juez de Guaqui, sin considerar que su persona habría acreditado el derecho propietario.


Además denuncia que, con esa resolución se estaría vulnerando su derecho a la propiedad, previsto en el art. 56.I) de la Constitución Política del Estado (CPE), al haberse considerando a priori que no podía reclamar la devolución de su vehículo sin considerar que era víctima directa del delito cometido por Laureana Aruquipa Huanca. Igualmente se estaría restringiendo su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido por el art. 115 de la CPE; señala como precedentes contradictorios los Autos Supremos, 001/2014-RRC y los Autos Constitucionales 229/2012 de 27 de septiembre, 225/2008 de 17 de noviembre, 089/2011 de 14 de marzo.


  1. De otro lado la recurrente señala, que no se le habría notificado con la audiencia de juicio abreviado, requerimiento conclusivo y demás actuaciones dentro del proceso penal seguido en contra de Laureana Aruquipa Huanca, tildando dichas omisiones de defectos absolutos, conforme establece el art. 169 inc. 2 y 3) del CPP, pese a su apersonamiento ante el Juez de la causa.


Asimismo afirma que el Fiscal de Materia, emitió requerimiento conclusivo solicitando la confiscación definitiva de la movilidad, sin haber establecido la titularidad del derecho propietario de la movilidad confiscada, afectando el principio de tutela judicial efectiva; a cuyo efecto, invoca los Autos Supremos 255 de 17 de noviembre de 2008 y 281/2013-RA, afirmando sobre este último que, resuelve un  caso similar.


Finalmente solicita, se deje sin efecto el auto de Vista recurrido y concluye citando los Autos Supremos, 229/2012 de 27 de septiembre, 224/2012 de 25 de septiembre, 225/2008 de 17 de noviembre, 089/2011 de 14 de marzo, 030/2014-RA de 24 de marzo y 281/2013 de 31 de octubre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de admisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto por la normativa penal, habida cuenta que la recurrente fue notificada con el auto de Vista que trata de impugnar, el 14 de enero de 2015como se evidencia en la providencia de fs. 55, interponiendo el recurso que es caso de autos el 11 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que le otorga la ley.


Antes de Ingresar a considerar el fondo del recurso, es preciso señalar que la doctrina legal contenida en los Autos Supremos  001/2014-RRC, 229/2012 de 27 de septiembre, 089/2011 de 14 de marzo y 225/2008 de 17 de noviembre, fue modulado por el Auto Supremo 268/2014-RRC de 26 de junio de 2014, el cual estableció como doctrina legal aplicable que: “El artículo 42. I. 1) de La Ley del Órgano Judicial, establece que: las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, tienen como atribución, actuar como Tribunal de Casación en los casos expresamente señalados por ley; es decir, delimita las competencias del Tribunal Supremo de Justicia y sus Salas Especializadas, en el mismo sentido el art. 50. 1) del CPP.


Por otra parte, el segundo párrafo del art. 394 del CPP, establece: “El derecho de recurrir corresponderá a quién le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante.” Es decir, son las partes quienes por mandato legal tienen legitimación, pudiendo también ejercitar este derecho la víctima quien es el titular del “bien jurídico protegido”; en los delitos vinculados al narcotráfico, el bien jurídico protegido es la salud pública, siendo la victima el Estado Plurinacional de Bolivia y en los delitos de contrabando el bien jurídico


El artículo 255 del Código de Procedimiento Penal establece el Qué, Cuándo, Quienes, Hasta cuándo, ante quienes y el procedimiento para interponer los incidentes por los propietarios de los bienes incautados, siendo el Juez Cautelar a cargo de la investigación ante quien se debe plantear el incidente por ser quien ejerce el control jurisdiccional en la etapa preparatoria del proceso penal (arts. 54 y 279 del CCP); la resolución del mismo es recurrible, solo en apelación incidental, sin recurso ulterior, es decir no procede apelación restringida, mucho menos recurso de casación.


Con lo expuesto y en el caso específico, concluimos que la recurrente, no es parte, ni es víctima en el proceso, conforme prevé la norma supra transcrita, esta persona, como señala el procedimiento, debió interponer un incidente y apelar en la vía incidental, sin recurso ordinario ulterior.


El Tribunal Supremo de Justicia, al tener competencias específicas, no puede arrogarse funciones que no le competen, consecuentemente, el recurso de casación, no es la vía legal para reclamar el derecho que la recurrente considera suprimido por carecer de legitimación activa; lo contrario implica emitir pronunciamiento respecto a cuestiones que, no son de nuestra competencia, e incurrir en la previsión condenada por el art. 153, así como el art. 173 ambos del CP.


Si bien, el fin último del derecho es la justicia, ello no implica que para hacer justicia debamos pasar por encima de la ley, para satisfacer las pretensiones de los recurrentes como ocurre en el caso presente; también, estamos conscientes de nuestro rol de contralores de derechos y garantías constitucionales y es por eso que en nuestras actuaciones debemos ceñirnos a la Constitución y a las leyes, y mientras no se modifique la norma, nos corresponde dejar formalmente sentado que, únicamente pueden recurrir en casación las partes y las víctimas.


… no se le causo indefensión, toda vez que pudo y puede presentar - como dijimos y conforme se tiene en el precedente contradictorio invocado - incidente sobre bienes confiscados por cuanto como se tiene, puede plantearse aún en ejecución de sentencia para que, el juez cautelar que dictó la sentencia Nº 936/2012, se pronuncie sobre la pretensión de la ahora impetrante” (sic).


Además se debe aclarar, con referencia a las Sentencias Constitucionales citadas como precedente, que las mismas no constituyen precedentes contradictorios, una vez que el art. 416 del CCP, dispone como precedentes contradictorios solo a los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales  de Justicia y los Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente en la jurisdicción ordinaria, no es viable, asimismo los Autos Supremos 030/2014 de 24 de marzo, 281/2013-RA y 224/2012-RA de 25 de septiembre son autos de admisibilidad que no contienen doctrina legal aplicable, consiguientemente tampoco puede ser considerados como precedentes contradictorios.


En consecuencia se concluye, que la recurrente al no ser parte del proceso, ni ser este el medio para que pueda reclamar la devolución de la movilidad incautada, el recurso de casación deviene en inadmisible.


Para Resolución de la causa según decreto de convocatoria de 6 de abril de 2015, interviene el Dr. Rómulo Calle Mamani, Magistrado de la Sala Civil de este Tribunal.


Se constituye en disidente, la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina, con los fundamentos contenidos en el libro de disidencias que cursa en la Secretaría de la Sala.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la concurrencia del Magistrado Dr. Rómulo Calle Mamani y con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Nieves Daria Aruquipa Huanca, de fs. 71 a 73 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Convocado Dr. Rómulo Calle Mercado

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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