TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 277/2015-RRC

Sucre, 30 de abril de 2015


Expediente        : Tarija 78/2014

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        :        Víctor Hugo Llanos Burgos y otros

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2014, cursante de fs. 499 a 503 vta., Víctor Hugo Llanos Burgos, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 146/2014 de 7 de noviembre, de fs. 494 a 496 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a Víctor Hugo Llanos Burgos, Sebastián Zamorano Márquez y Ricardo Gorosteaga Calixto, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la  Sentencia 45/2010 de 20 de diciembre, pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija (fs. 351 a 356 vta.) y al Auto de Vista 67/2013 de 20 de noviembre, emitido por la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental, por el que dispuso la nulidad de la Sentencia recurrida y la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia del mismo asiento judicial (fs. 376 a 378), una vez sustanciado, dio lugar a la Sentencia 07/2014 de 14 de abril (fs. 460 a 467 vta.), por el que se condenó a Víctor Hugo Llanos Burgos, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años y doscientos días multa a razón de un boliviano por día, a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva “El Palmar”; y, a los imputados, Sebastián Zamorano Márquez y Ricardo Gorosteaga Calixto, absueltos por el aludido tipo penal.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por Víctor Hugo Llanos Burgos, conforme se evidencia del memorial de fs. 470 a 475, resuelto por la Sala Penal Segunda a través del Auto de Vista 146/2014 de 7 de noviembre, que lo declaró sin lugar, confirmando la Sentencia recurrida, dando lugar a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión     028/2015-RA de 15 de enero (fs. 510 a 512), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, al que este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Con el epígrafe de falta de fundamentación de todos los agravios invocados, acusando la existencia de defecto absoluto y contradicción frente a hechos similares invocados en el recurso de apelación restringida, el recurrente aseveró que:


1)        Sobre la denuncia de inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, entre ellos la errónea calificación de los hechos, de la concreción del marco penal y de la fijación de la pena, asevera que el Tribunal de apelación, además de revalorizar la prueba (MP-10), no efectuó una adecuada fundamentación fáctica y jurídica, enmarcándose a transcribir la opinión de las juezas ciudadanas;


2)        Respecto a la insuficiente individualización del imputado, en el Auto de Vista recurrido se estableció únicamente que la exigencia de la individualización se relacionaba a la información personal del imputado y no a la identificación como propietario de la sustancia controlada, interpretación que tilda de incorrecta y carente de fundamento al referirse la individualización también a quién es la persona que provee la materia prima, quién la fábrica, quién la cristaliza, quién la transporta, entre otros, transgrediendo lo exigido por los Autos Supremos 026/2013 de 8 de febrero y 171/2012 de 9 de julio;


3)        En lo atinente a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, argumenta que el Tribunal de apelación, en referencia a la “supuesta” entrevista sin la presencia de su abogado en la que habría indicado que la coca encontrada era para la fábrica móvil ubicada en la localidad de Agüadero (Salada Chica), concluyó que la prueba documental presentada por el Ministerio Público, otorgó suficiente respaldo jurídico para la probanza del hecho de transporte de sustancias controladas y la fabricación en la localidad referida, afirmación que además de considerarla subjetiva, no cuenta con la debida fundamentación; y,


4)        Con relación a la valoración defectuosa de la prueba (MP-5, MP-6 y MP-7), en violación de las reglas de la sana crítica, aseveró que el Auto de Vista impugnado, concluyó que el rechazo de las exclusiones probatorias en juicio, se enmarcaron en una correcta interpretación, no obstante que las pruebas señaladas no contaban con la firma del Fiscal y del testigo de actuación, omitiendo justificarse su inconcurrencia, más aún si en las pruebas documentales “MP-2, MP-5, MP-6 y MP-7”, no cursa firma de los coimputados, hechos que tilda de lesivos del art. 169 inc. 3) del CPP, adicionando que tampoco verificó si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encontraba acorde con las reglas del recto entendimiento humano; por el contrario, se limitó a señalar que no le está permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas; sin embargo, debió haber analizado si existía una motivación clara y completa de las pruebas aportadas en juicio con arreglo a las normas de la sana crítica.

Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 418/2006 de 10 de octubre, 479/2005 de 8 de diciembre y 214/2007 de 28 de marzo.


I.1.2. Petitorio


Por lo expuesto, el recurrente solicita que una vez cumplidas las formalidades de ley, dicten resolución determinando la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto el Auto de Vista u ordene el reenvío a otro Tribunal de Sentencia, o en su caso, determinen la absolución de culpa y pena por el delito que se le acusa, conforme lo dispone el art. 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 028/2015-RA de 15 de enero, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


El Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, a través de la Sentencia 07/2014 de 14 de abril, por el que se condenó a Víctor Hugo Llanos Burgos, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años y doscientos días multa a razón de un boliviano por día, a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva “El Palmar”; y, a los imputados, Sebastián Zamorano Márquez y Ricardo Gorosteaga Calixto, absueltos por el aludido tipo penal, bajo los siguientes fundamentos: i) Luego de la descripción de la prueba y del análisis otorgado a cada una, en el punto 2, describió la conclusión respecto a la responsabilidad del imputado Víctor Hugo Llanos Burgos, estableciendo que transitaba a hrs. 22:45 con la substancia ilícita, a la altura del ingreso al barrio La Florida, habiéndosele interceptado pasando la rotonda “Los Libertadores”, saliendo de la ciudad. Sabía lo que llevaba, no pudo ignorar que era coca, era junio, hacía frío, quizá por eso tenía los vidrios cerrados, lo cual hizo que el olor de la coca quede concentrado. Al respecto, razona que es de conocimiento público que la coca es una sustancia controlada, máxime si va en la cantidad observada en la prueba codificada como MP10 y detallada en las actas como 2.057 libras. Adicionalmente, conforme razonó una Jueza Ciudadana que tiene experiencia en el manipuleo de la hoja de coca para su venta al raleo y que a los “cocanis” se les da un cupo en takis, estableció que la cantidad encontrada al imputado, jamás podría darse a una sola persona, que cuando realizaba el referido trabajo, el olor  de la hoja de coca impregnaba toda la tienda, a pesar de ser un ambiente grande, por lo que en un micro que es pequeño es ilógico que el acusado no se haya dado cuenta. La otra Jueza Ciudadana, explicó que también tenía experiencia en el manipuleo de hoja de coca porque la compra su familia para el trabajo en cantidades de a un cuarto, la misma que a pesar de estar embolsadita, de todas formas olía. De dichos razonamientos, los dos Jueces Técnicos y las dos Juezas Ciudadanas, concluyeron que aún en una bolsita pequeña, el olor a coca trasciende. Por otro lado, le otorgan credibilidad a lo aseverado por el Cabo Franklin Jhonny Mamani Villacorta, cuando dijo que al interceptar el microbús, Víctor Hugo Llanos Burgos, permaneció callado, no dijo nada y se puso nervioso. También lo aseverado por el Sargento Pastor Gonzalo Tumiri Serrano, policía asignado al caso, a quien tampoco le dijo nada y le notaba nervioso, actitud que refleja que el imputado sabía lo que llevaba y asumió con resignación el hecho de ser descubierto en flagrancia. Aseveran no creer lo expresado por el imputado en su declaración voluntaria, respecto a que en el garaje otro señor le habló para pasarle la carga de su camión que no funcionaba, que no vio lo que cargaron porque salió a cenar y cuando volvió estaba todo cubierto; empero, este extremo no lo manifestó a los funcionarios policiales ni bien lo interceptaron, ni cuando llegaron a la Unidad Movil de Patrullaje Rural (UMOPAR) en El Palmar, o al Fiscal de Materia Miguel Ángel Baldiviezo, cuando secuestraron la sustancia controlada a hrs. 01:50, conforme se leyó en la “MP5 a)”, así ellos podían haber retornado en ese momento al garaje y encontrado al dueño del camión o a este motorizado que estaba sin funcionar. En mérito a ello, culminan que en base al principio de inocencia, por el que el imputado no está obligado a probar su inocencia; sin embargo, está obligado a probar sus afirmaciones, bajo el criterio doctrinal que quien afirma algo tiene la obligación de demostrar su veracidad, dos Jueces Técnicos y dos Jueces Ciudadanos concluyeron que el imputado sabía que lo que trasladaba esa noche era coca en gran cantidad, agua acidulada y cemento, tres de los cuales razonaron que estaba destinado a la fábrica móvil de “El Agüero” y una Jueza Ciudadana duda al respecto. El juez Ciudadano Alex Rojas Villarroel ya no ingresó al análisis de la responsabilidad porque para él los hechos no fueron demostrados; ii) De acuerdo a lo señalado, la conducta de Víctor Hugo Llanos Burgos, es típica, debido a que la misma se subsume en los supuestos de hecho previstos en el art. 55 de la Ley 1008, es antijurídica al no presentarse una causa de justificación en el actuar ilícito que se le acusa, que a juicio de los miembros del Tribunal fue con plena conciencia de su responsabilidad, sabiendo el alcance y límites de sus actos; y, finalmente dicha conducta es culpable “por ser reprochable su actuar al no haberse motivado a actuar de un modo ilícito” (sic); en consecuencia, merece sanción; y, iii) En cuanto a la pena y teniendo en consideración las disposiciones contenidas en los arts. 37 y siguientes del CP, el Tribunal considera las condiciones personales del imputado y las circunstancias que señala el art. 38 del citado Código. Así, establece que el delito de Tráfico de Sustancias Controladas establece como sanción un mínimo de diez años de privación de libertad y un máximo de veinticinco años; que el imputado es padre de familia y es su primer delito; en consecuencia y a los fines de enmienda y readaptación social de la pena, el Tribunal consideró al convencimiento de que dicha sanción debía ser la mínima.


II.2.        De la apelación restringida.


El imputado, planteó apelación restringida contra la Sentencia 07/2014 de 14 de abril, con los siguientes cuestionamientos, estrictamente vinculados al motivo de recurso de casación admitido: a) Se lo acusó por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, habiéndose sostenido con vehemencia, durante el juicio oral que, era chofer de micro y no se dedicó a actividades ilícitas, debido a que cuando fue al garaje a limpiar el referido vehículo, encontró un camión que aparentemente presentaba desperfectos mecánicos, por lo que le propusieron que traslade las bolsas que estaban en el referido vehículo, aceptó porque iba a ganar unos pesos (Bs. 400.-) por un sólo viaje, por lo que pidió a las personas que estaban en dicho camión, que debido a su reciente operación, procedan a cargar las referidas bolsas al interior del micro para posteriormente pasar por el lugar donde estaban sus amigos a pedirles que le acompañen a dejar esa carga; por ende -asevera- no tenía conocimiento de la sustancia que se transportaba. Al respecto, el art. 55 y 48 de la Ley 1008, exigen como requisito esencial para configurar el delito de Tráfico o de Transporte de Sustancias Controladas “A SABIENDAS” (sic), lo que significa que el sujeto activo debe tener pleno conocimiento (dolo), de lo que transporta, lo que no ocurrió en su caso. Añade que el Tribunal lo sentenció porque se encontró una fábrica móvil en el cantón de Salada Chica, como si hubiera tenido conocimiento de dicho laboratorio, cuando ese extremo no se demostró en juicio oral, sino que el Tribunal lo presumió, lo que califica de errónea aplicación de la ley sustantiva, por no haber fundamentado de manera objetiva de qué manera sabía que llevaba sustancias controladas en el referido vehículo; b) Durante el juicio no se le pudo individualizar como autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, por cuanto si bien los testigos de cargo (Policías del “G.E.C.C.”) señalaron que a momento de realizar el operativo rutinario de trancas móviles, observaron que el vehículo que conducía no se estacionó a un costado ante el cambio de luces que le hicieron y se estaba dando a la fuga, persiguiéndole como unos 100 m., dicha afirmación es falsa porque no hubo persecución, ni se estaba dando a la fuga; sin embargo, por ese supuesto se asumió que era propietario de la sustancia encontrada en el interior del vehículo, no obstante que no fue él quien cargó las referidas bolsas, ni se lo identificó en forma plena con ningún medio de prueba material objetiva que se dedicara a esta actividad o sea autor del tipo penal aludido; c) Con relación a que la Sentencia se fundó en hechos no acreditados, por cuanto no se corroboró con ningún medio de prueba que tenía conocimiento de la existencia de la fábrica móvil encontrada en la localidad del Agüero (Salada Chica) y el Tribunal de mérito imaginó que la sustancia encontrada al interior del micro estaba destinada a la fábrica encontrada en dicho lugar, sin determinarse ningún nexo para relacionar un cosa con otra. En cuanto a las entrevistas, fueron atentatorias a sus derechos y garantías como el de guardar silencio, por cuanto no se presentó el formulario para la entrevista y declaró sin la presencia de su abogado defensor, siendo nulo y no puede usarse para pretender relacionar hechos que no fueron acreditados materialmente; d) Se presentaron exclusiones probatorias del acta de requisa y registro de vehículo (MP-2), en la que no cursan las firmas de los imputados; sin embargo, el Tribunal señaló que no es un defecto absoluto sino que por la premura en la elaboración de las actas, pudo no consignarse la firma de uno de los imputados, pero que no afectó ni alteró la investigación ni el proceso, afirmación que se alejó del marco procedimental y se vició de nulidad; por ende, no debió haber sido valorada. Igualmente, con relación a la exclusión probatoria del acta de secuestro de sustancias controladas (MP-5), acta de secuestro de evidencias (MP-7) y acta de registro del lugar del hecho (MP-6), no cursan las firmas de los imputados, ni fueron parte del registro del lugar del hecho, pese a estar detenidos antes de la realización del acto; sin embargo, el Tribunal consideró erradamente que el hecho de no haberlos trasladado al lugar a los imputados, era para reguardar su seguridad y que el art. 174 -no cita de qué norma- no consignó la presencia de los mismos, reiterando que la falta de firmas probablemente se debió a la premura, pero que no afecta el proceso, por lo que rechaza el incidente de exclusión probatoria, para de esa manera arbitraria e imaginaria vincularle como partícipe del hecho, violando toda regla de la lógica y la sana crítica. Por último, afirma que en la Sentencia se estableció que existió uniformidad en las declaraciones, lo cual no es cierto al existir muchas discrepancias.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 146/2014 de 7 de noviembre, declarándolo sin lugar; en consecuencia, confirmó la Sentencia recurrida, conforme al siguiente razonamiento relacionado al motivo de casación admitido: 1) Respecto a la denuncia de inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, porque no concurre el presupuesto del tipo penal “a sabiendas”, refiere que el conocimiento sobre la circunstancia de existencia de coca en el vehículo, fue valorada por el Tribunal inferior, sustentando que el imputado “si sabía”, al efecto transcribió el apartado correspondiente de la Sentencia, afirmando que se apegó a la lógica y al conocimiento vulgar, que permite emitir conclusiones que tienen sustento por sí mismas y determinan el elemento subjetivo del tipo penal acusado; 2) Sobre la insuficiente individualización del imputado, señala que la exigencia de la individualización se relaciona a la información personal del imputado que debe constar en sentencia y que permite distinguirlo de otras personas. En el caso presente de la lectura de la Sentencia, claramente se estableció ese aspecto; sin embargo, el sustento del recurrente de manera errónea alude a: “no fui identificado como el propietario de la sustancia controlada o que tenga conocimiento del contenido del mismo, sino simplemente como la persona que estaba en calidad de chofer…” (sic), que sugiere un cuestionamiento sobre la participación del imputado en los hechos, no correspondiendo su análisis en la formulación de éste agravio, el mismo que fue resuelto precedentemente, en la denuncia sobre la sustancia controlada encontrada en el microbús; 3) Sobre que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, cuestionando como primer aspecto que no se corroboró la supuesta relación de la coca molida encontrada al interior del microbús y la fábrica móvil encontrada en el Agüero, al no existir un elemento material que relacione ambas hipótesis, y el segundo aspecto relacionado a las entrevistas de los “testigos”, a las cuales el Tribunal otorgó credibilidad a pesar de ser atentatorias a sus derechos y garantías como el de guardar silencio, afirma que “Evidentemente la información que supuestamente hubiesen dado los acusados a momento de ser aprehendidos y que hubiese conducido al operativo hasta la fábrica móvil de Agüero, se generaría por un medio no legal de obtener información, dada cuenta que al decir de los funcionarios policiales los acusados habrían dado la información” (sic), al respecto, resalta que en relación la conducta descrita por el tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas, el Tribunal de mérito refirió que: “En los hechos se puede verificar que concurre la primera parte de los elementos del tipo previsto en la norma ya descrita líneas arriba…” (sic), en el caso concreto, el hecho de encontrar en flagrancia al imputado transportando o poseyendo dolosamente coca molida y otros, otorga el suficiente respaldo jurídico para la probanza del hecho acusado, prescindiendo incluso de los hechos que el recurrente considera no probados, citando al efecto el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, que estableció: “...para disponer la anulación de la Sentencia no basta la constatación de que se valoró una prueba que no fue judicializada de acuerdo a las formas previstas por ley, sino también debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida de apelación restringida, está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico, de modo que si este extremo resulta concurrente no corresponde la anulación de la Sentencia y consecuente reenvío porque lo contrario implicaría nuevamente poner en funcionamiento todo el sistema judicial para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones” (sic); 4) En cuanto al agravio de valoración defectuosa de la prueba (MP5, MP6 y MP7), planteadas las exclusiones probatorias respectivas, con relación a la MP6, el Tribunal señaló: “dice que no se cuenta con presencia fiscal por patrullaje y no se contó con testigo por temor a represalias, es decir que justifica conforme a ley” (sic), en razón a ello y bajo el principio de verdad material, establece que el bus fue interceptado en flagrancia por funcionarios, no siendo una actuación programada lo que imposibilita la presencia fiscal. Respecto a los testigos, en materia de narcotráfico no se obliga su presencia por las connotaciones que existe, siendo los funcionarios públicos quienes participan y dan fe de lo actuado, por lo que califican de correcto el actuar del Tribunal al rechazar la exclusión probatoria de la “MP6”. Con relación a  la “MP7”, el Tribunal de mérito, señaló que “se tiene expresado que no se contó con presencia fiscal en virtud que se continuó con patrullaje y no se contó con testigo por ser hrs. De la madrugada, al parecer se trata de una continuación de una anterior documental MP6” (sic), afirmando a continuación que con relación a la prueba “MP5”, sí tiene la firma del recurrente Víctor Hugo Llanos, por lo que razona que no se vulneró derecho alguno respecto al apelante y que el Tribunal de manera correcta dispuso rechazar las exclusiones probatorias, dado que debe verificarse no sólo el quebrantamiento a la forma sino, sustancialmente, vulneración de derecho o perjuicio verificado, situaciones que no se evidencian con la incorporación a juicio de las pruebas mencionadas y el agravio no se sustenta debidamente por parte del apelante.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


De acuerdo al argumento expuesto por la parte recurrente, éste expresa que el Tribunal de alzada emitió un pronunciamiento carente de fundamentación con relación a las denuncias de: i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, errónea calificación de los hechos y concreción del marco penal para la fijación de la pena; ii) Insuficiente individualización del imputado; iii) Que la Sentencia se basó en hechos inexistentes; y, iv) Valoración defectuosa de la prueba signada como “MP-2, MP-5, MP-6 y MP-7”, contradiciendo la doctrina legal invocada al efecto.


III.1. Sobre los precedentes invocados y el deber de fundamentación y motivación del Tribunal de alzada.

III.1.1. El Auto Supremo 026/2013 de 8 de febrero, fue emitido ante la constatación de ausencia de pronunciamiento del Tribunal de alzada sobre todos los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida, llegando a determinar que: “De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nro. 6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que ésta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los puntos impugnados que se encuentre en el recurso de apelación restringida, aspecto que deriva en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales.


En consecuencia, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas sean subsanadas    -resaltado propio- (similar entendimiento en el Auto Supremo 171/2012 de 9 de julio).


III.1.2. El caso concreto.- En cuanto al primer agravio, se advierte que el recurrente, en apelación restringida denunció inobservancia o errónea aplicación de la ley, cuestionando que el elemento del dolo, esencial en el tipo penal previsto en los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 55 de la Ley 1008, traducido en el pleno conocimiento que debe tener el imputado sobre lo que transportaba, no fue demostrado, por cuanto no fue él quien cargó las bolsas a su vehículo, sino las personas que se encontraban en el garaje; por ende, no tenía conocimiento de su contenido. Dicha impugnación, fue resuelta por el Tribunal de alzada, especificando que el razonamiento del Tribunal de mérito, sobre el tema, se apegó a la lógica y al conocimiento vulgar, que permite emitir conclusiones que tienen sustento por sí mismas y determinan el elemento subjetivo del tipo penal acusado, describiendo la siguiente conclusión arribada en la Sentencia, con relación a la certeza respecto al conocimiento que el imputado tenía sobre la carga que transportaba, así se fundamentó que: “…no podía ignorar que era coca, era junio hacía frio quizá por eso tenían los vidrios cerrados, eso hace que el olor de la coca quede concentrado. Es de conocimiento público que la coca es una sustancia controlada máxime si va en esa cantidad como se observa en el MP10 y lo que detallan las actas eran 2.057 libras. Y como razona una Juez ciudadana que tiene experiencia en el manipuleo de la hoja de coca porque en su trabajo anterior la escogía para la venta al raleo y de ahí sabe que a los cocanis les dan su cupo con sus takis y esa cantidad encontrada en el micro jamás podría darse a una sola persona, explica que cuando ella seleccionaba la hoja de coca de un taki el olor en la tienda impregnaba todo y eso que era grande, en un micro que es pequeño es ilógico que no se haya dado cuenta. La otra juez ciudadana explica que tiene experiencia en el manipuleo de hoja de coca porque la compra su familia en el trabajo pero es poquito, de a un cuarto se compra y sin embargo de estar embolsadita igual se huele. Similar experiencia tienen ambos jueces Técnicos por lo que se plegan al razonamiento de que aún una bolsita pequeña embolsada el olor a coca trasciende” (sic).


Fundamentación que de ningún modo se restringe a transcribir la opinión de las autoridades jurisdiccionales de instancia, sino que demuestra que en la labor atribuida al Tribunal de alzada de revisar las actuaciones del inferior, concluyó que el razonamiento asumido en Sentencia, demostraba logicidad apegada al conocimiento vulgar, el que principalmente ejercieron las Juezas Ciudadanas que aseveraron haber tenido experiencia en el uso de la coca y que les constaba que el fuerte olor que trasciende una pequeña bolsa ameritaba su conocimiento cierto de parte del imputado, más aún cuando en su caso se encontró una carga considerable que incluso despedía un olor más intenso, el mismo que fue apoyado por los Jueces Técnicos y que fue asumido en la Sentencia luego de la descripción de la prueba y el valor otorgado a cada una de ellas, no advirtiéndose en dicha actuación contradicción alguna con la doctrina legal invocada, por cuanto el Tribunal de alzada, de manera específica, clara, completa, legítima y lógica, respondió a la impugnación efectuada en el recurso de apelación restringida, por lo que este motivo resulta infundado.


Es preciso aclarar que la errónea calificación de hechos, concreción del marco penal y fijación de la pena; y, la presunta revalorización de la prueba codificada como “MP10”, impugnados en casación, no fueron objeto de apelación restringida ante el Tribunal de alzada; en consecuencia, no se puede aludir a que éste haya efectuado razonamiento alguno sobre los mismos por cuanto nunca fueron de su conocimiento, siendo inaceptable que el recurrente soslayando etapas pretenda que este Tribunal emita un juicio sobre un aspecto que el recurrente tenía la obligación de impugnar en su oportunidad al tratarse de aspectos estrictamente vinculados con la emisión de la Sentencia; en consecuencia, no corresponde su análisis de fondo.


Con relación al segundo agravio, en el que se tilda como erróneo el fundamento con el que el Tribunal de apelación habría resuelto su impugnación sobre su insuficiente individualización, se advierte que el razonamiento del referido órgano colegiado, radicó en que la Sentencia establecía de manera clara su información personal, distinguiéndole de otras personas y que en todo caso la impugnación estaba orientada a cuestionar su participación en los hechos atribuidos, aspectos que aseguró fueron tratados a tiempo de resolver la denuncia de inobservancia y errónea calificación de la ley sustantiva.


Al respecto, conforme establece el art. 5 del CPP: “Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal”, quien tiene tal calidad desde el primer acto del proceso, el mismo que debe entenderse como “…cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito”, encontrándose los miembros de la Policía Nacional, dentro de los actos investigativos, facultados a “Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos autores y partícipes del delito” [art. 295 inc. 3) del CPP]. Asimismo, concluida la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público en caso de requerir la imputación formal, está obligado a consignar “Los datos de identificación del imputado y de la víctima, o su individualización, más precisa” [art. 302 inc. 1) del Código citado].


De acuerdo a lo señalado, la identificación del imputado, implica establecer sus datos personales y características propias que permitan diferenciarlo de otras personas, resultando de primordial importancia a efectos de determinar su capacidad para entender los hechos endilgados, siendo preciso que se consigne su edad y demás particularidades que podrían constituir algún eximente de responsabilidad, concreción que va estrechamente vinculada con la presunta vinculación del imputado en la comisión de los hechos delictivos, en una determinada forma o accionar debidamente particularizada, con la finalidad de determinar su grado de participación; es decir, su individualización en la relación del presunto acto antijurídico.


En ese marco, si bien el Tribunal de alzada estableció que los datos personales del imputado estaban claramente especificados en la Sentencia, conforme se advierte del punto I de la misma, en el que se consignaron su nombre completo, fecha de nacimiento, ocupación, número de cédula de identidad, grado de instrucción, circunstancias familiares, domicilio y la no existencia de antecedentes penales; respecto a su individualización en los hechos atribuidos a su persona, concluyó que dicho cuestionamiento estaba dirigido a determinar su participación en los hechos y que su análisis ya se había efectuado anteriormente, razonamiento que en parte no es correcto por cuanto, conforme se dejó establecido, la identificación precisa del imputado está estrechamente vinculada con su individualización en los presuntos hechos delictivos. No obstante de ello, se advierte que la Sentencia contiene en el apartado respecto a la descripción de la acusación que “…el 9 de julio de 2009 ahrs. 22:45 cuando funcionarios del GECC Yacuiba realizaban control de vehículos y pasajeros que transitaban por la carretera que une Santa Cruz a Yacuiba, a la altura del Barrio La florida interceptan un vehículo microbús placa (…) conducida por Víctor Hugo Llanos Burgos, quien no portaba su licencia de conducir y estaba acompañado de dos personas de sexo masculino” (sic), en el que encontraron sustancias controladas a cuyo efecto aprehendieron al citado imputado y a otras tres personas, concluyendo a continuación que “En la investigación se determina que el vehículo que manejaba Víctor Hugo Llanos Burgos es de propiedad de Odon Roman Canaviri Choque, quien hizo conocer que era su chofer desde septiembre del 2008 y que guardaba el microbús en su domicilio particular, por lo que sacó sin su permiso” (sic), a cuyo efecto y luego de la valoración probatoria desfilada en juicio, el Tribunal de mérito concluyó en cuanto a la responsabilidad del recurrente que: “VICTOR HUGO LLANOS BURGOS: Es el conductor del microbús.- Transitaba a las 22.45 con la substancia ilícita, es a la altura del ingreso al Barrio La Florida que lo interceptan eso es pasando la Rotonda Los Libertadores, saliendo de la ciudad, él sabía lo que llevaba, no podía ignorar que era coca, era junio hacía frío quizá por eso tenían los vidrios cerrados…” (sic), aspecto que corroboran que fue plenamente identificado e individualizado en la fundamentación de la Sentencia, por lo que en base a los principios de trascendencia y conservación que rige el sistema de nulidad procesal, al no evidenciarse que el fundamento evasivo del Tribunal de alzada haya provocado lesión alguna al principio-derecho-garantía del debido proceso, corresponde declarar infundado el motivo analizado.


Respecto al tercer agravio, traducido en la insuficiente fundamentación y subjetivo razonamiento al que el Tribunal de alzada habría arribado, en referencia a la denuncia de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, haciendo referencia a su condena por el delito de Fabricación de Sustancias Controladas en base a una supuesta entrevista en la que él habría reconocido este hecho, de la revisión de la Sentencia se advierte que no obstante haberse fundamentado en cuanto a la responsabilidad del imputado que se llegó a la convicción que la coca en gran cantidad, agua acidulada y cemento estaban destinados a la fábrica móvil de El Agüero, en la parte dispositiva, el Tribunal de mérito únicamente determinó la responsabilidad del recurrente por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la L1008, imponiéndole la pena de diez años de privación de libertad, más doscientos días multa; es decir, sancionándole con la pena mínima prevista en el referido tipo penal.


Por lo expuesto, y en atención a la doctrina legal asumida en el Auto Supremo 257 de 1 de agosto de 2006, que razonó: “De la misma manera es preciso que el Tribunal de apelación tome en cuenta que la anulación del proceso debe disponerse por violación a derechos fundamentales constitucionales que den lugar en el reenvió para una posible solución diferente a la establecida en sentencia, en consecuencia el defecto procesal insubsanable que acarrea violación a la garantía constitucional del debido proceso debe ser de tal magnitud que permita subsanarse en el juicio de reenvío la posibilidad de un cambio radical en sentencia respecto de la decisión judicial final del juicio oral de absolución o condena. Lo contrario significaría anular el proceso oral para llegar al mismo resultado en perjuicio de ambas partes procesales y, sobretodo, del principio de economía procesal", se establece que no existe razón alguna para disponer que el Tribunal de alzada amplíe la fundamentación respecto al defecto de Sentencia denunciado, por cuanto, no demostró de qué modo el razonamiento del Tribunal de alzada vulneró su derecho a una debida fundamentación, al corroborarse que la aducida lesión no tiene relevancia alguna en la decisión final emitida por el Tribunal de Sentencia, el que únicamente dispuso su sanción por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, imponiéndole la pena mínima de diez años, razón por la que resulta infundado.


III.2. Sobre los precedentes invocados y el control sobre la valoración de la prueba.


El recurrente, en cuanto a que su denuncia de defectuosa valoración de la prueba cuestionada en apelación restringida, no habría sido suficientemente analizada por el Tribunal de alzada, invocó específicamente el Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre de 2006, que determinó el siguiente entendimiento jurisprudencial:


“El Tribunal de apelación se encuentra en el deber de cuidar que los actos procesales y los actuados jurisdiccionales se encuentren dentro del marco del imperio de la legalidad, además de precautelar que dichos actos no afecten los derechos y garantías constitucionales. El control y tutela jurisdiccional debe ser efectivo, riguroso, exento de contradicciones, cuidando que no afecte los principios procesales, sustanciales y/o constitucionales.


Cuando el Tribunal de Apelación detecte un defecto absoluto de procedimiento, sentencia, vicio sustantivo y/o constitucional, debe ponderar el acto que ocasiona el defecto, calificar el defecto si es absoluto o relativo, en cualquier de los casos debe describir con precisión el acto señalado como defecto; asimismo evidenciar si afecta a derechos y garantías constitucionales; para luego comprobar si es imprescindible la realización de un nuevo juicio o prescindir de él y resolver directamente; finalmente el Tribunal de Apelación resuelve asuntos de puro derecho tomando en cuenta hechos comprobados en el juicio oral y contradictorio, debiendo necesariamente llevar la resolución que dicte el Tribunal de Alzada el fundamento jurídico correspondiente.


En esta misma línea jurisprudencial, referido a los defectos absolutos, donde las resoluciones carecen de fundamento jurídico, y que dicha omisión se constituye en defecto absoluto, se ha pronunciado el Auto Supremo Nº 479 Sucre 08 de diciembre de 2005 que establece: Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto está previsto en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal”.


Asimismo, invocó el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, en el que se asentó el siguiente razonamiento:


“El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.


El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.


Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo”.


Por último, invocó el Auto Supremo 479/2005 de 8 de diciembre, que estableció con relación a las facultades del Tribunal de alzada ante la constancia de defectos en la Sentencia, que: “Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente el tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal.


Resulta perjudicial y contradictorio contra el principio de celeridad que rige el juicio oral público y contradictorio el anular la Sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes. Más aún cuando existe error injudicando en la Sentencia impugnada en apelación restringida que fácilmente puede ser subsanado anulando la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y dictando una nueva de acuerdo a ley”.


III.2.1. El motivo de casación. Antes de ingresar al análisis de fondo del presente motivo de impugnación, es preciso tener presente la normativa referida a la comprobación inmediata de los presuntos hechos delictivos, prevista en el Código de Procedimiento Penal. Así, en cuanto al procedimiento y características del registro de lugar, el art. 174, establece que: “La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará, mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del delito.


El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, dejando constancia.


Si el hecho produjo efectos materiales se describirá el estado actual de los objetos procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento.


Se convocará a un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta; bajo esas formalidades podrá ser incorporada al juicio por su lectura. Excepcionalmente, cuando no sea posible contar con un testigo se podrá prescindir de su presencia, debiendo asentarse en el acta los motivos.


El fiscal concurrirá al lugar del hecho, dirigirá el registro y firmará el acta, actuaciones que podrán realizarse sin su presencia únicamente en los casos de urgencia” (resaltado propio).


A continuación, en referencia a la forma de procederse a la requisa personal, en el último párrafo del art. 175, se determina: “Cuando se trate de delitos de narcotráfico, excepcionalmente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico podrá realizar de oficio la requisa sin la presencia de un testigo de actuación o sin requerimiento fiscal, dejando constancia en acta de los motivos que impidieron contar con la presencia del testigo o el requerimiento fiscal”, estableciendo el art. 176 del mismo Código que dicho procedimiento será aplicado para la requisa de vehículo.


Actuaciones que conforme a la Sentencia Constitucional 800/2005-R de 29 de julio, deberán ser entendidas en el marco del art. 293 del Código adjetivo penal, que fija las atribuciones de la Policía Nacional en las diligencias preliminares de la investigaciones, las mismas que tiene la finalidad de “…reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos”.


Con referencia a la impugnación sobre la limitada fundamentación que denotaría la resolución de alzada con relación a su denuncia de defectuosa valoración de las pruebas “MP-2, MP-5, MP-6 y MP-7”, de la revisión del recurso de apelación restringida, consta que el recurrente cuestionó que en el acta de requisa y registro de vehículo, de secuestro de sustancias controladas, de registro del lugar del hecho y de secuestro de evidencias no cursaban las firmas de los imputados, además que en las tres últimas no fueron parte del registro, pese a estar detenidos antes de la realización del acto, habiendo resuelto el Tribunal de alzada, con relación a la prueba “MP5”, consistente en el acta de secuestro de sustancias controladas que sí tiene la firma de Víctor Llanos Burgoa, actual recurrente, por lo que concluyó que no se demostró lesión de derecho alguno del citado imputado, razonamiento que, además de sujetarse a los datos del proceso, es claro y preciso, sumándose a ello que de acuerdo a las normas antes descritas, no existe mandato alguno que obligue a los funcionarios policiales a contar con la firma del presunto implicado en el hecho; en consecuencia, no existe razón alguna para considerar el fundamento insuficiente.


Con relación a la “MP6”, acta de registro del lugar del hecho, a partir del contenido del mismo, en el que los funcionarios policiales hicieron constar que no se contó con testigos debido a las represalias y que continuaban haciendo un patrullaje, el Tribunal de alzada razonó que el vehículo fue interceptado y encontrado en flagrancia por los efectivos policiales, constituyéndose en una actuación no programada lo que imposibilitó la presencia del fiscal y de testigos, en este último caso porque en materia de narcotráfico no se obliga a su presencia  por las connotaciones de los hechos, por tal razón los encargados del operativo participaron en el referido acto y dieron fe de lo actuado, razón por la cual declaró sin lugar la impugnación al rechazo de la exclusión probatoria.


Al respecto, y reiterando el razonamiento anterior, se advierte que la firma de los presuntos implicados en los hechos no es necesaria, previendo el art. 174 descrito precedentemente que, excepcionalmente cuando no sea posible contar con un testigo se podrá prescindir de su presencia, debiendo asentarse en el acta los motivos, aspectos que fueron cabalmente cumplidos por los funcionarios policiales, conforme razonaron tanto el Tribunal de mérito como el de apelación, otorgando legalidad a la prueba cuestionada, razón por la cual la presente impugnación no tiene asidero legal.


En similar sentido que en los casos anteriores, respecto a la prueba “MP7”, acta de secuestro de evidencias, en el que igualmente se cuestionó la falta de intervención de los tres imputados, a cuyo efecto el Tribunal de alzada fundamentó que se trataba de un acto que daba continuación al registro del lugar del hecho, además que se justificó la ausencia de testigos de actuación debido a que el mismo se realizó en la madrugada, razonamientos que guardan coincidencia con la imposibilidad, en el caso concreto, de contar con testigos por las características de las actuaciones preliminares que realizaron los funcionarios policiales, por cuanto anteriormente el Tribunal de alzada dejó establecido que la presunta comisión del hecho se detectó en flagrancia, no habiéndose programado los actos celebrados con la finalidad de conservar los elementos de convicción que conduzcan a la averiguación del lugar, a cuyo efecto tampoco se advierte lesión alguna en los derechos del recurrente, resultando la impugnación infundada.


Por otro lado, el cuestionamiento que hace el recurrente en casación con referencia a la falta de intervención del Fiscal de Materia en las referidas actas, no las impugnó en su debido momento; es decir, a tiempo de interponer las exclusiones probatorias ni al formular el recurso de apelación restringida; en consecuencia, no le dio oportunidad al Tribunal de alzada para que emita pronunciamiento alguno al respecto; por ende, no puede pretender que en la presente etapa procesal se subsane su negligencia, resolviendo un aspecto nunca impugnado ante las autoridades jurisdiccionales competentes.


En el Auto de Vista recurrido, si bien no consta pronunciamiento específico sobre la legalidad de la prueba “MP2”, acta de requisa y registro del vehículo, cuestionada en apelación restringida, el Tribunal de Sentencia estableció que sí constaba con la firma de Víctor Hugo Llanos, quien se identificó como conductor del vehículo; sin embargo, conforme se estableció en los párrafos anteriores, no existe mandato alguno para hacer comparecer a los presuntos autores de un delito en el acta de registro y requisa de vehículo, encontrándose salvada la ausencia de testigo al haberse explicado en el acta que no se contó con uno por encontrarse en un lugar alejado y por las altas horas en las que se llevó a cabo el acto.


Por último, ante la impugnación efectuada por el recurrente en juicio sobre la falta de intervención del Fiscal de Materia en el acta de requisa y registro del vehículo, ratificada en apelación restringida, se advierte que el art. 174 con relación al art. 176 del CPP, establecen que en los casos de urgencia se podrá prescindir de la presencia del Fiscal, advirtiéndose que en el presente caso la requisa del vehículo se dio debido a que se interceptó un vehículo sospechoso que no obedeció el cambio de luces que le hicieron los efectivos policiales, a cuyo efecto lo detuvieron, habiendo encontrado coca molida, insumos y precursores, demostrándose con ello la urgencia en la elaboración del acta, lo que permite concluir que este motivo también deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por Víctor Hugo Llanos Burgos.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de la Sala Civil en suplencia Legal Dr. Gonzalo Rojas Segales

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA