TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 270/2015-RRC

Sucre, 27 de abril de 2015


Expediente        : Cochabamba 104/2014

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Casimiro Mamani Colque y otro

Delitos                : Uso de Instrumento Falsificado y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2014, cursante de fs. 1115 a 1119 vta., Freddy Carvallo Becerra, en representación de Gregorio Coca Pérez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 78 de 29 de septiembre de 2014, de fs. 1098 a 1106, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Casimiro Mamani Colque, Emiliana Ovando Rocha y Agustín Copa Amaru, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 200 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACION


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 6 a 8 vta.) y particular (fs. 33 a 37 vta.), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 5 de enero de 2007 (fs. 317 a 321 vta.), que declaró a los imputados Agustín Copa Amaru y Emiliana Ovando Rocha, autores y culpables de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, tipificado por el art. 203 del CP, imponiéndoles la pena de tres años y cinco meses de reclusión.


  1. Contra la referida Sentencia, el representante del acusador particular Freddy Carballo Becerra (fs. 345 a 346) y los imputados Emiliana Ovando Rocha y Agustín Copa Amaru (fs. 355 a 358 vta.), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista de 11 de marzo de 2008 (fs. 388 a 390), dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró procedente la apelación interpuesta por los imputados; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal.


  1. En cumplimiento del mencionado Auto de Vista, se realizó nuevamente el juicio en el Juzgado Cuarto de Sentencia, que emitió la Sentencia de 14 de marzo de 2011 (fs. 790 a 795 vta.), declarando a los imputados Casimiro Mamani Colque, Emiliana Ovando Rocha y Agustín Copa Amaru, autores y culpables de la comisión de los delitos previstos y sancionados por los arts. 203 con referencia al 200, ambos del CP, imponiéndoles a los dos primeros la pena de un año y seis meses; y, seis meses para el último, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia en favor de la víctima; asimismo, en cumplimiento del art. 365 segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal (CPP), les concedió el perdón judicial.


  1. Contra dicha Sentencia, los imputados Casimiro Mamani Colque (fs. 812 a 815), Agustín Copa Amaru y Emiliana Ovando Rocha (fs. 817 a 823) formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 78 de 29 de septiembre de 2014 (fs. 1098 a 1106), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte las apelaciones interpuestas; en consecuencia, anuló totalmente la Resolución apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia.


I.1.1. Motivo del recurso


El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado efectuó una revisión de oficio e incurrió en revalorización de la prueba y falta de fundamentación al disponer la anulación de la Sentencia. Fundamenta este agravio señalando que el fallo de grado claramente individualizó y estableció que los imputados son autores del delito previsto por el art. 203 con relación al art. 200 del CP, habiendo determinado que tenían como objetivo proceder al saneamiento del inmueble de la familia Coca mediante el uso de documentos falsificados; empero, la Resolución recurrida, legitimando esos documentos, ignoró la prueba de cargo y la confesión espontánea realizada por los propios imputados, con el argumento de que no eran concluyentes dentro del tipo penal a efectos de establecer responsabilidad. Asimismo, el Tribunal de alzada señaló que existió incongruencia entre la acusación pública y particular; cuando este supuesto defecto fue corregido en relación al tipo penal conforme prevé el art. 168 del CPP, lo que no fue objetado por ninguno de los imputados.


En cuanto a la falta de fundamentación, refiere que el Auto de Vista recurrido no es expreso, claro, completo, legítimo ni lógico, por cuanto no efectuó una motivación descriptiva de la prueba, realizando una alusión en forma general e ingresando en una “indagación” propia respecto a la prueba testifical del Notario, desconociendo que la Sentencia efectuó una correcta fundamentación descriptiva, intelectiva y jurídica, habiendo otorgado valor a cada medio de prueba conforme a la sana crítica; además, arguye que en las apelaciones interpuestas por los imputados, en ningún momento reclamaron la falta de fundamentación descriptiva o intelectiva, limitándose a observar en forma general las pruebas documentales y testificales, lo que demuestra que el Tribunal de alzada efectuó una revisión de manera oficiosa. El recurrente invoca como precedentes los Autos Supremos 104/2004 de 20 de febrero y 5 de 26 de enero de 2007.


I.1.2 Petitorio


Con base a los argumentos que expone, el recurrente solicita la admisión del recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando se emita nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicada.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 011/2014-RA de 8 de enero, cursante de fs. 1126 a 1128 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Freddy Carvallo Becerra en representación de Gregorio Coca Perez, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia de 14 de marzo de 2011, el Juzgado Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró autores a los imputados Casimiro Mamani Colque, Emiliana Ovando Rocha y Agustín Copa Amaru, de la comisión de los delitos “previstos y sancionados por los Arts. 203 con referencia al 200 del Cdgo. Penal…” (sic), imponiéndoles la pena de un año y seis meses de privación de libertad para los dos primeros y seis meses para el último, más costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia; habiendo para tal efecto establecido los siguientes hechos probados: a) Que el derecho propietario del querellante se encuentra acreditado con la documental “MP-1”, que le otorga legitimidad para hacer valer sus derechos; b) El terreno descrito en la mencionada prueba documental, fue transferido en forma posterior a la muerte de José Coca, corroborada con la atestación de Basilio Ramallo Sanchez, que en su condición de Juez de mínima cuantía, negó su intervención en el acto de reconocimiento de firmas del documento de 3 de enero de 1990 y, lo declarado por el testigo Salomón Jarrillo Galeano, condujeron a la duda en cuanto a la legalidad del documento utilizado ilegalmente; c) Que la transferencia del terreno fue realizada en base a un número de cédula de identidad que no corresponde a José Coca; d) La compradora Emiliana Ovando Rocha, refirió que nunca conoció a José Coca, de donde infiere que la transferencia que pretende hacer valer no es correcta; e) Los imputados Agustín Copa Amaru y Emiliana Ovando Rocha, utilizaron y utilizan el documento, al pretender justificar la tenencia y posesión del lote reclamado; f) Que, Casimiro Mamani Colque, refirió aspectos contradictorios y reconoció haber entregado dineros a la familia Coca, recibidos de Emiliana Ovando Rocha; g) En el comportamiento de los imputados existe una unidad de propósito y aprovechamiento en su beneficio, unidad en la lesión al bien jurídico protegido, la fe pública y patrimonio, provocando una situación dañosa que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento como sujetos activos del delito; por consiguiente, -a criterio del Juzgador- se acreditó la actitud dolosa de los imputados que a su turno utilizaron el documento acusado de falso con total dominio del hecho para establecer la responsabilidad penal de los imputados en base a la sana crítica, prudente arbitrio valorativo de la prueba judicializada y adecuar su conducta a los tipos penales atribuidos, sin que la prueba de descargo haya desvirtuado o enervado la acusación.


II.2.        De las apelaciones restringidas.


El imputado Casimiro Mamani Colque, interpuso recurso de apelación restringida argumentando los siguientes motivos:


Que la Sentencia condenatoria es ilegal, porque no se ajusta a la verdad histórica de los hechos, siendo que la acusación pública y particular en ningún momento sustentaron la falsedad de documento privado y uso de instrumento falsificado, que no fueron demostrados, como tampoco se acreditó su participación, menos haber adulterado o falsificado el documento de 3 de enero de 1990; asimismo, el poder de 23 de marzo de 2004, otorgado a su favor, nunca fue utilizado para realizar trámites como señala la Sentencia y por tal actitud pasiva, no se adecua a ningún tipo penal, sin haber realizado trámites referidos a vender, transferir u otros relativos a terrenos; por otro lado, se malinterpretó el hecho de haber entregado dineros a Emiliana Ovando Rocha y por las documentales presentadas por el Ministerio Público, se establece que no existe daño patrimonial o económico contra la supuesta víctima, debido a que el querellante también cuenta con una minuta similar a la de 3 de enero de 1990; añade que la Sentencia es injusta, inquisitiva y parcializada donde se presumió la culpabilidad que la parte civil nunca demostró; que existe duda razonable en el delito de Uso de Instrumento Falsificado en la supuesta entrega de la minuta a Emiliana Ovando Rocha, que en los hechos nada tiene que ver con lo indicado. Por último, señala que la Sentencia es atentatoria al orden público, al debido proceso e igualdad de las partes, porque no existe prueba incriminatoria en su contra y las de cargo, no han sido valoradas debidamente porque no demuestran la verdad histórica de los hechos y la responsabilidad de su persona en los actos ilícitos denunciados.


Emiliana Ovando Rocha y Agustín Copa Amaru, a tiempo de formular recurso de apelación restringida, denunciaron lo siguiente:


1)        Violación al debido proceso y derecho a la defensa, por no haberse resuelto previamente las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Aducen que se planteó tres excepciones en forma conjunta con la prueba respectiva, de falta de acción, extinción de la acción penal y de prescripción, que no obstante, de acuerdo a la norma pese a que las excepciones son de previo y especial pronunciamiento, su resolución fue diferida en Sentencia, luego ignorada porque en Sentencia solamente se adujo no haberse ofrecido y acompañado prueba alguna para su rechazo, sin tomar en cuenta que las excepciones se encuentran debidamente fundamentadas en base a prueba, aspectos que constituyen defecto absoluto y violación al debido proceso y derecho a la defensa.


2)        La Sentencia debe ser anulada porque se hizo participar en el juicio a un declarado rebelde por otro Tribunal, argumentando que Casimiro Mamani, fue declarado rebelde en el Tribunal Primero de Sentencia, por lo que debía ser conducido a ese Tribunal, no siendo así constituye defecto absoluto.


3)        Sentencia contradictoria entre las declaraciones testificales y parte resolutiva. Refieren que se vulnera el art. 370 inc. 8) del CPP, porque en el Considerando III, el Juez sostiene que las testificales de cargo no tienen relevancia porque no hacen mención al objeto de juicio y en el Considerando IV, contrariamente se indica haberse hecho una valoración conjunta para sostener que se tenía conocimiento de la falsedad y se impone condena sin especificar en qué calidad se condena, sea como autores, cómplices o encubridores.


4)        La Sentencia no guarda relación con las acusaciones pública y particular. Alegan que en la acusación tanto fiscal y particular, se atribuye la comisión de los delitos previstos en los arts. 198, 199 y 203 del CP y por Auto de Vista de 11 de marzo de 2008, se determinó que no corresponde llevar adelante la acción, porque el documento base del juicio es un documento privado, desechándose la acusación fiscal y particular,  por consiguiente se ha desarrollado el juicio por un delito no acusado y condenado por una tipificación ilegal.


5)  La Sentencia establece condena por Uso de Instrumento Falsificado. El art. 203 que tipifica el delito de Uso de Instrumento Falsificado al mencionar “INSTRUMENTO”, entiende un documento público emitido por autoridad competente que no tiene relación con un documento privado y, al haberse condenado por Uso de Instrumento Falsificado, se ha incurrido en el defecto establecido en el art. 370 inc. 1) del CPP.


6)        La Sentencia no individualizó fundadamente la participación de cada uno de los coprocesados. Refieren que la Sentencia no menciona en forma individualizada respecto a la imposición de la pena a los imputados, sea por autoría o complicidad.


7)        Inexistencia de una adecuada y suficiente fundamentación de la Sentencia. Alegan que de la revisión de la Sentencia, se establece que la parte acusadora nunca demostró que se conocía la falsedad del documento, se aplicó la teoría del dominio del hecho y no existe fundamentación sobre la participación de cada uno de los procesados, como tampoco sobre el daño que se hubiera ocasionado porque no está acreditado el derecho propietario y demostrado que Casimiro Mamani entregó dineros a la familia Coca por la venta efectuada por el encargado.


8)         Valoración defectuosa de la prueba desfilada en juicio. El Juez realizó una valoración defectuosa de la prueba testifical de Freddy Carballo, Basilio Ramallo Sánchez, Humberto Orellana, Gregorio Coca Pérez y Salomón Jarillo Galeano, al considerar que conocen a los sindicados y que Casimiro Mamani estaba dedicado a vender terrenos y, al hacer referencia a la conducta de los imputados, da a entender que se impuso una sanción a la conducta reprochable de los mismos.


9)  Sentencia que viola el principio de continuidad. El juicio oral, no fue continuo en varias oportunidades, incluso durante la fundamentación que realizaba a tiempo de exponer las excepciones provocando olvido en el juzgador; observa que el acta, no consigna la fundamentación en su totalidad, ya que no plasma todo lo sucedido en el juicio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, interrumpiéndose más allá de los límites razonables que influye en la decisión de los jueces, violándose el principio de continuidad. Que al ser condenados por rencillas personales, fueron sorprendidos en su buena fe; finalmente, el documento acusado de falso nunca fue declarado como tal, siendo la sentencia totalmente injusta, por lo mismo debe ser anulada.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente en parte los recursos de apelación restringida formulados por los imputados Casimiro Mamani Colque, Agustín Copa Amaru y Emiliana Ovando Rocha, y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, sobre la base de los siguientes argumentos:


En relación al recurso de apelación restringida planteado por los imputados Emiliana Ovando Rocha y Agustín Copa Amaru, el Tribunal de alzada sostuvo que los apelantes en ningún momento cuestionaron la competencia del Juez de Sentencia y que el Juzgador no quebrantó el debido proceso en la tramitación y resolución de las excepciones planteadas por las partes, porque la incompetencia alegada, se plantea ante el juez o tribunal que se considere incompetente y debe ser resuelta antes que cualquier otra excepción de acuerdo al art. 130 del CPP y, en cuanto a las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y extinción por prescripción, estableció que fueron resueltas en sentencia en respaldo al art. 345 del CPP. En alusión al aspecto indicado por la defensa en sentido de no haber acompañado prueba y que no correspondía mayor consideración, arguyó que no se señaló donde se encuentra dicha prueba, como tampoco se cuestionó en la apelación restringida, porqué se considera debieron aceptarse las excepciones planteadas, por lo que la apelación en relación a este punto resultaba improcedente.


Continuó relacionando que en el sistema procesal penal de raíz acusatoria, rige el principio de inmediación que constituye el eje articulador para la valoración integral de la prueba según las reglas de la sana crítica racional, estando el Tribunal de alzada limitado al control de la aplicación del derecho, sin ingresar a la construcción de los hechos históricos, y en cuanto a la valoración de la prueba, no se puede ejercer el control del proceso interno del Juez o Tribunal de Sentencia, abocándose a determinar si esa expresión o fundamentación de la valoración de la prueba ha seguido los pasos aceptados como propios de un pensamiento correcto, de donde resulta que el Tribunal de alzada, no puede volver a valorar la prueba producida en el juicio, solo se circunscribe al razonamiento expresado por el Juez o Tribunal conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología.


Señaló haberse otorgado interés especial a la argumentación referida a la falta de fundamentación como defecto de sentencia, establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP, así como a la fundamentación descriptiva, intelectiva y jurídica, constatando que existe un grave defecto, porque no existe una adecuada fundamentación probatoria descriptiva de la prueba testifical y documental de cargo y descargo producidos en el juicio oral, al no haberse dejado constancia de los aspectos más relevantes de las declaraciones y aspectos sobresalientes del contenido de la prueba documental, realizándose una descripción general de que eventualmente habrían declarado los testigos, no así de manera individual, como tampoco se tiene la certeza en qué consiste cada uno de los elementos de prueba a los que se asignó un código para su ulterior valoración, no siendo posible comprender de que se extrae la información para llegar a las conclusiones a las que arribó el Juez, para de esa forma verificar si resultan correctas o no.


En el Considerando III, señaló que es evidente no haberse realizado la debida fundamentación probatoria intelectiva, porque no se valora de manera individual la prueba testifical y documental, tampoco de manera integral, menos consta el merecimiento o desmerecimiento de las pruebas aplicando las reglas de la sana crítica, contrariamente la sentencia se sustenta en conclusiones internas a las que arribó el Juez; empero, no se valora la prueba.


De igual manera, el Juez no realizó una fundamentación jurídica, por cuanto si bien subsume la conducta de los imputados en los ilícitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, no precisa de qué forma se presentan los elementos constitutivos de dichos delitos, razón por la cual  para la calificación jurídica de la conducta atribuida a los imputados debió identificar de manera separada la participación de cada uno de los imputados, estableciendo la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, adecuándolos a los hechos en función de la prueba; por lo que, se vulneró el principio de legalidad, al no haberse realizado la explicación jurídica legal de cómo se adecua la conducta de los imputados en los ilícitos acusados, que implica falta de fundamentación en la subsunción de la conducta; por consiguiente, se incurrió en el defecto de insuficiente fundamentación de la sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, porque no permite al Tribunal de alzada ejercer el control pertinente sobre la razonabilidad de los fundamentos que sustentan la sentencia condenatoria, como tampoco permite ingresar al análisis de los defectos previstos por los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, para verificar si en función de la prueba producida en el juicio oral resulta correcto subsumir el hecho atribuido a los imputados o si se basó en hechos inexistentes no acreditados o en la valoración defectuosa de la prueba, cuando la prueba no fue valorada en la forma prevista por el art. 173 del CPP.


En cuanto al defecto establecido en el inc. 2) del art. 370 del CPP, referido a la falta de individualización de la participación de cada uno de los imputados, concluyó que carecía de mérito, porque la individualización a que hace referencia la citada disposición corresponde al contenido formal de la sentencia y no al contenido sustancial.


Respecto al defecto establecido en el inc. 8) del art. 370 del CPP, que tiene vinculación con el principio de no contradicción, los apelantes aludieron de manera genérica sin argumentar porque se vulnera este principio cuando aluden a la valoración de la prueba testifical con el otro enunciado referido a la valoración conjunta de toda la prueba.


En relación al defecto alegado establecido en el inc. 11) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada respondió en sentido de que la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, se da cuando el imputado es condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación de acuerdo al art. 362 del CPP; en el caso presente, se incurrió en el defecto mencionado por cuanto se pronunció sentencia condenatoria en contra de los imputados por la comisión del delito de Falsificación de Documento Privado previsto en la sanción del art. 200 del CPP, ilícito que no fue atribuido por ninguno de los acusadores, como tampoco el Juez fundamentó la aplicación del principio de iura novit curia para calificar un hecho atribuido en un tipo penal que no fue acusado, tomando en cuenta que al inicio del juicio se subsanó el Auto de radicatoria y se puso en conocimiento de las partes que el juicio es por la supuesta comisión de los delitos previstos en los arts. 203 con referencia al 200 del CP; empero, no toma en cuenta que de acuerdo al art. 342 del CPP, el juicio se abre sobre la base de la acusación fiscal o la del querellante, no pudiendo en ningún caso el juez o tribunal incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones y mal podría incluir un ilícito que no fue atribuido por los acusadores por lo que la apelación en este punto tiene mérito.


Finalmente en cuanto a la vulneración del principio de continuidad, el Tribunal de apelación enfatizó que el reclamo efectuado no está sancionado con nulidad; sin embargo, por las interrupciones que alegan los apelantes, en ningún caso interpusieron recurso de reposición en contra de las decisiones asumidas, menos plantearon saneamiento procesal, tampoco se efectuó reserva de recurrir para habilitar ulterior recurso de apelación restringida; por lo que, correspondía observar el art. 170 del CPP, puesto que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre garantías esenciales de la defensa en el juicio o cuando no se estuvo en situación de indefensión y por último no se indicó cual el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugnan.

  1. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado, con los Autos Supremos invocados como precedentes, por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante labor de contraste entre los precedentes citados con la Resolución recurrida de casación.


III.1. Doctrina Legal aplicable asumida en los precedentes invocados.


Previamente, conviene tener presente la importancia legal que implica la invocación del precedente contradictorio, plasmada en el Auto Supremo 130/2014 de 22 de abril, que dejó establecido: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: `Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance´. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


En ese contexto, el recurrente para fundar su recurso de casación, invocó como precedente contradictorio en primer término, el Auto Supremo 104 de 20 de febrero 2004, emitido dentro de un proceso penal por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y Desobediencia a Resoluciones en Proceso de Amparo Constitucional, que derivó en una sentencia condenatoria y en recurso de apelación restringida mediante Auto de Vista, se declaró admisible el recurso y se dispuso la anulación parcial de la Sentencia ordenando la reposición del juicio, resolución que en casación fue dejada sin efecto por la extinta Corte Suprema; es así, que se pronunció un nuevo Auto de Vista que revocó la Sentencia y dispuso la absolución de uno de los imputados y como efecto del art. 397 del CPP, extendió el fallo a favor de los otros imputados, declarándoles absueltos de pena y culpa.


El precedente fundamentó que el Tribunal de alzada, incurrió en la causal del inc. 5) del art. 370 del CPP, toda vez que la fundamentación que hizo en la parte considerativa respecto de la actividad probatoria realizada, no guardó concordancia con la parte dispositiva del Auto de Vista, ya que la decisión de absolver a los imputados, implicaba una revalorización substancial y de fondo, esbozando la siguiente doctrina legal: “Que, de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente”. Por consiguiente, el precedente dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido ordenando se emita nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.


Asimismo, el recurrente invocó el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que emerge de un proceso penal por los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro; el mencionado Auto Supremo, fundamentó que el Tribunal de alzada a tiempo de declarar la improcedencia de los recursos de apelación restringida deducidos y confirmar la sentencia, no ingresó a resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación; sin embargo, se tiene que el recurso de casación, denunció únicamente el vicio de incongruencia omisiva, por no haberse dado respuesta a los motivos de la apelación, y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, instituido en el art. 398 del CPP, por lo que, estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


  1. Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”. Sobre tales fundamentos, el precedente dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado.


III.2.        Análisis del caso concreto.


Del contenido del recurso de casación, se evidencia que el recurrente denuncia que el Tribunal de apelación procedió de oficio a revalorizar la prueba, al mismo tiempo ignoró la prueba de cargo en particular la declaración del Notario, la confesión espontánea de los imputados y la prueba extraordinaria, que por consiguiente existe falta de fundamentación porque no tomó en cuenta que la Sentencia determinó la autoría de los imputados en la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado previsto en el art. 203 del CP, con relación al art. 200 del mismo cuerpo legal.

Igualmente refiere que el Auto de Vista impugnado determinó la existencia de incongruencia entre la acusación pública y particular, supuesto defecto que fue corregido de acuerdo al art. 168 del CPP, que sin embargo no fue objetado por ninguno de los imputados en el recurso de apelación restringida.


Además agrega que existe falta de fundamentación en el Auto de Vista recurrido porque no es claro, completo, legítimo ni lógico, tampoco se realizó una motivación descriptiva de la prueba, sólo una alusión general, desconociendo que la Sentencia efectuó una correcta fundamentación descriptiva, intelectual y jurídica.


Establecido el ámbito de análisis del recurso de casación, el recurrente a tiempo de atribuir que el Tribunal de apelación incurrió en revisión de oficio respecto a la revalorización de la prueba, no especificó a qué elementos probatorios propiamente abarca dicha revalorización, sea testifical o documental, menos individualizó cuál el sentido contrario al razonamiento inicialmente otorgado por el juzgador o cuál la incidencia en la modificación de la situación jurídica del o los imputados, cuando el mismo Tribunal de alzada advirtió que en resguardo al principio de inmediación, la valoración de la prueba compete al Juzgador, estando el Tribunal de alzada limitado al control de la aplicación del derecho sin ingresar a cuestionar los hechos históricos, ni ejercer el control del proceso interno del Juez o Tribunal de Sentencia, ya que dicho control sólo comprende al razonamiento expresado, a los fines de que se encuentre acorde a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología. Por otro lado, la alusión realizada por el recurrente a la declaración del Notario, referida a la falsedad de documentos que a criterio del recurrente hubiera merecido distinto entendimiento al otorgado por el Juzgador, no es evidente, puesto que el Auto de Vista impugnado, en ningún momento ingresó a considerar de manera individual elemento probatorio alguno menos alguna declaración testifical y, la conclusión a la que arribó para determinar la existencia de defectos de sentencia, no precisamente tiene base en la declaración testifical o el entendimiento otorgado a la prueba testifical que implique una revalorización de oficio de la prueba, sino que inculpó otros aspectos legales para disponer la anulación de la Sentencia, sin que dicha determinación, tenga incidencia en la situación jurídica de los imputados, cuya culpabilidad o inocencia, no fue puesta de manifiesto en la comisión del hecho ilícito atribuido.


Por otra parte, el aspecto también acusado por el recurrente sobre la supuesta existencia de incongruencia entre la acusación y la sentencia que fuera corregida de acuerdo al art. 168 del CPP, sin que este motivo hubiera sido objetado en recurso de apelación restringida por ninguno de los imputados, merece su análisis en dos direcciones; la primera, en cuanto a si dicho extremo fue o no denunciado en apelación y la segunda en cuanto a la solución de fondo dada por el Tribunal de alzada.


Respecto al primer aspecto, se evidencia que la afirmación asumida por la parte recurrente carece de veracidad, pues de la revisión del recurso de apelación restringida, este motivo fue explicitado en los puntos 4 y 5 del memorial de apelación restringida formulado por los imputados Agustín Copa Amaru y Emiliana Ovando Rocha, que asimismo fue respondido por el Tribunal de alzada, argumentando que con relación al defecto de sentencia previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, por inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, se incurrió en dicho defecto, por cuanto se pronunció una Sentencia condenatoria en contra de los imputados por la comisión del delito de Falsificación de Documento Privado, previsto en la sanción del art. 200 del CPP, ilícito que no fue atribuido por los acusadores, no habiendo el Tribunal de Sentencia fundamentado la aplicación del principio iura novit curia para calificar un hecho atribuido en un tipo penal que no fue acusado, tomando en cuenta que el Auto de radicatoria que fue de conocimiento de las partes, no consideró que de acuerdo al art. 342 del CPP, el juicio se abre sobre la base de la acusación fiscal o la del querellante, no pudiendo en ningún caso el juez o tribunal incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones y mal podría incluir un ilícito que no fue atribuido por los acusadores.


Ahora bien, definido que el tema efectivamente fue planteado en apelación e ingresando al análisis de fondo efectuado por el Tribunal de alzada, vinculado a la existencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP, en que hubiere incurrido el Juzgador de Sentencia por “incongruencia” entre la “sentencia y la acusación”; es menester tener presente que el principio de congruencia, constituye la garantía procesal penal esencial para el imputado, de que la acusación dentro de un debido proceso penal debe tener en cuenta el derecho a la defensa. Los datos fácticos recogidos en la acusación, constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juez en sentencia. De ahí que el imputado tiene derecho a conocer, a través de una descripción detallada, clara y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el acusador o juzgador, sin que ello atente contra el derecho a la defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación.


El principio de congruencia o denominado también principio de coherencia o de correlación entre la acusación y la sentencia, implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contempladas en la acusación, así el art. 362 del CPP establece: "El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación", en concordancia con el art. 342 de la misma norma procesal que dispone: “El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación”.


En este contexto, este Tribunal, dejó establecido haberse adscrito a la doctrina basada en el principio iura novit curia y sus limitaciones como expresa el Auto Supremo 239/2012 de 3 de octubre de 2012, en el que se asumió que: 1) La provisionalidad de la calificación jurídica no vulnera el derecho a la defensa del imputado; 2) Al imputado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse; 3) En lo que concierne al principio y la variación de la calificación jurídica respecto a la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso penal, es esclarecer los hechos, los autores y partícipes con fundamento en la prueba desfilada, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve; y, 4) Lo trascendental, desde una perspectiva constitucional, no es que la acusación se mantenga incólume, sino que ante la variación de la acusación, el imputado también pueda modificar su defensa, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tenga en cuenta los propios. Consecuentemente, dejó sentada la siguiente doctrina legal: “Los Jueces y tribunales deben considerar que el papel de la `acusación´ en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación”.


En el caso en análisis, el Auto de Vista impugnado en la posición adoptada en este punto, como un elemento más para disponer la nulidad de la sentencia por la concurrencia del defecto establecido en el art. 370 inc. 11) del CPP, no tomó en cuenta los fundamentos precedentes para entender que se pronunció sentencia condenatoria contra los imputados, por la comisión del delito de Falsificación de Documento Privado, aduciendo que este delito no fue atribuido por ninguno de los acusadores, denotando un claro desconocimiento de los alcances del principio de congruencia entre los hechos acusados y la sentencia correspondiente; es decir, la congruencia con relación al hecho y no así el tipo penal atribuido; por lo que, lo decidido en este aspecto por el Tribunal de alzada no tiene fundamento legal.


En cuanto a la alusión de falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, que según lo planteado por el recurrente no es expreso, claro, completo, legítimo ni lógico, que además no efectuó una motivación descriptiva de la prueba sólo una alusión general; corresponde señalar que como se fundamentó anteriormente, la obligación de realizar la motivación en cuanto a valoración de la prueba, corresponde únicamente a los Jueces y Tribunales de Sentencia por el principio de inmediación, por lo que la actividad del Tribunal de alzada, está limitada al control de la valoración de la pruebas respecto a verificar la presencia de vicios de fundamentación, violación de las reglas de la sana crítica, exclusión, introducción o producción ilícita de la prueba, no así erradamente como se plantea, pretender que el Tribunal de apelación extienda su facultad a la labor de realizar una motivación descriptiva de la prueba o lo que implica una valoración descriptiva; por otro lado, la afirmación del recurrente en sentido de que los aspectos referidos a la falta de fundamentación descriptiva e intelectiva no hubieren sido reclamados por los imputados, carece de veracidad, porque el Auto de Vista en respuesta al motivo aludido en el recurso de apelación restringida de los imputados Agustín Copa Amaru y Emiliana Ovando Rocha, argumentó en sentido de que este defecto se encuentra presente en la Sentencia, porque el Tribunal de instancia, no realizó una adecuada fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva de la prueba testifical y documental de cargo y descargo producida en el juicio oral, al no haberse dejado constancia de los aspectos más relevantes y sobresalientes del contenido de las declaraciones testificales y de la prueba documental, sólo una descripción general, por ello arribó a establecer que no se tiene la certeza en qué consiste cada uno de los elementos de prueba a los que se asignó un código para su ulterior valoración, por lo que no es posible comprender la fuente de información de donde se extraen las conclusiones a las que arribó el juzgador.


De igual manera enfatizó que el juzgador, no realizó una fundamentación jurídica, pues si bien subsume la conducta de los imputados en los ilícitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado; no precisa de qué forma se presentan los elementos constitutivos de dichos delitos, omitiendo identificar de manera individualizada la participación de los imputados en el hecho delictivo, estableciendo la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, adecuándolos a los hechos en función de la prueba; que asimismo implica, falta de fundamentación en la subsunción de la conducta, que no permite el control de la razonabilidad de los fundamentos que sustentan la sentencia condenatoria, porque la prueba no fue valorada en la forma prevista por el art. 173 del CPP; en consecuencia, considera haberse incurrido en el defecto de sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP.


De acuerdo a lo relacionado, la denuncia de falta de fundamentación atribuida a la Resolución de apelación impugnada, en sentido de no ser expresa, clara, completa, legítima ni lógica, carece de mérito; ya que por el contrario, el Tribunal de alzada observó su rol de compulsar y resolver todos los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida mediante el análisis de los antecedentes objetivos emergentes de las actuaciones desarrolladas durante la tramitación del proceso penal, y en lo relacionado a la  falta de fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba, describió las falencias en que incursionó el Tribunal de Sentencia  que derivó en la inobservancia de la previsión contenida en el art. 173 del CPP, referida a la obligación del órgano jurisdiccional de asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y fundamentando adecuadamente, las razones por las cuales se otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, teniendo presente que la Sentencia debe inexcusablemente contener la debida fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, esto conlleva al entendimiento de que si la Sentencia sólo procede a la descripción de alguna prueba sea de cargo o descargo, sin efectuar una descripción analítica o lo que es lo mismo, dejar constancia sobre su merecimiento o desmerecimiento, así como su relevancia o no, se incurre en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, que ameritó de parte del Tribunal de apelación la observancia del art. 413 del citado Código, como acertadamente dispuso.


Finalmente, los fundamentos descritos conducen a establecer, tomando en cuenta la doctrina legal esbozada en los precedentes invocados, referidos a la prohibición de revalorización de la prueba en apelación, en virtud a que no existe doble instancia en el sistema procesal penal imperante en el país, así como la exigencia de la debida motivación en las resoluciones que emergen de la decisión judicial; que el sentido jurídico asumido en el Auto de Vista recurrido, no es contrario a los precedentes invocados, porque los fundamentos que deja entrever su contenido, están inmersos en la debida fundamentación y la observación del deber de los Tribunales de alzada, de resolver todos los cuestionamientos reclamados en apelación restringida; es decir, el Tribunal de alzada a momento de emitir la resolución de grado, ha centrado su accionar en los precedentes invocados, cumpliendo con la doctrina legal aplicable que erradamente ha sido invocada como inobservada. En mérito al análisis efectuado, se establece que el Tribunal de apelación, si bien incurrió en una inapropiada valoración del tema relativo a la congruencia entre la acusación y la sentencia, estableció de manera fundada otras razones para disponer la anulación de la sentencia y el reenvío de la causa sin incurrir en una labor de revalorización probatoria, por lo que el recurso de casación sujeto al presente análisis deviene en infundado.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Freddy Carvallo Becerra, en representación de Gregorio Coca Pérez, cursante de fs. 1115 a 1119 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA