TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 269/2015-RRC

Sucre, 27 de abril de 2015


Expediente        : Tarija 74/2014

Parte acusadora        : Dominga Fernández Ortiz de Palacios y otra

Parte imputada        :        Fabiola Ayala y otra

Delitos                : Difamación y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2014, cursante de fs. 65 a 69, Fabiola Ayala Espada y Simona Espada Rodríguez, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 111/2014 de 7 de octubre (fs. 52 a 54), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal que les sigue Dominga Fernández Ortiz de Palacios y Soledad Karina Sánchez Fajardo de Palacios, por la presunta comisión de los delitos de Difamación y Calumnia, previstos y sancionados por los arts. 282 y 283 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. En mérito a la  Sentencia 02/2012 de 3 de mayo (fs. 25 a 29), emitida por el Juzgado Segundo de Partido y de Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se declaró a Simona Espada Rodríguez, autora y culpable de los delitos de Calumnia y Difamación, condenándola a la pena de dos años y dos meses de reclusión a cumplir en el penal de “Morros Blancos” de la ciudad de Tarija y multa de ciento cincuenta días cuantificables a Bs. 5.- (cinco bolivianos) por cada día, haciendo un total de Bs. 750.- (setecientos cincuenta bolivianos) más costas. Asimismo, declaró a Fabiola Ayala Espada, autora y culpable del delito de Calumnia, condenándola a la pena de dos años de reclusión a ser cumplida en el penal de “Morros Blancos” Tarija y multa de cien días, cuantificables a bolivianos cinco por cada día, haciendo un total de Bs. 500.- (quinientos bolivianos); por otra parte, en observancia del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), le concede el beneficio del perdón judicial.

  1. Contra la citada Sentencia, las imputadas Fabiola Ayala Espada y Simona Espada Rodríguez, presentaron recurso de apelación restringida (fs. 37 a 39), que fue resuelto mediante Auto de Vista 111/2014 de 7 de octubre, que declaró sin lugar la apelación y confirmó la Sentencia, dando lugar a la presentación del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión     015/2015-RA de 8 de enero (fs. 75 a 77 vta.), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, al que este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP y art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El Tribunal de alzada, en el Auto de Vista recurrido, considerando III, lejos de reconocer que presentó abundante doctrina sobre los tipos penales acusados, sobre el punto apelado referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, no hizo más que transcribir lo que indicó la Sentencia sobre los tipos penales de Calumnia y Difamación, para finalmente concluir, sin el mayor fundamento, que la conducta de “la acusada” se subsumía en los tipos penales acusados, afirmando que no fue evidente que se haya incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva, por lo que afirma que se incurrió en motivo de nulidad absoluta que afecta el debido proceso, violentándose el principio de la debida fundamentación o motivación de las decisiones judiciales.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, las recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y determine que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, dicte un nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal aplicable, de conformidad al art. 413 primer párrafo del Código de Procedimiento Penal (CPP) y a las normas legales desfiladas en el caso concreto.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 632/2014-RA, cursante de fs. 75 a 77 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por las recurrentes, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia


El Juez Segundo de Partido y Sentencia de Bermejo, a través de Sentencia 02/2012, declaró a Simona Espada Rodríguez, autora y culpable de los delitos de Calumnia y Difamación, condenándola a la pena de dos años y dos meses de reclusión a cumplir en el penal de “Morros Blancos” de la ciudad de Tarija y multa de ciento cincuenta días cuantificables a Bs. 5.- por día, haciendo un total de Bs. 750.-, más costas; y, a Fabiola Ayala Espada, autora y culpable del delito de Calumnia, condenándola a la pena de dos años de reclusión a ser cumplida en el mismo Recinto Penitenciario y multa de cien días, cuantificables a bolivianos cinco por día, totalizando Bs. 500.-. Por otra parte, en observancia del art. 368 del CPP, le concedió el perdón judicial, bajo los siguientes fundamentos: i) Previa descripción y análisis de la declaración testifical de cargo, de Dominga Fernández Ortiz, Soledad Karina Sánchez Fajardo, Francisca Espinoza  y Maribel Choque Mamani, ex compañeras de trabajo de las querellantes, en el apartado de Fundamentación Jurídica, estableció que, conforme disponen los arts. 283 y 282 del CP, que prevén los delitos de Calumnias y Difamación, respectivamente, el bien jurídico protegido es el honor de las personas, derecho fundamental consagrado por el art. “21-Par. I-1)” (sic) y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE), que de acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional boliviano: “El honor es la percepción que el propio sujeto tiene de su dignidad, por lo mismo opera en un plano interno y subjetivo, supone un grado de autoestima personal, toda vez que es la valoración que la propia persona hace de sí misma, independientemente de la opinión de los demás. En resumen es un concepto interno del sentimientos que uno tiene de sí mismo” (sic), de cuya configuración, concluye como demostrado con prueba testifical que la acusada Fabiola Ayala Espada, de palabra y falsamente, imputó a la querellantes del delito de robo de una lista de asistencia de trabajadores, ilícito tipificado y sancionado por el art. 331 del CP. En similar sentido y en las mismas circunstancias, la coacusada Simona Espada Rodríguez la acusó por el referido tipo penal, además de una serie de hechos y actos, en forma directa, pública, tendenciosa y repetida, ilícitos tipificados por los arts. 331 y 282 del CP, además, las referidas acciones fueron desplegadas con la intención de dañar y denigrar la reputación de las querellantes en presencia de sus compañeras de trabajo; y, ii) Afirma que la convicción asumida se funda en el análisis racional del nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y sus autoras, que demuestran indubitablemente la participación directa de las acusadas en el ilícito juzgado; en consecuencia, su acción es típica, antijurídica, culpable y se subsume en los tipos penales de Calumnias y Difamación, valoración que realiza sujeto a las reglas de la sana crítica comprendida por la lógica, la psicología y la experiencia común, convicción a la que arribó en mérito a la inmediación de la prueba testifical de cargo por ser presenciales.


II.2.        De la apelación restringida


Las acusadas, plantearon apelación restringida contra la Sentencia 02/2012 de 3 de mayo, con los siguientes cuestionamientos, estrictamente vinculados al motivo de recurso de casación admitido: Acusa la existencia del defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, argumentando que existieron contradicciones en los testigos, resaltando que Francisca Espinoza manifestó que se preguntó a todas las compañeras sin embargo, Maribel Choque Mamani, manifestó que hubo “4 a 7 compañeras” (sic), respecto a lo cual argumenta que el hecho de preguntar de forma educada no significa delito; sin embargo, fueron acusadas por los delitos de Calumnias y Difamación, sobre los que el Juez de Sentencia hizo una interpretación errónea de la ley en relación a la referida prueba testifical, sin haberse demostrado el perjuicio ocasionado ni su actuar doloso.

II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 111/2014 de 7 de octubre, declarándolo sin lugar; en consecuencia, la confirmó, conforme al siguiente razonamiento relacionado al motivo de casación admitido: 1) En referencia al agravio sobre la existencia de un defecto en la Sentencia impugnada, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, afirma que es obligación del recurrente señalar cuál la norma inobservada y porqué o cuál la ley sustantiva erróneamente aplicada, obligación que no cumplió, inobservando el art. 408 del CPP; y, 2) Con relación a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, estableció que el Juzgador, además de haber desglosado en la Sentencia, de manera lógica y coherente el análisis de cada uno de los delitos acusados en compulsa con la prueba aportada al proceso y realizando la verificación sobre los juicios de subsunción de los hechos a las conductas acusadas, determinando que la prueba alcanzó para imponer un juicio de condena con respecto los delitos de Calumnia y Difamación explicando las razones de hecho y derecho que responden a una valoración integral de la prueba acorde a la sana crítica, la lógica y experiencia, consideró que las declaraciones fueron uniformes y contestes en tiempo, lugar, circunstancias y hechos que revelan sin lugar a duda razonable que los testigos consideraron el hecho que las acusadas eran ex compañeras del “PEU”, concluyendo que el perjuicio extrañado por la parte recurrente en que el bien jurídico protegido es el honor de las personas, situación que se consideró y valoró en Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LESIÓN DE DERECHOS


De acuerdo al argumento expuesto por la parte recurrente, ésta expresa que el Tribunal de alzada emitió un pronunciamiento carente de fundamentación con relación a su denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, concluyendo que la conducta de las acusadas se subsumían en los tipos penales endilgados, afirmación que tilda de violatoria del debido proceso, debida fundamentación o motivación de las resoluciones, provocando su nulidad absoluta.


III.1. Sobre el derecho a una debida fundamentación y motivación como elementos del debito proceso


El debido proceso, concebido como un derecho, garantía y principio, reconocido expresamente en los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), entre sus elementos contiene el derecho de todo ciudadano a contar con resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, de tal manera que brinde certeza del contenido y alcances de la decisión asumida.


Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, en su jurisprudencia, estableció que: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


Por otro lado, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, estableció lo que sigue: La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el por qué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez mas se deja establecido que el Tribunal de Apelación, a momento de resolver el o los recursos interpuestos, esta obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


III.1.1. Sobre el motivo de casación. De acuerdo a los antecedentes y doctrina precedentemente desarrollados, se advierte que, una vez conocida la emisión de la Sentencia condenatoria en su contra, las recurrentes formularon el recurso de apelación restringida, denunciando, entre otros aspectos, que el Juez de Sentencia habría incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto no se consideró la existencia de contradicciones entre las testigos de cargo, especificando que Francisca Espinoza manifestó que se preguntó a todas las compañeras sin embargo, Maribel Choque Mamani, manifestó que hubo “4 a 7 compañeras” (sic), concluyendo que a pesar de ello fueron acusadas por los delitos de Calumnias y Difamación.


Al respecto, el Tribunal de alzada, razonó que, en atención a las exigencias plasmadas en el art. 408 del CPP, en cuanto a la presentación de la apelación restringida, que dispone: “…Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.


Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación”, la referida obligación no fue cumplida por la parte recurrente, por cuanto no expresó cuál la norma inobservada y cuál o porqué la ley sustantiva fue erróneamente aplicada; sin embargo, al momento de resolver la denuncia de valoración defectuosa de la prueba, concluyó que el Juez de Sentencia de manera lógica y coherente analizó cada uno de los delitos acusados relacionándolos con la prueba aportada al proceso, efectuando la debida subsunción de las conductas denunciadas a los tipos penales de Calumnia y Difamación, resaltando que las declaraciones testificales fueron contestes y uniformes, en tiempo, lugar, circunstancias y hechos que revelan sin lugar a duda razonable que los testigos consideraron la circunstancia que las acusadas eran ex compañera del “PEU” de las víctimas y que por sus manifestaciones se dañó el bien jurídico protegido del honor, a cuyo efecto, se constata que el Tribunal de alzada, efectuó la debida compulsa de la labor efectuada por el inferior en cuanto a la valoración de la prueba y la subsunción de los hechos endilgados a las ahora recurrentes, a los tipos penales de Calumnia y Difamación, con la suficiente fundamentación; en consecuencia, no se advierte lesión a los derechos de las recurrentes denunciada.

POR TANTO


Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por Faviola Ayala Espada y Simona Espada Rodríguez, cursante de fs. 65 a 69.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA