TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 268/2015-RRC

Sucre, 27 de abril de 2014


Expediente                        Tarija 73/2014

Parte acusadora                Ministerio Público

Parte imputada              Roberto Olivera Arce

Delito                                Transporte de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora                : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2014, cursante de fs. 234 a 236 vta., Roberto Olivera Arce, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 18/2014 de 19 de septiembre, de fs. 199 a 201, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto en el art. 55 de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 5 a 10), se desarrolló la audiencia de juicio oral, que una vez concluida el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 25/2011 de 16 de junio (fs. 131 a 137 vta.), por la cual declaró al recurrente absuelto de pena y culpa por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, ordenando la cancelación de las medidas cautelares personales impuestas y la devolución del vehículo, dinero y celular.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por el Ministerio Público (fs. 140 a 141), resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija a través del Auto de Vista 10/2013 de 25 de octubre (fs. 158 a 160), que anuló totalmente la Sentencia, ordenando el reenvío del juicio, determinación contra la que el imputado planteó recurso de casación, habiendo sido resuelto por Auto Supremo 225/2014-RRC de 9 de junio (fs. 192 a 195 vta.), que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, a cuyo efecto, la Sala Penal Primera del mencionado Tribunal Departamental, emitió el Auto de Vista 18/2014 de 19 de septiembre, por el que dispuso anular totalmente la Sentencia y ordenó el reenvío del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Conforme los límites establecidos por el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), del memorial que cursa de fs. 234 a 236 vta., y del Auto Supremo de admisión 13/2015-RA de 8 de enero, se extrae el motivo del recurso cuyo análisis y pronunciamiento corresponde en la presente  Resolución.


Previa aclaración que no impugnó la Sentencia por cuanto no le causaba agravio, invocó el Auto Supremo 401 de 18 de agosto de 2003, por el que se estableció la revisión de oficio excepcional sin la invocación de precedente contradictorio y en aplicación del “persaltum” ante la existencia de vulneración al debido proceso, en igual sentido el Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, por lo que afirma que ante la flagrante vulneración del debido proceso, se debe admitir el recurso de casación de forma excepcional, afirmando a continuación que el Auto de Vista 18/2014, valoró la prueba producida en juicio, desnaturalizando la labor del juez natural, vulnerando el debido proceso, por cuanto asignó valor probatorio a las declaraciones testificales de cargo, restándole valor y credibilidad a la prueba testifical de descargo, respecto de las cuales los Jueces Ciudadanos llegaron a la conclusión que la prueba aprobada por el Ministerio Público no fue suficiente para generar convicción en ellos y en aplicación del principio in dubio pro reo, ante la duda inminente que como imputado desconocía el contenido de las cajas que llevaba en su taxi, asumieron convicción que no existía certeza sobre su culpabilidad en el delito endilgado, resaltando que los Jueces Ciudadanos no tienen conocimiento jurídico por lo que no están obligados a realizar una justificación en ese sentido, correspondiendo dicho aspecto a las Juezas Técnicas, plasmado en su voto disidente.


Al respecto, aseguró que el Tribunal de alzada, emitió el Auto de Vista 18/2014, pronunciado como efecto de la emisión del Auto Supremo 225/2014-RRC en el cual se estableció que el Tribunal de alzada debía pronunciar nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida; nuevamente dictó la misma resolución, sin considerar la recomendación efectuada por el referido fallo supremo, demostrando apasionamiento en su resolución mas no la administración de justicia, causándole agravio.


Por último, relieva que su pretensión se circunscribe a mantener la Sentencia pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia y se anule el Auto de Vista “10/2013”.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se admita el recurso de casación de forma excepcional, sin invocación de precedente, aplicando “el persaltum”, y que el Tribunal Supremo de Justicia, restableciendo la vulneración al debido proceso, anule el Auto de Vista 18/2014, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, debiendo mantenerse la Sentencia 25/2011 emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba, que declaró su absolución en el delito que le fue acusado.


I.2. Admisión del recurso


Conforme el Auto de admisión 13/2015-RA de 8 de enero, el análisis de fondo de la presente Resolución, tiene la finalidad de verificar la existencia de la contradicción denunciada, entre el Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo 225/2014-RRC de 9 de junio, emitido en la presente causa con anterioridad.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


Establecido el ámbito de análisis del recurso casacional, se identifican las siguientes actuaciones vinculadas al motivo que dio lugar a la admisión del Recurso:


II.1.        Sentencia.


En virtud al motivo impugnado, se transcribe la parte pertinente del fallo de mérito.


“Que, en cuanto a la autoría para los Sres. jueces ciudadanos, el M.P. no ha demostrado con ningún elemento probatorio el dolo, el ha sabiendas del acusado Olivera en el ilícito referido, para poder fundar con certeza una condena en su contra, mas por el contrario, la prueba aportada de cargo les genera duda razonable, porque no saben con certeza si el acusado sabía o no lo que transportaba, es decir si sabía del contenido de las cajas, ya que según refiere el acusado el no reviso las mismas, ni las cargó, así el taxista testigo de descargo (…).


Asimismo -Las declaraciones de los dos policías testigos de cargo: Sof. 2do. Antonio villarrubia Almazán y Cbo. Fabián Antiñapas Chávez, no son precisas, no saben, no están seguros, además, el Cbo. Marco Ismael Ortiz y Cbo. Adher García no fueron ofrecidos como testigos, sobre todo el policía que reviso la licencia, que hizo parar el auto y que es el primero que ve las cajas en el interior del vehículo y en el maletero, para conocer con certeza que una de las cajas del maletero estaba ya abierta o no y que a simple vista se vieran los paquetes en forma de ladrillo, se tiene duda si una caja estaba o no abierta, ya que de la misma fotografía de cargo se tiene que solo una caja se encuentra abierta y parecería que en ese momento se hubiera abierto a la fuerza, porque parte de de la tapa, se encuentra rota y al ver el contenido de las mismas llaman a la FELCN. Es decir, por la misma fotografía de cargo se tiene que no estaban abiertas la dos cajas del maletero como refieren los dos policías testigos de cargo, además también toman en cuenta lo manifestado por el policía Antonio Villarrubia Almazan quien, refiere en forma clara que él era el que manejaba la tranca, vio cuando el clase le dice estaciona ahí, y que cuando el se acerca ve las cajas e indica que el acusado dice que él no sabía, no conocía el contenido de las cajas, que le habían mandado para que entregue en Villa Montes, así también El policía Fabián Antiñapas  chavez-Asignado al caso, refiere que él dijo que trasladaba las cajas para una persona que no sabía el nombre Declaración corroborada por los dos informes del asignado al caso  refiere que el acusado habría manifestado que las cajas que trasladaba contenían medicamentos de (veterinaria), para una persona que no conoce su nombre. Le dan credibilidad porque desde un inicio refiere que lo que transportaba eran medicamentos. Así se tiene de los informes y testigos  ya referidos.


Habiendo los Miembros de UMOPAR SUR en ese instante de los hechos secuestrado el celular que tenía el acusado no se investigo, no se pidió flujo de llamadas de la empresa de comunicación para tener el número e identidad del propietario a quien el acusado refiere haber llamado delante del policía o bien saber con que personas se comunico, en ese instante.-Es decir no se realizó una buena investigación, máxime si el acusado Roberto Olivera reitera en su última intervención que el no sabía nada, desconocía lo que llevaba, de saber no hubiera ido de frente a la tranca.


Que, del análisis de los referidos elementos de prueba, ninguno de ellos menciona ni señala que el imputado sabía, conocía del contenido de los paquetes en las cuatro cajas, quien en su declaración negó saber, conocer y tener participación en el mismo, más por el contrario estaba en la creencia que llevaba medicamentos de veterinaria, Corroborado por los informes policiales. Haber demostrado su situación de trabajo, domicilio, creiditos contraídos, familia, ser un buen vecino, deportista y no tener ningún antecedente policial menos penal, consiguientemente no existiendo ningún otro elemento de prueba que permita tener plena certeza y convicción sobre su autoría, y consiguiente responsabilidad penal, en mérito a los fundamentos expuestos y en aplicación al principio IN DUBIO PRO REO, que refiere ante la duda mas vale absolver a un culpable que condenar a un inocente corresponde dar aplicabilidad al Art. 362 num. 2) C.P.P.” (sic).


II.2.        Apelación restringida.


El representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida bajo los siguientes argumentos:


  1. Denunció incorrecta valoración de la prueba de cargo realizada por los Jueces Ciudadanos, porque conforme considera se acreditó que el imputado tenía conocimiento de que lo que transportaba en su motorizado era sustancia controlada; y además, era de su propiedad.


  1. Acusó que la fundamentación de la Sentencia, incumplió lo preceptuado por el art. 124 del CPP, ya que los Jueces Ciudadanos no expresaron  los motivos de hecho y derecho en que fundaron su decisión, limitándose a indicar que: “simplemente se manifiesta que los elementos de prueba producidos no son suficientes para generar convicción de la autoría y participación de los imputados por lo que aplicaron el principio INDUBIO PRO REO erróneamente” (sic).


II.3.  Auto de Vista impugnado.


El Tribunal de alzada dispuso anular la Sentencia, al haber concluido que dicho fallo incurrió en defectuosa valoración de la prueba y en falta de fundamentación, argumentando el Auto de Vista en el punto III.1 del tercer considerando, lo siguiente:


“Sobre el agravio referido a que la sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba. El fundamento del Tribunal (Jueces Ciudadanos) que votaron por la absolución, se hace bajo una incorrecta valoración de la prueba producida, pues toda la prueba demuestra la autoría y culpabilidad de los imputados.


De la sentencia motivo del impugnaticio los jueces ciudadanos han valorado defectuosamente la prueba como ser la declaración del policía Antonio Villarrubia Almazan encargado de la policía caminera y declaración del Cabo Fabián Antiñapa Chávez-asignado al caso, los informes emitidos por dichos testigos quienes han dejado establecido y conforme han razonado las jueces técnicas que el acusado Roberto Olivera Arce se encontraba llevando en el interior del vehículo asiento de atrás dos cajas selladas y en el maletero una caja abierta en el que claramente se podía ver unos paquetes en forma de ladrillos forrados con cinta masquin color beige que luego de la prueba de campo da positivo para marihuana, confirmado por la prueba científica realizada por el perito Fernando Mauricio Valle Rojas. No es creíble lo que manifiesta el acusado, que no sabía lo que transportaba, porque si él desconocía el contenido de las cajas -que en su interior contenía marihuana- podía pedir requerimiento Fiscal para el flujo de llamadas para conocer el nombre del propietario que refiere hace la llamada y dar las características de la persona, máxime si era su cliente no es posible que desconozca el apellido y sobre todo a quien y donde debía entregar las cajas en Villa Montes. Se debe tomar en cuenta que quien estaba conduciendo el vehículo es el acusado y ante la revisión efectuada por los funcionarios  de la policía caminera, estos revisan el interior del vehículo porque el acusado se pone nervioso, motivando que los policías de la montada llamen a los efectivos de UMOPAR SUR al tener la sospecha que se trataría de droga, para que procedan a realizar una revisión minuciosa de las 4 cajas. Pero sí tenía conocimiento de lo que llevaba en su vehículo, por ello se pone nervioso, motivando que el policía de la caminera decida revisar lo que llevaba en el interior y luego en el maletero. Por consiguiente, Roberto Olivera Arce sabía y tenía conocimiento del transporte de la marihuana. El Ministerio Público ha demostrado la existencia del delito de transporte, no solamente con relación a los hechos, sino la participación del acusado en el delito de transporte en grado de complicidad de Roberto Olivera Arce.


De lo expuesto, es evidente el agravio denunciado por el Ministerio Público las jueces ciudadanas han incurrido en  defectuosa valoración de la prueba contraviniendo el art. 173 CPP, no han aplicado la sana crítica en sus elementos de la lógica y la experiencia; incorrectamente han establecido que el Ministerio Público no ha probado el elemento del tipo penal a sabiendas. Se declara con lugar este agravio.


(…)


En el caso de autos se tiene que la resolución no está debidamente fundamentada por las juezas ciudadanas  porque solo se limitan a señalar: en cuanto a la autoría….


No han tomado en cuenta en la fundamentación la declaración del policía Antonio Villarrubia Almazan encargado de la policía caminera y declaración del Cabo Fabián Antiñapa Chávez-asignado al caso, y los informes emitidos por dichos testigos que conforme han razonado las jueces técnicas estableciendo de manera fundamentada que- que el acusado Roberto Olivera Arce -que conducía el vehículo solo- se encontraba llevando en el interior del vehículo asiento de atrás dos cajas selladas y en el maletero una caja abierta en el que claramente  se podía ver unos paquetes en forma de ladrillos forrados con cinta masquin color beige  que luego de la prueba de campo da positivo para marihuana confirmado por la prueba científica realizada por el perito Fernando Mauricio Valle Rojas.


De lo expuesto  se establece que  la resolución de las jueces ciudadanas contiene indebida e insuficiente fundamentación contraviniendo al art 125 del CPP, siendo evidente el agravio se declara con lugar” (sic).


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN ENTRE EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Y EL PRECEDENTE INVOCADO


Conforme el Auto Supremo 13/2015-RA de 8 de enero, este supremo Tribunal de Justicia, dispuso abrir su competencia con la finalidad de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 225/2014-RRC de 9 de junio, invocado en calidad de precedente contradictorio, correspondiendo su análisis con la finalidad de establecer la existencia de situación fáctica análoga que permita verificar la presencia de contradicción o no a los efectos señalados en el  art. 419 relacionado con el art., 420 ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 42 inc. 3) de la LOJ.


III.1.        Precisiones legales y doctrinales.


III.1.        1. Prohibición de revalorar prueba.


La prohibición de revalorar prueba, fue objeto de innumerables fallos emitidos por este máximo Tribunal de justicia, pues admitir la revisión de la prueba por el Tribunal de alzada con fines distintos al mero control de la logicidad empleada por el inferior en grado en cuanto a la valoración de la prueba y la aplicación efectiva de las reglas de la sana crítica, implica la infracción al debido proceso, por la afectación a los principios de oralidad, inmediación y contradicción; toda vez que la competencia del Tribunal de apelación se halla limitada precisamente por dichos principios propios del sistema procesal acusatorio vigente.


En cuanto a los roles de los sujetos procesales y operadores de justicia, relativos a la valoración de la prueba y su control, este Tribunal, de forma reiterada, desarrolló entendimientos y estableció doctrina legal aplicable que permite de forma pedagógica, realizar un correcto planteamiento del recurso con base en la defectuosa valoración de la prueba, pero además deja establecida, la forma en que el Tribunal de alzada debe ejercer control respecto a este tipo de denuncias; así por ejemplo, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, precisó: "Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo.” (Las negrillas son nuestras).


Conforme la línea jurisprudencial precitada, la competencia del Tribunal de apelación, respecto a la valoración de la prueba, se circunscribe a la verificación del razonamiento empleado por el Tribunal de mérito en la labor intelectiva,  comprobando, siempre con base en la denuncia, si el Tribunal o Juez de Sentencia valoró la prueba conforme los límites establecidos por el art. 173 del CPP, ello no implica permisión de ningún tipo, para que el Tribunal de alzada ingrese a rever y analizar la prueba y obtengan de ella conclusiones propias, pues por simple lógica, al no haber sido partícipes del desarrollo del juicio oral, se vieron privados de la inmediación y contradicción, mecanismos procesales que permiten al juzgador valorar la prueba en la dimensión correspondiente, pues la información que brinda el acta de audiencia de juicio oral y a la vez la Sentencia, respecto a las pruebas, su introducción y los alegatos posteriores respecto a lo que se pretende probar con ellas, no puede ser usado por el Tribunal de apelación, para revalorar la prueba, sino únicamente para ejercer control sobre la logicidad y legalidad de la Resolución de mérito; es decir, sobre la coherencia en la labor valorativa de cada una de las pruebas y su posterior valoración en conjunto.


III.1.2. Valor del voto disidente como parte de un fallo.


El voto disidente o “voto particular” en el ámbito del derecho procesal, necesariamente surge como efecto de un fallo emitido por un Tribunal colegiado, en el cual, uno o varios de la minoría de sus integrantes está en desacuerdo con el resultado final del fallo, por lo cual, valiéndose de ese mecanismo, deja constancia fundamentada de la postura asumida en la deliberación. Su importancia reside, en que se constituye en la efectivización de la democracia como parte de un estado de derecho, en el que se deja constancia de la libertad e independencia de criterios que debe primar en los integrantes de un Tribunal; sin embargo, los motivos y/o razones formulados por la autoridad en desacuerdo, no son parte considerativa del fallo, por lo que su validez frente a la decisión asumida por la mayoría de los miembros es nula, pues no tiene efecto alguno por carecer de eficacia jurídica, ya que no produce consecuencia legal de ninguna naturaleza. Ahora bien, cuando se pretenda impugnar un fallo que resulte desfavorable a una de las partes y exista disidencia, es válido recurrir apoyándose en los argumentos vertidos por el juzgador discrepante; pero, bajo ningún aspecto, la autoridad revisora o tribunal de impugnación, puede sustentar el fallo de alzada, con base en los fundamentos de la disidencia, ya que la eficacia jurídica del voto particular es inexistente, sino, únicamente debe circunscribir el fallo al control solicitado.


El ordenamiento procesal de la materia, en el art. 359, de forma taxativa señala “Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden:


1) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento;


2) Las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado; y


3) La imposición de la pena aplicable.


Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo.


Las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito.


En caso de igualdad de votos se adoptara como decisión la que más favorezca al imputado”.


La normativa transcrita, además de señalar el procedimiento para la deliberación y votación previa a la elaboración de la Sentencia, establece la obligación de fundamentar de forma conjunta el fallo de mérito, cuando exista acuerdo entre todos los miembros del Tribunal, o contrariamente, cuando exista desacuerdo de uno o más de sus integrantes que sean la minoría, el deber de fundamentar de forma expresa y separada su disidencia; siendo la decisión de la mayoría de los miembros la que se adopte como válida, o ante la igualdad de votos, la que más favorezca al imputado.


III.2.        Análisis del precedente contradictorio.


El Auto Supremo 225/2014-RRC de 9 de junio, que fue emitido dentro de la presente causa, tiene como supuesto fático la denuncia de que el Tribunal de apelación incurrió en revalorización de la prueba vulnerando con ello el debido proceso. Ante la constatación de la existencia de revalorización de la prueba, el Tribunal de casación dispuso dejar sin efecto el fallo impugnado, estableciendo la imposibilidad del Tribunal de desarrollar la labor de revalorización de la prueba en vulneración al debido proceso y los principios de inmediación y de prohibición de doble instancia, contrariando los postulados del proceso penal acusatorio y la doctrina legal establecida referente a la prohibición de ingresar a una revalorización de la prueba judicializada en el acto de juicio.


En el caso de autos, el recurrente alega, que pese a haberse emitido con anterioridad un Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista 10/2013, por haber revalorado prueba, haciendo caso omiso, volvió a revalorar la prueba; consecuentemente, ante la similitud fáctica del planteamiento, corresponde ingresar al análisis de fondo de la denuncia.


III.3.        Análisis del caso en concreto.


El recurrente, alega que el Tribunal de alzada, emitió el Auto de Vista revalorando la prueba testifical de cargo y que restó valor a las testificales de descargo.


Analizados los antecedentes, conforme se desprende del acápite “II.1” de esta Resolución, se tiene que el Tribunal de Sentencia, con el voto mayoritario de los jueces ciudadanos, estableció a fs. 134 vta. y 135 vta., que la prueba de cargo no acreditó la existencia de dolo en el accionar del recurrente, que las testificales de cargo, consistentes en las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes y asignados, generaron dudas respecto al elemento constitutivo del tipo penal “a sabiendas”, ya que no adquirió certeza sobre si una de las cajas del maletero estaba abierta y que los paquetes en forma de ladrillo eran perceptibles a simple vista; que las declaraciones de los testigos de cargo “Sof. 2do. Antonio villarrubia Almazán y Cbo. Fabián Antiñapas Chávez, no son precisas, no saben, no están seguros, además, el Cbo. Marco Ismael Ortíz y Cbo. Adher García no fueron ofrecidos como testigos, sobre todo el policía que revisó la licencia, que hizo parar el auto y que es el primero que ve las cajas en el interior del vehículo y en el maletero, para conocer con certeza que una de las cajas del maletero estaba ya abierta o no y que a simple vista se vieran los paquetes en forma de ladrillo…” (sic).


Contrastadas las conclusiones de la Resolución de mérito con el Auto de Vista impugnado, se verifica que el Tribunal de alzada a fs. 209 y vta., efectivamente confirió valor distinto al otorgado por los juzgadores, apoyando su conclusión en los fundamentos de la disidencia formulada por las juezas técnicas del Tribunal de Sentencia, que de forma errada se encuentra como parte de los fundamentos de la Sentencia, cuando conforme dispone el art. 359 del CPP, debe fundamentarse separadamente, ya que tal cual se estableció en el apartado III.1.2. de este fallo, la opinión discrepante de la minoría de los jueces de un Tribunal, carece de eficacia jurídica frente a la opinión de la mayoría de los colegiados, por lo que su fundamentos deben ir de forma separada a la Sentencia, ya que el control que realiza el Tribunal superior en grado, se efectúa sobre la Resolución de mérito y no sobre otros fundamentos.


En este punto es preciso aclarar, que la Sentencia es única y su control se realiza sólo sobre su contenido, por lo que no resulta correcto que el Auto de Vista haga distinción entre los fundamentos de los jueces que conforman la mayoría del Tribunal y los que resultan disidentes (minoría) y referirse a los fundamentos de la disidencia, como si fueran parte integrante de la Sentencia, pues dichos fundamentos no están sujetos a examen de ninguna naturaleza.


En el caso en análisis, se tiene que el Tribunal de alzada, concluyó que el Tribunal sentenciador, específicamente los jueces ciudadanos que votaron por la absolución del imputado, lo hicieron incurriendo en incorrecta valoración de la prueba producida; para sustentar dicha afirmación, sobre la base de sus propias conclusiones, estableció que toda la prueba demostraba la autoría y culpabilidad del imputado, para luego transcribir -de forma impertinente- fundamentos de la disidencia como sustento de sus conclusiones y referir posteriormente, que los jueces ciudadanos incurrieron en defectuosa valoración de la prueba contraviniendo al art. 173 del CPP, que no aplicaron la sana crítica en sus elementos lógica y la experiencia; que incorrectamente establecieron que el Ministerio Público no probó el elemento del tipo penal “a sabiendas”;  conclusiones que denotan por sí solas, que el Tribunal de apelación otorgó valor distinto a la prueba, que el conferido por el Tribunal de Sentencia, motivo por el cual la denuncia efectuada por el imputado tiene fundamento, toda vez que correspondía al Tribunal de alzada, conforme su competencia, ejercer el control sobre la logicidad y legalidad de la Sentencia, sin incurrir en revalorización de la prueba, estableciendo de qué manera y cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común realizadas por el Tribunal sentenciador, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustentó el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebida o arbitrariamente. Al no proceder de esa manera, el Tribunal de alzada infringió el debido proceso, por la afectación de los principios de contradicción e inmediación, contrariando la doctrina legal establecida en el precedente invocado.


Ahora bien, considerando que esta Sala a través del precedente, dejó sin efecto el Auto de Vista emitido con anterioridad, al establecer que las conclusiones asumidas por el Tribunal de alzada evidenciaron una revalorización de prueba: “pues se efectuó un análisis de la prueba introducida en el juicio oral, otorgando valor a las declaraciones testificales de los funcionarios policiales, llegando a concluir que existió el delito, estableciendo la responsabilidad penal del imputado, en vulneración al debido proceso y los principios de inmediación y de prohibición de doble instancia, contrariando los postulados del proceso penal acusatorio y la doctrina legal establecida referente a la prohibición de ingresar a una revalorización de la prueba judicializada en el acto de juicio; pues si la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el ámbito del recurso de apelación restringida formulada por el Ministerio Público, estableció la existencia de incorrecta o errónea valoración de la prueba por parte del Tribunal de sentencia y de falta de fundamentación, su labor acorde a las facultades que la propia Ley le asigna, debió enmarcarse en verificar y establecer esa errónea valoración de la prueba o inobservancia del art. 124 del CPP, y determinar lo que corresponde por ley incluso el propio reenvío del juicio sin inmiscuirse en la labor de valoración de la prueba y sin asumir conclusiones sobre la responsabilidad del imputado en los hechos juzgados”; se constata una manifiesta inobservancia del Tribunal de alzada a los entendimientos expuestos por este tribunal en ocasión de resolver un anterior recurso de casación; en cuyo mérito, es menester recordar a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que el ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, de acuerdo al art. 420.II del CPP, el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.


Por otra parte, debe considerarse que del art. 419.II del CPP, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal.


En este ámbito, esta Sala emitió el Auto Supremo 037/2013-RRC, de 14 de febrero, que estableció la siguiente doctrina: “El art. 180. I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el de la "celeridad", principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento oportuno sin dilaciones innecesarias.


Respetando el principio constitucional de celeridad, los Tribunales y Jueces inferiores, están obligados a cumplir en forma inexcusable con la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, al constituirse en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 181 de la CPE; en cuyo mérito, teniendo esta doctrina carácter `erga omnes´, debe ser cumplida en forma obligatoria, pues su inobservancia por un lado afecta al fortalecimiento institucional y, especialmente, a la naturaleza, finalidad y efectos obligatorios de la que están revestidos los Autos Supremos que establecen doctrina legal, con sentido ponderable de uniformar la jurisprudencia en el Órgano Judicial en materia penal; y, por otro, provoca dilaciones innecesarias generando a las partes incertidumbre respecto a la resolución de sus causas; consecuentemente, ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún concepto o razonamiento, omitiendo la imperatividad prevista por el segundo parágrafo del art. 420 del CPP”.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Roberto Olivera Arce, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 18/2014 de 19 de septiembre, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de la Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo, para que sea arrimado a los antecedentes de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a los efectos que correspondan.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA