TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 264/2015-RA

Sucre, 10 de abril de 2015


Expediente        : Santa Cruz 25/2015

Parte acusadora        : Carlos Eduardo Soto Arias

Parte imputada        : Franz Carmelo Saldías Mendoza y otros

Delito        : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentados el 23 de febrero de 2015, cursante de fs. 238 a 240, Carlos Eduardo Soto Arias, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 108 de 26 de diciembre de 2014, de fs. 230 a 232 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el recurrente en contra de Franz Carmelo Saldías Mendoza, María Dora Isabel Villarroel Ríos y María Yndira Valdivia Villarroel, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 con relación al art. 355 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la querella (fs. 21 a 22 vta.), una vez desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 16/2014 de 30 de septiembre, que declaró a Franz Carmelo Saldías Mendoza, María Dora Isabel Villarroel Ríos y María Indira Valdivia Villarroel, absueltos del delito de Despojo y su agravante, previsto y sancionado por el art. 351 con relación al art. 355 del CP, al no haberse aportado la prueba suficiente que genere en el suscrito Juez la convicción sobre su responsabilidad penal, sin que corresponda declarar la temeridad o malicia a los efectos de la responsabilidad correspondiente, en mérito a que la absolución fue declarada como consecuencia de la insuficiencia de pruebas de cargo.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por el querellante Carlos Eduardo Soto Arias, conforme se evidencia del memorial (fs. 196 a 202), que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 108 de 26 de diciembre de 2014 (fs. 230 a 232 vta.), que lo declaró admisible e improcedente el recurso planteado.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista citado el 13 de febrero de 2015 (fs. 237), planteó recurso de casación el 23 del mismo mes y año, motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por los recurrentes se extrae el siguiente motivo:


En el sexto considerando del Auto de Vista recurrido, los miembros del Tribunal de alzada, no obstante haberse manifestado que por disposición de la ley, no pueden y están prohibidos de revalorizar pruebas, de forma contradictoria y confusa, se refirieron a un solo lote de terreno en litigio, cuando son dos lotes emergentes de la subdivisión ilícita de su único lote de terreno, cuya posesión detentaba y que fue objeto de despojo, habiéndose ocupado una de las fracciones por Franz Carmelo Saldías Mendoza y la otra por María Dora Isabel Villarroel Ríos y María Indira Valdivia Villarroel; a cuyo efecto, transcribió algunos apartados de la resolución recurrida, añadiendo que la propia querellada María Indira Valdivia Villarroel, en audiencia ocular reconoció haber ingresado al lote de terreno sin autorización de nadie, sumado a la inexistencia de pronunciamiento del co querellado, extremos que no merecieron ninguna consideración ni análisis por parte de los Vocales de la Sala Penal Segunda, quienes extralimitaron sus específicas atribuciones en abierta intromisión y violación de sus derechos y garantías constitucionales, al pretender dirigir su acción penal a la vía civil por considerar: “como un conflicto de mejor derecho de propiedad, contradiciendo sus propios fundamentos y argumentos expuestos en el mismo Auto de Vista No 108 de 26 de Diciembre de 2.014” (sic) transgrediendo la disposición prevista y sancionada por el art. 351 del CP, que tipifica el despojo.


Continúa refiriendo, igualmente a título de revalorización de prueba, que el Auto de Vista recurrido no cumplió con la fundamentación ordenada por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, no expresa los motivos de hecho y de derecho en los que basa su decisión, la que sustentan en una “floja opinión subjetiva, revalorización de pruebas y ausencia de una revisión detallada de los antecedentes procesales y de la personalidad individual de cada uno de los querellados” (sic), situación reiterada con relación a la querellada María Indira Valdivia Villarroel, quien es la mayor y única beneficiada con el “írrito” Auto de Vista recurrido.


Al efecto, sostiene que el Auto de Vista impugnado incumple la jurisprudencia y doctrinal legal establecida mediante Auto Supremo 282/2014-RRC de 27 de junio, al evidenciarse la clara y manifiesta violación de los arts. 413 y 419 del CPP, incurriéndose en defectos absolutos por inobservancia del art. 124 con relación al art. 169 incs. 3) y 4) del CPP.


Por último, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 304/2006 de 25 de agosto de 2006 y 219 de 28 de junio de 2006, transcribiendo su contenido.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; y, b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme dispone el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días y de acuerdo al art. 130 del mismo cuerpo normativo, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación con la resolución recurrida, computándose sólo los días hábiles; en autos, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista 108, el 13 de febrero de 2015, habiendo formulado recurso de casación el 23 del mismo mes y año, ante la misma Sala y Tribunal que emitió la resolución impugnada, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal.


Cumplida la verificación del requisito de forma, corresponde analizar si el recurrente cumplió la exigencia legal que posibilite conocer el fondo de los motivos deducidos, plasmados en los arts. 416 y 417 del CPP. Al efecto, corresponde establecer, que el recurrente en casación, tiene la carga de fundamentar de manera adecuada cuál la presunta contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados, a partir de una clara y concisa explicación de los errores, falencias u omisiones en las que habría incurrido el Tribunal de alzada, que puedan efectivizar la admisión del presente recurso, conforme se explicó en el apartado III del presente Auto Supremo.


En ese contexto, el fundamento de casación, indistinta y simultáneamente, redunda sobre la revalorización de la prueba en la que habría incurrido el Tribunal de alzada, especificando que erradamente se consignó a un solo lote de terreno cuando éste fue dividido ilegalmente en dos fracciones, cada uno ocupado por los coacusados, extremo no considerado por los miembros del referido Tribunal, afirmando que extralimitaron sus específicas atribuciones; y, también a título de revalorización probatoria, asevera que no cumplió con la fundamentación ordenada por el art. 124 del CPP, añadiendo que existe una “floja opinión subjetiva, revalorización de pruebas y ausencia de una revisión detallada de los antecedentes procesales y de la personalidad individual de cada uno de los querellados” (sic).


Conforme lo descrito, se advierte que además, de no explicar sobre qué pruebas el Tribunal de alzada habría repetido la facultad de valoración de pruebas propia del Juez de mérito, de forma confusa denuncia, la falta de una fundamentación ordenada y una presunta ausencia de revisión detallada de los antecedentes procesales y de la personalidad individual de cada acusado, omitiendo referir mínimamente de qué modo dichas denuncias involucran una supuesta revalorización o falta de fundamentación, ni de qué forma resultan contradictorias con los precedentes invocados (Autos Supremos 282/2014-RRC de 27 de junio, 304 de 25 de agosto y 219 28 de junio ambos de 2006), omitiendo observar el deber que tiene como parte recurrente en casación de explicar mínimamente los aspectos que habrían provocado la denunciada contradicción jurisprudencial.


Por lo expuesto y en atención a que la simple denuncia de existencia de defectos absolutos, sin especificar el derecho o garantía supuestamente vulnerados, la forma de su lesión o la relevancia del mismo para la decisión final de la causa, constituyen las causales para declarar la inadmisibilidad del recurso, tanto por incumplimiento de las exigencias determinadas en los arts. 416 y 417 del CPP, para el examen de unificación jurisprudencial, como por inobservancia de los requisitos mínimos de admisión vía flexibilización expuestos y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación que se verifica de fs. 238 a 240, formulado por Carlos Eduardo Soto Arias. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA