TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 225/2015-RA

Sucre, 01 de abril de 2015


Expediente                : Potosí 6/2015        

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Paulino Andrade Antequera

Delito                : Uso de instrumento Falsificado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de febrero de 2015, cursante de fs. 337 a 349, Paulino Andrade Antequera, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 1/2015 de 13 de enero, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jorge Adolfo Patiño Aramayo contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 01/2014 de 3 de enero (fs. 168 a 178 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Paulino Andrade Antequera, autor y culpable de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, concediéndole además la suspensión condicional de la pena.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 184 a 197 vta.), resuelto por el Auto de Vista 7/2014 de 17 de marzo (fs. 255 a 259), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 399/2014-RRC de 19 de agosto (fs. 300 a 308), en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronuncio el Auto de Vista 1/2015 de 13 de enero, que declaró improcedente el citado recurso.


  1. El 27 de enero de 2015 (fs. 320 vta.), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, y el 2 de febrero del mismo año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente señala que el Auto de Vista impugnado carece de motivación y fundamentación en cada uno de los agravios identificados en su apelación restringida y por ello vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica, error que se trasunta en un defecto absoluto; incurriendo de igual manera en incongruencia omisiva, toda vez que no realizó la revisión del juicio jurídico que condujo a la aplicación errónea o inobservancia de la norma, pese a estar dispuesto por el Tribunal de casación, mediante el Auto Supremo 399/2014-RRC de 19 de agosto. En el acápite subtitulado 1.- INFRACCIÓN A NORMAS PROCESALES”, manifiesta que en el primer motivo denunciado en su apelación restringida, referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva en la que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, fue el Tribunal de alzada quien afirmó que los documentos valorados para determinar una sentencia condenatoria fueron determinados como falsos por el Tribunal de mérito, que en consecuencia también se lesionaba el bien jurídico tutelado que es la fe pública, por lo que en relación a lo alegado por el recurrente, no se advertía una ausencia de tipicidad. Continúa señalando, el recurrente, que de los antecedentes se advierte que los referidos documentos, cuyo uso se imputa, nunca fueron declarados legalmente falsos, porque ya no correspondía ante la declaratoria de prescripción de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica emitida por el juez cautelar en audiencia conclusiva, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de alzada. De igual manera, afirma que al no haberse calificado la clase de documento del cual se imputa su uso y no haberse efectuado una minuciosa revisión de los hechos denunciados como inobservados, se le ha dejado en total estado de indefensión.


Finalmente acusa que el Auto de Vista impugnado resulta ser contradictorio a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio, en la que se establecería que la autoridad competente sería el Juez de Sentencia y no así el Tribunal.


  1. En un segundo acápite, subtitulado: “CON RELACIÓN AL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO”, señala que el Auto de Vista, al igual que la Sentencia, carece de una adecuada fundamentación como impone el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), e incumple la obligación de revisar todos los puntos denunciados como violatorios en el recurso de apelación restringida (incongruencia omisiva). Señala que la referida resolución resulta ser incoherente y contradictoria a los Autos Supremos 255/2012 de 8 de agosto, 342/2006 de 28 de agosto y 399/2014-RRC de 19 de agosto, vulnerando de esta manera el debido proceso, la seguridad jurídica y constituyéndose además en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. En el punto: “CON RELACIÓN AL TERCER MOTIVO DEL RECURSO”, denuncia que el Tribunal de Sentencia no valoró un informe pericial en el que consta que la firma estampada en el documento corresponde a la supuesta víctima, constituyendo defecto de Sentencia previsto en el art. 301 inc. 6) del CPP, situación que no fue advertida por el Tribunal de alzada, quien comete el error insubsanable de no revisar que la valoración de la prueba por el Tribunal de Sentencia sea la correcta, con el argumento de que está impedido de revalorizar la prueba, extremo que jamás había solicitado el recurrente. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 317/2012 de 8 de octubre y 123/2012 de 25 de junio.


Acusa también que el Tribunal de alzada concluyó que en la sentencia impugnada en apelación restringida, no existía contradicción ni en la parte considerativa, ni en la resolutiva, cuando lo que correspondía era revisar las violaciones contenidas en la Sentencia que no valoró el contenido de un informe pericial, dictando una condena por la comisión del delito tipificado en el art. 203 del CP, sin la existencia ni demostración del documento falso que su persona hubiese utilizado. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos: 399/2014-RRC de 19 de agosto, 307/2003 de 11 de junio y 50/2002 de 30 de agosto.


El recurrente señala como precedentes contradictorios, que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de Sentencia, los siguientes Autos Supremos: 100/2005 de 24 de marzo, 512/2007 de 11 de octubre, 342/2006 de 28 de agosto, 155/2008 de 25 de marzo, 212/2008 de 16 de agosto, 504/2007 de 11 de octubre y 307/2003 de 11 de junio. 


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 27 de enero de 2015, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 2 de febrero del mismo año, formuló el recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


A fin de analizar el cumplimiento de los demás requisitos de admisión, esta Sala observa que en el proceso penal que se analiza, el recurrente en anterior oportunidad, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 7/2014 de 17 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resuelto por Auto Supremo 399/2014- RRC de 19 de agosto, pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado disponiendo se pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal aplicable, en cuyo mérito el Tribunal de apelación pronunció el Auto de Vista 1/2015 de 13 de enero, ahora impugnado; sin embargo, los argumentos del recurso de casación que se analiza (excepto el primer motivo referido a la falta de fundamentación del Auto de Vista y correspondiente contradicción con la doctrina establecida en el Auto Supremo 399/2014- RRC de 19 de agosto), son iguales a los esgrimidos en el recurso de casación que ya fue resuelto; en cuya virtud, esta Sala no puede  pronunciarse sobre estos otros reclamos que fueron resueltos y que además fueron declarados infundados, pues de hacerlo implicaría la apertura de su competencia para revisar sus propias determinaciones, extremo que no guardaría coherencia con el principio de seguridad jurídica; debiendo agregarse que la simple mención y transcripción parcial del segundo Auto de Vista (que mantiene los mismos fundamentos jurídicos del Auto de Vista dejado sin efecto, respecto a los puntos que fueron declarados infundados), en el actual recurso de casación, sea suficiente para la apertura de competencia de este Tribunal a los fines de desarrollar la labor de contraste que la ley le asigna; por lo cual los demás motivos descritos en el recurso de casación, devienen en inadmisibles. En consecuencia, al haberse cumplido mínimamente los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, en cuanto al primer motivo se refiere, corresponde analizar el fondo a efecto de establecer si existe o no contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal establecida por el Auto Supremo invocado  399/2014-RRC de 19 de agosto, emitido por este Tribunal casacional, y/o en su caso comprobar la vulneración del debido proceso, derecho a la seguridad jurídica como defecto absoluto inconvalidable, así como la incongruencia omisiva denunciada; deviniendo en admisible el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Paulino Andrade Antequera, de fs. 337 a 349, únicamente respecto al primer motivo, identificado en el acápite II inc. 1) de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA