TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 223/2015-RA

Sucre, 31 de marzo de 2015


Expediente                : Chuquisaca 6/2015

Parte Acusadora        : Jorge Daniel Cruz Montiel

Parte Imputada        : Félix Antonio Chambi Daza

Delito        : Abuso de Confianza


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de febrero de 2015, cursante de fs. 291 a 294, Félix Antonio Chambi Daza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 43/015 de 12 de febrero de 2015, de fs. 280 a 287, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Jorge Daniel Cruz Montiel en representación de Carlos Audivert Ruiz, Antonio Edmundo Ayllón Escóbar y Jesús Larrazabal Sáchez, representantes legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROSUD LTDA., en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 3 a 7), presentada por Jorge Daniel Cruz Montiel en representación de Carlos Audivert Ruiz, Antonio Edmundo Ayllón Escóbar y Jesús Larrazabal Sáchez, representantes legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Petrosud Ltda., una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca pronunció la Sentencia 09/2014 de 28 de abril (fs. 182 a 204 vta.), por la que declaró al imputado Félix Antonio Chambi Daza, autor de la comisión del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 del CP, condenándolo a la pena de reclusión de seis meses a ser cumplidos en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, más resarcimiento del daño civil causado y costas a ser calificadas en ejecución de sentencia; empero, se le concedió el perdón Judicial, al no ser la pena mayor a los dos años y conforme al art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en concordancia con el art. 365 del mismo cuerpo legal.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Félix Antonio Chambi Daza, formuló recurso de apelación restringida (fs. 212 a 222 vta.), resuelto por Auto de Vista 43/015 de 12 de febrero de 2015 (fs. 280 a 287), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisible el recurso.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista, el 12 de febrero  de 2015 (fs. 288), interpuso recurso de casación el 23 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extrae el siguiente motivo:


Alega el recurrente, que ante la formulación de su recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada, mediante proveído de 15 de agosto de 2014, le observó en sentido que, si bien refirió la norma habilitante y la norma violada o erróneamente aplicada; sin embargo, no señaló la aplicación que pretende. En virtud a ello, de manera oportuna no sólo subsanó dicha observación, sino que amplió los motivos de hecho y de derecho que sustentaban su pretensión; y por otro lado, los Vocales, apartándose de la única observación realizada a su impugnación, declararon inadmisible su recurso de apelación bajo otro argumento, señalando esta vez que no se especificó cuál es la base para el objeto del reclamo, y que ingresó en una suerte de confusión, porque si bien precisaron las disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas; empero, no las separó en sus fundamentos. Manifestación que considera contradictoria, confusa y falaz.


Sostiene que es contradictoria, porque modificó la observación; puesto que en la providencia se observó que si bien se refirió la norma habilitante y norma violada o erróneamente aplicada; empero, no la aplicación que se pretende y en el Auto de Vista ahora impugnado, se reclamó que no especificó la base para el objeto del reclamo; y que el Tribunal de alzada por lógica normativa entiende que sería el art. 370 inc. 1) del CPP para denunciar errónea aplicación de la ley sustantiva; y art. 370 inc. 6) del mismo cuerpo legal, para acusar defectuosa valoración de la prueba. Además, dichas autoridades, a tiempo de observar su recurso de apelación restringida ya dieron por cumplido el requisito; por lo que, no tenía ninguna obligación de reiterarlo.


Refiere que es confusa, dado que de un lado, refieren que en su recurso existió confusión y por otro lado, más adelante señalan que se precisaron las disposiciones legales que consideran violadas o erróneamente aplicadas; por tanto, ante esa identificación, luego no es posible atribuir dicho calificativo; y que es Falaz, puesto que el Auto de alzada refiere que los fundamentos no están separados, extremo que no es evidente; toda vez que, tanto en su memorial del recurso de apelación como en el de subsanación, los defectos de la Sentencia observados, fueron expuestos por separado; citando al art. 370 inc. 6) por valoración defectuosa de la prueba; y al inc. 1) del mismo precepto, por errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 346 del CP).


Concluye señalando que el Auto de Vista impugnado incurrió en violación de los arts. 124, 399 y 408 del CPP, 3 inc. 4); 30 incs. 6) y 12) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); puesto que, conforme a lo previsto por el art. 399 del CPP, las observaciones que se realicen al recurso de apelación restringida, se las debe realizar todas juntas y de manera fundamentada en hecho y derecho y sin contradicciones, no pudiéndose hacer otras posteriormente. En consecuencia, considera que la Resolución impugnada vulnera los principios a la seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso; por ende, sus derechos a recurrir de las decisiones judiciales y a la defensa, incurriendo en defectos procesales absolutos; por tanto, inconvalidables, contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP; por lo que, señala el impugnante, que no se encuentra constreñido a citar precedentes contradictorios, pese a que, invocó los Autos Supremos 128 y 147


de 6 y 17, ambos de marzo de 2008, respectivamente, 4 de 31 de enero de 2013 (Sala Primera), 259 de 6 de enero de 2011 y 335 de 10 de junio de 2011 (sic).


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal  Supremo de


Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo de interposición del recurso, habida cuenta que fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 12 de febrero de 2015 (fs. 288), presentando su recurso el 23 del mismo mes y año; cumpliendo con el art. 417 del CPP, teniendo presente que los días 16 y 17 de ese mes fueron declarados feriados nacionales por la festividad de Carnaval, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


En cuanto al único motivo expuesto por el recurrente, relativo a la supuesta manifestación contradictoria, confusa y falaz del Auto de Vista 43/015 de 12 de febrero de 2015, el cual declaró inadmisible su recurso bajo el argumento que: “…no especificó cuál es la base para el objeto del reclamo, deduciéndose por lógica normativa, que el art. 370 inc. 1) del CPP, fuera para denunciar la errónea aplicación de la ley sustantiva, y el art. 370 inc.6) del CPP para acusar la defectuosa valoración de la prueba; sin discriminar el fundamento separado que corresponde y fuere observado; ingresando en una suerte de confusión, de manera concreta, precisa las disposiciones que considera violadas o erróneamente aplicadas pero no las separa en sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocar otra violación” (sic).


Determinación que la hizo, sin tener presente que anteriormente, cuando planteó su recurso de apelación restringida, mediante proveído de 15 de agosto de 2015, el mismo Tribunal le observó en sentido que si bien, había referido la norma habilitante y norma violada o erróneamente aplicada; sin embargo, no señaló la aplicación que pretende y su subsanación.


Con relación a lo manifestado señala, que las observaciones realizadas ante la presentación de su impugnación debieron haberse realizado todas juntas y debidamente fundamentadas, no siendo posible luego de la primera subsanación, declarar inadmisible la pretensión en base a nuevas exigencias; como ocurrió en el caso que se analiza.


De lo brevemente relatado, es posible determinar que el recurrente invocó como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 128 y 147, de 6 y 17, ambos de marzo de 2008, respectivamente, 4 de 31 de enero de 2013 (Sala Primera), 259 de 6 de enero de 2011 y 335 de 10 de junio de 2011 (sic); sin embargo, no explicó ni fundamentó la contradicción con el Auto de Vista impugnado; es más, tampoco hizo la mínima referencia a la doctrina legal sentada por los aludidos Autos Supremos, impidiendo a este Tribunal cumplir la labor encomendada por ley, al no ser posible establecer el sentido jurídico distinto aplicado por el Tribunal de apelación, incumpliendo lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante a lo señalado, este Tribunal advierte que se denunció la vulneración de los principios a la seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso; por ende, los derechos constitucionales del impugnante, a recurrir de las decisiones judiciales y a la defensa, identificando plenamente el hecho que le causa agravio como es la presunta contradicción entre las observaciones realizadas a su recurso de impugnación, explicando en qué consistió la deficiencia en que incurrió el Tribunal de alzada, así como el resultado dañoso, el cual se materializa en la supuesta contradicción de las manifestaciones realizadas por el Tribunal de apelación, lo que conllevó a la violación de sus derechos fundamentales, derivados a su criterio, en la comisión de defectos procesales absolutos ;y por tanto, inconvalidables contenidos en el art. 169 inc. 3) del CPP; en tal sentido, cumplidos como están los requisitos para ingresar al análisis de fondo de este agravio en forma extraordinaria, el mismo resulta admisible via flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por Félix Antonio Chambi Daza, de fs. 291 a 294; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista 43/2015 de 12 de febrero, de fs. 280 a 287, así como el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA