TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 216/2015-RA

Sucre, 31 de marzo de 2015


Expediente                : Tarija 18/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otros 

Parte imputada        : Orieta Aquino Antelo 

Delito                : Corrupción de Menores


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de febrero de 2015, cursante de fs. 185 a 191 vta., Orieta Aquino Antelo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 28/2014 de 22 de diciembre, de fs. 181 a 183 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Abel Sanabria Arias y Margarita Mamani Martínez contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Corrupción de Menores, previsto y sancionado por el art. 318 con relación al art. 319 incs. 2) y 5) del Código Penal (CP), modificado por el art. 9 de la Ley 2023 de 29 de octubre de 1999.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 04/2014 de 4 de abril (fs. 153 a 161 vta.), el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Departamento de Tarija, declaró a Orieta Aquino Antelo, autora de la comisión del delito de Corrupción de Menores con su agravante, previsto y sancionado por el art. 318 y 319 incs. 2) y 5) del Código Penal (CP), imponiéndole la pena de seis años de presidio, con costas a favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Orieta Aquino Antelo  (fs. 167 a 170), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 28/2014 de 22 de diciembre (fs. 181 a 183 vta.), que declaró “sin lugar” el referido recurso, confirmándose la Sentencia apelada.


  1. El 2 de febrero de 2015 (fs. 195 vta.), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista y el 9 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        La recurrente denuncia la inobservancia a lo establecido por el art. 370 inc. 1) del CPP, ya que interpuso incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el cual fue resuelto por el Tribunal de Sentencia con argumentos alejados totalmente del ordenamiento jurídico, pero el Auto de Vista 28/14 de manera ambigua y sin ingresar al fondo, decidió declarar sin lugar su agravio, sin dar respuesta clara del porque la negativa, pese a que conforme a un debido proceso, una investigación debe ser sometida a un proceso sin dilaciones indebidas y a la fecha se encuentra siendo procesada por más de cinco años, sin que su situación jurídica sea resuelta, con el único argumento de la minoría de edad de las víctimas y que ese delito sería de lesa humanidad, cita Sentencias Constitucionales y el Auto Supremo 222/2007 de 7 de marzo.


2)        Añade que se incurrió en defectuosa valoración de la prueba, pues la Sentencia hizo mención de que el delito por el cual fue condenada, es el ilícito de Corrupción de Menores en el Grado de Agravante, el que jamás fue demostrado, situación que en su momento fue impugnada, pero el Tribunal de alzada indicó que el referido reclamo no tenía sustento y que se valoró de manera integral toda la prueba que fue incorporada a juicio utilizando la lógica, experiencia y psicología; tampoco se consideró según las actas, que en el momento de que las menores fueron encontradas en su domicilio, no estaban realizando ningún tipo de acto sexual inducido por ella, así en la declaración de las supuestas víctimas, ellas indicaron que no fueron obligadas por nadie a prostituirse, aspecto que ratificó el informe psicológico de una de las menores en la que se refirió que jamás fue objeto de inducción sexual, por lo que su condena se basó en una versión que solo le entorpece, y la declaración que pone en duda su actuación, lo consideran poco creíble, siendo evidente que lo único que se buscó era su condena, criterio que fue no solo asumido por el Tribunal de Sentencia sino por los propios Vocales de la Sala Penal, en franca violación al principio de inocencia y la errónea valoración de la prueba; cita la SC 207/2004 y el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006.

       

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 2 de febrero de 2015, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 9 de febrero de 2015, interpuso recurso de casación; es decir, el recurso suscitado se encuentra dentro del plazo previsto por el legislador, cumpliendo así con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación a los demás requisitos, se evidencia que en el primer motivo, el recurrente alega que, interpuso incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el cual fue resuelto por el Tribunal de Sentencia con argumentos alejados totalmente del ordenamiento jurídico, pero el Auto de Vista impugnado de manera ambigua y sin ingresar al fondo declaró sin lugar su agravio por la minoridad de las víctimas y porque el delito atribuido sería de lesa humanidad; al respecto, corresponde señalar que, conforme establece la normativa que regula los medios impugnatorios, para la revisión de cuestiones incidentales resueltas en la tramitación del proceso penal, se tiene previsto el recurso de apelación incidental, del que surge la decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que el recurso de casación sea un medio idóneo para examinar lo resuelto por el Tribunal de alzada, estando la competencia del Tribunal Supremo de Justicia delimitada a los casos previstos expresamente por ley, por lo que resulta inviable ingresar al fondo del presente motivo, dejándose constancia que esta Sala, en casos anteriores, únicamente ingresó al análisis de fondo de problemáticas vinculadas a incidentes y excepciones, cuando se denunció incongruencia omisiva, situación no concurrente en el caso de autos, al constatarse que el recurrente en los hechos cuestiona los argumentos asumidos por el Tribunal de alzada para desestimar su pretensión de extinción.


Respecto al segundo motivo, la recurrente realiza una relación de hechos investigativos y probatorios, concluyendo que se incurrió en defectuosa valoración de la prueba, pues la Sentencia hizo mención de que el delito por el cual se le condenó, es el ilícito de Corrupción de Menores con Agravante, el que jamás fue demostrado, pero el Tribunal de alzada estableció que se valoró de manera integral toda la prueba que fue incorporada a juicio utilizando la lógica, experiencia y psicología. En este sentido, se constata que la denuncia resulta  genérica, pues no establece de forma clara y precisa cómo el Tribunal de apelación se pronunció al respecto y que la recurrente se limita a citar la SC 207/2004 y el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, sin considerar en el primer caso que no constituye precedente contradictorio conforme a establecido este Tribunal de manera reiterada y uniforme; y, sin precisar en el segundo caso, la contradicción existente con la resolución impugnada; por lo que, las omisiones referidas, la incertidumbre acerca de lo que pretende la recurrente y la falta de claridad y  certeza en la exposición de sus argumentos, impiden realizar un análisis de fondo objetivo.


Por lo expuesto, el presente recurso deviene en inadmisible por carencia de legitimación objetiva en el primer motivo y por incumplimiento a los requisitos establecidos por el legislador respecto al segundo motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por Orieta Aquino Antelo, de fs. 185 a 192.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA