TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 200/2015-RA

Sucre, 24 de marzo de 2015


Expediente                : La Paz 20/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte imputada        : Warner Baptista Millares y otro  

Delitos                : Apropiación Indebida y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de enero de 2015, cursante de fs. 837 a 839, Warner Baptista Millares, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 80/2014 de 19 de noviembre, de fs. 832 a 834, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan José Chumacero Zurita contra el recurrente y Paul Enrique Elías Ballivián Velarde, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Robo y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previstos y sancionados en los arts. 345, 331 y 298 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 10/2012 de 27 de marzo (fs. 494 a 499), el Juez Sexto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Warner Baptista Millares, absuelto de culpa de la comisión de los delitos de Robo y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previstos y sancionados en los arts. 331 y 298 del CP.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el querellante Juan José Chumacero Zurita (fs. 510 a 514), y el imputado Paul Enrique Elías Ballivián (fs. 516 a 518), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 317/2012 de 9 de octubre (fs. 538 a 542), que anuló totalmente la resolución apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de sentencia.


c)    Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 03/2014 de 30 de enero (fs. 768 a 774), el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Warner Baptista Millares, autor de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado en el art. 345 del CP, imponiendo la pena de reclusión de dos años y seis meses, más el pago de costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia. Además, declaró la autoría del coimputado Paul Enrique Elías Ballivián Velarde, por la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio, siendo absueltos ambos imputados por el delito de Robo.


d)  Contra la citada Sentencia, el imputado Warner Baptista Millares (fs. 781 y vta.), formuló recurso de apelación restringida, que previa adhesión del coimputado Paul Enrique Elías Ballivián (fs. 796 a 797 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 80/2014 de 19 de noviembre, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada.


c)   El 14 de enero de 2015 (fs. 835), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 21 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente denuncia que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues pese a que el Juez de Sentencia emitió la Resolución 01/2014 de 9 de enero, por la cual rechazó la solicitud de ampliación de querella con base al art. 68 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone que los procesos por delitos de acción privada no pueden acumularse a procesos por delitos de acción pública; en una evidente incongruencia, fue sentenciado por delitos de acción privada que no fueron materia de la acusación particular; es decir, fue juzgado de manera conjunta por delitos de acción pública y privada, situación que no le dio oportunidad de defenderse porque fue sentenciado por apropiación indebida en un proceso de orden público que fue aperturado por allanamiento de domicilio y robo, siendo ratificada la sentencia por el Tribunal de alzada que inducido en error por el denunciante, erróneamente la confirmó a través del Auto de Vista impugnado.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 14 de enero de 2015, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 21 de enero de 2015, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación; cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto a los demás requisitos de admisión, se evidencia que el recurrente en principio se limitó a señalar en el memorial de casación que adjuntaba fotocopia de un precedente contradictorio y que si bien por memorial de 26 de enero de 2015, presentó el Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2006, no estableció de manera clara y precisa cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado; sin embargo, considerando los presupuestos de flexibilización desarrollados en el acápite anterior, se constata que el recurrente provee los antecedentes de hecho generadores del recurso, al sostener que el Tribunal de alzada confirmó erróneamente la sentencia condenatoria dictada en su contra por la comisión del delito de apropiación indebida, pese a que el Juez de Sentencia rechazó una solicitud de ampliación de querella con base al art. 68 del CPP que prohíbe la acumulación en un solo proceso de delitos de orden público y privado; precisa que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, enfatizando que fue condenado por un delito de orden privado por el cual no se aperturó la causa y respecto al cual no se le permitió el ejercicio de su defensa, invocando al efecto el art. 169 inc. 3) del CPP; en cuyo mérito, corresponde el análisis excepcional del presente recurso, a los fines de establecer si la denuncia tiene o no mérito.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Warner Baptista Millares, de fs. 837 a 839; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado, así como el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA