TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 186/2015-RA

Sucre, 18 de marzo de 2015


Expediente                : Tarija 14/2015

Parte Acusadora        : Carlos Paz Ide

Parte Imputada        : Claudia Alicia Molina Choque

Delitos        : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de enero de 2015, cursante de fs. 109 a 116 vta., Carlos Paz Ide en representación legal de AIDISA BOLIVIA S.A., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 188/2014 de 26 de diciembre, de fs. 105 a 108, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el recurrente en contra de Claudia Alicia Molina Choque, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular (fs. 19 a 22) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, la Jueza Primera de Sentencia de la ciudad de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 13/2013 de 10 de septiembre (fs. 77 a 84), declarando a la imputada Claudia Alicia Molina Choque, absuelta de pena y culpa por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 ambos del CP, por ser la prueba aportada insuficiente.


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular Carlos Paz Ide formuló recurso de apelación restringida (fs. 87 a 90 vta.), habiendo sido resuelto por Auto de Vista 188/2014 de 26 de diciembre (fs. 105 a 108), que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificada la parte recurrente con el referido Auto de Vista el 16 de enero de 2015 (fs. 108 vta.), interpuso recurso de casación el 26 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 109 a 116 vta., se extrae el siguiente motivo:


El recurrente, bajo el acápite “INCONGRUENCIA OMISIVA”, denuncia que el Tribunal de alzada no consideró sus denuncias referidas a: 1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, afirma, que reclamó que la Sentencia no contiene una adecuación típica respecto a la subsunción de los hechos; toda vez, que: i) respecto al delito de Apropiación Indebida simplemente transcribió la descripción del delito señalando que la conducta de la acusada no se adecuó al tipo penal, por qué no se demostró que la mercadería hubiera sido entregada a la imputada; empero, manifiesta el recurrente, que su persona en calidad de víctima señaló que la acusada le había indicado que si bien no sabía cómo desapareció la mercadería; sin embargo, ella asumiría la responsabilidad, declaración que no tuvo ninguna consideración en la Sentencia, incurriendo en incongruencia omisiva, y  falta de valoración en cuanto, a las declaraciones de Cesar Hernán Ardaya Alcázar, Edgar Ortíz Rivero, Andrés Durán Aguilera, quienes habrían manifestado que la mercadería ingresó a almacenes de AIDISA BOLIVIA S.A., que la acusada dio su visto bueno al momento de recepcionarla, no informando el faltante, demostrándose que la acusada se apropió de la misma, hecho reconocido por la propia imputada y su madre; habida cuenta, que era la única que tenía las llaves de los almacenes y la clave de la alarma; señalando además Edgar Ortíz Rivero que vio a la acusada manejando la furgoneta de la empresa un fin de semana, hecho que demostró que la acusada ingresó a la empresa en horarios fuera de oficina, utilizando el propio vehículo de la empresa para trasladar la mercadería; y, ii) En cuanto al delito de Abuso de Confianza, afirma, que el Tribunal de Sentencia sólo se habría limitado a realizar una transcripción del delito, alegando que la parte querellante no acreditó la entrega, ni el desplazamiento de la mercadería, no existiendo prueba que demuestre la Apropiación Indebida; empero señala, que no consideró que el delito de Abuso de Confianza es diferente al de Apropiación Indebida, ya que para su configuración no se requiere de la apropiación de algún valor sino basta con abusar de la confianza dispensada y generar daño, aspectos que no fueron considerados por el Tribunal de Sentencia ni por el de apelación, limitándose a señalar que la potestad valorativa es de exclusiva competencia del Juez inferior; -refiere- no solicitó nueva valoración sino una verificación sobre la falta de valoración, extremos expuestos en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación; empero, omitidos al momento de dictar el Auto de Vista recurrido, lesionando su derecho de víctima, al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, constituyendo defecto absoluto la falta de valoración de las pruebas que al haber sido oportunamente denunciadas en apelación, genera incongruencia omisiva. Al efecto invoca los Autos Supremos 184/2012 de 23 de julio y 91 de 28 de marzo de 2006 y las Sentencias Constitucionales 1009/2003-R y 0639/2011-R y 0486/2010-R de 5 de julio. 2. Defecto contenido en el art. 370 núm. 6) del CPP,  -refiere- que reclamó que no se valoraron de manera armónica las pruebas testificales de cargo consistentes en las declaraciones de su persona; y, de Andrés Durán Aguilera, Cesar Hernán Ardaya Alcázar y Edgar Ortíz Rivero, quienes al trabajar directamente con la acusada, habrían manifestado que la misma, autorizaba el ingreso de personal ajeno a la empresa, que sacaba el motorizado de la empresa en días inhábiles; ello, por que contaba con las llaves y clave de las alarmas, reclamos sobre los que, el Tribunal de alzada, sin ingresar a explicar la motivación se habría limitado a señalar que la Sentencia impugnada contenía la fundamentación fáctica y probatoria, y que se eximía de efectuar consideración alguna con relación a la valoración de la prueba, alegando que no le estaba permitido; empero,-afirma el recurrente- que no solicitó revalorización si no la verificación de defectos absolutos al no haber sido valorados los elementos de prueba, hechos que considera conllevan a la vulneración del debido proceso, invoca los Autos Supremos 319 de 24 de agosto de 2006, 6 de 26 de enero de 2007, 724 de 26 de noviembre de 2004 y 444 de 15 de octubre de 20 05; además, de la Sentencia Constitucional 1262/2004-R de 10 de agosto.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la  Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación

Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.

En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.

Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.

Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: i) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; ii) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.

V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 16 de enero de 2015 (fs. 108 vta.), presentando su recurso de casación el 26 del mismo mes y año, conforme consta del sello de recepción de fs. 117, considerando que el 22 de enero fue feriado a nivel Nacional, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no cumplió su labor de controlar la valoración probatoria efectuada por la Juez de Sentencia, en sus reclamos referidos a: i) Inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, en cuanto a los delitos de Apropiación indebida y Abuso de Confianza, puesto que  la Sentencia habría transcrito la descripción de los delitos, alegando que la conducta de la imputada no se adecuó a los tipos penales, no considerando la declaración del recurrente en su calidad de víctima, incurriendo en incongruencia omisiva; y, en falta de valoración, en cuanto a las declaraciones de Cesar Hernán Ardaya Alcázar, Edgar Ortíz Rivero y Andrés Durán Aguilera quienes manifestaron que la mercadería ingresó a almacenes de AIDISA BOLIVIA S.A., dando su visto bueno la acusada al momento de recepcionarlas, no informando el faltante, invoca en calidad de precedentes los Autos Supremos 184/2012 de 23 de julio y 91 de 28 de marzo de 2006 y las Sentencias Constitucionales 1009/2003-R y 0639/2011-R y 0486/2010-R de 5 de julio.; y, ii) Defecto del art. 370 numeral 6) del CPP; puesto que, no se habrían valorado de manera armónica sino aislada, las declaraciones testificales de su persona y de Andrés Durán Aguilera, Cesar Hernán Ardaya Alcázar y Edgar Ortíz Rivero, los últimos quienes manifestaron que la acusada habría autorizado el ingreso de personal ajeno a la empresa, sacando el motorizado de la empresa en días inhábiles; ello, por que contaba con las llaves y clave de las alarmas, al efecto  invoca los Autos Supremos 319 de 24 de agosto de 2006, 6 de 26 de enero de 2007, 724 de 26 de noviembre de 2004 y 444 de 15 de octubre de 2005; además, de la Sentencia Constitucional 1262/2004-R de 10 de agosto. Sobre estos reclamos, se observa que los presuntos agravios hubieran surgido antes de pronunciarse la Sentencia; entonces, los precedentes debieron ser invocados a tiempo de interponerse el recurso de apelación restringida; y, en casación, la parte recurrente tenía la carga procesal de señalar en términos claros; y, precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, conforme establece el art. 416 del CPP, situación que no sucedió.


No obstante de lo anterior, este Tribunal advierte que el recurrente fundamentó la vulneración a sus derechos constitucionales, identificando plenamente los antecedentes generadores del hecho (que el Auto de Vista no consideró que la Sentencia incurrió en incongruencia omisiva en cuanto a la declaración de la víctima, falta de valoración y defectuosa valoración de las pruebas testificales de cargo), identificando los derechos vulnerados (debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia); explicando  que la restricción de sus derechos consiste (en que se dictó una Sentencia injusta); y, que el resultado dañoso radica en que el Tribunal de alzada validó una Sentencia que incurrió en una incorrecta valoración de la prueba. De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Carlos Paz Ide en representación legal de AIDISA BOLIVIA S.A., de fs. 109 a 116 vta.; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA