TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 167/2015-RA

Sucre, 05 de marzo de 2015


Expediente        : La Paz 17/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Guillermo Mamani Churata

Delito        : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de enero de 2015, cursante de fs. 565 a 567 Guillermo Mamani Churata, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 75/2014 de 31 de octubre, de fs. 559 a 561, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Gregorio Ramírez Calami en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a las acusaciones pública (fs. 16 a 17) y particular (fs. 39 a 41), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia condenatoria 005/2014 de 15 de mayo (fs. 425 a 441), contra Guillermo Mamani Churata, por la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado en el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, sancionándolo con la pena privativa de libertad de 30 años, sin derecho a indulto a cumplir en el Penal de Chonchocoro, más el pago de costas al Estado y daños y perjuicios a la parte acusadora particular, que se regulara en ejecución de Sentencia.

b) La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por el acusado Guillermo Mamani Churata (fs. 500 a 505 vta.), habiendo sido resuelto a través de Auto de Vista 75/2014 de 31 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda, por el que se declaró improcedente el recurso; y, confirmando la Sentencia recurrida.


c) Notificado el recurrente con la resolución impugnada, el 9 de enero de 2015 (fs. 564), planteó recurso de casación el 15 del citado mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos venidos en casación, se extraen los siguientes motivos:


1) En el memorial de apelación restringida, se denunció el incumplimiento del art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y consecuente vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso, a causa de no haberse otorgado la oportunidad de ofrecer pruebas de descargo, habiendo establecido el Auto de Vista 75/2014, en el considerando tercero, punto 1, que al tratarse de un error in procedendo, debió haber sido reclamado en su momento, por lo que aduce contradicción con el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009, que señala que el ofrecimiento de pruebas de descargo es un elemento esencial del derecho a la defensa, correspondiendo su revisión de oficio, al constituirse en un defecto absoluto conforme previene el art. 169 inc. 3) del Código citado.


Resalta además que, no se consideró en el Auto de Vista recurrido, que se dictó un Auto de apertura de juicio, que no admite recurso ulterior.


2) Con relación al reclamo sobre la falta de firma de los Jueces Técnicos en la Sentencia, el Tribunal de alzada aseveró que dicho cuestionamiento no era evidente, señalando más adelante que “tampoco se presentó elemento de prueba alguna que evidencie su reclamo” (sic); empero, en el memorial de apelación restringida, otrosí 2do., ofreció la presentación de una copia validada de la Sentencia, la misma que fue presentada en audiencia de fundamentación y presentación de prueba del recurso, el 24 de septiembre de 2014; por lo que, asevera que se conculcaron sus derechos a obtener tutela judicial efectiva y al debido proceso, contradiciendo la línea jurisprudencial sentada en las Sentencia Constitucionales 1521/2011 de 11 de octubre, 880/2011-R de 6 de junio y 871/2010-R de 10 de agosto.


También aduce que el Auto de Vista recurrido, no guarda relación con el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005, que establece que concluida la deliberación de la Sentencia, ésta debe ser firmada inmediatamente; empero, en su caso no obstante el Tribunal de alzada aseveró que existen las firmas extrañadas, no valoró la copia validada de la Sentencia donde no aparecen las firmas de los Jueces ni del Secretario, por lo que infiere que las firmas no fueron estampadas de “manera INMEDIATA”, como señala la línea jurisprudencial.


3) Sobre la denuncia de valoración defectuosa de la prueba y falta de fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de alzada señaló que “de manera puntual y concreta en el apartado de “CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO-VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL”, efectuó una fundamentación, contradiciendo lo determinado en los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2003, 411 de 20 de octubre de 2006 y 518 de 17 de noviembre del mismo año; por cuanto, no se trató el motivo de apelación consistente a las declaraciones de los testigos de cargo, resultando la fundamentación del Auto de Vista insuficiente.


El Auto de Vista también contradice los Autos Supremos 241 de 28 de mayo de 2007 y 65/2012 de 19 de abril; por cuanto, se limitó a señalar que existe un apartado concreto de la Sentencia; empero, no se pronunció sobre si en la valoración y la fundamentación de la Sentencia se cumplió o no con la fundamentación analítica. Asimismo, contradice los Autos Supremos 196/2008 de 20 de mayo, 49/2012 de 17 de julio de 2012, 507/2009, 646/2009 y 72/”204”, entre otros, que determinan entre otras cosas que se puede denunciar la vulneración de la sana crítica y que ello no implica una nueva valoración de la prueba, menester además que no existe pronunciamiento sobre dichas reglas.


4) Respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, referida a la subsunción del delito de Asesinato, en el punto 5 del Auto de Vista impugnado, señala la valoración de las pruebas MP2, MP3 y MP4; además, de las pruebas testificales, revalorizándolas, a pesar de haber establecido previamente que no puede revalorizar pruebas, resultando contradictorio a la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de admisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, en el presente caso, consta que el Auto de Vista 75/2014 se notificó al recurrente el 9 de enero de 2015, habiendo planteado recurso de casación el 15 del citado mes y año, ante la Sala Penal Segunda, resultando que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió la resolución impugnada.


Ahora bien, con relación a los aspectos mencionados en el memorial de casación, se tiene como primer agravio que el Tribunal de alzada concluyó que la denuncia sobre la falta de oportunidad para ofrecer pruebas de descargo debió haberse efectuado en su momento, en contradicción con la doctrina legal asumida en el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009; respecto del cual, el recurrente se limitó a establecer vagamente su contenido, referido a que corresponde la revisión de oficio cuando se cuestiona el ofrecimiento de pruebas, al ser ese un elemento esencial del derecho a la defensa; empero, no estableció los supuestos de hecho análogos que darían lugar a la aplicación del precedente con el caso concreto, resultando imposible su admisión por incumplimiento del mandato dispuesto en el art. 417 del CPP.


No obstante lo definido, constatándose la denuncia de defectos absolutos, relativos a la probable lesión del derecho a la defensa del recurrente, es preciso verificar si cumplió con los requisitos expuestos en el apartado IV del presente Auto Supremo, para su admisión vía flexibilización. Así, se tiene que si bien el recurrente identificó el derecho presuntamente lesionado y los antecedentes del caso, no especificó la prueba extrañada ni el resultado dañoso que su no consideración tuvo en la resolución de su causa; es decir, la relevancia que la prueba de descargo importaba para la decisión final asumida en el proceso, razón por la que el agravio denunciado resulta inadmisible.


En cuanto al segundo agravio, relativo a la afirmación efectuada por el Tribunal de apelación con relación a que habría omitido probar su denuncia sobre la falta de firmas de los Jueces y Secretario en la Sentencia, no obstante presentó una copia validada de la resolución de instancia en la audiencia de apelación restringida, denuncia que contradijo la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005; sin embargo, el recurrente sólo se circunscribió a referir la doctrina legal establecida, sin explicar los supuestos fácticos similares contenidos en ella en comparación con su caso concreto; en consecuencia, también omitió especificar en términos claros y precisos cuál la contradicción entre lo resuelto por el Auto Supremo citado y la determinación asumida por el Tribunal de alzada, en claro incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP; impidiendo que este máximo Tribunal de Justicia aperture su competencia.


Respecto al tercer agravio denunciado, referente a la fundamentación insuficiente que denotaría el Auto de Vista impugnado sobre la denuncia de valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación de la Sentencia, el recurrente afirma la existencia de contradicción con los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2003, 411 de 20 de octubre y 518 de 17 de noviembre, ambos de 2006, explicando que el Tribunal de alzada no trató el motivo de apelación específicamente en lo referente a las declaraciones de los testigos de cargo, transcribiendo la doctrina legal aplicable. Asimismo, invocó la aplicación del Auto Supremo 65/2012 de 19 de abril, igualmente transcribiendo parte de su contenido, explicando que el Auto de Vista impugnado no la consideró, limitándose simplemente a señalar que existe un apartado concreto en la Sentencia, sin pronunciarse sobre si en la valoración y fundamentación de la misma, se cumplió o no con el estudio de la fundamentación analítica, argumentación que a efectos de verificación de una posible contradicción en cuanto a la fundamentación cuestionada, resulta bastante para su análisis de fondo, resultando admisible.


Con relación a las demás resoluciones cuya aplicación se invoca, se advierte que los Autos Supremos 241 de 28 de mayo de 2007 y 49/2012 de 17 de julio, con tal descripción no existen. El Auto Supremo 196/2008 de 20 de mayo es una resolución que declaró infundado el recurso de casación que analizó, el Auto Supremo; y, por último, no fue posible identificar plenamente los Autos Supremos 507/2009, 646/2009 y 72/”204” debido a la falta de consignación de la fecha de su emisión, razón por la cual no serán considerados a efectos del análisis de fondo del recurso.


El cuarto agravio, concerniente a la supuesta revalorización de pruebas efectuada por el Tribunal de alzada, no será analizado en el fondo debido a que el recurrente no invocó doctrina legal específica, ni mucho menos explicó mínimamente cuál la contradicción del Auto de Vista recurrido con la jurisprudencia pertinente; corroborándose la inobservancia de la obligación estipulada en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo el motivo en inadmisible.


Por último, es preciso aclarar al recurrente que conforme a los alcances establecidos en el art. 416 citado, constituyen precedentes contradictorios los Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos emitidos por este Tribunal, en cuyo mérito las Sentencias Constitucionales citadas, no son consideradas como tales a efectos de realizar la labor de contrastación jurisprudencial atribuida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 565 a 567, interpuesto por Guillermo Mamani Churata, únicamente en cuanto al motivo descrito en el inc. 3) del apartado II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 75 /2014 de 31 de octubre, de fs. 559 a 561, así como el presente Auto Supremo. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA