TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 164/2015-RA

Sucre, 05 de marzo de 2015


Expediente                : Santa Cruz 13/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público 

Parte imputada        : Roberto Polo Torrez  

Delito                : Transporte de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2014, cursante de fs. 306 a 308, Nelly Fanny Alfaro Vaquila, Fiscal de Materia, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 33 de 30 de julio de 2014, de fs. 295 a 298 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Polo Torrez, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 11/2013 de 22 de abril (fs. 274 a 277 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Roberto Polo Torrez, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares personales.


b)   Contra la mencionada Sentencia, Carlos Rudy Parada Soleto, Fiscal de Materia, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 282 a 283 vta.), resuelto por Auto de Vista 33 de 30 de julio de 2014, que declaró admisible e improcedente el referido recurso.


c)   El 17 de septiembre de 2014 (fs. 300), el Ministerio Público fue notificado con el referido Auto de Vista y el 25 de septiembre del mismo mes y año, planteó recurso de casación.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de recurso de casación, se extraen el siguiente motivo:


La representante del Ministerio Público, sostiene que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado, no establecen el valor probatorio del total de las pruebas aportadas, limitándose a explicar únicamente el razonamiento de los Jueces ciudadanos relativo a la declaración del imputado y la falta de declaración de testigos, dejando a un lado la documental que también es parte del proceso y que fue legalmente incorporada y judicializada, la cual establece el hallazgo de la sustancia controlada y las circunstancias en las que fue encontrada, como la aprehensión del acusado.


Agrega que de acuerdo a la doctrina existente y del análisis de los hechos y de la totalidad de las pruebas, se demuestra la participación del imputado en el delito de Transporte de Sustancias Controladas, en su condición de conductor del vehículo como del presunto pasajero que se dio a la fuga, dejándose a lado la aplicación de la sana crítica que comprende el análisis sistemático de ciencia y experiencia en la valoración de la prueba documental; resultando que en el caso concreto, el Auto de Vista no establece el valor probatorio de la prueba de descargo, que no existió para demostrar la no participación del imputado, pero “fue considerada cuando demostró únicamente datos referenciales de la actividad económica supuesta del imputado, pero cabe recordar que no son las hechos que se juzgaba” (sic). Cita el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 17 de septiembre de 2014, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 25 de septiembre del mismo año, interpuso recurso de casación, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, considerando que el 24 del mes y año señalado, fue feriado en el Departamento de Santa Cruz; cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación a los demás requisitos, se evidencia que la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado de casación no hubiese establecido el valor probatorio del total de las pruebas aportadas en el acto de juicio, enfatizando que en el caso estuviese demostrada la participación del imputado en el hecho atribuido, para finalmente especificar que el Tribunal de alzada no hubiese establecido el valor probatorio de la prueba de descargo. Sin embargo, se advierte que la parte recurrente se limita a glosar parcialmente la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, sin establecer de manera clara y precisa, cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado; por el contrario, pese a resaltar en dicha glosa que el recurso de apelación restringida no es el medio para revalorizar la prueba y/o revisar las cuestiones de hecho que hacen a los jueces o tribunales inferiores, concluye afirmando que las pruebas presentadas y judicializadas por el Ministerio Público: “no fueron valoradas de manera correcta, tanto por el tribunal de sentencia como por el tribunal de la sala penal segunda” (sic); es decir, efectúa un planteamiento confuso y contradictorio, imposibilitando que este Tribunal pueda ejercer la labor de contraste que la ley le asigna.


Por lo expuesto, este Tribunal considera como graves las falencias del recurso de casación, razón por la cual ve pertinente remitir antecedentes a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, a los efectos legales que correspondan.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por Nelly Fanny Alfaro Vaquila, de fs. 306 a 308; asimismo, por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA