TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 156/2015-RA

Sucre, 04 de marzo de 2015


Expediente                : Cochabamba 8/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Lucio Espinoza Ortega

Delito        : Violación de Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de enero de 2015, cursante de fs. 447 a 451 vta., Lucio Espinoza Ortega interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 91 de 11 de noviembre de 2014, de fs. 441 a 445, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de MAP Internacional contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 Bis en relación al 310 incs. 2), 3) y 4) todos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a la acusación pública (fs. 2 a 4 vta.) y la acusación particular (fs. 21 a 24 vta.) y una vez concluida la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 16/12 de 26 de abril de 2012 (fs. 334 a 340), emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el que se declaró al imputado autor del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, tipificado por los arts. 308 Bis en relación al 310 incs. 2), 3) y 4) todos del CP, condenándole a la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas.


b)  Contra la referida Sentencia el imputado Lucio Espinoza Ortega, formuló recurso de apelación restringida (fs. 377 a 383 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 91 de 11 de noviembre de 2014 (fs. 441 a 445), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso, confirmando la Sentencia apelada.


c)   Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista el 8 de enero de 2015 (fs. 446 vta.), interpuso recurso de casación el 15 de igual mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extrae el siguiente motivo:


Con argumentos desordenados y poco inteligibles, cuyos argumentos centrales son es el cuestionamiento de la valoración de la prueba, la falta de fundamentación de la Sentencia, que no existen elementos que sostengan su autoría en los hechos investigados y que la pena impuesta es excesiva; el recurrente alega que: En el juicio no se demostró con certeza y con elementos probatorios, que su persona sea el autor del supuesto delito, habiéndosele condenado sin valorar la prueba de cargo; asimismo, la Sentencia carece de fundamentación, por cuanto solo hace referencia a que la víctima hubiere sufrido agresión sexual desde los nueve años; sin embargo, no se tomó en cuenta la declaración de la testigo Mireya Espinoza, ya que si hubiera tenido una conducta delictiva, la misma se extendería hacia su otra hija; por esa carencia de fundamentación razonable, la Sentencia no reúne las condiciones mínimas de validez.


Respecto a la debida fundamentación, la doctrina enseña que se debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa una decisión, lo que no ocurre en el caso presente, por cuanto existe una simple relación de documentos, lo que vulnera el art. 173 del CP, dando lugar a defecto absoluto; refiere igualmente que, no se respetaron sus derechos de presunción de inocencia y derecho a la defensa, a efectos de demostrar su  inocencia. Agrega que, el Juez no valoró para la imposición de la pena, que se valoró únicamente los testigos de cargo, sin que hubiera presentado ningún testigo de descargo.


Finalmente, afirma que el Tribunal de alzada no corrigió la valoración de las pruebas, subsistiendo la vulneración al debido proceso y a los precedentes del Tribunal Supremo de Justicia, pudiendo el Tribunal de alzada modificar el quantum de la pena por la injusticia en la imposición de una pena de veinte años.


Invoca como precedentes los Autos Supremos 296 de 22 de junio de 2010, 214 de 28 de marzo de 2007, 322 de 28 de agosto de 2006.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que lo dictó, ya que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 8 de enero de 2015 (fs. 446 vta.), presentando su recurso el 15 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo en seguida verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


De lo poco comprensible del recurso, debido a lo entremezclado de sus argumentos, se extractó como argumentos de la denuncia, la falta de fundamentación de la Sentencia, que no existen elementos que sostengan su autoría en los hechos investigados, la defectuosa valoración de la prueba de cargo y que la pena de veinte años sería injusta; empero, del tenor del memorial de casación se advierte que, el imputado no realizó la exposición concreta de los razonamientos emergentes del Auto de Vista impugnado que le causaron los agravios que alega, confundiendo y reemplazando la misma, por un lado, con la llana reiteración de parte de sus argumentos del recurso de apelación restringida, y por otro, con aspectos contenidos en la Sentencia, además de la mención: “pudiendo el tribunal de alzada modificar el cuantum de la pena” (sic); cuando lo que correspondía era, a partir de la o las conclusiones arribadas por el Tribunal de alzada, explicar de manera fundamentada, cuál la contradicción existente entre la Resolución impugnada, con los fundamentos expresados en precedentes contradictorios, que dichos sea de paso, no fueron invocados en apelación restringida como correspondía, a objeto de que este Tribunal pueda ingresar a verificar la probable asignación de un sentido jurídico distinto por parte del Tribunal de alzada, al mismo supuesto fáctico; deficiencias que impiden a este Tribunal cumplir la labor que le asigna la ley.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia a los derechos a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso como se observa en el caso presente, pues a efectos de ingresar al fondo de los agravios vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite III de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, pues a más de señalar de forma muy poco clara los hechos y los derechos vulnerados, de ninguna manera se precisa su relación ni en qué consistiría la restricción o disminución de los citados derechos, y menos se explica el resultado dañoso emergente de los supuestos defectos, derivando en que estos motivos resulten inadmisibles, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Lucio Espinoza Ortega de fs. 447 a 451 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA