TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 147/2015-RRC

Sucre, 27 de febrero de 2015


Expediente                : Cochabamba 95/2014

Parte acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte imputada                : Ángel Choque Canaviri y otra

Delito                : Asesinato 

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2013, cursante de fs. 193 a 196, Juvenal Corani Nina, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 45 de 16 de septiembre de 2013, de fs. 171 a 182, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente, contra Ángel Choque Canaviri y Juana Chivi Condori, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes


  1. Por Sentencia 46/2010 de 6 de diciembre (fs. 129 a 135), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a los imputados Ángel Choque Canaviri y Juana Chivi Condori, autores de la comisión del delito de Asesinato, tipificado por el art. 252 incs. 1), 2), 3) y 4) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia.


b)        Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ángel Choque Canaviri (fs. 138 a 146) y Juana Chivi Condori (fs. 148 a 149), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del Auto de Vista 45 de 16 de septiembre de 2013, que declaró procedente en parte los citados recursos, anuló la Sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio; motivando la interposición de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial de casación formulado por el acusador particular Juvenal Corani Nina y el Auto Supremo 696/2014-RA de 1 de diciembre, se tiene el siguiente motivo sujeto a análisis:


El recurrente sostiene que la parte imputada interpuso recurso de apelación restringida solicitando el saneamiento procesal, sin mencionar con claridad los derechos que se hubieren vulnerado y hubiese conllevado a una valoración y/o calificación errónea, siendo que en la Sentencia se dio una correcta valoración y calificación del tipo penal, por haberse determinado el grado de participación y autoría en la comisión del delito de Asesinato, imponiéndose la pena máxima de 30 años de presidio sin derecho a indulto. No obstante, denuncia que el Tribunal de apelación anuló la Sentencia e incurrió en error al señalar que no se valoró en forma correcta las pruebas de descargo, sin especificar cuáles o qué pruebas no fueron valoradas, sin cumplir con la debida fundamentación exigida por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en el defecto absoluto previsto en el inc. 3) del art. 169 del CPP al atentar el derecho al debido proceso, por no haber analizado que el Tribunal de Sentencia de Quillacollo realizó una correcta valoración de las pruebas para demostrar que los imputados son partícipes y autores del delito previsto en el art. 252 incs. 1), 2), 3) y 4) del CP.


Agrega que durante el desfile probatorio, se evidenció que fue Ángel Choque Canaviri, quien realizó disparos contra el occiso y Juana Chivi armada de un cortaplumas, terminó con la vida de su esposo, aspectos que fueron valorados correctamente por los miembros del Tribunal de Sentencia, apreciando los medios de prueba con deducciones lógico jurídicas vinculadas entre sí para arribar a la convicción de los hechos.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita la admisión de su recurso y se declare su procedencia, por ende, se anule el Auto de Vista recurrido y se confirme la sentencia pronunciada en la causa.


I.2. Admisión del recurso


Por Auto Supremo 696/2014-RA de 1 de diciembre, este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por Juvenal Corani Nina.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 46/2010 de 6 de diciembre, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a los imputados Ángel Choque Canaviri y Juana Chivi Condori, autores de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1), 2), 3) y 4) del CP, imponiéndoles la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia, argumentando:


“Que del conjunto de los elementos probatorios producidos durante el juicio oral, sometidas las mismas al principio de la inmediación y contradicción, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica que faculta el Art. 173 del Código de Pdto. Penal, se arriba a la inequívoca convicción, sobre la autoría, participación y responsabilidad penal de los imputados: Ángel Choque Canaviri y Juana Chivi Condori, con relación a la muerte violenta y a mansalva del Lorenzo Corani Nina, dicho desenlace comenzó a generarse de manera premeditada y dolosa, primeramente con la convivencia extramatrimonial en ausencia del esposo de la imputada, que estos esposos ingresaron en calidad de partidarios en actividades laborales en los terrenos del imputado Ángel Choque Canaviri, donde al ser viudo entro en confianza con Juana Chivi Condori, llegando a mantener relaciones sentimentales y sexuales, llegando a constituirse en un obstáculo la presencia de la victima Lorenzo Corani Nina, por lo que llegaron a planificar de manera dolosa y premeditada el deceso del occiso Lorenzo Corani Nina, viendo como propicia la oportunidad de la fiesta de la buena llegada del cuartel de uno de los comunarios, donde se constituyeron ambos esposos como también el coimputado Ángel Choque Canaviri, surgiendo incluso algunas escenas de celos por cuanto Lorenzo Corani Nina, tomó conocimiento de que su esposo Juana Chivi Condori, mantenía una relación sentimental con Ángel Choque Canaviri, pues resultan esclarecedores las declaraciones de los testigos de cargo, en señalar que el imputado Angel Choque Canaviri, esa noche de la fiesta vestia un pantalón de color plomo tipo jen y que al día siguiente apareció vistiendo un pantalón negro, que la relación sentimental ha permitido ganar la confianza y entablar una relación sentimental con la misma en ausencia de su esposo Lorenzo Corani Nina, para tramar posteriormente el desenlace fatal y doloso sobre la muerte de Lorenzo Corani Nina, siendo el autor directo Ángel Choque Canaviri, con anuencia e instigación de Juan Chivi Condori, los testigos de cargo, coinciden en señalar que el imputado Ángel Choque Canaviri, es el autor del hecho de sangre perpetrado bajo la instigación de Juana Chivi Condori. Que, en el presente caso, existiendo los elementos del delito la acción dolosa ejercida por los nombrados imputados, la tipicidad que es la adecuación de la conducta de los nombrados a la norma penal prevista en el Art. 252 numerales 1), 2), 3) y 4) del Código Penal, la anti juricidad habiendo obrado en contra de la norma punitiva y la culpabilidad que es el reproche penal por lo que hicieron, se concluye que obraron con total desprecio a la vida humana, vulnerando el bien jurídico protegido que constituye el derecho a la vida que se halla consagrada en el Art. 15 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos” (sic).


II.2.        Recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, los imputados, formularon recursos de apelación restringida, alegando el imputado Ángel choque Canaviri, entre otros motivos, que la Sentencia impugnada incurrió en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, porque en su criterio, no existe ni una sola prueba que lo vincule como autor del homicidio juzgado, basándose el Tribunal de Sentencia en su declaración que conforme lo señalado por el Auto Supremo 209 de 28 de marzo de 2007, no tiene validez alguna. Además, alegó que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal, porque no consta prueba que indique que su persona sea autor del homicidio que fue calificado como Asesinato.


Por su parte, la imputada Juana Chivi Condori, entre otros motivos, denunció que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, ya que en su criterio el Ministerio Público no probó su acusación, pues ningún testigo acreditó que su persona asesinó a la víctima, además de que los hechos que motivaron el juicio no se adecuaron al tipo penal previsto por el art. 252 del CP, señaló también que el Tribunal de Sentencia violó el art. 365 y no observó la aplicación del art. 13 del CP, enfatizando que la valoración probatoria realizada por el Tribunal no se enmarcó en las previsiones contenidas en los arts. 124 y 359 párrafo I de la CPP.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


Los recursos de apelación restringida expuestos precedentemente, fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del Auto de Vista 45 de 16 de septiembre de 2013, que declaró procedente en parte los citados recursos, anuló la Sentencia apelada y ordenó reposición del juicio, argumentando, entre otros aspectos, lo siguiente:


En cuanto a la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva y la falta de fundamentación de la Sentencia, estableció que estos defectos previstos por los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, tienen estrecha relación, pues los recurrentes alegaron que no existe prueba de su responsabilidad penal, así como tampoco una clara configuración de su conducta, quebrantándose el principio de legalidad. Argumentó luego de realizar consideraciones doctrinales sobre la fundamentación fáctica, probatoria descriptiva, intelectiva y jurídica; que revisada la Sentencia apelada, el Tribunal de mérito no efectuó una adecuada fundamentación probatoria intelectiva, pues en el considerando IV se realizó la fundamentación probatoria descriptiva de la prueba testifical y literal de cargo, y en el considerando V dedicado a la fundamentación intelectiva, el Tribunal de mérito expuso la conclusión a la que arribó, sin valorar cada uno de los elementos de prueba obtenidos y sin expresar el valor probatorio que les asignó, la apreciación que los medios de prueba merecen, las deducciones lógico jurídicas que del análisis de cada una de ellas extrajo y la vinculación entre sí para arribar a las convicciones o hechos que el Tribunal tuvo por probados.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO


El presente recurso de casación fue admitido vía flexibilización ante la denuncia de vulneración del debido proceso, por falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, pues en el planteamiento del recurrente el Tribunal de alzada anuló la Sentencia e incurrió en error al señalar que no se valoró en forma correcta las pruebas de descargo, pues no habría especificado qué pruebas no fueron valoradas, incumpliendo con la debida fundamentación exigida por el art. 124 del Código de Procedimiento penal (CPP), incurriendo en el defecto absoluto previsto en el inc. 3) del art. 169 del CPP; en cuyo mérito, previo a realizar el análisis correspondiente al caso concreto, es menester efectuar una precisión sobre la exigencia de la fundamentación en las resoluciones judiciales.


III.1.        La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, tales como el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


  1. Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


  1. Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


  1. Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


  1. Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


  1. Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia” (Las negrillas son nuestras).


III.2. Análisis del caso concreto.


En el caso concreto, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, no cumplió con la debida fundamentación exigida por el art. 124 del CPP, a tiempo de anular la Sentencia y ordenar su reposición por errónea valoración de la prueba de descargo, pues no señaló qué prueba no fue valorada correctamente, además no observó la correcta valoración probatoria realizada por el Tribunal de mérito.


Revisado el Auto de Vista impugnado, se establece que el Tribunal de alzada, luego del análisis de la Sentencia 46/2010 de 6 de diciembre pronunciada en la presente causa, estableció que en el considerando V, reservado a la fundamentación probatoria intelectiva, el Tribunal de Sentencia en lugar de otorgar valor probatorio a cada una de las pruebas judicializadas, para posteriormente expresar las deducciones lógico jurídicas que del análisis de cada una de ellas extrajo y como se vinculan entre sí para arribar a las convicciones expuestas en la fundamentación fáctica; describió de forma directa los hechos tenidos por probados, sin mencionar qué prueba y de qué manera se demostró la acción u omisión en que incurrieron cada uno de los imputados.


Asimismo, el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el primer motivo de apelación restringida, referido a la supuesta vulneración del derecho a la defensa técnica, fundamentó que dicho agravio no era evidente, expresando que el recurrente no podía alegar tal vulneración tomando en cuenta que ninguno de sus abogados defensores había ofrecido prueba en el momento procesal oportuno; lo cual demuestra, una situación contraria a la planteada por el acusador particular en su recurso de casación, pues la decisión del Tribunal de alzada de ordenar el reenvío del juicio, no se fundó en una supuesta errónea valoración de la prueba de descargo, porque en primer lugar estableció que la defensa jamás ofreció prueba, y en segundo lugar porque conforme al análisis y el control legal de la fundamentación probatoria de la Sentencia, estableció que no se efectuó la fundamentación probatoria intelectiva de los medios probatorios incorporados en el juicio; es decir, que el Tribunal de Sentencia, si bien hizo la valoración probatoria descriptiva en la que detalló el contenido de las declaraciones testificales y la prueba documental incorporada a juicio, no cumplió con la valoración probatoria intelectiva de cada uno de los medios de prueba; es decir, omitió pronunciarse sobre los medios probatorios, en sentido si eran relevantes o irrelevantes y porqué. Además, destacó que pese a referir en el considerando V, que conforme a las reglas de la sana crítica que faculta el art. 173 del CPP, arribó a la inequívoca convicción sobre la autoría, participación y responsabilidad penal de ambos imputados, no expresó qué medios de prueba sirvieron para llegar a esa convicción, cuando debió vincular cada medio de prueba y en base a la apreciación conjunta y armónica de las mismas, expresar sus convicciones, sustentadas en el elenco probatorio.


Al respecto, este Tribunal en varios Autos Supremos, entre ellos el 354/2014-RRC de 30 de julio, estableció: “En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme nuestro sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella; de la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, impide verificar, si la valoración de la prueba sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica”.


Finalmente, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que el Tribunal de alzada, actuó en observancia de la amplia doctrina legal aplicable sentada por este máximo Tribunal, emitiendo un Auto de Vista que cumplió con los requisitos de una resolución debidamente fundamentada, al ser expresa, clara y completa, que brinda seguridad tanto a las partes como a la población en general, en cuanto a la corrección de la decisión asumida, pues advertido de que el Tribunal de instancia pronunció un fallo sin fundamentación intelectiva sobre la valoración de la prueba incorporada en juicio, vulneró la previsión de los arts. 173 y 359 del CPP, e incurrió en el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del citado Código; y, de manera correcta, cumplió con la previsión establecida en el art. 413 de la misma norma, al haber anulado la Sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio a efecto de garantizar que las partes en conflicto puedan someterse nuevamente al conocimiento, discusión y valoración de la prueba, a fin de que otro Tribunal, observando los principios de inmediación y contradicción que rigen al proceso y el circuito probatorio, emita nueva Resolución con la debida fundamentación probatoria, velando por el respeto al debido proceso reconocido en su triple dimensión, tanto como derecho, garantía y principio, conforme lo dispuesto por los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE.


En consecuencia, no es evidente la denuncia formulada por la parte recurrente, pues el Tribunal de alzada al resolver los recursos de apelación restringida formulados por los imputados, estableció de manera precisa y clara la razones por las cuales declaró procedentes en parte los citados medios de impugnación, para luego ordenar la anulación de la sentencia apelada y la reposición del juicio, teniendo en cuenta que tanto la jurisprudencia constitucional como la emitida por este Tribunal, ha sostenido de manera reiterada que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, resultando en esa lógica,  inexistente la vulneración al derecho a una resolución debidamente fundamentada como componente del debido proceso.


Por último, en consideración a la gravedad de los hechos que motivan la causa y el bien jurídico protegido, el nuevo Tribunal de Sentencia que asuma competencia para la sustanciación del acto de juicio, deberá observar los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, entre otros, que rigen la jurisdicción ordinaria conforme las previsiones del art. 180.I de la Constitución Política del Estado, debiendo proceder a la reposición del juicio, inmediatamente sea remitidos los antecedentes a su conocimiento. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juvenal Corani Nina.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA