TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 135/2015-RRC

Sucre, 27 de febrero de 2015


Expediente                        : La Paz 153/2014

Parte acusadora                 Elena Quispe Callizaya de Avendaño

Parte imputada                : Madeleine Estephanie Chambilla Tambo

Delito                        : Apropiación Indebida y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2013, cursante de fs. 202 a 203 vta., Madeleine Estephanie Chambilla Tambo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 48/2013 de 25 de julio, de fs. 193 a 195, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Elena Quispe Callizaya de Avendaño contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes

  1. Conforme a la acusación presentada por la querellante Elena Quispe Callizaya de Avendaño y desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 21/2012 de 21 de diciembre (fs. 164 a 166), el Juez Tercero de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Madeleine Estephanie Chambilla Tambo, autora y culpable de la comisión del delito de Abuso de Confianza, tipificado por el art. 346 del CP, condenándole a cumplir la pena de un año de reclusión, más costas y el pago de daños y perjuicios; asimismo, le absolvió de culpa y pena del delito de Apropiación Indebida.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada interpuso recurso de apelación restringida (fs. 173 a 176 vta.), resuelto por Auto de Vista 48/2013 de 25 de julio emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el citado recurso y confirmó la sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.  


I.1.1. Del motivo del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 697/2014-RA, que declaró su admisión, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución.


La recurrente señala que, a tiempo de interponer la apelación restringida invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 249 de 22 de julio de 2005, que trataría de una situación similar al presente caso, precedente que a decir de la recurrente establecería: que los hechos que se originan en la vía civil, por que emerge de un contrato de carácter civil, consiguientemente los querellantes tienen la vía civil para demandar la acción que corresponda…” (sic), precedente que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado; con ese antecedente, la recurrente denuncia que el “…Auto Supremo ahora impugnado…” (sic), no consideró que el presente caso se originó en un hecho civil porque emerge de un contrato civil, entonces los querellantes tenían la vía civil para demandar; sin embargo, contradictoriamente al precedente el Auto de Vista recurrido confirmó la Sentencia.


I.1.2. Petitorio


La parte recurrente solicita se declare la admisión del recurso y ante la existencia de contradicción entre el Auto de Vista y los precedentes, se dicte resolución conforme a la doctrina legal.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 697/2014-RA de 1 de diciembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente para su análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Conforme consta en la enunciación del hecho en la Sentencia 21/2012 de 21 de diciembre, la querellante Elena Quispe Callizaya de Avendaño, acusó a Madeleine Estephanie Chambilla Tambo, quien era su yerna, de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, en razón a que la imputada solicitó a la querellante fuera su garante en un préstamo que gestionó en el Bancosol de Viacha y que, el 4 de octubre de 2009, recibió  una llamada donde le indicaba que el crédito estaba listo y tenía que firmar los papeles, se apersonó el 5 del mismo mes y año, a las oficinas de la citada entidad bancaria, firmó el contrato donde se constituía en garante solidaria y mancomunada de la imputada, recibiendo esta última la suma de Bs. 35.000.- (treinta y cinco mil bolivianos). El 22 de octubre de 2010, la imputada abandonó el inmueble donde vivía con la querellante, sin dar razones; en el mes de mayo de 2011, la querellante se enteró de la mora en que ingresó su yerna, logró contactarse con ella, le solicitó pagar y fue agredida verbal y físicamente; en un segundo intento fue a su oficina con el Oficial de Créditos del Bancosol y argumentó que tenía muchas cosas que hacer, saliendo del lugar sin retornar. El 30 de septiembre de 2011, fue intimada de pago debido a que la imputada no cancelaba sus cuotas desde abril de ese mismo año y desapareció de la ciudad con Bs. 21. 512,36.-.


Desarrollado el juicio oral, el Juez Tercero de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Sentencia y declaró a la imputada Madeleine Estephanie Chambilla Tambo, autora de la comisión del delito de Abuso de Confianza y absuelta del delito de Apropiación Indebida, concluyendo: i) Que, la imputada, por la relación familiar de yerna-suegra y por los lazos de confianza y cariño acudió a la querellante para que se constituya en su garante para obtener un préstamo de Bs. 35.000.- del Banco Sol; ii) Que, ante la falta de pago del crédito, la entidad bancaria inició un proceso ejecutivo contra la deudora y la garante, dando lugar a la intimación de pago y el embargo de sus bienes; iii) Que, conforme las pruebas y la concurrencia de los elementos del tipo penal, la imputada incurrió en el delito de Abuso de Confianza, en razón a que por la confianza de orden familiar que se convirtió en jurídica, la querellante motivada por la imputada asumió el compromiso de constituirse en fiadora de la imputada, cuyo compromiso de pagar no fue cumplido, ocasionando un perjuicio patrimonial a la víctima, traducido en el menoscabo económico; iv) Que la querellante no exigió pago alguno, sólo que fuera liberada de su condición de garante que afecta su bien inmueble, debido a que no existe un contrato suscrito entre la querellante y la imputada, por ello el tipo penal no está orientado a sancionar la obtención del préstamo o la relación con la entidad bancaria, sino la consecuencia de su conducta asumida orientada a menoscabar la situación de su fiadora y afectar su bien inmueble; v) Que, no se evidenció la existencia de algún eximente para atenuar la responsabilidad de la imputada con relación a los hechos acusados, ya que actuó con pleno conocimiento y voluntad de realizar la conducta antijurídica y el tipo objetivo de un delito y aseguró su producción y resultado. Con estos argumentos, el Juez de mérito determinó imponerle la pena de un año de reclusión, más costas, daños y perjuicios. Respecto al delito de Apropiación Indebida, declaró absuelta a la imputada porque no se logró probar la comisión del citado delito y en aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinó concederle el beneficio del perdón judicial.


II.2.        Apelación restringida y su resolución.


Notificada con tal determinación, la imputada planteó apelación restringida (fs. 173 a 176 vta.) en la cual denunció: a) Que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por violación al derecho de defensa y el debido proceso, en razón a que el Juez de Sentencia tomó conocimiento de una causa que correspondía a materia civil, porque derivó de un contrato con una entidad financiera, violando los arts. 25, 26, 27, 29, 30, 136 y 177 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 249 de 22 de julio de 2005; b) Vulneración del debido proceso por no estar sustanciado por el juez natural, en razón a que la causa emergió de un proceso civil; c) Que, la Sentencia se basó en hechos inexistentes debido a que resulta falso que su persona contrajo matrimonio con el hijo de la querellante, como también lo alegado de que desconocía el contenido del contrato porque, como manifestó la misma querellante, trabajo varios años con PRODEM y todos los contratos son similares; y, d) Que se introdujo y valoró documentos: “que acreditan pertenecer a la JURISDICCION DE CARÁCTER CIVIL O COMERCIAL” (sic).


Radicado el recurso ante la Sala Penal Primera, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas  y confirmó la Sentencia.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO


Estando admitido el recurso de casación formulado por la parte imputada, por el cual denuncia que el Tribunal de alzada no consideró en ninguno de los considerando del Auto de Vista impugnado, que el presente caso se originó en un hecho civil porque emerge de un contrato civil, corresponde dilucidar en el fondo la problemática planteada.


III.1.        Respecto al deber de los Tribunales de apelación de pronunciarse  sobre todos los motivos alegados en apelación.


Es un imperativo en la administración de justicia que los Tribunales de alzada, respondan todos y cada uno de los puntos cuestionados o denunciados en apelación restringida, conforme prevé el art. 398 del CPP, en concordancia con el art. 124 de la norma adjetiva penal citada, a fin de que toda resolución otorgue una respuesta oportuna y debidamente fundamentada a los agravios denunciados por las partes apelantes; lo contrario, la omisión de pronunciamiento sobre un reclamo planteado, implica incurrir en vicio de incongruencia omisiva o ausencia de pronunciamiento.


En ese sentido, la amplia jurisprudencia de este Tribunal estableció que, se incurre en el vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas; así se tiene que el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refirió que:“…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada”.


III.2. Análisis del caso planteado.


Teniendo en cuenta que el motivo del recurso de casación refiere que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta la denuncia respecto a que la presente causa debió demandarse en la vía civil, como tampoco consideró el Auto Supremo 249/2005, invocado como precedente contradictorio que resolvió un caso similar, corresponde su análisis a los fines de establecer si evidentemente concurre la falta de pronunciamiento que la recurrente alega.


Revisados los antecedentes del caso, se advierte que la imputada, en su recurso de apelación restringida, argumentó entre otros aspectos, que se vulneró sus derechos y garantías como el debido proceso y el juez natural, en el entendido que la presente causa emergería de un contrato civil, como se desprende de la documentación adjuntada como prueba de cargo, correspondiendo ser resuelta en el ámbito civil; examinado el Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de apelación, inicialmente diferenció los motivos por los cuales correspondía interponer apelación restringida; es decir, para denunciar inobservancia o errónea aplicación de la ley; posteriormente fundamentó que el recurso de apelación restringida, pese a citar varias normas legales, no precisó concretamente la disposición legal que comportaría una errónea aplicación de la ley adjetiva; sobre la vulneración de derecho a la defensa y el debido proceso, desestimó que se hubiese violado su derecho a la defensa debido a que en todo el proceso tuvo oportunidad de defenderse y proseguir con el debido proceso; que los delitos de acción privada, son conocidos por el juez de Sentencia como en el presente caso; en lo concerniente a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes como no ser yerna de la querellante, concluyó que la Sentencia no se basó en esa situación para calificar la conducta de la imputada, sino que se analizó las diferentes pruebas; finalmente, en lo que respecta a las pruebas consistentes en documentos de un proceso ejecutivo, determinó que fueron adquiridos lícitamente sin objetarse su obtención, considerando el juez que su conducta se subsumió al hecho en el delito condenado.


De lo expuesto, se evidencia que el Tribunal de alzada respondió varios puntos de la apelación restringida interpuesta por Madeleine Estephanie Chambilla Tambo; sin embargo, no otorgó respuesta alguna atinente a la denuncia de que el caso debió ser resuelto dentro del ámbito civil por emerger de un contrato crediticio suscrito entre su persona y el Banco Sol, del cual, la querellante se constituyó en fiadora, menos existe un razonamiento sobre si resulta aplicable o no los fundamentos del precedente invocado y la pretensión perseguida por la apelante; de igual manera, no se advierten de parte del Tribunal de apelación, razones que sustenten que la Sentencia, conforme los hechos denunciados, evidentemente  resolvió el caso conforme las normas penales y que la sustanciación del mismo correspondía al ámbito penal, simplemente existe una genérica afirmación que las denuncias sobre delitos de acción privada competen en su sustanciación a los Jueces de Sentencia, como sucedió en el caso presente, sin exponer fundadamente por qué el presente caso ingresa en el ámbito penal y no así en al campo civil y cuáles las razones por las que considera que la doctrina del precedente invocado no resultan aplicables al caso de autos o, por el contrario se evidenciaría que los argumentos de la apelante resultaban ciertos.


Sobre este aspecto, debe considerarse que el Tribunal de alzada tiene la obligación de responder fundadamente todos los puntos apelados por las partes, lo contrario implica inobservancia e incumplimiento del art. 398 concordante con el art. 124 ambos del CPP, que deriva en el defecto de incongruencia omisiva, en vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso como alega la recurrente.


En ese contexto, considerando ser evidente la denuncia de la recurrente en sentido de que el Auto de Vista en ninguno de sus considerando tomó en cuenta estos extremos, por ende incurrió en una falta de pronunciamiento respecto a la denuncia de que el presente caso debió sustanciarse en el ámbito civil, en observancia a la doctrina legal sentada por el Auto Supremo 249 de 22 de julio de 2005, corresponde al Tribunal de alzada dictar nuevo fallo a los fines de establecer si resulta o no aplicable la doctrina legal del citado precedente; observando y cumpliendo la doctrina sentada en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Madeleine Estaphanie Chambilla Tambo, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 48/2013 de 25 de julio, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA