TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 127/2015-RA

Sucre, 27 de febrero de 2015


Expediente                : Cochabamba 3/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Claudia Rosa García

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de enero de 2015, cursante de fs. 282 a 285, Claudia Rosa García interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 93 de 11 de noviembre de 2014, de fs. 273 a 276 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En mérito a la acusación pública (fs. 5 a 9 vta.) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 30 de julio (fs. 241 a 246), declarando a la imputada Claudia Rosa García, autora y culpable por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, tipificado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándole a la pena de diez años de presidio y el pago de doscientos días multa a razón de un boliviano por día, con costas a favor del Estado.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada formuló recurso de apelación restringida (fs. 251 a 255 vta.), el cual fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista 93 de 11 de noviembre de 2014 (fs. 273 a 276 vta.), por el que se declaró improcedente la impugnación, confirmando la Sentencia apelada.


c)   Notificada la recurrente con el referido Auto de Vista el 8 de enero de 2015 (fs. 277), interpuso recurso de casación el 13 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivo del mismo, el siguiente:


En primer término refiere que, el Tribunal de alzada infringió el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues confirmó la Sentencia sin tomar en cuenta que en su recurso solicitó el saneamiento procesal por existir inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, defecto previsto por el art. 370 inc. 1) de la precitada norma procesal, ello, por habérsele impuesto la pena de diez años de presidio; cuando no se reúnen los elementos constitutivos del delito de Tráfico, no habiéndose fundamentado ni subsumido adecuadamente su conducta en Sentencia, a ninguno de los sub tipos penales previstos por el inc. m) del art. 33 de la Ley 1008.


Continúa su argumentación señalando que, existe inobservancia de la norma, pues por la propia versión de los policías intervinientes, se tiene que no se determinó quién es la persona que fabricó, almacenó, dónde estaba dirigida la sustancia o con quién se iba a transar, no habiéndose hallado en su poder sustancias, por lo que debió aplicarse el principio iura novit curia y el art. 414 el CPP. Asimismo, en cuanto a la imposición de la pena, afirma que el Tribunal de Sentencia no individualizó el grado de participación de cada uno de los imputados, lo que sería requisito para establecer la condena.


Igualmente alega, que el Tribunal de Sentencia no fundamentó adecuadamente qué pruebas acreditan los sub tipos penales del delito de Tráfico, pues las probanzas solo demuestran la existencia del cuerpo del delito y no su participación, existiendo violación de los arts. 124, 171 y 173 del CPP en la valoración de toda de la prueba de cargo, y como consecuencia de esa deficiencia, el fallo de grado se basa en imaginaciones y suposiciones subjetivas que lo dejan en indefensión, debiendo habérsela absuelto y no incurrir en errónea aplicación del art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008.


Concluye refiriendo que, el Tribunal de alzada no realizó una correcta subsunción de la norma penal aplicable, actuando en forma contradictoria a los precedentes invocados, lo que conlleva vulneración del debido proceso.


Invoca como precedentes los Autos Supremos 315 de 25 de agosto de 2006, 214 de 28 de marzo de 2007, 111 de 31 de enero de 2007, 368 de 17 de septiembre de 2005, 219 de 28 de junio de 2006. Además, en el otrosí del memorial invoca los Autos Supremos 195 de 15 de febrero de 1996, 431 de 23 de noviembre de 1994, 491 de 19 de octubre de 1995, 432 de 4 de octubre de 1995, 657 de 25 de octubre de 2004, 160 de 2 de febrero de 2007, 215 de 28 de junio de 2006, 537 de 17 de noviembre de 2006 y 535 de 29 de diciembre de 2006 y 219 de 28 de junio de 2006.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Dicho entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, de la revisión de antecedentes se constata que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 8 de enero de 2015, presentando el recurso de casación el 13 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que prevé el art. 417 del CPP.


Ahora bien, la recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no verificó los defectos de sentencia que denunció en apelación restringida; por lo que, en lo esencial de su exposición reitera que existe errónea aplicación de la norma sustantiva, falta de individualización en su participación, defectuosa valoración de la prueba y falta de fundamentación de la Sentencia, pues nunca se demostró ni fundamentó su participación en el hecho ilícito que se le endilgó y menos los “sub tipos penales” previstos por el inc. m) del art. 33 de la Ley 1008; por lo que, debió haberse dictado sentencia absolutoria en su favor; sobre este reclamo, la recurrente omitió invocar los precedentes contradictorios en apelación restringida, incumpliendo el mandato imperativo del art. 416 del CPP y respecto a los precedentes enunciados en el otrosí de su recurso, la mayoría de ellos no contiene doctrina legal aplicable por corresponder al sistema procesal anterior, y en los otros casos, se limitó a su mera cita sin la menor explicación de cuál la contradicción; deficiencias que impiden a este Tribunal cumplir la labor que le asigna la ley.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas con la mera alusión al derecho al debido proceso como ocurre en el caso presente, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, la recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite III de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, pues a más de reiterar de forma desordenada los aspectos apelados y sostener insistentemente que no se habría demostrado su participación en el hecho, no identifica qué argumentos concretos del Auto de Vista serían vulneratorios al referido derecho o cuál la relación de sus alegaciones con lo resuelto por el Tribunal de alzada y el derecho al debido proceso, en consecuencia, en qué consistiría la restricción o disminución de la citada garantía, derivando en que el recurso resulte inadmisible, aun acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Claudia Rosa García de fs. 282 a 285.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA