TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 122/2015-RRC

Sucre, 24 de febrero de 2015


Expediente        : La Paz 151/2014

Parte acusadora        : Miguel Tapia Quispe 

Parte imputada        :        José Luis Alvarado Quispe y otros

Delito                : Abuso de Confianza y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de agosto de 2014, que cursa de fs. 952 a 963, Erick Sossa Rocha, en representación legal de Miguel Tapia Quispe, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 95/2013 de 8 de noviembre, de fs. 932 a 934, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que sigue el recurrente contra José Luís Alvarado Quispe, Edwin Álvaro Mollo Hurtado y Jesús Marcelo Alvarado Quispe, por la presunta comisión de los delitos de Abuso de Confianza, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 346, 353 y 357, del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3/2013 de 18 de febrero (fs. 900 a 907 vta.), el Juez Cuarto de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados Edwin Álvaro Mollo Hurtado, José Luís y Jesús Marcelo, ambos de apellidos Alvarado Quispe, absueltos de pena y culpa de los delitos acusados de Abuso de Confianza, Perturbación de Posesión y Daño Simple, tipificados por los arts. 246, 353 y 357 del CP, respectivamente; en aplicación del art. 363 incs. 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), con costas.


  1. Contra la referida Sentencia, la parte querellante formuló recurso de apelación restringida (fs. 912 a 921 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 95/2013 de 8 de noviembre (fs. 932 a 934), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada, a cuyo efecto solicitó aclaración complementación y enmienda (fs. 937 a 938 vta.), motivando la emisión del Auto Complementario de 14 de abril de 2014 (fs. 939), que declaró no ha lugar a la solicitud, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 670/2014-RA de 26 de noviembre, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, a los que este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP y art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Como primera denuncia, el recurrente señala que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, toda vez que en su recurso de apelación restringida denunció ocho agravios; sin embargo, se soslayó el análisis del punto siete. Señala que con dicha omisión se incurrió en defectos absolutos por vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, dejándole en indefensión, traducida en la falta de certeza de la Resolución recurrida, pues incumplió la obligación de ser fundamentada, esto supone los requisitos de claridad, logicidad, racionalidad y plenitud, conforme dispone el art. 124 del CPP. Sobre esta temática invoca el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005.


  1. Por otro lado, arguye que el Tribunal de alzada no efectuó un análisis adecuado sobre el fundamento de su apelación, consiguientemente no reparó el error en que incurrió la Juez de Sentencia, quien infringiendo la fundamentación y sus componentes de logicidad, especificidad, razonabilidad, suficiencia, claridad y legalidad, incluyó en la Sentencia el delito de Despojo, que no habría sido acusado y menos debatido en el juicio oral; señalando el Tribunal de apelación que, el hecho de haberse incluido en la Sentencia el referido delito, no afectó su esencia; criterio que considera, es vulneratorio de sus derechos a la defensa, a la igualdad de las partes, al debido proceso en cuanto a la certidumbre de las resoluciones y al derecho pro homine; agregando que la indefensión consiste en no habérsele dado oportunidad de pronunciarse y reproducir prueba con relación al delito de Despojo, traduciéndose el daño en la no posibilidad de acceso al recurso en forma efectiva.


  1. Por último denuncia que el Tribunal de apelación, tampoco valoró a cabalidad su reclamo referido a que la Sentencia incurrió en defecto procesal absoluto por vulneración del debido proceso y la igualdad de las partes; toda vez que, la Juez habría utilizado como fundamento para la emisión de la sentencia absolutoria que: “…se ha demostrado la existencia de hechos que deben dilucidarse en la vía civil y no en la penal…”; en consecuencia -afirma- si consideró que carecía de competencia para resolver el conflicto, debió emitir un auto fundamentando de incompetencia en razón de materia, en aplicación del art. 46 del CPP, remitiendo actuados al juez competente, y no dictar sentencia. Sobre este motivo, en el Auto de Vista se señaló que no se habría establecido cual sería la afectación de la parte querellante; empero, la misma consiste en que existe una flagrante incongruencia, toda vez que no puede existir una sentencia por una autoridad que reconoce que es incompetente para conocer el asunto.


I.1.2. Petitorio.


Por lo expuesto, solicita disponer se deje sin efecto alguno el Auto de Vista impugnado y determine que la Sala Penal dicte nuevo fallo, con la imposición de costas judiciales, sanciones de ley para los Vocales suscribientes y “demás prerrogativas de ley…”.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 670/2014-RA de 26 de noviembre, cursante de fs. 970 a 973, este Tribunal admitió el recurso formulado por el acusador particular, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Juez Cuarto de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó la Sentencia 3/2013, por la que declaró a Edwin Álvaro Mollo Hurtado, José Luís y Jesús Marcelo, ambos de apellidos Alvarado Quispe, absueltos de pena y culpa de los delitos acusados de Abuso de Confianza, Perturbación de Posesión y Daño Simple, de acuerdo a los siguientes fundamentos: a) Teniendo como antecedente la descripción de la prueba documental y testifical, a la que el Juzgador le asignó determinado valor y el establecimiento de los hechos, en el apartado de Fundamentación Jurídica, determinó que los imputados no recibieron una cosa o valor ajeno del querellante a título posesorio, tampoco le causaron daño o perjuicio en sus bienes porque las cañerías, paredes y puertas forman parte de la estructura del inmueble. Si bien el coimputado José Luis Alvarado transfirió el inmueble del que era titular en el que el querellante habría efectuado inversión al haber reparado y mejorado el inmueble, no existía restricción para efectuar tal disposición ni tampoco existe declaratoria de derecho a favor del querellante que establezca los conceptos y montos que le corresponden para poder determinar qué debió devolver y en qué medida y si hubo afectación o perjuicio en sus bienes. Tampoco se demostró que las inversiones realizadas en el bien inmueble hayan sido compromisos adquiridos; consiguientemente, los imputados no subsumieron su conducta al tipo penal de Abuso de Confianza, más aún cuando el querellante estaba en posesión de los ambientes del inmueble que pertenecieron al imputado José Luis Alvarado. De igual modo, la violación de la confianza no fue constatada; b) No se corroboró que los imputados de manera violenta y con amenazas en las personas hubieren perturbado la quieta y pacífica posesión del bien inmueble cuyo ambientes son ocupados por el querellante, a cuyo efecto concluyó que el ejercicio de su posesión no se restringió por no tener la llave de una de las puertas de ingreso al inmueble, por cuanto tiene un ingreso exclusivo a su entera disposición por la Av. Río Mamoré. El no haber podido usar los ambientes de las tiendas que dan a la calle como el galpón, no fueron de responsabilidad de ninguno de los acusados sino de un tercero que no fue parte del proceso penal. En el mismo sentido, no se demostró que alguno de los imputados hubiese usado violencia o amenazas en el querellante. Por todo ello, la conducta de los imputados no se configura en el delito de Perturbación de Posesión; c) Se tiene demostrado que la víctima no tiene derecho de propiedad sobre el bien inmueble, por cuanto la transferencia del bien no ingresa a ninguna de las conductas descritas en el tipo penal de Daño Simple; por otro lado, las modificaciones en el inmueble que se reclama se efectuó por un tercero. Asimismo, no se demostró que se hubiera causado un deterioro, destrucción, inutilización o desaparición en alguna de sus cosas, por cuanto la supuesta inversión en el inmueble no le hace titular del mismo ni copropietario de hecho, por tanto mal podría reclamar daño alguno, más cuando el tipo penal requiere que la conducta sea dolosa, no habiéndose demostrado que alguno de los imputados hubiesen subsumido su conducta en el tipo penal referido; y, d) La competencia del Juzgado en materia penal se circunscribe a la determinación de la responsabilidad penal, pudiendo emerger de ella la responsabilidad civil, condicionada al primer aspecto. En el caso analizado se demostró la existencia de hechos que deben dilucidarse en la vía civil y no en la penal puesto que los tipos penales de Abuso de Confianza, Perturbación de Posesión y Daño Simple, tienen características y elementos que los configuran, los mismos que no concurrieron dentro de los hechos demostrados.


II.2.        De la apelación restringida.


La acusación particular, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 3/2013, alegando, en estricta relación con los puntos admitidos en casación, que: i) Como punto primero, sostiene que en el apartado de Fundamentación Jurídica de la Sentencia, de oficio se incorporó el delito de “DESPOJO”, que no fue objeto de querella y menos de juicio oral; empero, la Jueza consideró que se acusó dicho delito, por cuanto procedió a establecer lo siguiente: “…a esta altura del análisis del caso en cuestión corresponde establecer si en los hecho acusados y declarados como probados en el presente fallo judicial, concurren los elementos constitutivos de los tipos penales acusado de apropiación indebida, abuso de confianza, despojo y perturbación de posesión” (sic); por ende, resulta ser una Sentencia contradictoria con la acusación y querella formulados por él, careciendo de ineficacia jurídica; ii) En el punto tercero, argumentó la existencia de defecto procesal absoluto conforme establece el art. 169 inc. 4) del CPP, debido a que se estableció en la Sentencia la supuesta incompetencia de la Jueza en razón de materia al haber manifestado que los hechos debían dilucidarse en la vía civil, pero a su vez emitió Sentencia en lugar de un Auto fundamentado de falta de competencia, lo que considera lesivo del art. 46 del CPP; y, iii) Como séptimo punto de impugnación, acusó inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, error “IN JUDICANDO” debido a la inadecuada consideración del delito de Abuso de Confianza, citando el art. 370 inc. 1) del CPP, por cuanto no se consideró que dicho tipo penal tiene en su configuración distintas formas de comisión en forma disyuntiva y no copulativa, habiéndose analizado en la Sentencia sólo la segunda forma de comisión y no así la descrita por el legislador, soslayando que el tipo penal se consuma independientemente de la retención como dueño de un bien, también cuando el sujeto activo valiéndose de la confianza dispensada por una persona le causare daño y perjuicio en sus bienes; análisis que no fue efectuado por la Juzgadora, habiéndose referido únicamente a “LA OTRA FORMA DE COMISIÓN” (sic), sin considerar que el daño o perjuicio provocado fue realizado sobre el dinero invertido en el bien inmueble, constitutivo del patrimonio de la víctima y no en relación a la entrega y retención de algún bien por parte del imputado en relación a la víctima; consecuentemente, se incurrió en error de interpretación de los hechos y la subsunción de los mismos al tipo penal en cuestión, siendo lo correcto que se considere y aplique la otra forma de comisión del delito que fue planteado en la querella y acusación “CON LA MODALIDAD DE CONSUMACIÓN ADECUADA” (sic).


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 95/2013, determinando admitir el recurso planteado y declarar su improcedencia, bajo los siguientes fundamentos: 1) Efectivamente, en el apartado IV de la Sentencia dedicado a la Fundamentación Jurídica, la Jueza inferior hizo referencia a los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza, Perturbación de Posesión y de Despojo el que no incidió en el fondo del contenido del análisis intelectivo y jurídico realizado en el fallo de instancia; es decir, no constituyó el fondo de la resolución, no confundió ni generó contradicción con los hechos objetos de juicio oral, los cuales fueron descritos en “hechos probados”; en consecuencia, no afectó la esencia de la Sentencia; 2) Con relación al establecimiento de incompetencia de la Juzgadora, que tilda como defecto absoluto inserto en el art. 169 inc. 4) del CPP, previa referencia a los principios que rigen en materia de nulidades procesales conforme lo establece la jurisprudencia legal establecida en el Auto Supremo 228 de 15 de julio de 2008, que establece que se debe considerar el principio de especificidad o legalidad, previsto en el art. 297 del Código adjetivo penal; el principio de trascendencia, que establece que no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre la garantías esenciales de defensa en juicio, el que responde a la máxima de “no hay nulidad sin perjuicio”, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no sufrieron un gravamen con la infracción; el principio de convalidación, en virtud del cual toda nulidad no observada oportunamente se convalida con el consentimiento, permitiendo que el acto quede ejecutoriado y firme en la producción de sus efectos; el principio de conservación, que impone al juzgador procurar la conservación de los actos procesales cuando el vicio existente en el acto no produce indefensión de las partes; concluyendo, en consecuencia, que la acusación particular no acreditó expresamente cuál fue la afectación realizada en la tramitación del proceso. Adiciona que la Sentencia tiene como base la acusación particular y tiene como finalidad última poner fin al litigio penal, acreditándose durante el juicio que los hechos no corresponden ser sancionados como un delito, en tal sentido el Juez inferior señaló de que los hechos demostrados o probados pueden ser tutelados adecuadamente por otra autoridad, referencia que se la realizó como fundamento de la determinación final asumida; y, 3) Con relación a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, error “in judicando”, a causa de la inadecuada consideración de los delitos de Abuso de Confianza y Perturbación de Posesión, sin la violencia producida en las cosas como elemento del tipo penal, pondera que la recurrente teniendo la obligación de establecer la incoherencia, y la falta de lógica en el análisis intelectivo realizado por la Jueza de instancia, no la cumplió, por cuanto hizo el reclamo de una inadecuada subsunción de los hechos a los tipos penales acusados, sin hacer una referencia específica para los mismos.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN Y DE LESIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia de los principios de igualdad y de seguridad jurídica en cuanto a la aplicación efectiva de la norma sustantiva y adjetiva por igual; a continuación se procederá a analizar los argumentos del recurrente, circunscrito a la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 670/2014-RA.


Conforme a lo antedicho, el Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por el querellante, sobre tres temáticas específicas que habría omitido considerar el Tribunal de alzada: a) La incongruencia omisiva respecto al séptimo punto apelado; b) La contradicción de la Sentencia con la acusación al haber consignado el delito de Despojo nunca acusado; y, c) La falta de declaratoria de incompetencia de parte de la Jueza de instancia, conforme prevé el art. 46 del CPP.


III.1.        Sobre el precedente contradictorio invocado en relación a la denunciada incongruencia omisiva.


Respecto a la denuncia de falta de resolución del séptimo agravio expuesto en el recurso de apelación restringida, referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva “ERROR IN JUDICANDO”, en referencia a la inadecuada consideración del delito de Abuso de Confianza, el recurrente invocó la aplicación del precedente asumido en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, emitido en un caso en el que se advirtió que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización probatoria al haber declarado a la acusada autora del delito de Calumnia, no obstante que la Sentencia resultó absolutoria.


En ese contexto, se estableció: “que la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre”.


De lo expuesto, se advierte que el precedente invocado no guarda similitud de supuestos fácticos con el caso concreto, por cuanto el recurrente denunció incongruencia omisiva de parte del Tribunal de alzada con relación al séptimo motivo denunciado en apelación restringida; empero, el precedente tiene como antecedente de hecho, la determinación del ejercicio de la facultad privativa del juez o tribunal de juicio, de valorar la prueba desfilada en juicio; por ende, el razonamiento concebido en el mismo sobre las facultades específicas de los juzgadores de instancia como de apelación, resultan impertinentes a efectos de resolver la problemática planteada en casación, impidiendo que este Tribunal pueda efectivizar su función unificadora de jurisprudencia, deviniendo en infundado.


III.2.        Sobre la contradicción que denotaría la Sentencia en relación a la acusación.


Otro de los puntos impugnados por el recurrente, se traduce en la consignación del delito de Despojo en el apartado de Fundamentación Jurídica en la Sentencia, no obstante que el mismo no fue endilgado a ninguno de los imputados tal como consta en la acusación y en el Auto de apertura de juicio, extremo que tacha de contradictorio y por ende, lesivo de la fundamentación en sus componentes de logicidad, especificidad, razonabilidad, suficiencia, claridad y legalidad.


Al respecto, se advierte que efectivamente en el apartado IV de la Sentencia, primer párrafo, la Jueza de instancia afirmó que “…corresponde establecer si en los hechos acusados y declarados como comprobados en el presente fallo judicial, concurren los elementos constitutivos de los tipos penales acusado de apropiación indebida, abuso de confianza, despojo y perturbación de posesión” (sic) (resaltado propio); sin embargo, a lo largo de la argumentación que sustentó la declaratoria de absolución a favor de los acusados, la Juzgadora únicamente desarrolló y analizó la conducta delictiva a ellos atribuida con relación a los tipos penales de Abuso de Confianza, Perturbación de Posesión y Daño Simple, llegando a determinar que no se demostró la adecuación de su conducta a los mismos, culminando en ese sentido en la parte dispositiva en la que también hizo constar los delitos acusados, más no así el tipo penal de Despojo; en consecuencia, la simple referencia realizada en la suma del apartado señalado, constituyó solamente eso, una referencia provocada por un lapsus calami o un error involuntario que se comete al escribir, que si bien es equívoco e impertinente, no constituye suficiente causa para pretender desvirtuar el contenido de la resolución de instancia o dejarla sin efecto.


En consecuencia, al no haber sido un error que fue determinante en la decisión de la Jueza de Sentencia, no vulneró ni lesionó de forma alguna el derecho a una debida fundamentación del recurrente, ni mucho menos cualquiera de sus elementos componentes, entre los que se encuentra el de la defensa, por cuanto al no haber sido un delito acusado de acuerdo a lo que el propio querellante reconoce, mal podría exigir que se le otorgue la oportunidad de producir prueba para demostrar la configuración de la conducta de los imputados en el mismo, razonamiento concordante con el asumido por el Tribunal de azada, por lo que corresponde declarar este motivo también infundado. 


III.3. Sobre la aducida inobservancia de lo determinado en el art. 46 del CPP en caso de incompetencia de la Juzgadora penal.


       Por último, en cuanto a la denuncia sobre uno de los argumentos por los que la Jueza de Sentencia habría declarado la absolución de los imputados, consistente en poner en duda su competencia en razón de la materia con relación a los hechos dilucidados en juicio, que a decir del recurrente le obligaba a aplicar el art. 46 del CPP y fundamentar la incompetencia, remitir actuados al Juez competente e inhibirse de dictar Sentencia, se advierte por un lado, que no es evidente lo señalado por el recurrente en sentido que la Jueza de instancia habría determinado ser incompetente, por cuanto de la redacción del numeral 4 de la Sentencia, se verifica que en primer lugar estableció que “…en el presente caso se ha demostrado la existencia de hechos que deben dilucidarse en la vía civil y no en la penal, toda vez que los tipos penales de abuso de confianza, perturbación de posesión y daño simple tienen características y elementos que los configuran, no ingresando dentro de los mismos hechos demostrados…” (sic) (resaltado propio), en donde resalta que los hechos demostrados no se configuraban en ninguno de los tipos penales atribuidos a los procesados; y, en segundo lugar, que el referido argumento, simplemente fue un complementario al principal expuesto en los numerales 1 al 3 de la Sentencia, en el que la Juzgadora desarrolló los elementos constitutivos de los tipos penales endilgados, concluyendo que la concurrencia de los mismos en la conducta de los imputados no pudo ser demostrada por el querellante, en coherencia con lo expuesto en la primera parte de este apartado.


       Por lo expuesto y en atención a los principios de trascendencia y conservación que rigen el sistema de nulidades procesales, en mérito a los cuales no hay nulidad sin perjuicio y el juzgador tiene la obligación de procurar la conservación de los actos procesales cuando el vicio existente en el acto no produce indefensión de las partes, en el caso concreto no se advierte que el fundamento de la Sentencia cuestionado, constituya defecto absoluto lesivo de derechos y garantías constitucionales, por lo que corresponde declarar infundado el motivo analizado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Erick Sossa Rocha.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA