TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 115/2015-RA

Sucre, 18 de febrero de 2015


Expediente                : Tarija 10/2015        

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Marisabel Roxan Monzón Janco y otra

Delitos                : Tráfico de Sustancias Controladas y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de enero de 2015, cursante de fs. 276 a 279, Marisabel Roxana Monzón Janco, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 177/2014 de 17 de diciembre, de fs. 259 a 261 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente y Paola Andrea Monzón Janco, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público por Sentencia 10/2013 de 19 de septiembre (fs. 237 a 244 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Marisabel Roxana Monzón Janco, autora de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 y 33. m) y 11) de la Ley 1008, condenándole con la pena de diez años de presidio, más 50 días multa a razón de Bs. 5.-por día y costas, siendo absuelta del delito de Asociación Delictuosa y Confabulación, previsto y sancionado por el art. 53 de la citada Ley. Asimismo, declaró a Paola Andrea Monzón Janco, absuelta por ambos delitos.

  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Marisabel Roxana Monzón Janco, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 250 a 253), resuelto por Auto de Vista 177/2014 de 17 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el citado recurso y confirmó la sentencia impugnada.


  1. El 7 de enero de 2015 (fs. 262), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 13 del mismo mes y año, presentó recurso de casación.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Bajo el epígrafe de “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS CONTRADICCIONES ENTRE EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Y PRECEDENTES INVOCADOS” (sic), la recurrente manifiesta que como resultado del juicio, se estableció que habría sido sorprendida en posesión de 16 gramos de marihuana; empero, a tiempo de condenarle por el delito de Tráfico de Sustancias controladas, no se habría considerado la posesión de una cantidad mínima de la sustancia, por lo que correspondía una condena por el delito de Suministro, establecido en el art. 51 de la ley 1008. Previa referencia al Auto Supremo 105/2007 de 31 de enero, refiere que el Auto de Vista recurrido no habría evidenciado la operación de adecuar el hecho ilícito al tipo penal, en vulneración al principio de tipicidad, situación que debió enmendarla de oficio. A continuación transcribe la Sentencia Constitucional 1092/2014 de 10 de junio, enfatizando que en el recurso de apelación restringida no hizo mención a precedentes contradictorios respecto a la tipicidad, pero el Tribunal de casación tiene la obligación de identificar o subsanar de oficio los defectos absolutos, de conformidad a la Sentencia Constitucional citada.

 

Con ese antecedente, acusa que el Tribunal de alzada vulneró los principios de favorabilidad y especificidad, establecidos en los Autos Supremos 339/2010 de 1 de julio y 021/2007 de 26 de enero, respectivamente. También denuncia la vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica, el in dubio pro reo, citando al efecto los Auto Supremos 537 de 17 de noviembre de 2006 y 105/2007 de 31 de enero. 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

               

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 7 de enero de 2015, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 13 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP; se salva el error en el cargo de recepción del recurso cometido por la Oficial de Diligencia, registrando como año 2014, siendo lo correcto 2015, en consideración a las fechas del Auto de Vista recurrido y del memorial de casación.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se tiene que la recurrente acusa la vulneración de los principios de favorabilidad y especificidad, establecidos en los Autos Supremos 339/2010 de 1 de julio y 021/2007 de 26 de enero respectivamente e invoca los Autos Supremos 537 de 17 de noviembre de 2006 y 105/2007 de 31 de enero; sin embargo, se observa que no invocó los citados precedentes a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, conforme lo determina el art. 416 del CPP, menos cumplió con la carga procesal de establecer la similitud y contradicción entre éstos y la resolución recurrida de casación.


No obstante lo señalado, del contenido del recurso de casación, se desprende que la recurrente fundamenta su denuncia con meridiana claridad respecto a una posible vulneración a sus derechos al debido proceso, la seguridad jurídica y a principios que rigen la materia penal como el de tipicidad, al haber sido condenada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, cuando correspondía adecuar su conducta a las previsiones del art. 51 de la Ley 1008, dada la cantidad mínima de marihuana encontrada en su poder, sin que este extremo haya sido enmendado por el Tribunal de alzada; en cuyo mérito, en observancia del principio de prevalencia del derecho sustancial respecto del formal y aplicando los presupuestos de flexibilización para la admisión del recurso señalados en el acápite III del presente Auto, este Tribunal abre su competencia para la verificación de los fundamentos de la denuncia formulada por la recurrente y resolver conforme a derecho.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marisabel Roxana Monzón Janco, de fs. 276 a 279. Asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado art. 419 del CPP, por Secretaría de Sala hágase conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado y la presente Resolución.


Regístrese, hágase saber y Cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA