TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 110/2015-RA

Sucre, 12 de febrero de 2015


Expediente        : Santa Cruz 7/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Blanca Elena Tuero Velásquez y otros

Delito        : Transporte de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2014, cursante de fs. 1967 a 1169, Francisco Mendoza Anibarro, Fiscal de Sustancias Controladas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 71 de 15 de septiembre de 2014, de fs. 1160 a 1164 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Blanca Elena Tuero Velásquez y Claudia Fabiola Gutiérrez Tuero, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 912 a 921), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 01/2014 de 7 de febrero (fs. 1108 a 1119), declarando a las imputadas Blanca Elena Tuero Velásquez y Claudia Fabiola Gutiérrez Tuero, absueltas de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, ordenando la suspensión de toda medida cautelar de carácter personal y su inmediata libertad en caso de encontrarse privadas del mismo.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el representante del Ministerio Público presentó recurso de apelación restringida (fs. 1124 a 1128), que fue resuelto por Auto de Vista 71 de 15 de septiembre de 2014, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, siendo el mismo complementado por Auto 216 de la misma fecha (fs. 1165).


  1. El recurrente interpuso, recurso de casación el 13 de noviembre de 2014, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 1967 a 1169, se extrae el siguiente motivo:


El Ministerio Público previa relación de antecedentes fácticos y procesales, refiere, que los delitos incursos en la Ley 1008 son de peligro y no de resultado; en el caso, se trata de un delito consumado; por cuanto, el accionar de las imputadas se encuadraría al delito de Transporte de Sustancias Controladas, situación no valorada por el Tribunal de instancia dictando a su favor Sentencia absolutoria pese a que en el desarrollo del juicio oral la fiscalía habría demostrado que las acusadas Blanca Elena Tuero Velásquez y Claudia Fabiola Gutiérrez Tuero, fueron las que mandaron encomienda con destino a Washington y entregaron a José María Urioste Monasterio, quién fue encontrado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el aeropuerto de Viru Viru, con un aparato electrónico conteniendo cocaína con un peso de 1590 gramos; aspectos no considerados por el Tribunal de juicio ni por el de apelación, dejando de lado la prueba testifical del investigador asignado al caso, quien habría explicado de manera detallada que se encontró al acusado José María Urioste Monasterio pretendiendo viajar a la ciudad de Washington, llevando en su maleta un aparato electrónico con sustancia controlada; así como, tampoco se habría valorado su declaración informativa, en el cual habría indicado que el equipaje donde se encontró sustancia controlada le fue entregado en el aeropuerto de Viru Viru antes de subir y la persona que se comunicó con él fue Blanca Elena Tuero, quien enviaba la encomienda para su hermana Ana Gutiérrez que se encuentra en Estados Unidos.


Finalmente, refiere que no se valoró el informe conclusivo del investigador Martín Machaca Chambi ni las propias declaraciones de las imputadas, quienes habrían señalado tener contacto con José María Urioste Monasterio, desde el momento de su llegada al país; además, que se dedicaban a enviar encomiendas a EE.UU. en forma gratuita, siendo Blanca Elena, quien preparó la encomienda que José María Urioste Monasterio tenía en su poder.


III.  REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el Código de Procedimiento Penal); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 5 de noviembre de 2014 (fs. 1167) interponiendo recurso de casación el 13 del mismo mes y año; empero, no consta diligencia de notificación con el Auto Complementario de 15 de septiembre de 2014 en relación a su persona; sin embargo, siendo que el recurso fue presentado pese de no haberse procedido a la notificación con el referido Auto, estando cumplida la finalidad de la comunicación con ese actuado y resultando innecesaria nueva diligencia, se tiene que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, cumpliéndose de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto a la denuncia referida a que el Tribunal de apelación así como el de sentencia no habrían considerado que en el desarrollo del juicio oral la fiscalía mediante la prueba testifical del investigador asignado al caso, las declaraciones de las acusadas y la propia declaración informativa del acusado José María Urioste Monasterio, se habría demostrado que Blanca Elena Tuero Velásquez y Claudia Fabiola Gutiérrez Tuero, fueron las que mandaron encomienda con destino a Washington, entregando a José María Urioste Monasterio quién fue encontrado por personal de la FELCN en el aeropuerto de Viru Viru, con un aparato electrónico camuflado conteniendo cocaína con un peso de 1590 gramos, encomienda que la acusada Blanca Elena Tuero enviaba a su hermana Ana Gutiérrez que se encuentra en Estados Unidos. Al efecto se tiene que, el recurrente formuló su reclamo, sin cumplir con los presupuestos de admisibilidad, puesto que, no invocó precedente contradictorio alguno, por lo que lógicamente no explicó la contradicción a que refiere la norma procesal penal para viabilizar la labor de contrastación que debe efectuar este Tribunal Supremo, sin que la omisión en la que incurrió el Ministerio Público pueda ser suplida de oficio.


En consecuencia, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que el recurso de casación deducido no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal abrir su competencia para conocer el fondo de este recurso, deviniendo en inadmisible.


Por lo expuesto, este Tribunal considera como graves las falencias del recurso de casación, razón por la cual ve pertinente remitir antecedentes a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, a los efectos legales que correspondan.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación formulado por Francisco Mendoza Anibarro, Fiscal de Sustancias Controladas, de fs. 1167 a 1169; asimismo, por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA