TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 103/2015-RRC

Sucre, 12 febrero de 2015


Expediente                        : La Paz 146/2014

Parte Acusadora              : Susana Jaqueline Núñez Ariñez

Parte Imputada                : Irene Ariñez Benavides y otro

Delitos                              : Despojo y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de junio de 2014, que cursa de fs. 269 a 279, Irene Ariñez Benavides interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 18/2014 de 12 de marzo, de fs. 265 a 267 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Susana Jaqueline Núñez Ariñez contra Germán Eusebio Núñez Ariñez y la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juzgado Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia 25/2013 de 26 de septiembre (fs. 195 a 204), que declaró a Irene Ariñez Benavides, autora y culpable del delito de Despojo, tipificado por el art. 351 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años, más el pago de costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia; asimismo, conforme al art. 362 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), la absolvió de la comisión del delito de Daño Simple previsto por el art. 357 del CP, sin costas por ser excusable; con relación a Germán Eusebio Núñez Ariñez, lo declaró absuelto de los delitos atribuidos, porque la prueba aportada fue insuficiente, sin costas por ser excusable.


  1. Contra la referida Sentencia, la acusadora particular (fs. 240 a 242 vta.) y la imputada Irene Ariñéz Benavides (fs. 234 a 239 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 18/2014 de 12 de marzo (fs. 265 a 267 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien admitió y declaró improcedentes ambos recursos; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial de recurso de casación de fs. 269 a 279 y del Auto Supremo 631/2014-RA de 13 de noviembre que declara su admisión, se extraen los siguientes motivos para el estudio de fondo: 

  1. La recurrente señala que en su apelación restringida denunció la violación del art. 370 inc. 4) del CPP; toda vez que, del acta de audiencia de 9 de septiembre de 2013, se evidenció que el juez dispuso la exclusión de las pruebas “PD5”, “PD6” y “PD7”; sin embargo, estas fueron valoradas a momento de dictarse la Sentencia. Sobre este reclamo, el Auto de Vista reconoció que se valoró pruebas no judicializadas, pero arguyó que su persona no habría manifestado cómo esa actuación influyó en la Sentencia, pues al ser esas pruebas actas de las declaraciones de personas que posteriormente declararon en juicio, no tendría ninguna relevancia. Ahora bien, la recurrente arguye que conforme establecen los arts. 370 y 407 del CPP, procede la nulidad de la Sentencia cuando haya incurrido en vicios, sin que esté prevista la condición de manifestar la relevancia de la contradicción o defecto, y si bien declararon esas personas en el juicio, para la emisión de la Sentencia sólo se debió utilizar las actas de esas declaraciones y no las declaraciones contenidas en los documentos que no fueron judicializados. Agrega que estos aspectos no fueron valorados por el Tribunal de alzada, causándole agravio por cuanto atentarían al debido proceso, la seguridad jurídica y a su derecho a la defensa, habida cuenta que fue condenada con pena privativa de libertad de tres años mediante la valoración de prueba excluida.


  1. Como segundo agravio refiere que el Tribunal de alzada no valoró adecuadamente ni reparó las denuncias de apelación restringida por defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, esto es, falta de fundamentación y porque se basó en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, en cuya argumentación señala: a) En el primer considerando de la Sentencia se señaló que los imputados realizaron destrozos, que deschaparon y destecharon el inmueble; empero, no dice qué medios de prueba indujeron al Juez a llegar a esa convicción, cuando los únicos medios de prueba fueron las declaraciones de testigos que subjetivamente refirieron que la acusadora señaló que tenía problemas en su casa; consiguientemente, no se realizó una correcta fundamentación sobre los elementos probatorios que demuestren que su persona y su hijo hubieran ocasionado destrozo alguno; y, b) La Sentencia señaló que el testigo Marcelo Leonardo Villarroel Barrios, escuchó amenazas de los imputados hacia la querellante; sin embargo, de la lectura del acta de dicha declaración, se demuestra que el testigo no refirió ello, evidenciando que se cambió la declaración del testigo y que, además de la evidente falta de fundamentación, la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Al respecto, el Auto de Vista señaló que la resolución apelada contiene los suficientes elementos de hecho y derecho que motivaron la instauración del juicio y la Sentencia, sin establecer cuáles son esos elementos de derecho que motivaron la condena. En este motivo la recurrente invoca el Auto de Vista 14/2010 de 9 de febrero emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el Auto Supremo 171/2012-RRC de 24 de julio de 2012.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita que conforme al art. 417 del CPP, se remitan antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia, para que emita Auto Supremo casando el Auto impugnado, estableciendo la contradicción existente entre el precitado fallo y los precedentes invocados, devuelva actuados a la Sala Penal para que pronuncie nueva Resolución conforme a la doctrina legal aplicable, declare la procedencia de la apelación restringida, anule totalmente la Sentencia y ordene la reposición del juicio por otro juez.


I.1.3. Respuesta de la parte contraria


Notificada la querellante con la impugnación casatoria, responde argumentando sobre la existencia de los siguientes yerros:

  1. Afirma que el recurso casacional no cumple con las previsiones del art. 417 del CPP, toda vez que no explica la contradicción existente en términos claros y precisos.


  1. Refiere que la pretensión de la recurrente es ambigua, cuando, bajo el rótulo de “APLICACIÓN QUE SE PRETENDE” (sic), realiza una errónea interpretación del art. 408 del CPP, pues no expresa número o fecha del Auto Supremo del que habla, mucho menos menciona qué norma interpreta para solicitar su aplicación.


  1. Asevera que la recurrente pretende que el Tribunal de casación revalorice la prueba producida en juicio oral, aspecto que no se encuentra dentro las atribuciones reconocidas por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Señala que respecto al reclamo sobre la inexistencia del hecho objeto del proceso penal, el reclamo es impertinente y extemporáneo, toda vez que conforme refiere el art. 416 del CPP, el recurso de casación está dirigido a los Autos de Vista, no a las Sentencias, que lo que se pretende es la revalorización de la Sentencia a través de fundamentos inoportunos.


  1. Alega que respecto a la denuncia por infracción del art. 124 del CPP, el Auto de Vista cumple con la motivación y fundamentación exigidas, exponiendo con claridad los fundamentos y razones que sustentan el fallo.


Finalmente señala que en el recurso de casación no se menciona la violación de formas esenciales de estructura o contenido, tampoco específica de forma precisa vulneración de leyes que vayan al fondo del fallo impugnado o de sus fundamentos; arguye que la recurrente desconoce que es impertinente fundamentar el recurso casacional con fundamentos propios de la apelación restringida, por la diferencia entre su naturaleza y su procedencia. Por último, recalca que sobre los precedentes invocados, la recurrente no determina con precisión la supuesta contradicción existente, alegando así el incumplimiento del art. 416 del CPP, por lo que solicita se dicte Auto Supremo declarando inadmisible o en su caso infundado el recurso de casación interpuesto por Irene Ariñéz Benavides.


I.2. Admisión del recurso 


Conforme se desprende del Auto Supremo 631/2014-RA de 13 de noviembre y el recurso casacional en examen, fue admitido para el análisis de fondo de los motivos primero y segundo de dicha impugnación, que se encuentran descritos en el acápite  I.1.1. de este fallo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.        Sentencia.


El fallo de mérito, luego de realizar la relación del delito atribuido, citó las pruebas ofrecidas por las partes, tanto querellante como por la imputada; en esta última, en el acápite  “PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE IMPUTADA” (sic), citó las pruebas “PD5”, consistente en copia de la declaración voluntaria de Juan Marcelo Valenzuela  Núñez; “PD6”, copia de la declaración voluntaria de Diana Cecilia Valenzuela Núñez; así como la “PD7”, que no se encuentra descrita en el citado fallo.


En el apartado “FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA” (sic), refirió que en cumplimiento a lo estipulado por los arts. 340 y 341  del CPP, las partes ofrecieron pruebas testificales, literales, documentales e inspección ocular al inmueble objeto del juicio, siendo base de la acusación que los imputados despojaron a la querellante de un inmueble que ocupaba con sus hijos, causando daños al citado inmueble para lograr su cometido.


Seguidamente, en el apartado “VALORACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA” (sic), el juzgador realizó una descripción de los tipos penales acusados (Despojo y Daño Simple) y posteriormente, en el punto “PRIMERO” del primer CONSIDERANDO del citado apartado, estableció los antecedentes que generaron la acusación en contra de los imputados. Señaló en lo más sobresaliente, que la acusadora particular Susana Jaqueline Núñez Ariñez, habitaba en un departamento junto a sus hijos menores desde el año 2006, situado en el último piso de un inmueble cuya dirección se describió en el fallo, vivienda en el que los acusados Irene Ariñéz Benavides y German Eusebio Núñez Ariñéz (madre y hermano de la querellante) habrían ocasionado destrozos destechándolo y deschapándolo cuando en el interior se encontraban las pertenencias de Susana Jaqueline Núñez Ariñéz, para luego sacarlos y depositarlos en una agencia de mudanzas, objetos que posteriormente pudieron ser recuperados por la acusadora particular.


En el punto “SEGUNDO”, hizo una relación de las declaraciones testificales de cargo y descargo prestadas, entre las cuales, por su vínculo a los motivos alegados, se transcribe lo expresado en referencia a Marcelo Leonardo Villarroel Barrios, testigo de cargo: “…quien tenía conocimiento que la Sra. Susana Núñez vivía en la planta alta del inmueble ubicado en la Av. Brasil y Paraguay, visitando en 3 oportunidades, quien le contó que tenia problemas y no quería ir sola, estando en su domicilio escucho amenazas de su hermano y madre, las paredes de la casa estaban rajadas y podía caerse, en la tercera visita le comentó que se había mudado, esto fue en Agosto de 2010, dejando sus cosas en sus habitaciones, llegando a la casa había cambiado la llave y candado, se puso a llorar, luego le comentó que las cosas se lo llevaron y no le querían devolver, recuperando de la empresa BAMA al tenerlo en depósito a solicitud de la Sra. Ariñéz y su hermano (imputados)…” (sic).


De igual manera, por su pertinencia con el objeto de impugnación, respecto a la prueba testifical de descargo, se transcriben las siguientes: “…JUAN MARCELO VALENZUELA NÚÑEZ hijo, nieto y sobrino de las partes, indica que vive en la casa de la Av. Brasil, que su madre Susana fue a vivir a dicho inmueble el año 2.006 hasta el año 2.10 y un fin de semana se trasladó su mamá Susana, los cuartos se hallaban con rajaduras, calaminas deterioradas y que habían cajones en los cuartos. Finalmente la testigo DIANA CECILIA VALENZUELA NÚÑEZ hija, nieta y sobrina de las partes señala que su madre Susana vivía en la AV. Brasil  el año 2.010 y en Junio ya no estaba, no teniendo conocimiento de la causa, conocía las habitaciones habiendo habitado, luego se fue a España, la casa es antigua con rajaduras, las cosas que se encontraban en el lugar pertenecían a su mamá Susana como refrigerador, cuna y otros” (sic).


II.2.        Apelación restringida.


La imputada Irene Ariñéz Benavides, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 25/2013 de 26 de septiembre, cuya parte pertinente con el objeto de impugnación, se resume a continuación:


  1. Denunció la violación al art. 370 inc. 4) del CPP, porque la Sentencia habría valorado prueba que fue excluida, ya que en audiencia de juicio oral, pretendió la judicialización de las pruebas de descargo “PD5, PD6 y PD7”, siendo excluidas en mérito a un incidente opuesto por la parte contraria; sin embargo, la Sentencia usó y valoró dichos medios probatorios, conteniendo defectos insubsanables, que al no poder ser reparados directamente, determinan la nulidad del fallo, por vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa, previstos en los arts. 115.II y 119 de la CPE.


  1. Alegó también la existencia de violación del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, toda vez que la Sentencia  se basó en hechos inexistentes y en valoración defectuosa de la prueba, denunció al respecto que:


  1.   La Sentencia carece de fundamentación tal cual exige el art. 124 del CPP, toda vez que dicho fallo habría establecido que los acusados, Irene Ariñéz Benavides y Germán Eusebio Núñez Ariñéz, por problemas surgidos, ocasionaron destrozos en el inmueble, deschapando y destechándolo; que sin embargo, la Sentencia no explicó cómo fue que llegó a dicha conclusión, cuáles fueron los medios de prueba que usó para llegar a la convicción de que fueron los imputados  los que provocaron dichos destrozos, más cuando los únicos medios de prueba que existían eran declaraciones de testigos, que únicamente señalaron que la acusadora, con lágrimas en los ojos señalaba que tenía problemas en su casa y que tenía miedo de irse sola; que correspondiendo la carga de la prueba a la parte acusadora (art. 6 del CPP), le correspondía a ésta, demostrar con prueba idónea que fue la acusada junto a su hijo la que causó los daños en el inmueble.


  1.   Por otra parte, denunció que la Sentencia señaló que la parte querellante produjo la testifical de cargo de Marcelo Leonardo Villarroel Barrios, que dijo que escuchó amenazas de la madre y el hermano; la apelante al respecto señaló, que de la lectura del acta de audiencia de juicio oral, a fs. 99, ante la pregunta del abogado de la defensa, aclaró que en ningún momento dijo que escuchó amenazas; sino, que Susana Jaqueline Núñez Ariñez, hablaba con una persona y que tenía problemas familiares; al respecto, alegó que la Sentencia citó declaraciones que nunca se produjeron, vulnerando con ello el principio de seguridad jurídica de las partes, resultando evidente que se cambiaron las declaraciones de Marcelo Leonardo Villarroel Barrios.


II.3.        Auto de Vista


Sobre las denuncias precedentes, el Auto de Vista estableció:


  1. En relación a la denuncia por violación del art. 370 inc. 4) del CPP, estableció que el juzgador, en audiencia de 9 de septiembre de 2013 (fs. 155 a 159), determinó excluir las prueba “PD5, PD6 y PD7”, que habrían sido consideradas en Sentencia, estableciendo sin embargo, que la prueba “PD7” no fue considerada como prueba que fuera motivo de valoración en dicha Resolución; en cuanto a las pruebas “PD5 y PD6”, refirió: “…ahora bien, es necesario establecer en la vía de una interpretación lógica y crítica que las pruebas PD5, PD6, que hacen referencia a pruebas testificales de los señores Diana Cecilia Valenzuela Núñez, y Juan Marcelo Valenzuela Núñez, los cuales de acuerdo  al contenido de fs. 155 de obrados señalan ser testimonio de personas que conocían el contexto familiar. Sin embargo, es cierto y evidente que las declaracion contenidas en las mencionadas pruebas PD5, PD6, fueron materializadas con las declaraciones orales realizadas por motivo de la audiencia de juicio oral, tal como se verifica de obrados a fs. 145; declaración testificales de Juan Marcelo Valenzuela Núñez, fs. 147, declaraciones testificales de Diana Cecilia Valenzuela  Núñez, es decir, no siendo relevante ni conducente para este tribunal; ya que el recurrente no manifiesta con claridad como esta actuación determinaría la decisión del tribunal y al margen de aquello bajo un juicio de ponderación no menciona como esta actuación influiría en la sentencia, tomando en cuenta también los delitos acusados o que esta haya sido decisiva para establecer su culpabilidad, de la misma forma, se debe considerar, que, de acuerdo a los principios que rigen en materia de nulidades procesales, tal cual lo establece la jurisprudencia legal establecida a través del Auto Supremo Nº 228 de fecha 15 de julio de 2008, se tiene que antes de determinar la nulidad de obrados, se debe considerar el principio de especificidad o legalidad, previsto por el Art. 297 del Código de Procedimiento Penal, que señala cuales son las causales de nulidad (…) ahora bien, en este caso no se acredita expresamente cual ha sido la afectación realizada en la tramitación del proceso conforme se referirá en cada uno de los puntos” (sic).


  1. En cuanto a la denuncia por violación del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, señaló: “…la revisión de la resolución 25/2013, se establece que primero: éste contiene los elementos suficientes de hecho que motivaron primero: la instauración de un juicio por un delito de acción penal privada; el correspondiente desarrollo  con plena participación de los sujetos en litigio, y segundo los suficientes elementos de derecho que motivaron al juez a emitir la resolución motivo de impugnación en el presente caso de autos, además que con relación a la mención de daños ocasionados por parte de los acusados al inmueble, y el principio in dubio pro reo, es necesario considerar que esta característica hace latente en la sentencia del Juez a quo, a tal efecto se tiene la absolución; en apego estricto al principio de favorabilidad que reclama la parte imputada a contrario sensu, no haberse aplicado, y la culpabilidad en cuanto al delito de despojo Art. 351 del Código Penal; El que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio despojare  a otro de la procesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes incurrirá en privación de libertad de  seis meses a cuatro años. Al respecto es necesario también establecer lo que señala el Auto Supremo 254/2005, de 22 de julio de 2005, el cual señala: Que en el delito de despojo tipificado en el art. 351 del código penal para su consumación se requieren los siguientes elementos: invadir el inmueble y expulsar al poseedor que puede hacerse por fuerza o por engaño. Quedé la inteligencia de esta norma se desprende que no puede exigirse, el cumplimiento de todos los elementos establecidos por el art. 351 del código penal de manera conjunta, es decir que la conducta del imputado debe subsumirse en uno de los elementos ya sea al de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él. Por lo que se infiere que el Juez de Sentencia, emitió una resolución bajo las consideraciones establecidas para dicho efecto.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Conforme lo señalado en el acápite “I.2.” de este fallo,  dentro los límites legales establecidos por el art. 17 parágrafo II de la LOJ, corresponde el análisis de las denuncias cursantes contra el Auto de Vista impugnado, a efecto de verificar si efectivamente, el Tribunal de apelación, confirmó la Sentencia basada en prueba excluida, así como, establecer si el citado Tribunal no realizó un efectivo control respecto a la denuncia contra la sentencia relativa a los vicios descritos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP y contrariamente, emitió un fallo falto de fundamentación; para lo cual, este Tribunal, ve por conveniente realizar algunas precisiones de orden legal y doctrinal que servirán de sustento a esta Resolución.


III.1. Marco legal y doctrinal.


III.1.1. La debida fundamentación de las resoluciones.


En cuanto a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, este Tribunal de Justicia, de manera uniforme y reiterada, estableció que la debida fundamentación no sólo implica un derecho para las partes, sino también permite el control del razonamiento por un Tribunal Superior en grado, así por ejemplo, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio señaló: “El Código de Procedimiento Penal, en el art. 124, establece: Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.


La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes.


Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo  de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, …5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos (SCP 0100/2013 de 17 de enero).


Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica”.


III.1.2. Control de la Sentencia.


Conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la LOJ, corresponde al Tribunal de apelación ejercer el control de legalidad y logicidad sobre la Sentencia; es decir, debe verificar, siempre con base en las denuncias, que el Tribunal o Juez de Sentencia, haya respetado las formas legales en su actuar y que de ellas hayan emergido una Sentencia adecuadamente sustentada en los hechos, la prueba y la norma; al respecto, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio señaló: “Ahora bien, el control respecto a la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en la Sentencia, corresponde al Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la Ley del órgano Judicial (LOJ); en ese entendido, el citado Tribunal, se encuentra facultado para ejercer el control, no sólo de legalidad de la Sentencia, sino de la logicidad o razonamiento lógico-jurídico empleado a momento de valorar la prueba, que debe encontrarse traducida en la fundamentación probatoria del fallo, lo que no implica, que el Tribunal de alzada pueda rever los hechos u otorgar valor distinto o revalorar los medios probatorios, sino, ejercer control respecto a la justificación del fallo; sin embargo, esta labor, debe a su vez encontrase debidamente fundamentada, tal cual se expresó en la última parte del apartado “III.1.1.” de esta Resolución” .



III.2. Análisis del caso en concreto.


Toda vez que las denuncias cursantes en el memorial de casación, se encuentran vinculadas con un erróneo control ejercitado por el Auto de Vista impugnado contra la Sentencia, que habría resuelto las alegaciones sin fundamentar adecuadamente el fallo, corresponde verificar a este Tribunal, si efectivamente el Tribunal de apelación cumplió o no con su labor de control.


  1. El primer motivo del recurso que fue admitido de manera excepcional, refiere que en alzada, el recurrente denunció que el Juez de Sentencia valoró las literales “PD5”, “PD6” y “PD7”, pese a que fueron excluidas en mérito a un incidente formulado por la parte contraria en la audiencia de juicio oral; consiguientemente, no incorporadas legalmente al proceso y que al respecto el Tribunal de alzada, además de reconocer que se valoraron las citadas pruebas, indicó que la recurrente no habría señalado, cómo esas pruebas influyeron en la Sentencia y que al ser esas pruebas actas de declaraciones de personas que testificaron posteriormente en juicio, carecerían de relevancia.


Revisadas las actuaciones procesales, se establece que en audiencia de juicio oral de 9 de septiembre, efectivamente la propia recurrente pretendió judicializar prueba de descargo consistente en las literales “PD5, PD6 y PD7”, respecto a las cuales, la acusación particular planteó incidente de exclusión probatoria, que fue declarado procedente en el entendido de que se pretendía la introducción de declaraciones de personas sin adecuarse a procedimiento (fs. 155 y 156).


Se evidencia también, que posteriormente, el juzgador estableció la “RELACIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO” (sic), en la que resumió la acusación; posteriormente, en los acápites relativos a las pruebas de las partes, nombró a los testigos, las literales y documentales ofrecidas por las partes; así, en el acápite “PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE IMPUTADA” (sic) tal cual fue trascrito en el apartado II de este fallo, se limitó a nombrar a los testigos con su respectivo número de cédula de identidad y literales con su descripción, entre las que se encontraban las signadas como “PD5” consistente en una copia de la declaración voluntaria de Juan Marcelo Valenzuela Núñez y la “PD6” relativa a la declaración voluntaria de Diana Cecilia Valenzuela Núñez, posteriormente, en un párrafo aparte, se verifica que procedió a citar varias otras pruebas, entre las cuales se encuentra la “PD7”, señaló al final la palabra “Retira”, sin dejar entender a qué se refirió con ello.


Se verifica también, que en el acápite “VALORACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA” (sic), las pruebas objeto de la presente denuncia, no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Sentenciador, sino conforme señaló el fallo de mérito, la convicción adquirida por el juzgador emergió de las pruebas testificales, tanto de cargo como de descargo, recepcionadas en audiencia de juicio oral, así como de las literales consistentes en Acta de audiencia de inspección ocular de 14 de agosto de 2012, un folleto de publicidad de la empresa de mudanzas, un inventario de los objetos trasladados por la empresa de mudanzas BAMA, un Testimonio Nº 1307/95 y folio real relativos a Irene Ariñéz Benavides, el registro computarizado Nº 01325683 de 16 de octubre de 1995, un documento privado de anticresis que conforme señaló la Sentencia, demostró que el coimputado vive en el inmueble en litigio en calidad de anticresista y finalmente la inspección ocular al inmueble objeto de la acción penal.


De lo señalado precedentemente, se advierte que si bien el Tribunal de alzada, de forma errónea consideró que las pruebas “PD5 y PD6” fueron valoradas, este yerro, no tuvo ninguna incidencia en el fallo ahora impugnado, mucho menos en la Resolución de mérito, pues, conforme se desprende del análisis precedente, las citadas pruebas no fueron objeto de valoración alguna; consecuentemente, este motivo se declara infundado. 


  1. Como segundo motivo de la impugnación casacional, la imputada denunció que el Tribunal de alzada no valoró adecuadamente ni reparó las denuncias de apelación restringida por defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; es decir, falta de fundamentación y porqué se basó en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; alegó que al respecto, el Auto de Vista habría emitido pronunciamiento refiriendo que la Resolución apelada contiene elementos suficientes, de hecho y derecho que motivaron la instauración de la causa, pero no estableció cuales serían esos elementos que motivaron la condena.


Ahora bien, habiendo invocado precedentes contradictorios para sustentar su denuncia, corresponde el análisis previo de los mismos a efectos de verificar si corresponden a situaciones fácticas análogas y a partir de ello establecer si el Auto de Vista incurrió en contradicción con dichos fallos.


El Auto de Vista 14/2010 de 9 de febrero, emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz y el Auto Supremo 171/2012-RRC de 24 de julio, tienen como supuesto fáctico similar, la falta de fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia y su correspondiente control en etapa de alzada, estableciendo que corresponde al Tribunal de apelación ejercer el control sobre la valoración de la prueba, verificando que la valoración efectuada por el inferior en grado se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica. De lo anterior, se establece que tanto los precedentes como el motivo en análisis tienen similitud fáctica, por lo que corresponde verificar la existencia de contradicción en el fallo impugnado.


De antecedentes se tiene que, la recurrente denunció en alzada, la falta de fundamentación en la sentencia, precisando que la Sentencia no fundamentó cuáles fueron los medios de prueba que llevaron a la convicción que su persona y su hijo hubieran realizado destrozos; además, de deschapar y destechar el inmueble. Vinculó la denuncia a la defectuosa valoración de la prueba y al hecho de que la Sentencia se hubiera basado en hechos inexistentes o no acreditados; al respecto, el Tribunal de alzada, conforme se desprende de la transcripción realizada en el acápite “II.3.” de este fallo, limitó su pronunciamiento a señalar: “…éste contiene los elementos suficientes de hecho que motivaron primero: la instauración de un juicio por un delito de acción penal privada; el correspondiente desarrollo  con plena participación de los sujetos en litigio, y segundo los suficientes elementos de derecho que motivaron al juez a emitir la resolución motivo de impugnación en el presente caso de autos, además que con relación a la mención de daños ocasionados por parte de los acusados al inmueble, y el principio in dubio pro reo, es necesario considerar que esta característica hace latente en la sentencia del Juez a quo, a tal efecto se tiene la absolución; en apego estricto al principio de favorabilidad que reclama la parte imputada a contrario sensu, no haberse aplicado, y la culpabilidad en cuanto al delito de despojo Art. 351 del Código Penal…” (sic), argumento del que se evidencia la falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, pues no señaló, con razones lógicas el por qué consideró que el fallo de mérito se encuentra debidamente fundamentado. 


Por otra parte, el Auto de Vista impugnado no sólo no expresó cuáles fueron los razonamientos lógicos de la Sentencia que le llevaron a la convicción de que fue emitida sin incurrir en el vicio descrito en el inc. 5), sino tampoco en el inc. 6) del art. 370 del CPP; pues, no explicó porqué consideró que el Tribunal de mérito no valoró erróneamente la declaración de Marcelo Leonardo Villarroel Barrios, cuando de obrados se establece que lo manifestado en la sesión de audiencia de juicio oral de 31 de julio de 2013, por el citado testigo (fs. 94 y 99), difiere del contenido que consta en la Sentencia al respecto (fs. 199), lo que motivó que la parte recurrente alegue la existencia de defectuosa valoración de la prueba, así como que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, sin que el Tribunal de alzada, tal como plantea la recurrente, haya valorado adecuadamente y reparado en su caso las denuncias basadas en la referida norma procesal penal.


Del análisis precedente, se establece que el Auto de Vista impugnado emitió un fallo carente de fundamentación adecuada, incurriendo en contradicción con los precedentes invocados en el recurso de casación, por lo que corresponde declarar fundado el motivo examinado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Irene Ariñez Benavides, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 18/2014 de 12 de marzo, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada  Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA