TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 102/2015-RRC

Sucre, 12 de febrero de 2015


Expediente                : Potosí 22/2014

Parte acusadora                : Ministerio Público

Parte imputada                : Verónica Coca Vallejos y otros

Delito                : Trata de Seres Humanos y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 19 de agosto de 2014, cursantes de fs. 324 a 328 y fs. 346 a 358 vta., respectivamente, Verónica Coca Vallejos y Paola Andrea Castillo Vargas, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 21/2014 de 17 de julio, de fs. 295 a 308, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra las recurrentes, por los delitos de Trata de Seres Humanos, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 281 bis, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 1 a 7), y concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de la localidad de Llallagua, de la provincia Rafael Bustillo del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la Sentencia 02/2013 de 6 de mayo (fs. 41 vta. a 52), condenando a los imputados por los delitos acusados; contra la citada Sentencia, las imputadas Paola Andrea Castillo Vargas, Roxana Aidé Cachi Sillo y Valeria Villca Condori formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 31/13 de 1 de octubre de 2013, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulado por Paola Andrea Castillo Vargas y procedentes los recursos planteados por Roxana Aidé Cachi Sillo y Valeria Villca Condori, disponiendo la nulidad de la sentencia; en consecuencia, ordenó la reposición del juicio en reenvío por el Tribunal de Sentencia llamado por ley; contra el Auto de Vista referido, Paola Andrea Castillo Vargas, formuló recurso de casación, siendo declarado inadmisible por Auto Supremo 325/2013 de 13 de noviembre.


  1. Concluido el juicio oral de reenvío, el Tribunal de Sentencia de Uncía del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la sentencia 02/14 de 15 de abril de 2014 (fs. 438 a 453), declarando a: Paola Andrea Castillo Vargas, autora y culpable de los delitos de Trata de Seres Humanos con agravante, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos en los arts. 281 bis, 199 y 203 del CP, condenándole a la pena de diez años de privación de libertad; Valeria Villca Condori, Verónica Coca Vallejos y Roxana Aidé Cachi Sillo, autoras y culpables del delito de Trata de Seres Humanos con agravante, previsto y sancionado en el art. 281 bis del CP, condenándolas a la pena privativa de libertad de diez años; y, a Adhemar Villca Coyo, autor del delito de Encubrimiento previsto y sancionado en el art. 171 del CP, condenándole a la pena de privación de libertad de dos años, en todos los casos con costas en favor del Estado y la víctima.


  1. Contra la citada Sentencia, las imputadas Verónica Coca Vallejos, Valeria Villca Condori, Roxana Aidé Cachi Sillo y Paola Andrea Castillo Vargas, formularon recursos de apelación restringida (fs. 458 a 463 vta., 467 a 471 vta., 551 a 557 y 558 a 569 respectivamente), resueltos mediante Auto de Vista 21/2014 de 17 de julio (fs. 295 a 308), que rechazó sin tramite las apelaciones interpuestas, motivando la formulación de los recursos de casación que son motivo del presente análisis de fondo.


I.2. De los motivos del recurso de casación


De los memoriales que cursan de fs.  324 a 328 y de fs. 346 a 358 vta., se extraen los siguientes motivos:


Recurso de casación de Verónica Coca Vallejos. 


Arguye que no obstante haber denunciado en apelación restringida, defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 3), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), constitutivos de falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, de inexistencia de fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente y contradictoria y, por último, que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, respectivamente, el Tribunal de alzada no admitió el recurso, actuación que considera es defecto absoluto y vulnera sus derechos a la defensa y al debido proceso.


Recurso de casación de Paola Andrea Castillo Vargas. 


La imputada refiere que mediante el Auto de Vista impugnado, con argumentos arbitrarios se determinó la aplicación del art. 399 del CPP a su recurso de apelación restringida, sin resolver los puntos señalados como agravios, menos aún lo expresado en la subsanación, ni los precedentes contradictorios cuya aplicación invocó, contradiciendo éstos y “muchos otros”, incurriendo en defecto absoluto no susceptible de convalidación, vulnerando el debido proceso y negándole su derecho a la defensa, conforme establece el art. 169 inc. 3) del CPP; argumenta también que tampoco se consideró que en el recurso de apelación restringida como en el de subsanación manifestó claramente la aplicación que pretende, contradiciendo lo expresado por el Auto Supremo 363 de 5 de abril de 2007, a cuyo efecto sostiene que la apelación restringida debió resolverse tomando en cuenta lo fundamentado en su memorial y en el de subsanación, así como lo prescrito por las normas aludidas como por lo establecido en los precedentes contradictorios invocados.


I.1.2. Petitorio


La recurrente Verónica Coca Vallejos, solicita se declare fundado el recurso de casación y se ordene a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se pronuncie conforme a la doctrina legal establecida, procediéndose a un nuevo juicio de reenvío; por su parte, la recurrente Paola Andrea Castillo Vargas, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se disponga la emisión de una nueva resolución acorde a la jurisprudencia establecida y se pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviéndose el fondo de la apelación presentada.


I.2. Admisión de los recursos


Mediante Auto Supremo 624/2014-RA de 4 de noviembre, cursante de fs. 370 a 374, este Tribunal admitió los recursos formulados por las recurrentes para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la sentencia.


Una vez concluido el debate del juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Uncía del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la sentencia 02/14 de 15 de abril de 2014, con base a los siguientes argumentos: i) Se tuvo conocimiento del delito de Trata de Seres Humanos el 28 de julio de 2011, estableciéndose concretamente que una bebé fue trasladada de la ciudad de La Paz a Llallagua por Valeria Villca Condori y Verónica Coca Vallejos entre el 19 y 20 de abril de 2011, entregándola a Paola Andrea Castillo Vargas, tras la firma de un documento de 9 de mayo de 2011; ii) Paola Andrea Castillo Vargas, fue quien manifestó su intención de comprar un bebé, entregando Bs. 3.500.- (tres mil quinientos bolivianos) a Verónica Coca y Valeria Villca, quienes sabían de su intención y colaboraron a este propósito, cancelando además sus pasajes de ida y vuelta entre Llallagua y La Paz y viceversa a razón de Bs. 500.- para cada una; iii) Que, Paola Andrea Castillo Vargas, pretendía devolver a la bebé porque lloraba mucho, procurando recuperar entre Bs. 6000.- (seis mil bolivianos) a Bs. 6500.- (seis  mil quinientos bolivianos); asimismo, Valeria Villca Condori, fue la persona que abordó en la ciudad de La Paz a Roxana Aidé Cachi Sillo, madre de la bebé, indicándole que le había encontrado una familia, logrando tomar a la menor en calidad de préstamo con la intención de devolverla en la tarde, hecho que no sucedió, entregándole más bien dinero entre el 40 a 80 % del total acordado; iv) Valeria Villca y Verónica Coca, fueron las que trasladaron a la bebé a Llallagua y entregaron a Paola Andrea Castillo Vargas, mediante un documento privado aclaratorio de 9 de mayo de 2011, con el argumento de que su madre Roxana Aidé Cachi Sillo, pretendía deshacerse de su hija por su numerosa familia, estado de pobreza y hábito de beber, Valeria Villca se comprometió a obtener el poder lo más antes posible y realizar el trámite de adopción de la menor; v) La madre de la menor no presentó denuncia alguna sobre supuesto Trata y Tráfico de Personas, habiendo dado a luz el 16 de noviembre de 2010, en el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz, entidad a la que la llevó en dos oportunidades a los controles de peso y vacunas; asimismo, se encontró en su poder un carnet de salud infantil, certificado de recién nacido, siendo ésta la madre biológica determinada por la prueba pericial de ADN; vi) La menor víctima de Trata fue encontrada en el domicilio de Valeria Villca el 28 de julio de 2011, tras un operativo policial y luego entregada al centro de acogida “Margarita Auger” de Uncía; posteriormente al centro de acogida “Niño de Praga” de la ciudad de Potosí; por otra parte, Paola Andrea Castillo Vargas, indujo a la trabajadora social del Hospital “Madre Obrera” de Llallagua, Juliette Kattya Cruz Padilla para que le extienda un certificado de recién nacido vivo de una supuesta Pamela Andrea Calle Castillo, aparentemente nacida el 5 de diciembre de 2010, acreditándose que el certificado es falso debido a que la menor no nació en ese centro; asimismo, Paola Andrea Castillo Vargas, inscribió a la menor en el Registro Civil como hija suya presuntamente nacida el 25 de diciembre de 2010, con el nombre de Lucinda Andrea Calle Castillo, y como padre a David Calle Mamani, para cuyo efecto utilizó documentos falsos; y, vii) En cuanto a Adhemar Villca Coyo, acusado del delito de Tráfico de Seres Humanos, no se probó su participación en el ilícito; sin embargo, por su comportamiento se le condenó por el delito de Encubrimiento previsto en el art. 171 del CP, puesto que conociendo el hecho omitió denunciarlo. 


Con esos antecedentes, el Tribunal de Sentencia de Uncía, sancionó a los imputados en la forma descrita en el punto I.1. inc. b) de la presente Resolución.


II.2.        De los recursos de apelación restringida.


Las imputadas a su turno formularon recurso de apelación restringida, conforme el siguiente detalle:


II.2.1. Apelación restringida de Verónica Coca Vallejos.


Por memorial de fs. 458 a 464, la imputada presentó recurso de apelación restringida con los siguientes fundamentos: a) Ausencia de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 núm. 3) del CPP, por cuanto la Sentencia no es congruente con la acusación fiscal, la Sentencia señaló que vendía pasajes en flota Bustillo y posteriormente expresó que la tía de Verónica Coca vendía pasajes; b) Ausencia de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente y contradictoria, defecto de Sentencia incurso en el art. 370 inc. 5) del CPP, expresa que la Sentencia contiene escasa fundamentación y resulta ser contradictoria con las pruebas aportadas, basándose en simples suposiciones; c) La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, defecto inscrito en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiriendo que la Sentencia incurrió en varias contradicciones, falta de fundamentación, cuestionando la legalidad de algunas pruebas.


II.2.2. Apelación restringida de Paola Andrea Castillo Vargas.


Por memorial de fs. 558 a 569, la imputada denunció: a) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, porque se la declaró autora de los delitos de Trata de Seres Humanos con agravante, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos en los arts. 281 Bis, 199 y 203 del CP, sin observarse las prescripciones contenidas en dichas normas y en los arts. 13, 14, 20, 24 y 244 del CP, siendo subsumida su conducta a los indicados delitos, cuando su intención no fue explotar a la menor, sino adoptarla; asimismo, respecto a los ilícitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, sostuvo que el certificado de recién nacido vivo fue elaborado por la visitadora social y el galeno del hospital Madre Obrera a pedido de la abogada Iblin Cavero y respecto al certificado de nacimiento, no corresponde a Falsedad Ideológica, sino al delito de Alteración o Substitución del Estado Civil previsto en el art. 244 del CP, concluyendo que no se razonó adecuadamente la calificación legal del hecho (tipicidad); b) Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia incurso en el art. 370 inc. 6) del CPP, debido a que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente la prueba testifical, porque ninguno de los testigos manifestó que hubiese vendido a la menor o la hubiese adoptado ilegalmente, vulnerándose los arts. 124, 173 y 359 del CPP; c) Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, existiendo hechos que no fueron acreditados como la acción de vender a la menor o la adopción ilegal y la inserción de dato falso en el certificado de nacido vivo, simplemente se llegó a la conclusión por declaraciones de testigos referenciales; consecuentemente, al no existir elementos probatorios que acrediten de manera directa su participación en el hecho acusado, debió disponerse su absolución. Por ello, alegó la vulneración de los arts. 6, 13, 92, 93, 94, 95, 97, 123, 124 y 173 del CPP.


II.3.        Trámite de los recursos y Auto de Vista impugnado.


Previa radicatoria de la causa, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de 13 de junio de 2014 (fs. 278 a 281), observó cada uno de los motivos denunciados por las imputadas en los recursos de apelación, disponiendo que en el plazo de tres días subsanen las observaciones, bajo apercibimiento de rechazo, motivando la presentación por parte de las recurrentes, de los memoriales de 8 de julio de 2014 (fs. 289 a 292 y 293 a 294); en consecuencia se pronunció el Auto de Vista 21/2014 de 17 de julio, por el cual el Tribunal de alzada rechazó sin trámite las apelaciones restringidas con el argumento de no haberse cumplido con las previsiones contenidas en el art. 408 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES


En el presente proceso, las imputadas Verónica Coca Vallejos y Paola Andrade Castillo Vargas, de manera coincidente impugnan el Auto de Vista que rechazó sus recursos de apelación restringida, alegándose en el primer caso la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso, y en el segundo caso la existencia de contradicción con el Auto Supremo 363 de 5 de abril de 2007, correspondiendo resolver en el fondo la problemática planteada, previa referencia al precedente invocado y a la regulación del recurso de apelación restringida.


III.1. Del precedente invocado en uno de los recursos. 


La imputada Paola Andrade Castillo Vargas invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 363 de 5 de abril de 2007, que fue emitido en un proceso tramitado por los delitos de Allanamiento y Daño Calificado, en el cual el Tribunal de casación ante la denuncia de vulneración a los arts. 173 y 359 del CPP, incorrecta valoración de la prueba y falta de valoración de la prueba en su conjunto, constató que al emitirse sentencia se incurrió  en defectuosa valoración de la prueba con relación a lo dispuesto por los arts. 298 y 358 inc. 2) del Código Penal, sin que el Tribunal de alzada haya emitido nueva sentencia con base a las pruebas producidas en el juicio oral, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Que conforme la normativa legal vigente, la apelación restringida, por su naturaleza y finalidad legal es esencialmente de puro derecho, motivo por el cual, su análisis, el Tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia. Consecuentemente, no existe la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso.


Consiguientemente; en aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no es pertinente anular totalmente la sentencia y disponer que se abra nuevo juicio sino dar cumplimiento a lo establecido por la última parte del Artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”.

  

III.2. Regulación del recurso de apelación restringida.


Este Tribunal Supremo de Justicia, respecto al recurso de apelación restringida en el Auto Supremo 98/2013-RRC de 15 de abril estableció: “En el sistema procesal penal, en los arts. 394 y siguientes del CPP, se establecen las normas generales y los requisitos de tiempo y forma que se deben observar a tiempo de interponer los diferentes recursos, siendo facultad privativa de los Tribunales de apelación o alzada, velar por el cumplimiento de las normas que regulan el trámite y resolución de dichos recursos, y por ende, pronunciarse sobre la admisibilidad de los mismos.


De manera particular, por previsión expresa del art. 407 CPP, el recurso de apelación restringida se interpondrá por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, cuando el vicio versa sobre la incorrección del juicio contenido en la sentencia o violación de ley sustantiva, o sobre la irregularidad en la actividad procesal, en el segundo caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente, su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir durante la sustanciación del juicio, salvo en los casos de nulidad absoluta o vicios de sentencia previstos en los arts. 169 y 370 CPP.


Conforme señalan los arts. 408 y 410 CPP, a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, deberá citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación; esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso.  Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: `Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal`.


Por otra parte, si bien es cierto, que el recurrente tiene derecho de ofrecer prueba en grado de apelación; esta prueba únicamente puede ser producida para acreditar defectos de procedimiento y de ninguna manera para acreditar o desvirtuar los hechos juzgados, en razón de que en el nuevo sistema de impugnación, el Tribunal de alzada se limita a revisar el juicio de derecho y por lo mismo, desaparece la posibilidad de la doble instancia que permita al Tribunal de apelación, ingresar a considerar los hechos debatidos en el juicio oral y público, y menos, admitir o incorporar prueba encaminada a demostrar o desvirtuar los hechos que fueron objeto del debate.


De las previsiones legales referidas, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso; además, no puede ser ejercitado por cualquier persona, ni de cualquier forma, pues su ejercicio exige el cumplimiento de una serie de condiciones legalmente establecidas. Por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otro modo, el recurso de apelación restringida debe ser formulado tal y como prevé la norma procesal, requiriendo la diligencia del recurrente.


En ese ámbito, la jurisprudencia ha determinado criterios en cuanto a los requisitos de forma en la interposición de la apelación restringida, en los términos contenidos en el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007 que expresó: ´El sistema de recursos contenido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido trazado para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el control del decisorio por un Juez o Tribunal Superior al que pronunció la resolución condenatoria`; para luego señalar lo siguiente: `…si el Tribunal de alzada observa el recurso de apelación restringida y otorga un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del Código Adjetivo Penal, debe precisar de manera clara y expresa en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.


En cuyo caso, si transcurridos los tres días, el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas, precluye el derecho del recurrente por el transcurso del tiempo, debiendo el Tribunal ad quem dar estricta aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y RECHAZAR el recurso, sin ingresar a realizar consideraciones de fondo; de lo contrario tramitará el recurso conforme a procedimiento y dictará resolución declarando procedente o improcedente el recurso. Entendimiento consolidado en los Autos Supremos 58 de 27 de enero y 219 de 28 de marzo, ambos del 2007, entre otros”.  


III.3.        Análisis del caso concreto.


Estando cuestionada por ambas recurrentes la decisión del Tribunal de alzada de rechazar sus recursos de apelación restringida que formularon en la causa, se ingresa a analizar si esa determinación vulneró los derechos a la defensa y el debido proceso y si incurrió en contradicción con el precedente invocado.


Como se tiene señalado en el punto II.2.1. de la presente Resolución, Verónica Coca Vallejos, en apelación restringida denunció defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 3), 5) y 6) del CPP, relativos a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, ausencia de fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria y que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; expresando como norma vulnerada el art. 124 del CPP y como pretensión solicitó la anulación de la sentencia y la reposición del juicio, en observancia del art. 413 de la norma procesal penal.

El Tribunal de apelación, por Auto de 13 de junio de 2014, observó el citado recurso señalando: Con relación a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio y su fundamentación circunstanciada, el referido defecto tiene dos supuestos: 1) Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio; y, 2) Su determinación circunstanciada; que lo alegado en este punto no tiene fundamentación fáctica ni jurídica, tampoco concretó el motivo conforme los presupuestos señalados en el art. 407 del CPP, no citó qué normas hubiesen sido inobservadas o erróneamente aplicadas, tampoco expresó la aplicación pretendida, menos cumplió con la carga argumentativa; en lo referente a la ausencia de fundamentación de la Sentencia, que ésta sea insuficiente o contradictoria, no cumplió con los presupuestos del art. 408 del CPP, referidos a qué normas hubiesen sido inobservadas o erróneamente aplicadas, que concreten el agravio y la aplicación que se pretende, tampoco contiene carga argumentativa. Y, en lo concerniente a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, advierte que el defecto tiene tres supuestos: a) Sentencia basada en hechos inexistentes, b) Sentencia basada en hechos no acreditados o demostrados; y, c) Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba; la denuncia en el caso, refiere que es meramente descriptiva sobre hechos que consigna en el recurso extractados de la Sentencia, lo alegado no permite al Tribunal concretar en qué supuesto se subsume lo argumentado, puesto que se realizó una descripción de forma global, no estableció qué normas hubiesen sido erróneamente aplicadas o interpretadas con relación a la defectuosa valoración de la prueba o qué reglas de la lógica fueron inobservadas.


La recurrente Verónica Coca Vallejos, por memorial de fs. 293 a 294 con la suma de “cumple lo observado”, en cuanto a las observaciones realizadas por el Tribunal de apelación refirió: Al punto 1), la apelación restringida está vinculada a la segunda causal, inexistencia de la determinación circunstanciada de los hechos, por cuanto la Sentencia señaló “por intermedio de Verónica coca, quien trabajaba y vendía pasajes en flota Bustillo” (sic); sin embargo, no se demostró por ningún medio que ese hecho fuera cierto; con relación al punto 2), el Tribunal de Sentencia expresó que por la prueba de cargo se estableció que la procesada participó de manera activa en el hecho, por cuanto viajaron a la ciudad de La Paz con Verónica Villca Condori entre el 19 y 20 de abril de 2011, lo que implica que no dio cumplimiento a los incs. 2) y 3) del art. 360 del CPP, porque no existe congruencia y la Sentencia no otorgó el valor correspondiente a cada uno de los medios de prueba; finalmente, al punto 3), expresa que los puntos 1, 3, 4, 6, 7, 11 y 12 de la Sentencia sobre presuntos hechos que hubiesen ocurrido, ninguno de ellos fueron demostrados en el juicio oral, lo propio sucedió con la prueba “MP-3 y MP-10”; agregando que en el recurso de apelación restringida se fundamentó de manera clara conforme el art. 124 del CPP, solicitando en todos los casos como pretensión la nulidad de la Sentencia.  


El Auto de Vista impugnado, en lo que respecta a la apelación restringida y al memorial formulado ante las observaciones efectuadas al recurso, señaló: 1) Con relación a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio y su fundamentación circunstanciada, defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, la recurrente en el memorial de subsanación impugnó la Sentencia por falta de determinación circunstanciada, alegando que en Sentencia se tiene “por intermedio de Verónica Coca, quien trabaja y vendía pasajes en Flotas Bustillo” (sic); empero, no subsanó la observación efectuada, pues si bien concretó la impugnación en el segundo supuesto del at. 370 inc. 3) del CPP, la fundamentación es insuficiente y lo alegado no incide en los supuestos que hacen a este defecto; por otra parte, no mencionó las normas legales que hubiesen sido erróneamente aplicadas o interpretadas que hagan al defecto de Sentencia, limitándose a señalar a una de las formas de resolver el recurso como es la nulidad, confundiendo con la aplicación pretendida; 2) Que no exista fundamentación en la Sentencia, que ésta sea insuficiente o contradictoria, la recurrente señaló que no se dio cumplimiento a los incs. 2) y 3) del art. 360 del CPP y el art. 124 del mismo cuerpo legal, que no existe congruencia y que no se le dio valor a las pruebas; sin embargo, no indicó  que prueba le llevó a asumir convicción y con relación a la aplicación que pretende, solicitó nulidad del juicio y reenvío, lo que implica que no cumplió con las observaciones, pues el fundamento resulta insuficiente y contradictorio, porque no indicó con claridad si la denuncia se refirió  a la fundamentación jurídica o la valorativa en sus elementos descriptiva e intelectiva y a qué tipo de congruencia se refiere, advirtiendo que no cumplió con el art. 408 del CPP; 3) Que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, defecto incurso en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiere que no se subsanó lo observado, porque ratificó su denuncia de forma global, aludiendo tácita y explícitamente la defectuosa valoración de la prueba por vulneración a la sana crítica sin fundamento jurídico como exige el art. 408 del CPP; asimismo, con relación a las pruebas “MP-3, MP-10 y MP-11”, que no determinarían certeza en su participación en el hecho, no concretó el defecto, puesto que la valoración de la prueba se efectúa con base a la sana crítica que es distinta a la defectuosa valoración de la prueba por falta de fundamentación, concluyendo que el recurso es insuficiente y contradictorio, ratificó lo fundamentado en el recurso y no interpretó qué ley considera violada o erróneamente aplicada, limitándose a solicitar la nulidad del juicio, incumpliendo con la previsión contenida en el art. 408 del CPP.


Por otra parte, conforme se tiene anotado en el punto II.2.2. de la presente Resolución, la imputada Paola Andrea Castillo Vargas, presentó recurso de apelación restringida, denunciando defectos de Sentencia consistentes en: a) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; b) Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia incurso en el art. 370 inc.6) del CPP; y, c) Sentencia basada en hechos inexistente o no acreditados, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.


El Tribunal de alzada por Auto de 13 de junio de 2014, realizó las siguientes observaciones a ser subsanadas: respecto al inc. a) Se denunció falta de tipicidad en relación a los delitos de Trata de Seres Humanos, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos en los arts. 281 Bis, 199 y 203 del CP, por no observarse las prescripciones contenidas en dichas normas y en los arts. 13, 14, 20, 24 y 244 del CP; sin embargo, la apelante incumplió con el art. 408 del CPP, puesto que con relación a las normas que consideró como violadas, no expresó cuál la aplicación que pretendía; es decir, cuál era la forma correcta de aplicar esas normas violadas y no limitarse a solicitar se repare el error como aplicación pretendida; en lo referente al inc. b), al haber denunciado defecto por vulneración al art. 173 del CPP, relativo a la omisión de valoración de la prueba, señala que la valoración en base a la sana crítica difiere de la valoración defectuosa de la prueba y cada uno de los supuestos mencionados tiene su respectivo tratamiento y normativa legal aplicable, denotando lo alegado ambigüedad, debiendo precisar el medio probatorio que considera que no fue debidamente valorado e identificar en la Sentencia la fundamentación probatoria intelectiva, expresar la reglas de la lógica que no hubiesen sido observadas vinculando su crítica con los razonamientos plasmados en la Sentencia, puesto que si bien los jueces están obligados a motivar el fallo, es también obligación del recurrente motivar el recurso; en el caso, la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar donde constan los errores; y respecto al inc. c), denunció que los hechos no se encuentran acreditados y son inexistentes, englobados en un solo punto, además de consignar una serie de normas adjetivas que hubiesen sido violadas, no observó el art. 408 del CPP, referente a la individualización separada de cada violación con sus fundamentos; asimismo, no señaló la aplicación que se pretende con relación a las normas denunciadas de violadas. 


Ante la observación efectuada, la imputada Paola Andrea Castillo Vargas, por memorial cursante de fs. 289 a 292, ante las observaciones efectuadas por el Tribunal de alzada, expresó: En lo referente al inc. a), su pretensión es la reparación directa del error emitiendo nueva sentencia debiendo declararse su absolución; asimismo, las normas acusadas de erróneamente aplicadas e inobservadas, se encuentran inmersas en los arts. 13, 14, 20, 24, 281 bis incs. 1) y 2), 199, 203 y 244 del CP; agrega que, con referencia a los arts. 13 y 14 del CP, no se aplicó correctamente estas normas, porque no hay pena sin culpabilidad y en el proceso no se demostró el dolo, puesto que para evitar cualquier acto ilegal concurrió a una profesional abogada, quien debió orientarla correctamente, sosteniendo que no realizó el hecho con conocimiento y voluntad y al no existir reproche en su conducta no correspondía sanción alguna; con relación a los arts. 20 y 24 del CP, refiere que su persona no es autora directa o material de los delitos que se le acusaron porque no concurren los elementos constitutivos de los tipos penales; refiere que se la condenó en atención a la culpabilidad de los otros imputados, aspecto prohibido por el art. 24 del CP, debiendo responder por su acción y no por la conducta de otras personas; con referencia a los arts. 281 bis incs. 1) y 2), 199, 203 y 244 del CP, en el contenido del recurso explicó con claridad todos los errores de interpretación que cometieron las autoridades judiciales, haciendo hincapié en lo que corresponde al delito de Trata de Seres Humanos, señalando que la aplicación que pretende es que no se tome en cuenta dicha normativa para disponer la culpabilidad de su persona, porque no realizó ningún acto descrito en el tipo penal; en cuanto a los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, no se indicó en Sentencia qué acto constitutivo de los tipos penales hubiese realizado su persona, solicitando la aplicación correcta de dichas normas determinándose su absolución; finalmente, en lo concerniente al art. 244 del CP, expresa que lo que se hizo con la menor es simplemente cambiarle la identidad, por lo que el acto realizado se subsume a dicha norma y era previsible la condena por este ilícito; en cuanto al inc. b), todo lo observado con relación al art. 173 del CPP, está explicado en el recurso, reiterando que existe una defectuosa valoración de la prueba, toda vez que se omitió aplicar la sana crítica en la valoración de la prueba testifical, puesto que el Tribunal de juicio sólo hizo referencia a aspectos genéricos que no configuran los delitos acusados en grado de autoría material y directa, las declaraciones de los policías investigadores son referenciales y contradictorias, la prueba documental no la vincula a los hechos, omitiéndose en su valoración la sana crítica; por otra parte, en la fundamentación descriptiva se realizó una simple descripción de la prueba testifical, ignorándose el iter lógico; en definitiva, la sentencia carece de sana crítica y fundamentación; con referencia al inc. c), expresa que en la Sentencia existen hechos no acreditados e inexistentes como el que su persona vendió a la menor o la adoptó ilegalmente o la inserción de un dato falso en el certificado de recién nacido vivo, simplemente son aseveraciones de testigos referenciales y de los investigadores, por lo tanto el Tribunal debió restarles valor, porque no existe prueba que le incrimine a su persona en la participación en el hecho.


El Auto de Vista 21/2014 de 17 de julio, en cuanto a la apelación restringida y la subsanación de la imputada Paola Andrea Castillo Vargas expresó: Con relación al defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, lo alegado con referencia a las normas vulneradas es insuficiente, debido a que no mencionó cuál fue la interpretación errónea y cuál era la correcta en relación a los hechos probados en Sentencia, lo propio con relación a los arts. 20 y 24 del CP; en lo referente a los arts. 281 bis incs. 1) y 2), 199, 203 y 244 del CP, incumplió con la observación porque no señaló la aplicación que pretende y la fundamentación respectiva, confundiendo la aplicación que se pretende con la forma de resolución del recurso; finalmente, en forma contradictoria solicita la condena por el delito previsto en el art. 244 del CP, concluyendo que no dio cumplimiento al art. 408 del CPP; en cuanto al defecto incurso en el art. 370 inc. 6) del CPP, señala que lo alegado, al margen de introducir argumentos erróneos como el que no se valoró la prueba en la fundamentación descriptiva, denuncia defectuosa valoración de la prueba por vulneración a la sana crítica, lo que implica que se valoró la prueba; sin embargo, no cumplió con lo observado, porque no expresó las reglas de la lógica que hubiesen sido inobservadas y vincular su crítica al razonamiento base del fallo, tampoco expresó la aplicación que se pretende con relación al art. 173 del CPP, concluyendo que lo argumentado en el recurso denota ambigüedad e insuficiencia en cuanto a la carga argumentativa; por otra parte, con referencia al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, Sentencia basada en hechos inexistentes y no acreditados, lo alegado no subsana lo observado, puesto que engloba el defecto denunciado basado en un sólo argumento, no obstante que procesalmente los hechos inexistentes difieren de los hechos no acreditados, siendo conceptualmente diferente la fundamentación realizada, el motivo denunciado no es congruente porque induce al Tribunal a examinar la valoración de la prueba; finalmente, con relación a la vulneración de los arts. 6, 13, 92, 93, 94, 95, 97, 123, 124 y 173 del CPP, la aplicación que pretende no cumple con la hermenéutica prevista en el art. 408 del CPP, al margen de no guardar relación con el defecto denunciado, remitiéndose a otros aspectos como presunción de inocencia, prueba ilícita, formas de declaración del imputado, aspectos que no tienen nexo causal o evidencie un agravio por inobservancia o errónea aplicación de dichas normas.


Ahora bien, efectuada esta necesaria precisión de los argumentos alegados por las recurrentes en sus respectivos recursos de apelación restringida, las observaciones de parte del Tribunal de alzada, los memoriales que le correspondieron y las razones que determinaron el rechazo de los citados recursos, es menester señalar que conforme se explicó en el punto III.2 de la presente Resolución, a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, el apelante deberá citar inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos; cumplidas estas exigencias, el Tribunal de alzada puede ingresar al análisis de fondo del recurso con las facultades que le asignan los arts. 51 inc. 2) y 398 del CPP; es decir, estos requisitos son primordiales por cuanto a partir de su cumplimiento, el Tribunal de alzada tiene identificado el marco del control de legalidad que debe ejercer con relación a la resolución impugnada; en definitiva, es el propio recurso de apelación restringida que limita el accionar del Tribunal de alzada, puesto que de los motivos que se expongan en el recurso, deriva también la forma de resolución. En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes procesales, se advierte que el Tribunal de alzada, cumplió con el precepto legal señalado en el art. 399 de la norma procesal penal, pues observó los recursos de apelación restringida que presentaron las imputadas porque no cumplían con el requisito de procedibilidad de expresar la fundamentación fáctica y jurídica respecto a los agravios denunciados, no se estableció con absoluta claridad cuáles fueron las normas que hubiesen sido erróneamente aplicadas o interpretadas, qué pruebas no fueron debidamente valoradas y finalmente cuál la aplicación que pretendían con relación a las normas vulneradas o erróneamente aplicadas, confundiendo la forma de resolución del Tribunal de alzada, con la forma en que debían ser aplicadas las normas adjetivas y/o sustantivas acusadas de infringidas, por ello, el Tribunal de apelación en observancia del principio pro actione, les concedió el plazo de tres días para que puedan subsanar, bajo apercibimiento de rechazo, pese a ello, conforme el razonamiento del Auto de Vista impugnado, las imputadas no subsanaron adecuadamente, dando lugar al rechazo sin más trámite.


Esta decisión se ajusta a las previsiones legales que regulan el recurso de apelación restringida, ya que se constata que las recurrentes a tiempo de formular sus recursos, no cumplieron con los requisitos de procedibilidad anotados; en consecuencia, no es evidente que el Tribunal de alzada hubiese vulnerando el debido proceso en su componente del derecho a la defensa consagrados en los arts. 115. II y 180.I de la CPE y 407 del CPP, máxime si el rechazo como se tiene explicado deviene de la propia negligencia de las apelantes, menos puede constituir defecto absoluto inconvalidable de conformidad al art. 169 inc. 3) del mismo Código, puesto que las recurrentes ejercieron su derecho a la impugnación del fallo, pero ante la existencia de defectos en la formulación de las apelaciones, fueron rechazadas en observancia del art. 399 del CPP, sin que ello importe denegación de justicia o restricción al derecho a la defensa o la tutela judicial efectiva. Además, se evidencia que no existe contradicción con el precedente invocado, al estar referido a la prohibición de revalorizar la prueba por el Tribunal de alzada y a la correcta aplicación del art. 413 del CPP; en cuyo mérito los recursos de casación analizados devienen en infundados.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Verónica Coca Vallejos y Paola Andrea Castillo Vargas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA