TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 096/2015-RA

Sucre, 10 de febrero de 2015


Expediente                : Santa Cruz 5/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte imputada        : Primo Martínez Portuguéz

Delito                : Violación de Niño, Nina o Adolescente con Agravante


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2014, cursante de fs. 268 a 270, Primo Martínez Portuguéz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 70 de 25 de septiembre de 2014, de fs. 258 a 261 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Yngri Benavides Vargas y la  Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al art. 310 incs. 2) y 7) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 09  de 24 de abril de 2014 (fs. 218 a 227), el Tribunal Sexto de Sentencia y de Sustancias Controladas Liquidador del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Primo Martínez Portugués, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al art. 310 incs. 2) y 7) del CP, condenándolo a cumplir la pena de veinte años de presidio, más el pago de doscientos días multa, a razón de un boliviano por día y costas procesales, averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Primo Martínez Portuguéz interpuso recurso de apelación restringida (fs. 236 a 238 vta.), resuelto por el Auto de Vista 70 de 25 de septiembre de 2014 (fs. 258 a 261 vta.), que declaró admisible e improcedente la impugnación.


  1. El 2 de diciembre de 2014 (fs. 263), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 9 de mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


Citando y transcribiendo parcialmente los Autos Supremos 124/2012 de 24 de mayo, 269/2011 de 9 de mayo, 190/2012 de 24 de julio y 45/2012 de 14 de marzo, el recurrente presenta recurso de casación señalando que el Auto de Vista contradice los precitados fallos y alega:


  1. En el recurso de alzada, se ofrecieron como prueba, las documentales que cursan en obrados, la grabación de la magnetofónica del juicio oral y las testificales de Ausberto Armin León Ocaña y Tany Vargas Vallejos; sin embargo, el Tribunal de alzada, no habría respondido al “Otrosí 1” del recurso de alzada; además, no señaló audiencia de recepción de prueba testifical, aspecto que consta en el decreto de 20 de agosto de 2014 (fs. 250), así como en el Auto de Vista impugnado. Sostiene que dicha omisión lesionó su derecho a la defensa, constituyendo defecto absoluto insubsanable, pues el fallo impugnado, no hizo mención respecto a su prueba ofrecida. Alega que la testigo Tany Vargas Vallejos estuvo presente en la audiencia de fundamentación oral, en la que los de alzada, con argumentos esquivos plasmados en el Auto de Vista, se negaron a escucharla a pesar de haber sido ofrecida oportunamente.


Destaca, que uno de los motivos de la apelación restringida, fue la lesión al derecho a la defensa del imputado, “al negar la declaración testifical de descargo en juicio oral” (sic), lesión al art. 350 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que alega, fue debidamente fundamentada en el recurso de alzada, con los arts. 5, 12, 167 y 169 inc. 3) del CPP y 115. I. y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiéndose restringido dos veces la recepción de la declaración testifical de descargo, por los Tribunales de Sentencia y de apelación.


  1. Además, señala que el Auto de Vista, es evasivo cuando refiere que se incumplieron los requisitos de ley en la interposición del recurso de alzada,  toda vez que no se enunciaron los defectos vulnerados; aspecto que refuta el recurrente y señala que se fundamentó respecto a los derechos a la defensa y a la igualdad de las partes; alega también, que el Auto de Vista señaló que no era evidente la lesión a la defensa, toda vez que el imputado tuvo abogado defensor; sin embargo, ese aspecto, refiere que no fue objeto de apelación; por lo que afirma que el Auto de Vista confirma la admisibilidad del recurso, resultando un fundamento esquivo señalar que no concurrían los requisitos.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes se concluye que el 2 de diciembre de 2014, Primo Martínez Portuguéz, fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 9 del mismo mes y año, presentó recurso de casación; cumpliendo así con el requisito temporal previsto por el párrafo primero del art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se advierte que el recurrente, se limitó a invocar y transcribir parcialmente varios Autos Supremos, sin considerar las exigencias formales contenidas en el art. 417 concordante con el art. 416 del CPP, expuestas de forma clara y hasta pedagógica en el acápite III de este fallo, pues el recurrente no sólo incumplió su obligación de expresar la contradicción a partir de situaciones fácticas similares en los dos motivos denunciados, sino que también omitió vincular cada precedente al motivo correspondiente, labor que ineludiblemente debe ser cumplida, pues el Tribunal casacional, no se encuentra facultado para interpretar el posible agravio o contradicción o suplir las falencias en la interposición del recurso casacional, sino para resolver sobre denuncias concretas y claras que no den lugar a suposiciones, por lo que, no habiendo cumplido el recurrente, de forma adecuada con las exigencias contenidas en la normativa precitada, no es posible verificar contradicción alguna.


Ahora bien, siendo que este Tribunal estableció excepciones a las exigencias señaladas en el art. 417 del CPP, corresponde verificar si es posible admitir el recurso por la vía de flexibilización, contrastando para ello, los argumentos del recurso con los parámetros establecidos por la línea jurisprudencial de este máximo Tribunal de Justicia precisada en la última parte del apartado III.


En el primer motivo, se constata que el recurrente denunció como derecho vulnerado, el de la defensa, argumentando de forma precisa las omisiones en que incurrió el Tribunal de alzada, enfatizando las siguientes: i) Que no se pronunció sobre el “Otrosí 1” del recurso de alzada en el que se ofreció prueba; ii) Que no señaló audiencia para la recepción de prueba testifical;  iii) Que en el Auto de Vista no se hizo mención a su prueba ofrecida, y; iv) Que a pesar de que la testigo Tany Vargas Vallejos estuvo en la audiencia de fundamentación oral, ofrecida de forma oportuna, no se le permitió atestar. Sin embargo, omitió establecer, conforme el principio de trascendencia, cuál fue el resultado dañoso emergente, demostrando de forma motivada y fundamentada ese aspecto, pues no es suficiente señalar que se le causó indefensión con determinadas actuaciones, sino acreditar normativamente la indefensión; es decir, señalando el por qué existió la infracción denunciada, con cita y explicación de la norma vulnerada, tomando en cuenta que el art. 169 del CPP, únicamente constituye norma habilitante.


En el segundo motivo, denunció también vulneración al derecho a la defensa argumentando que el Auto de Vista es evasivo por: i) Señalar que no se cumplieron los requisitos legales en la interposición del recurso por no enunciarse los defectos supuestamente vulnerados, aspecto que el recurrente niega y sostiene que se denunció la infracción a los derechos a la defensa y a la igualdad de las partes; ii) Señalar que no era evidente la lesión al derecho a la defensa, toda vez que el imputado contó con abogado defensor; aspecto que alega, no fue denunciado en alzada; iii) Confirmar la admisibilidad del recurso de alzada y posteriormente, con fundamentos esquivos señalar que no concurrían los requisitos formales. Ahora bien, en el planteamiento del segundo motivo, se advierten los mismos errores que en el primero, pues si bien el recurrente proporcionó los hechos que a su entender generaron infracción a su derecho a la defensa, omitió acreditar normativamente el resultado dañoso emergente, siempre con base en los principios que rigen las nulidades, como el de trascendencia, además de la normativa vulnerada en cada caso, habida cuenta, que esta impugnación es de puro derecho, es decir, no revé hechos.


En consecuencia, habiéndose establecido que el recurso casacional fue planteado de forma deficiente, corresponde aplicar la sanción establecida en el último párrafo del art. 417 del CPP.

       

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Primo Martínez Portuguéz, de fs. 268 a 270.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA