TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 091/2015-RA

Sucre, 10 de febrero de 2015


Expediente        : Santa Cruz 4/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Juan Ballesteros Tórrez y otros

Delito        : Suministro de Sustancias Controladas 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2014 cursante de fs. 665 a 667, Juan Ballesteros Tórrez interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 284/2014 de 22 de octubre, de fs. 655 a 656 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público  contra Milena Flores Crespo, Oscar Vega Ríos y el recurrente, por el delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 33 a 37), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 3/2014 de 28 de marzo (fs. 620 a 624), emitida por el Juez Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró a los imputados Juan Ballesteros Tórrez y Milena Flores Crespo, autores de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, imponiéndoles la pena de ocho años de presidio y multa de mil días; por otro lado, declaró al imputado Oscar Vega Ríos, absuelto de la comisión del mencionado delito.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Ballesteros Tórrez formuló recurso de apelación restringida (fs. 635 a 639 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 284/2014 de 22 de octubre, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente la apelación planteada.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 12 de diciembre de 2014 (fs. 657), interpuso recurso de casación el 18 del mismo mes y año, que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la atenta revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente manifiesta que el Tribunal de alzada refirió que el desistimiento de la apelación restringida presentada por la coimputada, demuestra la existencia del delito y su responsabilidad, sin considerar que los delitos son personalísimos; asimismo, señaló que no invocó Autos Supremos, lo que no es evidente, pues citó los mismos en el otrosí segundo de su recurso. Continúa su argumentación  refiriendo que los Vocales no consideraron objetivamente su denuncia de apelación de errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008, en el que arguyó que los hechos ocurridos no se subsumen en el tipo penal de suministro; tampoco valoró que la prueba producida no fue suficiente, al no haber declarado ninguno de los policías que participaron en el operativo, mismos que fueron ofrecidos como testigos; finalmente afirma que se convalidó los defectos en la incorporación de la prueba pericial por la inasistencia de la perito al juicio, lo que impidió el contrainterrogatorio de la defensa, incurriéndose en violación de normas procesales y defectuosa valoración de la prueba.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, ya que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 12 de diciembre de 2014, interponiendo su recurso de casación el 18 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP


Ahora bien, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no valoró adecuadamente los antecedentes del proceso, no habiendo considerado que los delitos son personalísimos; además, señaló que no invocó Autos Supremos, lo que no es cierto; por otro lado, tampoco consideró objetivamente su denuncia de errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008 ni valoró que la prueba producida no fue suficiente; convalidando los defectos en la incorporación de la prueba pericial. Sin embargo, en la argumentación de su recurso, el imputado no invocó precedentes contradictorios, por lo que tampoco explicó ni fundamentó en qué consistiría la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada, limitándose a señalar que el Auto de Vista sería contrario a los precedentes invocados en su apelación, argumento insuficiente que no satisface el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 416 del CPP, deficiencia en la técnica recursiva que no puede ser suplida de oficio y que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo del agravio, al no haberse sentado las bases para verificar el sentido jurídico contradictorio a la doctrina legal establecida por este Tribunal, deviniendo en consecuencia en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación formulado por Juan Ballesteros Tórrez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA