TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 082/2015-RA

Sucre, 04 de febrero de 2015


Expediente                : La Paz 52/2013

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Marcelo Martín Miranda Gardeazabal y otros

Delitos        : Hurto Agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de octubre de 2013, cursante de fs. 1307 a 1321 vta., Marcelo Martin Miranda Gardeazabal, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 31/2013 de 5 de abril, de fs. 1129  A 1133, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rembrandt Marden Birbuethg Contreras en representación legal de Brinks Bolivia S.A. en contra de Gustavo Ramiro Luna Flores, Alexander Marck Prado Sullcani, Erick Vaca Aguilar y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 numerales 1, 5 y 6, del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 21 a 29, subsanado a fs. 32 y vta.) y  particular (fs. 193 a 199 vta.) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia 020/2012 de 10 de agosto (fs. 969 a 996), declarando al imputado Marcelo Martín Miranda Gardeazabal, autor y culpable de la comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 numerales 1, 5 y 6 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, más el pago de costas en favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia; finalmente, con relación a los imputados Alexander Marck Prado Sullcani y Erick Vaca Aguilar los absolvió de culpa y pena del delito de Hurto Agravado en grado de Complicidad, tipificado por el referido artículo en relación al art. 23 de la citada Ley, por ser la prueba insuficiente.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Marcelo Martín Miranda Gardeazabal formuló recurso de apelación restringida (fs. 1019 a 1040), siendo resuelto por Auto de Vista 31/2013 de 5 de abril (fs. 1129 a 1133), que declaro admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia confirmo la Sentencia apelada por otro lado la parte acusadora, solicitó complementación y enmienda (fs. 1219), motivando la emisión del Auto Complementario de 30 de septiembre de 2013 (fs. 1220), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que declaró ha lugar la solicitud.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el Auto Complementario, el 7 de octubre de 2013 (fs. 1224), interpuso recurso de casación el 11 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 1307 a 1321 vta., se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente previa relación de antecedentes fácticos y procesales, que concluyeron con la Sentencia condenatoria con pena privativa de libertad de cinco años de reclusión en su contra, denuncia que, el Auto de Vista impugnado de manera lacónica y sin ninguna fundamentación alegó, que su persona no acreditó los derechos y garantías que se hubieren vulnerado o generado afectación al principio de continuidad e inmediación; empero, manifiesta el recurrente, que en su recurso de apelación señaló la vulneración de los arts. 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además, de los arts.: i) 342 del referido código, puesto que, el juez habría actuado de manera ultra petita  incluyendo en el Auto de apertura de juicio el art. 23 del CP, incurriendo en actividad procesal defectuosa, dejándole en estado de indefensión; por cuanto, -alega- no supo si era juzgado como autor del delito o como cómplice, violándose la seguridad jurídica y el debido proceso; ii) 365 del CPP, puesto que no señaló cuando finalizaría su condena; iii) 370 inc. 2) afirma- que la sentencia se basó en la declaración testifical de Vianca Mabel Peralta a quien le preguntaron que si el imputado se encontraba en sala, respondió que no estaba, situación por la que arguye, que su persona no estaba individualizada; y, incs. 4) y 6) del CPP, ya que, en el desarrollo del juicio se señaló el uso de llaves y tarjetas que habrían servido para ingresar a la bóveda; empero alega, estas pruebas no fueron judicializadas menos presentadas; sin embargo, fueron base para la emisión de la Sentencia condenatoria, incurriendo en una incorrecta valoración de la prueba, vulnerando el principio de inocencia, colocándole en estado de indefensión, iv) 330 del CPP, pues se habría suspendido el desarrollo del juicio por más de 3 años por inasistencia del fiscal, Jueces ciudadanos y alguno de los imputados; y, v) 334 del CPP, señala, que se incumplió este principio pues las audiencias habrían sido fijadas con intervalo de diez días, incurriendo en retardación de justicia, aspectos que -alega- no fueron considerados por el Tribunal de alzada.


  1. Como segundo agravio, el recurrente denuncia violación del art. 189 párrafo tercero del CPP, alega, que el fiscal asignado al caso por requerimiento de 13 de febrero de 2007 dispuso se proceda a la devolución del dinero secuestrado del domicilio del imputado en favor de Brinks Bolivia S.A.; empero, al diferir los montos, a los señalados en la querella, solicitó la devolución de los dineros, arguyendo que si estas hubieren sido retiradas del Banco Nacional de Bolivia (BNB), debieran estar marcados con tinta indeleble; sin embargo, no habiendo sido sometido a prueba no existe convicción de que los supuestos dineros sean producto del supuesto hurto agravado que hubiera sufrido Brinks Bolivia S.A., situación por la que por Resolución 197/2008 el Tribunal de juicio dispuso su devolución; sin embargo, hasta la fecha no se habría procedido a la restitución de las mismas. Al efecto invoca la Sentencia Constitucional 0616/2003-R de 7 de mayo.


  1. Por otro lado denuncia, falta de personería del querellante, puesto que afirma, que en la interposición de su recurso de apelación señaló que el hurto aconteció en la calle Sucre, esquina Av. Tejada Sorzano de la zona Norte, cajero automático del BNB, así también lo habría señalado la querella, acusación particular, imputación fiscal y la propia sentencia; entonces refiere, que en este caso la víctima sería el BNB y no así Brinks Bolivia S.A., aspecto no esclarecido por el Auto de Vista impugnado, quien vulnerando los arts. 78 y 11 del CPP, jamás mencionó a la verdadera víctima, al efecto invoca las Sentencias Constitucionales 1054/2006-R de 23 de octubre, “1813/2003-R de 5 de diciembre 2006” (sic) y el Auto Constitucional 268/2006 RCA de 28 de agosto.


  1. Como cuarto agravio, el recurrente denuncia, violación del art 193 del CP, puesto queafirma- que la declaración testifical de Vianca Mariela Peralta Valencia fue mal interpretada en la Sentencia, ya que en audiencia, a la pregunta si en sala se encontraba el imputado, manifestó que no estaba; sin embargo, resultó determinante para declararlo culpable, puesto que, el Tribunal de juicio justificó ese hecho alegando que esa respuesta fue por el transcurso del tiempo, aspectos que considera debieron ser revisados por el Tribunal de alzada, toda vez, que no fue reconocido en sala y menos encontrado con la suma de dinero que supuestamente habría sido sustraído, resultando contrario a la Sentencia Constitucional 0339/2012 de 18 de junio.


  1. Denuncia el recurrente como quinto agravio, que el Auto de Vista impugnado incurrió en violación del art. 133 y 308 del CPP, puesto que, ante su reclamo referido al rechazo de las excepciones de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y prescripción, alegó que no se encuentra la reserva de apelación, aspecto que el recurrente -afirma- no es evidente, que en su apelación restringida hizo reserva de apelación cuando ya habría transcurrido 3 tres años, 9 nueve meses y 17 diecisiete días, existiendo retardación de justicia atribuible al Ministerio Público, pidiendo nuevamente la extinción a los cinco años, ocho meses y ocho días; sin embargo, este aspecto no habría sido considerado por el Tribunal de sentencia ni por el de alzada, aspecto que a decir del recurrente vulnera el principio de que todas las resoluciones son impugnables conforme prevé el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y sus derechos establecidos en los arts. 115 de la referida norma y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, negándole el derecho a una oportuna y debida defensa. Sobre este agravio invoca las Sentencias Constitucionales  0101/2004 de 14 de septiembre, 1768/2003-R de 18 de noviembre, 1781/2004, 1214/2004 de 30 de julio, 0187/2004 de 9 de febrero,  1347/2013 de 15 de agosto, 0611/2003-R de 7 de mayo, 1050/2004-           R de 6 de julio y 1709/2004-R de 22 de octubre.


  1. Como sexto agravio, denuncia que el Tribunal de alzada así como el de sentencia incurrieron en violación de los arts. 120 y 336 del CPP, puesto que la Resolución 02/2010 por la que se niega la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, no indicaría la fecha ni lugar del acto procesal, siendo ahí donde se ordenó la suspensión del juicio hasta que se supere el incidente planteado, alega, que de ahí en adelante no supo cuando fue superado ese obstáculo procesal, habida cuenta que conocer la fecha es de suma importancia para hacer reserva de una apelación, aspectos que vulneran los principios de inmediación y continuidad toda vez que el proceso se extendió por más de cinco años, implicándole gasto de recursos económicos y tiempo, habiendo sufrido un desgaste emocional, resultando contrario a la Sentencia Constitucional 0374/2013-L de 27 de mayo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que, fue notificado con la Resolución recurrida y su Auto de Complementación el 7 de octubre de 2013 (fs. 1224), presentando su recurso el 11 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto al primer motivo, referido a que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación a tiempo de responder a los motivos planteados en su recurso de apelación restringida referidos a la vulneración de los principios de continuidad e inmediación; además, de la violación de los arts. 342, 365 y 370 numerales 2), 4) y 6), todos del CPP. Sobre este reclamo el recurrente, no invocó precedente contradictorio alguno, situación por la que, tampoco explicó ni fundamentó en absoluto cual la contradicción con el Auto de Vista impugnado; sin embargo, en su fundamentación proporcionó los antecedentes generadores del hecho (falta de fundamentación respecto a que su persona como recurrente no habría acreditado objetivamente los derechos que se hubiesen vulnerado, fundamento que derivó para la declaratoria de improcedencia de su apelación restringida), identificando los derechos vulnerados (seguridad jurídica y el principio de inocencia), y el resultado dañoso (a decir del recurrente, dejarle en estado de indefensión). De la fundamentación expuesta, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite III del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión de este motivo para su análisis en la resolución de fondo.


Con relación al segundo agravio, el recurrente denuncia violación del art. 189 párrafo tercero del CPP, puesto que no se habría cumplido con la Resolución 197/2008 donde el Tribunal de juicio dispuso la devolución del dinero que fue secuestrado del domicilio del imputado en su favor, pues si este dinero sería propiedad del BNB debería estar marcada con tinta indeleble; empero, no habiendo sido sometido a prueba no existiría convicción de que los supuestos dineros sean producto del supuesto hurto agravado que hubiera sufrido Brinks Bolivia S.A., al respecto invoca la Sentencia Constitucional 0616/2003-R de 7 de mayo; empero, se observa que el recurrente no denuncia agravios en los que hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal; por cuanto, de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los actuales Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por el Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, este motivo no es susceptible de ser analizado en el fondo, deviniendo en inadmisible.


Respecto a los motivos tercero y cuarto, en el que denuncia por un lado falta de personería del querellante, puesto que de los actuados procesales se evidenciaría que la víctima sería el BNB y no Brinks Bolivia S.A., aspectos que a decir del recurrente vulneran los arts. 78 y 11 del CPP; y, por otro lado la violación del art 193 del CP, toda vez, que alega que la declaración de Vianca Mariela Peralta Valencia fue mal interpuesta en la sentencia, aspectos que considera no fueron revisados por el Tribunal de alzada ya que no fue reconocido en la sala de audiencia y menos encontrado con la suma de dinero que supuestamente habría sido sustraído, sobre estos agravios invoca las Sentencias Constitucionales 1054/2006-R de 23 de octubre, “1813/2003-R de 5 de diciembre 2006” (sic.), 268/2006 RCA de 28 de agosto; y, 0339/2012 de 18 de junio; sin embargo, corresponde señalar que, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita del precedente y explicación de contradicción que exige la ley en la interposición del recurso de casación; en tal sentido, la invocación de las Sentencias Constitucionales supra referidos, en el que el recurrente sustenta estos agravios, conlleva al incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, extremo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de los mismos, correspondiendo en consecuencia declarar la inadmisibilidad de estos motivos.


Con relación al quinto motivo, en el que denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en violación al art. 133 y 308 del CPP, pues alegando que no existiría reserva de apelación, no habría considerado su reclamo referido al rechazo de las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción, extremo que asevera el recurrente no es evidente; sobre esta denuncia si bien invocó las Sentencias Constitucionales 0101/2004 de 14 de septiembre, 1768/2003-R de 18 de noviembre, 1781/2004, 1214/2004 de 30 de julio, 0187/2004 de 9 de febrero, 1347/2013 de 15 de agosto, 0611/2003-R de 7 de mayo, 1050/2004-R de 6 de julio y 1709/2004-R de 22 de octubre; empero, conforme se explicó anteriormente, las mismas no constituyen precedentes contradictorios; sin embargo, en su fundamentación denunció la vulneración de derechos constitucionales, habiendo proporcionado los antecedentes generadores del hecho (que el Tribunal de alzada no observó que su persona hizo reserva de apelación ante el rechazo de las excepciones de extinción de la acción y prescripción), identificando los derechos vulnerados (establecidos en los arts. 115, 180.II de la CPE y 8 del Pacto de San José de Costa Rica), explicando que el resultado dañoso radica en que se le negó el derecho a una oportuna y debida defensa. En consecuencia, cumplidos como están los presupuestos de flexibilización, este motivo resulta admisible.


Finalmente, respecto al sexto motivo, en el que denuncia la violación de los arts. 120, y 336 del CPP; puesto que en la Resolución 02/2010 que niega la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, no indicaría la fecha ni lugar del acto procesal, al efecto el recurrente invoca la Sentencia Constitucional 0374/2013-L de 27 de mayo, la misma que no constituye precedente contradictorio, en consecuencia se tiene por incumplido los requisitos de admisibilidad dispuestos por los arts. 416 y 417 de la norma adjetiva penal, negligencia que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal Supremo, deviniendo este motivo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcelo Martín Miranda Gardeazabal en representación de Brinks Bolivia S.A., de fs. 1307 a 1321; únicamente con relación a los motivos primero y quinto del acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA