TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 080/2015-RA

Sucre, 03 de febrero de 2015


Expediente                : La Paz 5/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte imputada        : María Lourdes Nava Rojas

Delitos                : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2014, cursante de fs. 503 a 507 vta., María Lourdes Nava Rojas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 54/2014 de 15 de agosto, de fs. 490 a 491 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Adela Rojas Mayta contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 32 a 33 vta.) y particular (fs. 39 a 40 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Sentencia 007/2012 de 25 de octubre (fs. 367 a 372 vta.), declaró a la imputada María Lourdes Nava Rojas, autora de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de cinco años, más el pago de sesenta días multa a razón de diez bolivianos por día y costas en favor del Estado, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Lourdes Nava Rojas, formuló recurso de apelación restringida (fs. 380 a 386), siendo resuelto por Auto de Vista 77/2013 de 4 de octubre (fs. 437 a 438 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 230/2014-RRC de 9 de junio (fs. 481 a 485 vta.), disponiendo que el mismo Tribunal dicte nueva Resolución observando la doctrina legal establecida, en cumplimiento del mencionado Auto Supremo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 54/2014 de 15 de agosto, que declaró improcedente el recurso planteado por la imputada; en consecuencia, nuevamente confirmó la Sentencia.


  1. Notificada la recurrente con el Auto de Vista ahora impugnado, el 17 de noviembre de 2014 (fs. 494), interpuso recurso de casación el 21 del mismo mes y año, que ahora es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 503 a 507 vta., se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer agravio denuncia, que los Vocales al emitir el Auto de Vista impugnado incurrieron en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez, que al haber emitido la anterior Resolución se encontrarían inhabilitados por causal sobreviniente conforme prevé el art. 316 inc. 1) del referido código, pues una vez devuelto el cuaderno; afirma, lo correcto y ético era que formulen su excusa de oficio, aspecto que no ocurrió provocando la nulidad del Auto recurrido.


  1. La recurrente alega que, ante su reclamo de la ilegítima presidencia del Tribunal de sentencia, el Auto de Vista impugnado señaló que la misma fue comunicada a las partes en audiencia de 11 de junio de 2012; sin embargo, manifiesta que ese extremo es falso, habida cuenta que recién el 24 de diciembre de 2012 se habría arrimado la Resolución de designación al cuaderno, con el argumento de que por un error no se la habría adjuntado, aspecto que a decir de la recurrente, constituye violación al art. “52-3” del CPP, por atentar al debido proceso.


  1. Como tercer agravio manifiesta, que se infringió el art 344 del CPP; toda vez, que instalada la audiencia el 11 de junio de 2012 con la presencia de las partes, además de la ilegítima presidencia, no se habría tomado el juramento a los jueces ciudadanos, existiendo por el contrario la toma de juramento realizada en audiencia de 19 de marzo de 2013, la misma que alega- no fue legalmente constituida careciendo de valor, constituyendo defecto absoluto conforme prevé el art. 169 inc. 3) del referido Código.


  1. Denuncia que, el Tribunal de alzada omitió su consideración ante sus reclamos, referidos a: i) Los incidentes de falta de notificación con la querella y la ausencia de la acusada en la audiencia conclusiva, refiriendo que se reclamó ante el Tribunal de sentencia; sin embargo, afirma la recurrente, que no observó que dicho reclamo fue planteado como incidente habiendo sido rechazado por Resolución 048/2012 de 12 de junio, y apelado en la vía incidental y reproducido en la instancia de la apelación restringida; y, ii) La excepción de prescripción; toda vez, que la suscripción del contrato de anticrético se la habría realizado el 16 de julio del 2007 y en consideración a la calificación del delito, la prescripción opera en el término de cinco años conforme prevé el art. 29 inc. 2) del CPP, concordante con el art. 30 de la misma ley, correspondiendo en consecuencia declarar la extinción de la acción por prescripción; empero, el Tribunal de alzada habría omitido estos extremos.


  1. Como quinto agravio, denuncia que ante su reclamo referido a la extinción de la acción, no se consideró que la querella fue presentada el 16 de febrero de 2009, concluyendo el plazo conforme refiere el art. 133 del CPP, el 16 de agosto de 2012, mora procesal atribuible a la instancia jurisdiccional y Ministerio Público, conforme se establece de las audiencias suspendidas, correspondiendo en consecuencia la aplicación del referido artículo.


  1. Denuncia como otro agravio, violación al principio de inmediación y continuidad, pues en el desarrollo del proceso habrían existido suspensiones injustificadas atribuibles a la instancia jurisdiccional, infringiendo el art. 330 del CPP concordante con el art. 334 de la misma norma penal, incurriendo en actividad procesal defectuosa absoluta. 



  1. También denuncia que ante su reclamo sobre la prejudicialidad, el Auto de Vista arguyó que no se cuestionó dicho extremo; empero, alega el recurrente que, no es evidente pues en el punto tres bajo el rótulo excepciones rechazadas habría hecho incidencia sobre la misma conforme prevé el art. 308 núm. 1) del CPP, adjuntando prueba sobre la existencia del proceso civil ejecutivo seguido por la querellante contra su persona donde alega-efectuó depósitos por la totalidad de la deuda, al efecto invoca el Auto Supremo 230/2014-RRC de 9 de junio.


  1. Denuncia como otro agravio, incompetencia en razón de materia; afirma, que al presentar documentos de naturaleza civil consistente en contrato de anticrético, su conocimiento correspondería a la jurisdicción civil, mereciendo la penalización civil conforme establecen los Autos Supremos 278 de 12 de marzo de 2007 y 305 de 20 del mismo mes y año; toda vez, que la ley 1602 de 15 de diciembre abolió el apremio corporal por obligaciones patrimoniales; entonces, conforme el art. 46 del CPP incurriría en nulidad, debiendo declarase de oficio la excepción de incompetencia, conforme prevé el art. 208 núm. 2) del mismo código.


Sobre estos agravios la recurrente invoca los Autos Supremos 657/2007 de 15 de diciembre, 49/2012 de 16 de marzo, 661/2007 de 15 de diciembre, 117/2006 de 20 de abril, 60/2007 de 27 de enero, 562/2004 de 1 de octubre, 41/2012 de 16 de marzo y “DEMAS AUTOS SUPREMOS RELACIONADOS EN EL AUTO SUPREMO 230/2014 DE 9 DE JUNIO DEL 2014…”.


  1. Como noveno agravio denuncia, que el Tribunal de alzada no consideró que la naturaleza del proceso corresponde a la acción civil; habida cuenta, que en el documento de anticrético base de la acción, en su cláusula cuarta establecería que: “El incumplimiento de la cláusula precedente dará lugar al resarcimiento de daños y perjuicios deberán tramitarse el mismo ante la JURISDICCION CIVIL”; así también, la prueba 3 de la acusadora señalaría: “en caso de incumplimiento me someto a las sanciones legales de ORDEN CIVIL”; entonces asevera, que debió aplicarse los arts. 363 núm. 2, 3 concordante con el art. 370 núm. 1, 4, 5, 6 y 11 del CPP, y revocar la sentencia disponiendo su absolución.


  1. Finalmente arguye que, su conducta no incurre en los delitos de Estafa ni Estelionato, pues con la celebración del contrato de anticrético no se incidió en engaños ni artificios al contrario la relación contractual reuniría todos los requisitos previstos por el art. 452 del Código Civil (CC). Agrega que al haber demostrado que su persona es propietaria del inmueble únicamente ejerció sus derechos conforme prevé el art. 105 del CC, no concurriendo los elementos del tipo penal de Estelionato.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que, fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 17 de noviembre de 2014 (fs. 494), presentando su recurso de casación el 21 del mismo mes y año,  cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


En cuanto al primer motivo, referido a que el Tribunal de alzada al encontrarse inhabilitado por causal sobreviniente conforme prevé el art. 316 inc. 1) del CPP, emitió la Resolución ahora impugnada prejuzgando el caso, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del mencionado código; se tiene, que la recurrente formuló este reclamo, sin cumplir con los presupuestos de admisibilidad, pues no invocó precedente contradictorio alguno; por lo que, lógicamente no explicó la contradicción a que se refiere la norma procesal penal para viabilizar la labor de contrastación que debe efectuar este Tribunal Supremo; y, con relación a la mera enunciación de defecto absoluto, la recurrente olvida exponer en qué consiste; de ello se entiende, explicar cómo entiende que se materializó el agravio alegado; y, cuál es el resultado dañoso, consecuentemente al no haberse cumplido con los presupuestos de admisibilidad ni flexibilización establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite III, este motivo deviene en inadmisible.


Con relación al segundo agravio, en el que denuncia que el Auto de Vista al confirmar la ilegal irrupción del Presidente del Tribunal de Sentencia, incurrió a decir de la recurrente, en violación del art. “52-3” del CPP, por atentar al debido proceso; sobre este reclamo, se observa en el recurso que la recurrente invoca los Autos Supremos 657/2007 de 15 de diciembre, 49/2012 de 16 de marzo, 661/2007 de 15 de diciembre, 117/2006 de 20 de abril, 60/2007 de 27 de enero, 562/2004 de 1 de octubre, 41/2012 de 16 de marzo y “DEMAS AUTOS SUPREMOS RELACIONADOS EN EL AUTO SUPREMO 230/2014 DE 9 DE JUNIO DEL 2014…”; empero, se evidencia que el presunto agravio hubiera surgido antes de pronunciarse la Sentencia; entonces, los precedentes debieron ser invocados a tiempo de interponerse el recurso de apelación restringida, y en casación, la parte recurrente tenía la carga procesal de señalar en términos claros; y, precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, conforme establece el art. 416 del CPP, situación que no sucedió; en consecuencia, al no haberse observado la norma legal precedentemente citada, se tiene que el presente motivo no cumplió con los requisitos ordinarios de admisión, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio; consecuentemente, este motivo también resulta inadmisible.


Respecto a los motivos tercero, sexto y décimo, referidas por un lado; a que se infringió el art 344 del CPP, pues no se habría tomado el juramento a los jueces ciudadanos constituyendo dicha omisión en defecto absoluto; por otro lado, a que se habría violado el principio de inmediación y continuidad, pues en el desarrollo del proceso habrían existido suspensiones injustificadas atribuibles a la instancia jurisdiccional, infringiendo el art. 330 concordante con el art. 334 del CPP; y, finalmente, que la conducta de la recurrente no se adecuaría a los tipos penales de Estafa ni Estelionato; toda vez que, su persona no habría actuado con engaños ni artificios sino habría ejercido únicamente su derecho propietario. De esta relación de argumentos, se observa que el recurrente no denuncia agravios en los que hubiera incurrido la Resolución impugnada; en ese entendido, no se apertura la competencia de este Tribunal para analizar agravios únicamente vinculados a la Sentencia; por cuanto, de acuerdo al art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los actuales Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por el Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, los referidos motivos no son susceptibles de ser analizados en el fondo. Y en relación a la denuncia de defecto absoluto o actividad procesal defectuosa, al no haberse cumplido con los presupuestos de flexibilización, tampoco corresponde ingresar al fondo por esa vía de excepción.


Con relación al cuarto agravio, en el que denuncia que el Tribunal de alzada omitió la consideración de sus reclamos referidos a: i) Los incidentes de falta de notificación con la querella; así como, la ausencia de la acusada en la audiencia conclusiva; y, ii) La excepción de prescripción. Sobre este reclamo, la recurrente en su recurso invoca el Auto Supremo 49/2012 de 16 de marzo que estaría referido a que el Tribunal de alzada tiene el deber de resolver todos los motivos contenidos en la apelación restringida; en la argumentación del recurso, se evidencia que explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible este motivo.


En cuanto a la invocación de los Autos Supremos 657/2007 de 15 de diciembre, 661/2007 de 15 de diciembre, 117/2006 de 20 de abril, 60/2007 de 27 de enero, 562/2004 de 1 de octubre, 41/2012 de 16 de marzo y “DEMAS AUTOS SUPREMOS RELACIONADOS EN EL AUTO SUPREMO 230/2014 DE 9 DE JUNIO DEL 2014…” al no haberse realizado la explicación de cuál la contradicción con los fundamentos contenidos en dichos precedentes, no serán considerados en la Resolución de fondo.


En cuanto a los motivos quinto, séptimo y octavo, referidos a las excepciones de: i) extinción de la acción, pues no se habría considerado la aplicación del art. 133 del CPP; ii) prejudicialidad, toda vez, que habría adjuntando prueba sobre la existencia del proceso civil ejecutivo seguido por la querellante contra su persona, al efecto invoca el Auto Supremo 230/2014-RRC de 9 de junio; y, iii) incompetencia en razón de materia, pues el contrato de anticrético al ser un  documento de naturaleza civil correspondería su conocimiento a la jurisdicción civil, sobre este reclamo invoca los Autos Supremos 278 de 12 de marzo de 2007 y 305 de 20 del mismo mes y año; sobre estas denuncias, corresponde señalar que, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme establece el art. 403 núm. 2) del CPP, se tiene como medio impugnatorio el recurso de apelación incidental, de la que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria, sin que ello signifique que el recurso de casación sea un medio idóneo para revisar lo resuelto por el Tribunal de alzada; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra sentencias y no contra apelaciones incidentales; por lo expuesto, los referidos motivos resultan inadmisibles.


Finalmente con relación al noveno motivo en la que denuncia que el Tribunal de apelación no consideró que la naturaleza del proceso corresponde a la acción civil, pues así se habría establecido en el documento de anticrético suscrita por ambas partes, debiendo en consecuencia a decir de la recurrente aplicarse los arts. 363 núm. 2, 3 concordante con el art. 370 núm. 1, 4, 5, 6 y 11 del CPP. De la revisión del recurso de casación se observa que no invocó precedente contradictorio alguno, para que este Tribunal pueda ejercer la labor que le encomienda la ley en los términos exigidos por el art. 417 del CPP, en consecuencia, al no ser posible la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, y ante el evidente incumplimiento de los requisitos de admisión, este motivo también resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por María Lourdes Nava Rojas, de fs. 503 a 507 vta., únicamente con relación al cuarto motivo del acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA