TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 061/2015-RA

Sucre, 28 de enero de 2015


Expediente                : La Paz 1/2015        

Parte acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte imputada        : Roberto Ariel Carvajal Casas

Delito        : Hurto


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2014, cursante de fs. 595 a 602, Ludy Díaz Loza en representación legal de la Sociedad “BRINKS BOLIVIA” S.A., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 74/2014 de 6 de noviembre de fs. 578 a 584, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente, contra Roberto Ariel Carvajal Casas, por la presunta comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado por el art. 326 incs. 1), 5) y 6) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 07/2013 de 3 de diciembre (fs. 457 a 462 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Roberto Ariel Carvajal Casas, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado por el art. 326 incs. 1), 5) y 6) del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia la acusadora particular Ludy Díaz Loza y el Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 531 a 539 y de 560 a 563 respectivamente), resueltos por Auto de Vista 74/2014 de 6 de noviembre emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los citados recursos y confirmó la sentencia apelada.


  1. El 9 de diciembre de 2014 (fs. 585), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 12 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación. 


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:

La recurrente denuncia que el Auto de Vista confirmó la Sentencia de forma contradictoria a lo establecido en los precedentes invocados en apelación restringida; manifiesta que no se valoró la prueba que demostró la existencia del hecho y la participación del imputado, quien utilizó llaves y clave de ingreso al cajero automático para hurtar $us. 22.600.- y Bs. 190.450.-, mientras desempeñaba sus funciones como portavalor de ATMs de la empresa “BRINKS BOLIVIA” S.A, sin considerarse que era el único que tenía la clave de ingreso conforme las declaraciones testificales de Giovani Mejía y Arturo Guachalla.


Aduce que denunció la violación del art. 370 incs. 5) y 6) del Código de Procedimiento penal (CPP), por inobservancia y errónea aplicación de la ley, omisión de fundamentación y valoración de las pruebas testificales, vulnerando con ello el debido proceso, privándoles de una protección oportuna, de su derecho a la defensa, de una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente, sin dilaciones y efectiva; aduce también, que se infringieron las reglas de la sana crítica en la fundamentación descriptiva, analítica e intelectiva de la prueba por infracción del principio de congruencia, basándose la sentencia en pruebas ilegalmente incorporadas y defectuosa valoración de la prueba, en vulneración  además de los arts. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 76, 77, 78, 169 incs. 3) y 4), 173, que fueron fundamentados en su apelación restringida; enfatizando que en la valoración y contraste intelectivo, se concluyó que el acusado no presentó prueba que desvirtúe la acusación fiscal y particular.


Reproduce parte de las declaraciones testificales y de la sentencia, alegando que la citada resolución ingresó en contradicción al señalar que no se estableció la hora en que se produjo el hurto; que se violó el art. 173 del CPP, por inobservancia y errónea aplicación de la ley por valoración subjetiva de la prueba, favoreciendo al imputado sin considerar el contenido íntegro de los informes de la empresa ATC.  De otro lado, señala haber denunciado que la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; asimismo, refiere que se incurrió en violación del art. 342 del CPP, reiterando que el Tribunal de sentencia no realizó una valoración con aplicación de las reglas de la sana crítica, sin justificar y fundamentar adecuadamente las razones de la valoración probatoria como establece el art. 173 del CPP, e incluyendo hechos no contemplados en ninguna de las acusaciones. Señala que el Tribunal de alzada no consideró la jurisprudencia de los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, 214, “2014 y 222 todos del 28 de marzo de 2007” (sic), así como los Autos Supremos 104 de 20 de febrero de 2004 y 99 de 14 de marzo de 2002 y los Autos de Vista 108 de 27 de mayo de 2005 de la Sala Penal Primera de Santa Cruz y 38 de 19 de febrero de 2004.     

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


A lo señalado, se añade un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, y consiste en la denuncia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar que se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente debe formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En  el caso  de  autos,  se  establece  que el 9 de diciembre de 2014, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 12 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Ingresando en análisis de los argumentos expuestos por la recurrente, se evidencia el incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, toda vez que la recurrente se limita a realizar alegaciones genéricas e imprecisas de supuestos defectos cometidos por el Tribunal de juicio, como la falta de fundamentación y contradicción de la sentencia, incorporación ilegal y defectuosa valoración de la prueba, inobservancia y errónea aplicación de la ley, que la sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados, vulneración del debido proceso, privación de su derecho a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente, sin dilaciones y efectiva, defectos que a decir de la recurrente vulneran los arts. 370 incs. 5) y 6), 76, 77, 78, 169 incs. 3) y 4), 173 todos del CPP y 115.I y II de la CPE, transcribiendo parte de las declaraciones testificales y de los fundamentos de la sentencia; sin embargo, omite lo principal que es referir cómo el Auto de Vista, ante tales defectos reclamados en su apelación restringida, no dio respuesta a los mismos o, si lo hizo incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la norma penal, sea esta sustantiva o adjetiva, pues le correspondía en el recurso de casación, a partir de la o las conclusiones arribadas por el Tribunal de alzada, explicar de manera clara, concreta y fundamentada las infracciones cometidas en la mencionada resolución y cuál resultaría, a partir de la identificación de la situación de hecho similar, la contradicción existente entre los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado, que se constituye en la resolución ahora recurrida, conforme a la exigencia establecida en las citadas disposiciones legales, para que este Tribunal, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación; teniendo en cuenta que estos requisitos resultan ineludibles para decretar la admisibilidad del recurso y cuya observancia se constituye en una obligación de trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo.


El incumplimiento de las exigencias legales, se evidencia de la simple glosa parcial de varias resoluciones emitidas por este Tribunal y de la mención llana de que el Tribunal de alzada no los hubiera considerado, pues debe tenerse presente que el recurso de casación es un medio impugnaticio contra los Autos de Vista cuyos fundamentos sean contrarios a la doctrina sentada por otros Autos de Vista de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales o por los Autos Supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, no es un recurso para impugnar directamente una sentencia. Por otro lado, no resulta suficiente señalar que el Auto de Vista no consideró los fundamentos de su recurso de apelación restringida y que no se ajusta a lo establecido en los precedentes contradictorios, ya que cuando se alega defectos de la sentencia y que el Auto de Vista fue limitativo en su fundamentación, corresponde a quien recurre en casación observar los presupuestos materiales y formales para la interposición de su recurso; y, si bien el Tribunal de casación admite el recurso cuando existe denuncia de algún defecto absoluto no susceptible de convalidación, resulta imprescindible observar y dar cumplimiento a los presupuestos de flexibilización descritos en el acápite III del presente fallo, situación que tampoco fue sustentada por la recurrente.


Bajo tales parámetros y, ante la falencia recursiva que no puede ser suplida y menos corregida de oficio, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por lo cual el recurso deviene en inadmisible.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad reconocida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ludy Díaz Loza, de fs. 595 a 602.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA