TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 043/2015-RA

Sucre, 21 de enero de 2015


Expediente                : Oruro 26/2014        

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro  

Parte imputada        : Triny Zulema Miranda Huanca

Delito                : Conducta Antieconómica


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2014, cursante de fs. 167 a 172, Triny Zulema Miranda Huanca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 20/2014 de 29 de agosto, de fs. 156 a 160 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, contra la recurrente, por el delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 segunda parte del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 001/2013 de 19 de agosto (fs. 43 a 49 vta.), el Tribunal de Sentencia de las provincias Pantaleón Dalence y Poopó con asiento en la localidad de Huanuni, del Distrito Judicial de Oruro, declaró a la imputada Triny Zulema Miranda Huanca, absuelta del delito de Conducta Antieconómica culposa, previsto en el art. 224 segunda parte del CP. Contra la citada Resolución, los acusadores formularon recursos de apelación restringida (fs. 52 a 61 y 63 a 70 vta.), siendo resueltos por el Auto de Vista 05/2014 de 20 de enero, que declaró improcedentes los recursos, confirmando la Sentencia impugnada, el que habiendo sido objeto de recurso de casación, fueron resueltos por Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio (fs. 145 a 150 vta.), que declaró Infundado el recurso de casación interpuesto por René Alfredo Dorado Choque, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y fundado el recurso de casación formulado por el Ministerio Público, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, para el pronunciamiento de nueva resolución.


  1. En cumplimiento del Auto Supremo referido supra, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Oruro, pronunció el Auto de Vista 20/2014 de 29 de agosto, declarando procedente el recurso de apelación restringida deducido por el Ministerio Público y anuló parcialmente la Sentencia, “disponiendo el reenvió de la causa al Tribunal siguiente para que pronuncie el nuevo fallo”.


  1. Notificada con la precitada Resolución, la imputada Triny Zulema Miranda Huanca, el 9 de diciembre de 2014, presentó el recurso de casación el 16 de diciembre del mismo mes y año, que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación que cursa de fs. 167 a 172, se extraen los siguientes motivos:


  1. Luego de hacer una explicación respecto a la procedencia del recurso de casación, la recurrente como primer motivo denuncia insuficiente y contradictoria fundamentación del Auto de Vista, señalando que el máximo Tribunal Supremo de Justicia, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad, pues cuando una resolución está adecuadamente fundamentada, el justiciable por su propia lectura adquiere conocimiento de cuales han sido las razones por las que se ha concluido de una u otra forma, al efecto cita el Auto Supremo 222/2014-RRC de 9 de junio, del cual transcribe la doctrina legal aplicable, efectuando a continuación una descripción literal de partes del Auto de Vista impugnado, haciendo énfasis en el “folio 8 del A.V. impugnado” (sic),aseverando que los miembros del Tribunal de alzada, señalaron que la prueba del Ministerio Público fue valorada de manera totalmente defectuosa y luego contradictoriamente expresaron que ni la prueba testifical ni documental fueron valoradas; añadiendo que, cuando se afirma que hubo valoración defectuosa, correspondía definir cuáles reglas de la sana crítica fueron infringidas, a cuyo efecto citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006, 53/2012 de 19 de marzo y 196 de 3 de junio de 2005, efectuando una transcripción de la doctrina legal, afirmando que de acuerdo a la misma, el Tribunal de alzada, realizó una nueva valoración de la prueba, llegando a establecer como hechos probados, circunstancias que no constaban en obrados; además, que no circunscribió su actuación al examen de la Sentencia impugnada para establecer si en el proceso de valoración de la prueba se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que denuncia la lesión a los principios del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica.


  1. Como segundo motivo, la recurrente refiere que en la apelación restringida del Ministerio Publico, se denunció defectos de Sentencia contenidos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como la vulneración de los arts. 173, 359 y 360 del mismo Código; sin embargo, el Auto de Vista, en el apartado IV.3, destinado a los fundamentos de la resolución, a título de alterar el orden de las motivaciones, sólo se limitó a analizar y resolver los dos últimos motivos del recurso, sin considerar el motivo referido al defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del artículo citado ni a las presuntas vulneraciones de los arts. 124, 173, 359 y 360 del mismo cuerpo legal; en consecuencia, al haber resuelto de esa forma, contravino la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia que obliga a los Tribunales de alzada a referirse absolutamente a todos los motivos del recurso y resolverlos de manera adecuada.


Agrega que, de su parte contestó a todos los motivos del recurso, expresando fundamentos que no fueron considerados por el Tribunal, abstrayéndose de los mismos, elementos que debieron haber servido de base para la decisión.


Como precedente contradictorio sobre esta temática, cita el Auto Supremo 392/2014-RRC de 18 de agosto.


  1. Como tercer motivo, denuncia defecto procesal absoluto por vulneración del art. 413 del CPP y del derecho a la defensa, refiriendo que el Tribunal de alzada al declarar procedente la apelación restringida formulada por el Ministerio Público, anuló parcialmente la Sentencia disponiendo el reenvío de la causa al Tribunal siguiente, el que deberá sustanciar nuevamente el juicio y pronunciar el fallo que corresponda; sin embargo, la decisión además de ininteligible y contradictoria, vulnera el principio de legalidad, establecido en el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por otra parte, al haber anulado parcialmente la Sentencia, el Tribunal tenía la obligación de señalar cuál será el objeto del nuevo juicio, expresando de manera correcta qué es lo que debe renovarse o sobre qué aspectos debe versar el nuevo juicio, aspecto que le dejó en indefensión. Invoca como precedentes contradictorios en relación a esta denuncia, los Autos Supremos 057/2006 de 27 de enero, “083/2013” (sic) y 317 de 13 de junio de 2003.   


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)          Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)          Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al requisito dispuesto por el párrafo primero del art. 417 del CPP, relativo al plazo de la presentación del recurso de casación, en el caso de autos, se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista, el 9 de diciembre de 2014 (fs. 161), presentó el recurso de casación el 16 del mismo mes y año, conforme el cargo a fs. 172 vta., en consecuencia; dentro del plazo de cinco días previsto en la norma procesal penal.


Con relación al primer motivo, en el que la recurrente denuncia insuficiente y contradictoria fundamentación del Auto de Vista, por cuanto por un lado se señaló que la prueba del Ministerio Público fue valorada de manera defectuosa; y, por otro, contradictoriamente, que la prueba testifical ni documental fueron valoradas, explicando que correspondía definir cuáles reglas de la sana crítica fueron infringidas; al margen de lo expuesto, la recurrente denuncia también que en el caso concreto, el Tribunal de alzada revalorizó la prueba,  invocando al efecto los precedentes contradictorios asumidos en los Autos Supremos 222/2014 de 9 de junio, 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006, 53/2012 de 19 de marzo y 196 de 3 de junio de 2005. En cuanto a los precedentes contradictorios, es importante señalar que, el Auto Supremo 222/2014 de 9 de junio, es un fallo que declaró Infundado el recurso casacional; en consecuencia, no contiene doctrina legal aplicable; en cuanto a los Autos Supremos 219 de 28 de junio de 2006, 91 de 28 de marzo de 2006 y 53 de 19 de marzo de 2012, la recurrente no realizó ninguna explicación de la forma en que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción, simplemente se limitó a señalarlos y transcribir doctrina legal aplicable sin identificar a que Auto Supremo corresponde; asimismo, el Auto Supremo 53/2012 de 19 de marzo, no corresponde a la fecha indicada;  finalmente, con relación al Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, de cuya Resolución se transcribe la doctrina legal aplicable, explica las razones por las que el citado fallo dejó sin efecto el Auto de Vista analizado en esa ocasión; sin embargo, no expresa la contradicción con el Auto de Vista ahora impugnado, deviniendo el motivo en inadmisible.


Respecto al segundo motivo, la recurrente denunció defecto absoluto por incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, expresando que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los motivos planteados por el Ministerio Público en su apelación restringida, citando como precedente contradictorio, el Auto Supremo 392/2014-RRC de 18 de agosto; sin embargo, la recurrente no fundamentó adecuadamente el perjuicio que le causa el supuesto agravio; debiendo tenerse presente que, la recurrente carece de legitimación para efectuar un reclamo que en todo caso le acusaría agravio al Ministerio Público, por cuanto conforme el régimen de impugnaciones prevista por el art. 394 del CPP, sólo puede alegar un agravio a quien le cause perjuicio; por lo que este motivo resulta inadmisible.


Asimismo, en relación a que el Tribunal de alzada no hubiese tomado en cuenta los argumentos de su respuesta al recurso de apelación restringida, la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno relativo a esta problemática, considerando que el Auto Supremo 392/2014-RRC, al haber declarado infundado el recurso de casación que analizó, no contiene doctrina legal aplicable susceptible de contrastación, deficiencia que no puede ser suplida con la mera referencia a defecto absoluto como se observa en el presente caso, por lo que este tópico del motivo tampoco puede ser analizado en el fondo.


Con relación al tercer motivo, la recurrente denuncia defecto procesal absoluto por vulneración del art. 413 del CPP, el derecho a la defensa, el principio de legalidad, previsto en el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiriendo que el Tribunal de alzada al declarar procedente la apelación restringida formulada por el Ministerio Público, anuló parcialmente la Sentencia disponiendo el reenvío de la causa al Tribunal siguiente, para la sustanciación de un nuevo juicio; empero, omitió señalar cuál sería el objeto del nuevo juicio, expresando de manera correcta qué es lo que debe renovarse o sobre qué aspectos debe versar el mismo, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 057/2006 de 27 de enero, “083/2013” y 317 de 13 de junio de 2003; no obstante, no cumple con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, señalar de manera clara y precisa la presunta contradicción de los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado; por otra parte, citó el Auto Supremo “083/2013”, sin precisar mayores datos, aspecto que imposibilita observar su contenido; por otra parte, al haber provisto los antecedentes generadores del recurso, expresando que el Tribunal de alzada dispuso la nulidad parcial de la Sentencia y la reposición del juicio, haber precisado la vulneración del derecho a la defensa y el principio de legalidad, afirmando que le dejó en estado de indefensión, por cuanto no tiene conocimiento sobre qué aspectos debe versar el nuevo juicio, corresponde admitir el motivo en la vía de flexibilización conforme la explicación contenida en el acápite IV del presente fallo con el propósito de evitar la vulneración de los derechos fundamentales, como son el acceso a la justicia y la justicia material.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Triny Zulema Miranda Huanca, cursante de fs. 167 a 172, únicamente con relación al tercer motivo del acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA