TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO  Nº 042/2015-RA

Sucre, 15 de enero de 2015


Expediente                : Santa Cruz 97/2014        

Parte acusadora        : Quintín García Montenegro

Parte imputada        : Roberto Colque Pally

Delito                : Despojo


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de octubre de 2014, cursante de fs. 240 a 242, Quintín García Montenegro, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 83 de 19 de septiembre de 2014 de fs. 230 a 233, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Roberto Colque Pally, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 8/2014 de 25 de marzo (fs. 192 a 203), el Juez Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Roberto Colque Pally, absuelto del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Quintín García Montenegro, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 219 a 220 vta.), resuelto por Auto de Vista 83 de 19 de septiembre de 2014, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.

  1. El 23 de octubre de 2014 (fs. 235), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 30 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación.

II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente haciendo una remembranza de los hechos generadores del proceso, alega que el Tribunal de alzada declaró improcedente su apelación restringida, en desmedro a su derecho patrimonial protegido por el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que, al amparo de los arts. 109, 110 y 115 de la CPE, solicita la protección de sus derechos, bajo los siguientes argumentos: i) Que el Tribunal de Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 4), 5) y 6) del art. 370 del CPP, con relación al art. 351 de la norma sustantiva penal, porque a) De oficio realizó inspección ocular en vulneración del art. 342 del CPP, prueba que fue determinante para la absolución del acusado, por cuanto en base a ella el Juez de mérito y el Tribunal de alzada, habrían aducido que el querellado ingresó al lote de terreno sin ejercer violencia; b) Alega que no se hizo una correcta valoración de la prueba producida de oficio, pues en la inspección se habría constatado la construcción de un cuarto 4 x 4 de material, sobre la cual el mismo Juez de Sentencia refirió que se encontraba deshabitado,  inspección con la que se desvirtuó lo alegado por el imputado en su declaración, en sentido de que en el mencionado lote no había nadie menos alguna construcción; por lo que, considera errónea la afirmación del Juez de mérito en sentido de que la prueba aportada fue insuficiente de acuerdo al art. 13 y 171 del CPP; c) Que la Sentencia incurrió en falta de fundamentación art. 124 del CPP-, por no contener una relación del hecho histórico, pues no se fijó “clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada sobre la cual se ha emitido juicio absolviendo al acusado” (sic). ii) Refiere que conforme a la doctrina el delito de Despojo es de acción dolosa, instantáneo y de efectos permanentes que se comete, entrando, manteniéndose, expulsando del inmueble y que en su caso fue desplazado de su posesión, ya que el imputado hasta la fecha se mantiene de ilegítimamente en el inmueble en cuestión sin que le asista derecho alguno.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En  el caso de autos, se establece que el 23 de octubre de 2014, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 30 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación a los demás requisitos, se advierte que el recurrente efectuando una relación fáctica de los hechos que motivan la causa y resaltando su tesis de que fue desplazado de su posesión porque el imputado se mantendría en forma ilegítima en su inmueble sin tener derecho alguno, enfatiza que la conducta del imputado es antijurídica; sin embargo, el Tribunal de alzada a pesar de analizar el tipo penal con una interpretación errónea de la ley y transgredir el art. 370 incs. 4) y 5) del CPP, emitió una resolución que no sólo viola su derecho al acceso a una justicia pronta y oportuna, sino también a su derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la herencia con relación a sus descendientes. Con esta precisión, se establece en primer término que el recurrente pese a sostener en su petitorio que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado: “son contrarios a los precedentes dictados dentro de la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia”, omite invocar algún precedente y explicar cuál la situación de hecho similar y principalmente en qué consistiría la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista impugnado, conforme a la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación, requisitos ineludibles para decretar la admisibilidad del recurso, obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo.


Ahora bien, con relación a los presupuestos de flexibilización descritos en el acápite anterior, se tiene que el recurrente identifica la vulneración de determinados derechos constitucionales; empero, su planteamiento carece de toda fundamentación, pues además de plantear su propia tesis respecto a los hechos y a formular varios cuestionamientos a la sentencia emitida en la causa, se limita a sostener que el Tribunal de alzada incurrió en una errónea interpretación de la ley, sin establecer de manera clara y precisa, cuál fue esa interpretación que originó afectación a sus derechos; además, de denunciar en términos ininteligibles la transgresión del art. 370 incs. 4) y 5). En consecuencia, no se identifica con claridad los antecedentes de hecho generadores del recurso, lo que impide a su vez vislumbrar la restricción o disminución del derecho o garantía, y el resultado dañoso emergente del defecto.


En consecuencia, al no observarse los requisitos previstos por ley para la admisión de la casación, ni concurrir los presupuestos de flexibilización, el recurso sujeto al presente examen deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Quintín García Montenegro, de fs. 240 a 242.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA