TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 016/2015-RA

Sucre, 08 de enero de 2015


Expediente                : Beni 9/2014

Parte acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte imputada                : Jaime Martínez Jiménez y otros

Delitos                : Asesinato y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2014, cursante de fs. 1798 a 1803, Jaime Martínez Jiménez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto de fs. 1774 a 1785 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Patrick Maurice Michel Bellanger, Cécile Thérese Michelle Marie Blanloeil, Jean Paul Marcel Pascal Blancho y Maryline Anne Louise Palieerne Blancho, contra el recurrente, Roberto Forero Molina, Azar Martínez Parada y Rosmery Roca Suarez, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Violación Agravada y Encubrimiento, previstos en la sanción de los arts. 252, 308, 310 inc. 5) y 7) y 171 con relación al 23 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 01/2014 de 2 de marzo (fs. 1650 a 1668 vta.), el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a: Jaime Martínez Jiménez, culpable de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2), 3), 6) y 7) del CP, imponiéndole la  pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; Roberto Forero Molina y Rosmery Roca Suarez, absueltos de la comisión de los delitos de Violación Agravada y Complicidad en Asesinato, previstos en la sanción de los arts. 308 con relación al 310 incs. 5) y 7) in fine, 252 con relación al 23 del CP respectivamente; asimismo, dispuso la absolución de Azar Martínez Parada, por la comisión del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado en el art. 171 del CP.

  1. Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 1673), el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 1693 a 1700), resuelto por Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 25 de agosto de 2014 (fs. 1786), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 1 de septiembre del mismo año, interpuso  recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recuro de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente denuncia “INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA, arguyendo que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, mantiene los defectos inconvalidables referidos a: a) En cuanto a los motivos fútiles o bajos, se limita a realizar una justificación personal argumentando que, ante una discusión sostenida con Jeremie Ionas Ballenger, actuó en forma desproporcionada al dispararle por dos veces y, en el interior de la vivienda, realizó un disparo contra la humanidad de Fannie Marceline Sylvette Blancho, que por ser mujer estaba más indefensa, hecho que resulta de la atestación del testigo Erwin  Melgar Villegas, sin ningún respaldo que sustente esta aseveración. b) En cuanto al presupuesto de la alevosía o ensañamiento, se ha forzado la adecuación típica a los hechos narrados por Edwin Melgar Villegas, interpretando que se mató a traición sin riesgo alguno para el autor, que bajo este razonamiento no existiría la figura del homicidio simple cuando se comete con arma de fuego, contrario a la jurisprudencia nacional. Enfatiza que para demostrar este presupuesto la única prueba material, sería la existencia de los cuerpos de los hoy desaparecidos, extremo que también argumentó en el recurso de apelación y que sólo mereció “una extraordinaria desviación diciendo que lo desarrollarían adelante y que no fue cierto y que se corrobora fácilmente de la lectura del fallo ahora recurrido” (sic)“.  c) Sobre el presupuesto consistente en facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar su resultado, se ha argumentado en sentido de haber ocultado, facilitado y consumado el delito de violación cuando fue absuelto por ese ilícito, siendo contradictorio ya que si hubo violación no había porque asesinar y se pretendió justificar la muerte de Fannie, porque fue testigo de la muerte de su marido. d) Respecto al elemento de vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido, en el afán de confirmar la Sentencia se ha incurrido en contradicciones, al indicar que el esposo le encontró al imputado, abusando de la esposa y trató de oponerse, siendo sacado a empujones del ambiente donde a criterio de tribunal se cometido el delito de violación y afuera disparó contra el esposo en dos oportunidades, siendo una historia inventada diferente a la investigada, pero que al final fue absuelto por el delito de violación contra la esposa que resulta un argumento débil, donde no concurre ninguna de las circunstancias del art. 252 del CP.


  1. Bajo el título “SE BASA EN HECHOS NO ACREDITADOS Y EN VALORACION DEFECTUOSA DE LA PRUEBA (sic), refiere que las declaraciones y demás pruebas solamente son presuntivas, no fehacientes en cuanto a la supuesta demostración de su culpabilidad, al relacionar la declaración del supuesto testigo presencial del hecho Edwin Melgar Villegas, que adujo haber visto al ciudadano Jeremie con una camisa a cuadros y la testigo Oyuki Nishijara indicó que vio a Jeremie ponerse una polera para salir a buscar a su esposa, que ante esta contradicción no se aplicó el principio del in dubio pro reo, que evidencia la parcialización y mala valoración de la prueba vulnerando sus derechos. Que el mayor de los defectos en cuanto a la valoración de la prueba, constituye la falta de documento legal que demuestre la muerte de los ciudadanos franceses Fannie Marceline Sylvette y Jeremie Ionas Bellanger, por lo que no se puede hablar de asesinato o de las circunstancias en las que perdieron la vida, si no existe un examen médico forense de los cuerpos que hasta la fecha, no tienen la calidad jurídica de desaparecidos o declaración de fallecimiento; que el Auto de Vista impugnado ha obviado las contradicciones del Tribunal de Sentencia, violando el principio de congruencia, al no dar respuesta a estas interrogantes y resolver todos los agravios denunciados en el recurso de apelación restringida, ya que nunca se probó que haya asesinado a los ciudadanos mencionados desaparecidos, sin saberse si viven o están muertos; que la prueba de inspección y reconstrucción en ninguna parte refiere de personas muertas y los objetos recolectados no fueron reconocidos si pertenecen a los desaparecidos; aspectos que hacen que la Sentencia recaiga en meras presunciones, vulnerándose los principios del in dubio pro reo y de favorabilidad, contrario al entendimiento del art. 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Cita como precedentes contradictorios, los Autos Supremos: 88 de 18 de marzo de 2008, 643 de 21 de octubre de 2004, 215 de 28 de junio de 2006; Gacetas Judiciales 539 p. 4, 795 p. 5 y 453 p. 819.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 25 de agosto de 2014, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 1 de septiembre del mismo año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP. 


Respecto a los demás requisitos, se tiene que en el primer motivo, la parte recurrente denuncia la existencia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, sin realizar la distinción jurídica a cuál de estos motivos procesales se refiere, aduciendo que ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 252 del CP, se acomodan a su conducta; además, si bien identifica cuatro planteamientos conforme los incisos que se detallan en punto II.1) del presente fallo e invoca varios Autos Supremos, no precisa a partir de la identificación de hechos similares cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, pese a su afirmación de que la “JURISPRUDENCIA PENAL NACIONAL nos enseña múltiples casos similares al que tenemos en análisis con resultados jurídicos sancionatorios distintos por estar tipificados correctamente como HOMICIDIOS” (sic), sin que la carga procesal que tiene como recurrente quede cumplida que la simple transcripción parcial de los precedentes.


Similar entendimiento es aplicable al segundo motivo, por el cual alega que la resolución se basa en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, pues a más de enfatizar su particular perspectiva respecto a determinadas pruebas y a plantear interrogantes vinculadas a la valoración efectuada, no establece con precisión cuál la contradicción existente entre el Auto de Vista con los precedentes invocados y parcialmente transcritos en el punto 3 del memorial.


No obstante, considerando que el recurrente también denuncia la existencia de defectos absolutos, específicamente la vulneración del principio de congruencia e incumplimiento del art. 398 del CPP, corresponde ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización desarrollados en el acápite anterior, ingresar al análisis de fondo del presente recurso, a los fines de verificar si efectivamente el Tribunal de alzada omitió dar una respuesta a los cuestionamientos que hubiese alegado el recurrente en apelación respecto al presupuesto de alevosía o ensañamiento y a la existencia de los cuerpos como única prueba para acreditarlo, así como a las contradicciones no fundamentadas, ni explicadas o aclaradas por el Tribunal de Sentencia, que según sostiene fueron oportunamente fundamentadas en su memorial de apelación restringida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación formulado por Jaime Martínez Jiménez, de fs. 1798 a 1803, para su análisis de fondo en los límites señalados precedentemente; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado y del presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA