TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 834/2019

Fecha: 26 de agosto de 2019

Expediente: O-9-19-S

Partes: Colegio Médico de Oruro c/ Sayonara Wendy Tapia Pacheco, Roberto Soto

            Santos y Jorge Antonio Urquidi Marza.   

Proceso: Resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Oruro. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1076 a 1086 planteado por Jorge Antonio Urquidi Marza representado por Néstor Raúl Camacho Godoy, impugnando el Auto de Vista Nº 04/2019 de 06 de marzo, cursante de fs. 1035 a 1050 vta, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por el Colegio Médico de Oruro contra Sayonara Wendy Tapia Pacheco, Roberto Soto Santos y Jorge Urquidi Marza; el Auto de Concesión de 15 de abril de 2019 que cursa de fs. 1094, Auto Supremo de Admisión Nº 406/2019-RA de 24 de abril, todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. El Colegio Médico de Oruro representado por Gregorio Bernardo Fernández Ayma mediante memorial cursante de fs. 233 a 236 vta. y ampliada de fs. 432 a 436 vta., planteó demanda ordinaria por resarcimiento de daños y perjuicios, contra Sayonara Wendy Tapia Pacheco, Roberto Soto Santos y Jorge Urquidi Marza (este último en calidad de litis consorcio pasivo necesario por haber desempeñado el cargo de contador), que los demandados en su condición de Ex-presidenta y Ex-secretario de hacienda del Colegio Médico de Oruro, durante las gestiones 2011 a 2013, habrían incumplido con su obligación ante el Servicio de Impuestos Nacionales, entidad que sancionó por incumplimiento de presentación de libros de compras y ventas IVA-Gestión 2012, lo cual generó que la parte demandante pague al Servicio de Impuestos Nacionales la suma de Bs. 103.903,00, así el incumplimiento de deberes formales de la Ex-directiva y Ex-funcionarios habrían provocado un daño económico que debe ser resarcido por tratarse de fondos de la Institución.

Una vez citados los codemandados Sayonara Wendy Tapia Pacheco y Roberto Soto Santos, en ejercicio de su defensa plantearon excepciones previas y contestaron a la demanda mediante memoriales de fs. 243 y vta., 264 a 270, 304 a 309 vta., 377 a 383, 386 a 391 vta., 398 y vta., 400 y vta., 419 a 421 y 422 a 424, por otra parte, de fs. 445 a 449 vta., Jorge Antonio Urquidi Marza opuso excepción previa de impersonería para luego apersonarse a fs. 472 y vta., negando su responsabilidad. Tramitado así el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 105/2019 de 26 de octubre, cursante de fs. 919 a 932, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Nº 4 de Oruro, que declaró PROBADA la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios y condenó a los demandados Sayonara Wendy Tapia Pacheco, Roberto Soto Santos y Jorge Antonio Urquidi Marza en su condición de Ex-presidenta, Ex-secretario de hacienda y Ex-contador del Colegio Médico de Oruro, respectivamente, al pago equitativo y proporcional de la suma de Bs. 103.903,00 (CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TRES 00/100 BOLIVIANOS), correspondiendo pagar a cada uno de ellos la suma de Bs. 34.634,33 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 33/100 BOLIVIANOS).

2. Apelada la Sentencia por los tres demandados de forma independiente, cada uno mediante memoriales cursantes de fs. 949 a 950 vta., 952 a 953 vta., y 958 a 973, el 6 de marzo de 2019, la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 04/2019 de fs. 1035 a 1050 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 105/2017.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Jorge Antonio Urquidi Marza representado por Néstor Raúl Camacho Godoy por escrito de fs. 1076 a 1086, recurso que pasa a ser considerado.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto del recurso de casación de Jorge Antonio Urquidi Marza, se extractan los siguientes reclamos:

1. Señaló que el Auto de Vista vulneró el principio de incongruencia interna y externa porque no consideró la nulidad de obrados interpuesta en el memorial de apelación, conculcando el art. 108 de la Ley Nº 439 y el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, así como el derecho a la petición, acceso a la justicia, debido proceso causándole indefensión porque tampoco revisaron de oficio los defectos y vicios de nulidad producidos en el curso de la primera instancia, conculcando así el principio de legalidad. Puesto que el Tribunal de apelación limitó, prohibió y desconoció el principio de impugnación reconocido en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, ya que no existe resolución de rechazo a la nulidad de obrados hasta fs. 238 para que el Tribunal fallara en el fondo.

Así, omitió ampliar la demanda a la Ex-presidenta Paola Ethel Navarro Araya y el Ex-secretario de hacienda Raúl Edmundo Guibara Tórrez, puesto que ellos juntamente con Sayonara Wendy Pacheco y Roberto Soto Santos, serían los únicos responsables del resarcimiento de daños y perjuicios debido a que incumplieron atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, sin embargo, no procedieron de esa manera y al evitar ingresar al fondo, ocasionaron daño económico y familiar al recurrente, vulnerando el art. 218.III del Código Procesal Civil.

2. Refirió infracción del principio de legalidad entre los puntos apelados y resueltos, debido a que el Tribunal de segunda instancia sostuvo falazmente que Jorge Antonio Urquidi Marza admitió el pago por multas ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

También que no se valoró la confesión judicial positiva de Sayonara Wendy Tapia Pacheco y Roberto Soto Santos de fs. 377 a 383 y 396 a 391 vta., respecto a que todos los informes económicos, estados financieros, cálculos impositivos y demás operaciones de contabilidad fueron entregados de forma correcta y puntual a la solicitud de los Ex-directivos, lo cual al no haber merecido observación o rechazo se tiene que Jorge Antonio Urquidi Marza cumplió a cabalidad con las cláusulas y términos pactados en el contrato de servicios de fs. 248 a 249 vta.

Dijo existir ausencia de fundamentación de los puntos apelados con los resueltos, siendo que en el Auto de Vista Nº 04/2019 no se expuso los hechos no realizó una valoración con base en las pruebas ni a las normas legales aplicadas al proceso, por lo que no ejerció el control y verificación de la correcta motivación de la sentencia. 

3. Indicó vulneración al principio de legalidad e interpretación entre el Estatuto Orgánico, Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia y el contrato, ya que en el caso de Jorge Antonio Urquidi Marza no puede ser juzgado por una normativa especial contenida en el Estatuto citado anteriormente porque no es miembro ni afiliado. Así se conculcó el principio de legalidad e interpretación porque se relacionó e interpretó una normativa tributaria con una normativa civil,  no se puede pretender la responsabilidad de deber formal como un acto administrativo tributario a una persona natural, simplemente por haber suscrito un contrato de prestación de servicios, el cual fue interpretado erróneamente al sostener que el mismo se encuentra sometido a las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, es así, que se infringió el control de legalidad por errónea interpretación sobre las cláusulas pactadas en el contrato, expresando que el contrato debió valorarse de acuerdo a los arts. 467, 469, 814. I y el 350 del Código Civil.

4. Expresó que la resolución de alzada vulneró el art. 218. II num.1 inc. b) del Código Procesal Civil en relación al recurso de apelación de fs. 958 a 973, porque indicaron que no se habrían identificado los agravios sufridos, argumentos falsos e incongruentes. Al respecto tuvieron la facultad de declarar INADMISIBLE el recurso de apelación y alternativamente ejecutoriar la sentencia, al no haber procedido de esa manera, vulneraron el principio de legalidad ya que de manera contraria oficiosamente valoran y consideran la mencionada apelación, cayendo en error de derecho con una absurda contrariedad entre lo fundamentado y resuelto, atentando a la verdad material, encontrándose viciado de nulidad.

5. Adujo cobros ilegales efectuados por el Colegio Médico de Oruro por concepto de certificados médicos, en esa relación los de instancia, estarían consagrando los mismos a través de sus resoluciones.

Petitorio.

Concluyó solicitando anular obrados hasta fs. 238 inclusive o en su caso casar el Auto de Vista Nº 04/2019, debiendo declarar improbada la demanda.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Alberto Salinas Cabero, en su calidad de actual presidente del Colegio Médico de Oruro, luego de algunas precisiones acerca de las formas de interponer el recurso de casación, expresó que la impugnación planteada estaría orientada a la nulidad de la resolución impugnada, olvidando que la norma contenida en el art. 220.III incisos 1) y 2) del Código Procesal Civil, extremos que no fueron referidos lo que hace que el mismo sea improcedente.

Asimismo, estableció que el recurrente no cumplió con lo establecido en los arts. 272.I y 274.I inc. 3) del Código Procesal Civil, ya que carece de legitimación al no ser la persona que sufrió directamente ningún agravio con el auto de vista, y siendo que el recurso de casación resulta ser una mescolanza de solicitudes no cumplió con la debida fundamentación tanto en su exposición de hechos como en el petitorio, mismo no debe ser considerado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. En relación a la interpretación de los contratos.

El art. 519 del Código Civil dispone que: “(Eficacia del contrato). El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”.

Asimismo, el art. 520 del mismo sustantivo determina que: (Ejecución de buena fe e integración del contrato). El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.

Sobre el tema el Autor Carlos Morales Guillen en su Libro “Código Civil Concordado y Anotado”, Cuarta Edición, Tomo I, Pág. 741, refiere que: “…es principio supremo y absoluto que domina todo el derecho de obligaciones, el de que todas las relaciones de obligación, en todos los aspectos y en todo su contenido, están sujetos al imperio de la buena fe…El precepto dispone que los efectos de los contratos, no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o la equidad corresponda a la naturaleza del contrato…”.

III.2. De los alcances del art. 218. II núm. 1 de la Ley Nº 439.

El art. 218 de la Ley 439, refiere: “I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II.  Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a. Si se hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b. Por falta de expresión de agravios.  2. Confirmatorio. 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio.  III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, si bien la normativa de referencia en su parágrafo II, numeral 1 permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero cuando se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, precepto cuyo primer supuesto no merece mayor análisis por su claridad, en caso del segundo hipotético de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el acápite III.1 y sobre todo en el III.2, los tribunales de apelación a momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no deben realizar un examen bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicadas, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del tribunal de segunda instancia para su análisis y consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218.II núm. 1 de la Ley Nº 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione y la vulneración del principio de impugnación desarrollados precedentemente.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Respecto a que el Auto de Vista vulneró el principio de incongruencia interna y externa porque no consideró sobre la nulidad de obrados interpuesta en el memorial de apelación, conculcando el art. 108 de la Ley Nº 439 y el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, conculcando el derecho a la petición, acceso a la justicia, debido proceso causando indefensión, porque tampoco revisaron de oficio los defectos y vicios de nulidad producidos en el curso de la primera instancia, conculcando así el principio de legalidad. Puesto que el Tribunal de apelación limitó, prohibió y desconoció el principio de impugnación reconocido en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, puesto que no existe resolución de rechazo a la nulidad de obrados hasta fs. 238 para que el Tribunal fallara en el fondo.

Así, omitió ampliar la demanda a la Ex-presidenta Paola Ethel Navarro Araya y Ex-secretario de hacienda Raúl Edmundo Guibara Tórrez, puesto que ellos juntamente a Sayonara Wendy Pacheco y Roberto Soto Santos, serían los únicos responsables del resarcimiento de daños y perjuicios porque solidariamente incumplieron atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia; sin embargo, no procedieron de esa manera y al evitar ingresar al fondo, ocasionaron daño económico y familiar al recurrente, vulnerando el art. 218.III, concluyó solicitando anular obrados hasta fs. 238 inclusive.

De la revisión al Auto de Vista Nº 04/2019 en relación al reclamo incoado, se tiene que cursante a fs.1046, respondió: “Recordar al recurrente que este Tribunal de alzada basa sus competencias en los arts. 256 y 251 del Código Procesal Civil, en consecuencia, remitiéndonos no solo a la Sentencia hoy impugnada sino a todas las actuaciones en el proceso, no se tiene en ellos el reclamo que hoy se solicita…”.

En consecuencia, corresponde revisar las actuaciones del recurrente Jorge Antonio Urquidi Marza durante la primera instancia, así de fs. 445 a 449 vta., opuso excepción previa de impersonería en el demandante de fs. 472 y vta., se apersonó negando responsabilidades y solicitando se disponga responsabilidad sobre los otros dos codemandados en su calidad de ex directivos de la institución.

Posteriormente de fs. 479 a 480 se encuentra el Acta de Audiencia Pública Preliminar, en la que el recurrente no concurrió, únicamente estuvo presente su defensa técnica, así transcurrió el proceso y en la siguiente audiencia de fs. 493 a 504, las partes propusieron pruebas, mismas que de acuerdo a su naturaleza fueron estimadas o desestimadas por el A quo, luego a fs. 704 solicitó certificación que respalde su presencia en la Audiencia Pública Complementaria,  de esa manera se hizo presente en la confesión provocada de fs. 717 vta. a 718 vta., prosiguiendo con las audiencias complementarias posteriores, como la de fs. 744 a 746 vta., relativa al nombramiento de un nuevo perito, la de fs. 831 a 840 y de fs. 907 a 910 donde la parte hoy recurrente enfocó se desestime su responsabilidad atribuyendo la misma a los otros dos codemandados.

En suma, todos los actuados citados previos a la Sentencia de 26 de octubre de 2017, no refirieron ni invocaron la posibilidad de incorporar al proceso a otros sujetos ni a Ex-directivos, en alusión a ello es pertinente referir que las partes procesales deben hacer uso de sus derechos en el momento que la norma les faculta, al no hacerlo pierden dicha oportunidad, asimismo, es necesario aclarar que el proceso judicial hoy ya no puede entenderse como un simple enunciado de formas sino como aquel que debe efectuarse con la mayor celeridad posible y asegurando eficaz y materialmente la realización de los derechos fundamentales, procesales y sustantivos estableciendo a los Jueces y Tribunales del Órgano Judicial realizar una interpretación constitucional de las normas desde los valores y principios y no una interpretación meramente legalista.

En esa línea el art. 1 inc. 10) del Código Procesal Constitucional, establece los principios rectores del proceso civil, entre los cuales encontramos el de celeridad que establece: “La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones que expresamente autorice el presente Código”, cuyo fundamento básico comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia y la agilidad de los procesos judiciales en cuanto a su trámite, de tal suerte que hoy ya no es factible invocar nulidades que no hayan sido reclamadas en su oportunidad y que además hayan generado indefensión, lo cual no sucedió ni remotamente en este proceso, por lo cual no puede darse curso a lo reclamado.

2. En cuanto a la infracción del principio de legalidad entre los puntos apelados y resueltos, puesto que el Tribunal de segunda instancia sostuvo falazmente que Jorge Antonio Urquidi Marza admitió el pago por multas ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

No valoró la confesión judicial positiva de Sayonara Wendy Tapia Pacheco y Roberto Soto Santos de fs. 377 a 383 y 396 a 391 vta., respectivamente, en lo referente a que todos los informes económicos, estados financieros, cálculos impositivos y demás operaciones de contabilidad fueron entregados de forma correcta y puntual a la solicitud de los Ex-directivos, lo cual al no haber merecido observación o rechazo se tiene que Jorge Antonio Urquidi Marza cumplió a cabalidad con las cláusulas y términos pactados en el contrato de servicios de fs. 248 a 249 vta.

Dijo existir ausencia de fundamentación de los puntos apelados con los resueltos, así el Auto de Vista Nº 04/2019 no expuso los hechos, no realizó una valoración con base en las pruebas ni a las normas legales aplicadas al proceso, por lo que no ejerció el control y verificación de la correcta motivación de la sentencia.

Al respecto, de la revisión a la documentación aludida correspondiente de fs. 377 a 383, lo más sobresaliente de ella es que la Ex-presidenta del Colegio Médico de Oruro, instó se reconozca “el contrato de prestación de servicios” de 24 de diciembre de 2010, aludiendo que el responsable del cumplimiento del mismo es Jorge Antonio Urquidi Marza, haciendo alusión algunas cláusulas del contrato de prestación de servicios y hace un detalle de la prueba documental presentada entre las que figuran informes económicos de contabilidad suscritos por el Contador, sin que ello quiera decir que dichos informes, estados financieros, cálculos impositivos y demás operaciones de contabilidad hayan sido correctamente presentados.

Respecto a la incongruente petición de fs. 396 a 391, la cual no guarda relación alguna de actuados referidos a la petición, por lo que no amerita hacer referencia alguna.

En cuanto al contrato de servicios aludido de fs. 248 a 249 vta., conviene referir que el mismo reviste carácter civil, así está establecido en la cláusula octava, por otra parte, la cláusula segunda establece que se determinó la contratación del profesional calificado para establecer en la cláusula tercera el objeto de la prestación de servicios relativos a su profesión esto es: “a) Revisión de comprobantes contables… (…) … h) otros inherentes a las funciones de Contador”, la cláusula décima establece que el contratado (Jorge Antonio Urquidi Marza) se obliga a realizar su trabajo con la mayor responsabilidad y cuidado … (…) … observando las cláusulas previstas en el contrato”.

La cláusula décima tercera, refiere que: “EL CONTRATADO se compromete a prestar los servicios con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y experiencia, utilizando los métodos y procedimientos que considere más convenientes para el logro del objeto del presente contrato”.

La cláusula décima cuarta, expresa:La inobservancia o el incumplimiento total o parcial de las obligaciones expresamente contenidas en el presente contrato, por parte del CONTRATADO, por acción u omisión comprobada por la vía correspondiente, causando perjuicio al CONTRATANTE, se hará pasible a las acciones legales que corresponda, además de asumir la responsabilidad total de los daños y perjuicios ocasionados”.

De lo anotado supra, se tiene que Jorge Antonio Urquidi Marza fue contratado en razón a los conocimientos contables especializados y siendo que el SIN, estableció responsabilidades al “Colegio Médico de Oruro” por incumplimiento de deberes formales, aspecto que no se discute y se tiene como cierto por lo que en este proceso únicamente corresponde aplicar la responsabilidad emergente de los que debieron actuar en su momento en previsión y velando que ello no ocurra.

Por ello es que el contrato de prestación de servicios estableció claramente que el profesional contratado especializado y calificado se obligaba a realizar su trabajo con la mayor responsabilidad con aplicación efectiva de sus conocimientos, reconociendo en casos de negligencia, error y omisión en el desempeño de sus actividades comprobada por la vía correspondiente (siendo este el caso) hacerse pasible a las acciones que corresponda, además de asumir las responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados.

Con base a lo expresado se establece que “ciertas omisiones” establecidas por el Servicio de Impuestos Nacionales generaron multas y cargas económicas al “Colegio Médico de Oruro”, lo cual está directamente relacionado con  asuntos contables traducido en conocimientos especializados inherentes al profesional contador contratado, de modo que el recurrente no puede soslayar bajo ningún argumento ser eximido de tal situación, puesto que su compromiso con la entidad contratante  obligaba a este profesional a aplicar de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y experiencia así como en caso de descuido, error u omisión, también el de hacerse cargo de asumir los efectos y responsabilidades generadas, es en esa medida que el profesional hoy recurrente no puede deslindar responsabilidades.

Respecto a la ausencia de fundamentación de la resolución de alzada se tiene que revisada la misma cursante de fs. 1035 a 1050 vta., se tiene que la misma realizó un análisis y fundamentación de los tres recursos de apelación planteados, estableció en el considerando III, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, en el punto IV, los fundamentos jurídicos de la resolución para finalmente dar respuesta al recurso de apelación del hoy recurrente, donde en seis puntos dio respuesta  aun aclarándole en qué sentido debió establecer y puntualizar sus agravios, para concluir que el A quo actuó en apego a la normativa legal, lógica y sana crítica, no ameritando mayor argumentación y consideración porque no se vulneraron normas adjetivas ni sustantivas. En suma, si el auto de vista no dio respuesta favorable a sus pretensiones no quiere decir que por ello que el mismo haya sido carente de fundamentación.

3. Acerca de la vulneración al principio de legalidad e interpretación entre el Estatuto Orgánico, Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia y el contrato, ya que en el caso de Jorge Antonio Urquidi Marza no puede ser juzgado por una normativa especial contenida en el Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico porque no es miembro ni afiliado, Así se conculcó el principio de legalidad e interpretación, porque se relacionó e interpretó una normativa tributaria con una normativa civil,  no se puede pretender la responsabilidad de deber formal como un acto administrativo tributario, a una persona natural, simplemente por haber suscrito un contrato de prestación de servicios, el cual fue interpretado erróneamente al sostener que el mismo se encuentra sometido a las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, así infringió el control de legalidad por errónea interpretación sobre las cláusulas pactadas en el contrato.

Expresó que el contrato debió valorarse de acuerdo a los arts. 467, 469, 814. I y el 350 del Código Civil.

Al respecto corresponde establecer que la responsabilidad del deber formal proveniente de la normativa tributaria generó responsabilidad como sujeto pasivo al Colegio Médico de Oruro y no al recurrente, en cuanto toca a la responsabilidad al ámbito civil se tiene que la misma está relacionada al incumplimiento del contrato civil suscrito ante un hecho ilícito que, por negligencia, mal desempeño o asesoramiento, en cuanto toca a los conocimientos especializados que en este caso debió desempeñar el contador que suscribió un contrato civil de prestación de servicios donde se obligó en caso de causar perjuicio al contratante, hacerse responsable y pasible de las acciones legales correspondientes, es así que la responsabilidad tributaria no está en discusión sino la responsabilidad civil emergente del desempeño profesional que de acuerdo al contrato el recurrente incumplió.

Concluyendo que todo contrato de prestación de servicios contables, supone una confianza entre las partes, relativas a delegar las técnicas contables y de auditoría a un especialista como fue el caso y por otro lado el compromiso asumido frente a la contraparte porque la Entidad contratante espera que el contrato se cumpla en los términos estipulados y dado que en el caso concreto, existió quebrantamiento a los términos pactados corresponde se activen y cumplan aquellas que establecen sanciones, en este caso la cláusula décima cuarta es la que establece claramente las sanciones en caso de incumplimiento, por lo cual no puede el recurrente desconocer en esta instancia dicho compromiso de naturaleza civil aduciendo erróneamente que se habría activado contra el contador las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, que más bien en todo caso se aplicaron en contra del resto de los demandados y establecer la responsabilidad solidaria y mancomunada, así mismo, no describe si en su caso concurren las causas eximentes de responsabilidad civil. Por tanto, todo lo referido en este punto, no resulta ser una apreciación objetiva ni correcta.

4. Sobre que la resolución de alzada vulneró el art. 218. II núm.1 inc. b) del Código Procesal en relación al recurso de apelación de fs. 958 a 973, porque expresaron que no se identificaron los agravios sufridos, argumento falso e incongruente. Al respecto tenían la facultad de declarar Inadmisible el recurso de apelación y alternativamente declarar ejecutoriada la Sentencia, al no haber procedido de esa manera, vulneraron el principio de legalidad ya que de manera contraria oficiosamente valoran y consideran la mencionada apelación, cayendo en error de derecho con una absurda contrariedad entre lo fundamentado y resuelto, atentando a la verdad material, encontrándose viciado de nulidad.

Actualmente el art. 218 del Código Procesal Civil, debe aplicarse desde la perspectiva de los tribunales de apelación, bajo una óptica progresiva de los derechos y garantías, es así que al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no deben realizar un examen bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicadas, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del Tribunal de segunda instancia para su análisis y su consideración, entendimiento esbozado supra, en el acápite III. 3 de la doctrina aplicable en la presente resolución.

De la revisión al Auto de Vista recurrido, no se identifica que dicha instancia haya expresado la no existencia de agravios, por el contrario, dio respuestas a todos los agravios identificados, por lo cual este supuesto reclamo no resulta verídico.

5. Adujo cobros ilegales efectuados por el Colegio Médico de Oruro por concepto de certificados médicos, en esa relación los de instancia estarían consagrando los mismos a través de sus resoluciones.

Respecto a los argumentos vertidos en este punto no guardan absoluta relación con el objeto del proceso, ni con agravio alguno en relación con lo manifestado por la resolución de segunda instancia, por lo que resultan impertinentes.

De la respuesta al recurso de casación.

Se tiene que la misma estaba encaminada a declarar improcedente el recurso, no obstante haber sido admitido y dado que la resolución es por infundar el mismo, no se establece argumentos que deban ser respondidos.

Por todas las consideraciones realizadas corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 - Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1076 a 1086,  planteado por Jorge Antonio Urquidi Marza representado por Néstor Raúl Camacho Godoy, impugnando el Auto de Vista Nº 04/2019, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.