TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                       S A L A C I V I L



Auto Supremo: 828/2019

Fecha: 26 de agosto de 2019

Expediente: SC-33-19-S.

Partes: Manuel Jesús Vaca Vaca c/ Pedro Susano Susano, Miriam Romy, Ana

             Karen, Ana Carolina Susano Vespa.  

Proceso: Usucapión.

Distrito: Santa Cruz. 

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 688 a 693 planteado por Manuel Jesús Vaca Vaca, impugnando el Auto de Vista Nº 38/2019, de 30 de enero, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 679 a 680 vta., en el proceso ordinario de usucapión decenal, seguido por Manuel Jesús Vaca Vaca contra Pedro Susano Susano, Miriam Romy, Ana Karen y Ana Carolina Susano Vespa; la contestación a fs. 704 a 706, el Auto de concesión de 13 de marzo cursante a fs. 707, el Auto Supremo de Admisión Nº 308/2019-RA de 3 de abril de fs. 715 a 717, y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Manuel Jesús Vaca Vaca demandó a Pedro Susano Susano, por usucapión, mediante memorial de fs. 44 a 45, aclarado a fs. 48, 53, 59  y ratificado a fs. 101 y vta., quien una vez citado, contestaron las herederas del demandado, Miriam Romy, Ana Karen y Ana Carolina Susano Vespa por memoriales cursante de fs. 199 a 204 vta., 303 a 308 vta., excepcionando y reconviniendo por reivindicación y otros, tramitado así el proceso  hasta la emisión de la Sentencia Nº 163/2018 de 24 de julio cursante de fs.611 vta., a 617, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 9 de Santa Cruz de la Sierra declaró: PROBADA en parte la demanda en lo referente a los dos lotes de terreno que el actor posee legítimamente e IMPROBADA respecto a la superficie que detenta sin derecho. PROBADA en parte la demanda de reivindicación, desocupación y entrega de bien formulada por las reconvencionistas, solo con relación al área que resulte de excluir los dos lotes de terrenos reconocidos en usucapión a favor de Manuel Jesús Vaca Vaca. IMPROBADA la pretensión de negación de derecho y PROBADA la pretensión de daños a cuantificarse en ejecución de sentencia.

2. Resolución de primera instancia recurrida en apelación por Manuel Jesús Vaca Vaca mediante memorial de fs. 636 a 639 vta., originó que la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista Nº 38/2019 de 30 de enero de 2019 cursante de fs. 679 a 680 vta., que CONFIRMÓ totalmente la sentencia, bajo los fundamentos siguientes respecto a la prueba aportada por el demandante esta no demuestra la posesión en los términos requeridos y señalados; en cuanto a la reconvención formulada se tiene que las demandadas cuentan con la matrícula a fs. 238 y con plano a fs. 244, revisado por la autoridad administrativa correspondiente añadiendo a ello que en la inspección judicial el demandante expresó que Pedro Susano Susano le permitió el uso del resto del terreno.

3. Fallo de segunda instancia que, es recurrido en casación por Manuel Jesús Vaca Vaca, recurso que pasa a ser considerado.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto en el recurso de casación de Manuel Jesús Vaca Vaca, se extractan los siguientes reclamos:

1. Denunció  la no valoración de las pruebas bajo el principio de unidad de la prueba contenido en el art. 1286 del Código Civil, tanto en la sentencia como en el Auto de Vista de 30 de enero de 2019, puesto que las pruebas testificales de fs. 511 y 513 son claras reconociendo que el demandante vive 15 años en el terreno objeto de litigio, en relación con la audiencia de inspección judicial de fs. 560 se tiene que la misma es incongruente por cuanto la descripción del lote Nº 1 tiene un total de 2100 m2 y el lote Nº 2 un total de 3200 m2, es decir que el juez no valoró que cada lote es independiente y continuo y no está loteado físicamente tal como dijo en el numeral 1 y 2, así también el perito en su informe cursante de fs. 534 a 538, estableció que son dos terrenos separados, así el plano elaborado por este y el plano de la inspección judicial son iguales y no fueron valorados tampoco en segunda instancia.

El juez no valoró la construcción de la noria de consumo comunal ubicada en el lote Nº 1, que data del año 1997, construida por el demandante y algunos vecinos del barrio, que en principio eran fundos rústicos denominado “La Peña”, para luego el demandado inscribirlo como radio urbano el 2014, así también alude a la testifical de Vita Parada Algarañaz que corrobora la inversión realizada por el demandante.

2.  Refirió que el segundo considerando del Auto de Vista recurrido indica que el demandante debió interponer usucapión quinquenal y no decenal; sin embargo, no consideró que lo esencial para la procedencia de la usucapión extraordinaria es la acreditación de la posesión continuada en sus dos elementos que son el corpus y el animus, aspecto evidenciado por la posesión continua, pacífica y pública ejercida desde el año 1997 y que siendo de conocimiento de la parte demandada jamás se opuso, no encontrándose nota o documento alguno que demuestren la interrupción realizada a tal efecto, cumpliendo con lo establecido en el art. 138 del Código Civil porque no hubo interrupción de la posesión desde 1997 hasta la fecha.

Petitorio.

Solicitó casar el auto de vista.

De la respuesta al recurso de casación.

En lo principal, expresó que el recurso de casación del demandante insinúa de forma irracional que el Tribunal Ad quem habría hecho una inadecuada interpretación de los hechos; sin embargo, ello no es así, sino que, el recurrente equivocadamente mencionó y analizó la prueba de forma sesgada, imprecisa e incompleta, al efecto corresponde precisar que:

En lo que respecta a la prueba testifical, esta no puede ser considerada como prueba plena por cuanto las declarantes mantienen procesos judiciales con las herederas del causante hoy demandadas.

En cuanto al informe pericial de fs. 521, el mismo fue sujeto a un procedimiento de aclaración de fs. 596 en la que el demandante no formuló ninguna objeción o impugnación.

En la inspección judicial, existe la confesión expresa del demandante donde a viva voz expresó que Pedro Susano Susano le permitió el uso de los terrenos no vendidos, como también se permitió el uso como cancha de fútbol, así el acta de inspección nunca fue motivo de objeciones ni observaciones al tenor del art. 298.II del Código Procesal Civil.

Concluyó solicitando declarar inadmisible el recurso o en su caso declararlo infundado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De la usucapión decenal o extraordinaria y sus requisitos.

Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la forma de adquirir la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria conforme al art. 138 del Código Civil y los requisitos que hacen procedente a dicha acción, emitió una vasta jurisprudencia, correspondiendo en ese sentido, el contenido del Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “… La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.

De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad”.

De lo expuesto en dicho Auto Supremo, se tiene que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posesión, que según lo expuesto en el art. 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que, una persona que posee por sí misma o por medio de otra tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por sí mismo sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; de igual forma corresponde señalar que los actos de tolerancia no sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del CC.), pues se entiende que en los casos del detentador y tolerado, existe ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

En el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica porque debe ser ejercida sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar la misma frente al propietario. Reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 87 del Código Civil.

III.2. Sobre los principios para la valoración de la prueba.

De la vasta jurisprudencia referencial se tiene el Auto Supremo Nº 501/2017 de 15 de mayo en dicha resolución se orientó respecto al principio de la valoración de la prueba, estableciendo lo siguiente: “…José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC y 134, 136 y 145 del Código de Procesal Civil…”   

III.3Respecto al entendimiento de verdad material

El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 1888/2011-R de 7 de noviembre de 2011, señaló que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Denunció  la no valoración de las pruebas bajo el principio de unidad de la prueba contenido en el art. 1286 del Código Civil, en que incurrieron la sentencia y el Auto de Vista de 30 de enero de 2019, puesto que las pruebas testificales de fs. 511 y 513 son claras reconociendo que el demandante vive 15 años en el terreno objeto de litigio, con relación a la audiencia de inspección judicial a fs. 560 se tiene que la misma es incongruente por cuanto la descripción del lote Nº 1 tiene un total de 2100 m2 y el lote Nº 2 un total de 3200 m2, es decir que el juez no valoró que cada lote es independiente y continuo, no está loteado físicamente tal como lo dijo en el numeral 1 y 2, al igual que el perito en su informe cursante de fs. 534 a 538, en el cual estableció que son dos terrenos separados, así el plano elaborado por este y el plano de la inspección judicial son iguales y no fueron valorados tampoco en segunda instancia.

Asimismo, dijo que el juez no valoró la construcción de la noria de consumo comunal ubicada en el lote Nº 1, que data del año 1997, construida por el demandante y algunos vecinos del barrio, que en principio eran fundos rurales rústicos denominado “La Peña”, para luego el demandado inscribirlo como radio urbano el 2014, así también alude a la testifical de Vita Parada Algarañaz que corrobora la inversión al efecto realizada por el demandante.

En lo que respecta a su reclamo sobre la no valoración integral de las pruebas con respecto a las testificales de cargo referidas corresponde establecer que las mismas no fueron tenidas como ciertas o válidas por cuanto los testigos asignados tienen procesos judiciales pendientes con alguna de las partes demandadas, por lo tanto, sus declaraciones resultan ser dudosas al tener litigio pendiente con una de las reconvencionistas, lo cual también daría lugar a una presunta enemistad, así el juzgador al tenor del art. 186 del Código Procesal Civil, apreció tales aspectos bajo las reglas de la sana crítica o prudente criterio, apreciando las circunstancias y motivos que corroboraron o disminuyeron la fuerza probatoria de las declaraciones testificales.

En cuanto al reclamo sobre la planimetría en relación al informe pericial, corresponde establecer que este aspecto no resulta relevante para el objeto del proceso, puesto que de lo que se trataba era que el demandante pruebe efectivamente su posesión decenal, pacífica, pública y continua sobre la totalidad de la superficie incoada, tampoco presentó un contra peritaje y menos reclamó o impugnó el existente en su oportunidad, teniendo en cuenta lo manifestado en este punto por el Auto de Vista de 30 de enero de 2019 que sostuvo en su primer considerando: “…en cuanto a las pruebas más relevantes para este caso, se tiene que los planos aportados y cálculos de espacio y superficie no revisten de mayor valor legal, ya que los mismos per se no acreditan la posesión del actor”.

Por tanto, se tiene que la resolución en revisión ya dio respuesta, resultando irrelevante en esta instancia.

En lo referente a la construcción de la noria y otras construcciones, se tiene claramente que ellas fueron valoradas y reconocidas a favor del demandante, en cuanto toca a la posesión legítima del mismo, en cuyo primer lote se encuentran todas las construcciones antiguas alegadas y es justamente dicha posesión del terreno que ha sido legalmente usucapida en este proceso, por lo que no puede alegar la no valoración de todas las construcciones realizadas, ni otro reclamo al respecto.

Concluyendo que los de instancia aplicaron adecuadamente.

2. Refirió que el segundo considerando del Auto de Vista recurrido refirió que el demandante debió interponer usucapión quinquenal y no decenal; sin embargo, no consideró que lo esencial para la procedencia de la usucapión extraordinaria es la acreditación de la posesión continuada en sus dos elementos que son el corpus y el animus, aspecto evidenciado por el demandante por la posesión continua, pacífica y pública ejercida desde el año 1997 y que siendo de conocimiento de la parte demandada jamás se opuso, no encontrándose nota o documento alguno que demuestren la interrupción realizada a tal efecto, cumpliendo con lo establecido en el art. 138 del Código Civil porque no hubo interrupción de la posesión desde 1997 hasta la fecha.

Al respecto, de la revisión al Auto de Vista de 30 de enero de 2019, cuyo  segundo considerando refirió que: “Según el recurrente, el A quo ha confundido los trámites de usucapión quinquenal con la usucapión decenal … (…) … y es así que de manera válida el juzgador al analizar los recibos de fs. 19 a 39, así como la confesión judicial de las demandadas, advirtió acertadamente que Pedro Susano Susano vendió a favor del actor el lote 11 de la manzana 6 con una superficie de 300 m2 lo cual sumado a la inspección judicial realizada en el inmueble donde el demandante manifestó que también adquirió un segundo lote, dio lugar a que la sentencia reconociera a favor del referido demandante la usucapión de los lotes 11 y 12 de la manzana 6, por lo cual el agravio acusado es infundado”.

Al respecto de la demanda de fs. 44 a 45, se extrae que: “… Mi persona se incorporaron en posesión, quieta, pacífica y continua por más de 20 años, en el terreno antes mencionado, por lo cual entregamos un monto de dinero al supuesto dueño PEDRO SUSANO SUSANO, pero nunca llegamos a realizar el documento de compra- venta, ni mucho menos los títulos de propiedad se nos fueron entregados, aprovechándose de nuestra ignorancia, sólo me emitía recibos de cuotas por pagos mensuales”.

Del análisis de los actuados citados se tiene que, el demandante dentro de su pretensión estableció tal situación fáctica, es por ello que los de instancia tomaron favorablemente ello y expresaron que el demandante ingresó a poseer los lotes en calidad de comprador y no de poseedor, esa calidad fue ratificada por la confesión de las reconvencionistas, sin embargo, nunca pudieron obtener un título propietario de dichos lotes, es por ello que el A quo valoró la posesión real del demandante sobre los dos lotes, en tanto que en lo que respecta al resto de la propiedad demandada, no sucedió lo mismo, puesto que el demandante no pudo probar posesión por el período de diez años y menos la posesión pacífica y pública sobre los mismos, incluso cursan en el proceso denuncias incoadas contra el hoy demandante sobre avasallamiento a terrenos, cursa de fs. 173 a 182 un muestrario fotográfico donde se presume que los postes asentados para agrandar la superficie del terreno serían de data reciente en la gestión 2016.

Asimismo, se tiene que las reconvencionistas en su memorial de contestación y reconvención, cursante de fs. 303 a 308 vta., alegan negación de derechos sobre el demandante y solicitaron la inspección judicial con el fin que se verifique la alteración y modificación de la superficie efectuada por Manuel Jesús Vaca Vaca por avasallamiento, en ese sentido correspondía a la parte demandante desvirtuar ello con prueba idónea, por lo cual queda claro que este no pudo probar la usucapión en toda la extensión pretendida, sino únicamente en la que poseyó pacíficamente y públicamente durante más de diez años.

Bajo ese análisis, no resulta coherente su reclamo respecto a que las reconvencionistas no habrían probado la interrupción; porque se tiene claro que en todo caso fue el demandante, quien no probó la posesión durante diez años, en forma continua, pacífica y pública sobre toda la extensión pretendida, por lo que no corresponde a contrario sensu argumento alguno.  

De lo referido supra se tiene que la parte recurrente no debió alegar contradicciones ni supuestas interpretaciones a la prescripción adquisitiva decenal con relación a la usucapión quinquenal, que no corresponden al caso concreto, dado que claramente el art. 110 del Código Civil, refiere que entre los modos de adquirir la propiedad está la usucapión, en ese entendido y siendo que el demandante poseyó el bien en cuanto a las superficies probadas en las condiciones establecidas por el art. 138 del sustantivo civil y bajo los lineamientos claros de la doctrina aplicable establecida en el acápite III.1 de la presente resolución, el Auto de Vista definió acertadamente otorgar la misma en cuanto toca a la superficie probada respecto a los dos lotes de terreno únicamente, disponiendo se franquee testimonio para su registro en Derechos Reales.

Así se concluye que los de instancia cumplieron a cabalidad la valoración correcta de la prueba y en sujeción al principio de verdad material establecidos al tenor de los puntos III.2 y III.3 de la doctrina aplicable al presente caso.

En ese sentido no corresponde acoger los reclamos traídos a casación, por cuanto los mismos no están fundados en pruebas suficientes como para cambiar la decisión asumida. 

De la respuesta al recurso de casación.

Se tiene que al ser infundados los reclamos, la presente resolución es conforme a lo argumentado en la respuesta.

Por lo manifestado se concluye que los argumentos de casación no son suficientes para revertir la decisión asumida en el Auto de Vista, por lo que corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia conforme al art. 220.II de la Ley Nº 439 y en aplicación al art 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 688 a 693, planteado por Manuel Jesús Vaca Vaca contra el Auto de Vista Nº 38/2019 de 30 de enero cursante de fs. 679 a 680 vta., dictado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz.

Se regula honorarios del profesional abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.