TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 807/2019

Fecha: 22 de agosto de 2019

Expediente: SC-50-19-S. 

Partes: Erwin David Franco Añez. c/ Luis Alejandro Cubides Bustamante.

Proceso: Cumplimiento de obligación y otro.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 200 a 201 vta., interpuesto por Luis Alejandro Cubides Bustamante contra el Auto de Vista Nº 179/2018 de 19 de octubre, cursante a fs. 196 a 197, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso civil de cumplimiento de obligación más pago de daños y perjuicios, seguido por Erwin David Franco Añez contra el recurrente, Auto de concesión  de 3 de abril cursante a fs. 209, Auto Supremo de Admisión Nº 485/2019 RA de 17 de mayo de fs. 221 a 222, y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Erwin David Franco Añez, mediante memorial de fs. 50 a 56, demandó a Luis Alejandro Cubides Bustamante por cumplimiento de obligación más pago de daños y perjuicios, indicando que suscribió dos contratos de arrendamiento de bien inmueble que datan de 4 de septiembre de 2014 y de 1 de noviembre de 2015, sin embargo, a la conclusión de la vigencia del acuerdo, el demandado abandonó de manera maliciosa el bien inmueble sin previo informe al propietario, para verificar las condiciones en que estaba dejando el bien inmueble, empero se constató la existencia de daños estructurales y destrozos, así como deudas en el pago de servicios de energía eléctrica y agua. Como resultado de la cuantificación de daños se llegó al monto de Bs. 40.712,17 como gastos que ha dejado de percibir por el incumplimiento y evasión del contrato de arrendamiento; y además la suma de Bs. 9.744 correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2017. En total los gastos efectuados en la reparación y los ingresos no percibidos alcanzaron a un total de Bs. 50.456,17 que el arrendatario debe pagar por incumplimiento de la obligación. 

Una vez citado Luis Alejandro Cubides Bustamante contestó a la demanda negando en todas sus partes mediante memorial del 30 de octubre de 2017 cursante de fs. 74 a 77 vta.

2. El Juez Público Civil y Comercial Noveno de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia N° 43/2018 de 8 de marzo, cursante de fs. 174 vta., a 177, declarando PROBADA la demanda, pero no en los montos pretendidos en la misma, en su mérito estableció: 1) El incumplimiento de la obligación de pintado y refacción del inmueble por el demandado, mismo que cuantificó en la suma de $us. 1.000 y Bs. 17.000 de la letra de cambio, ambos montos dados en garantía del cumplimiento de contrato y que se consolidó a favor del demandante; 2) El pago de Bs. 5.258 por consumo de energía eléctrica y Bs. 16.195,44 por consumo de agua potable, ambos por el período comprendido entre el mes de octubre de 2016 a enero de 2017, totalizando la suma de Bs. 21.453,44; 3) La cancelación de la suma de $us. 1.400 por el uso extra del inmueble, concretamente por los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017; 4) El pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, tomando en cuenta el monto efectivo y el interés del 6% anual a partir del vencimiento de la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el día de ejecutoría de la sentencia; y 5) El pago de las sumas de dinero debe efectivizarse a tercer día de la ejecutoria de la resolución, bajo prevenciones de cobro coactivo, con costas y costos.

3. Resolución de primera instancia que, al ser apelada por el demandado, mereció la emisión del Auto de Vista Nº 179/2018 de 19 de octubre cursante de fs. 196 a 197, que REVOCÓ parcialmente la Sentencia N° 43/2018 de 8 de marzo y deliberando en el fondo, dejó sin efecto la parte dispositiva de la resolución referida a la condenación del pago de la suma de Bs. 16.195,44 por consumo de agua potable, quedando válidas las demás determinaciones.

El Tribunal de alzada arguyó que no resulta correcto ordenar nuevamente el pago por consumo de agua potable, debiendo modificarse la sentencia apelada respecto a este punto. En cuanto al pago del resto de los servicios básicos y al uso de bien inmueble posterior a la fecha de la finalización del contrato, el Tribunal advirtió que el apelante no negó el hecho de haber ocupado el mismo durante los meses de diciembre de 2016 hasta enero de 2017, no resultando legítimo el agravio invocado, en función a la verdad material, por ende, resulta justo el pago por ese tiempo. No se puede admitir argumentos tendientes a evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a los arts. 519 y 520 del Código Civil y especialmente el principio previsto por el art. 1279 del mismo Código. Además, debe primar la buena fe en toda relación obligatoria respecto al cumplimiento de la obligación contraída que no solo tenga por base una imposición de la Ley dentro el margen establecido por el art. 291.I del Código Civil, que supone no solo enmarcarse en la ley sino también en la moral y ética citando el Auto Supremo N° 88/2010 de 14 de abril pronunciado por la Sala Civil.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De los reclamos expuestos por Luis Alejandro Cubides Bustamante se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, el siguiente:

1. Acusó que la Sentencia N° 43/2018 y el Auto de Vista N° 179/2018 incurrieron en una incorrecta aplicación del art. 213.I del Código Procesal Civil, donde no se aplicó la valoración de la verdad en las pruebas del proceso, toda vez que el demandante no ha podido demostrar que haya permanecido dolosamente en el inmueble y sin prueba alguna se condenó al pago de Bs. 5.258 por el consumo de energía eléctrica y $us. 1.400 por canon de alquiler extra contrato. También se aplicó erróneamente el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, sobre la motivación de los hechos probados y no probados considerando que el contrato de alquiler de 1 de noviembre de 2015 expresa el pago de los servicios hasta la conclusión del acuerdo, según la cláusula octava, por lo que no corresponde pagar el canon de alquiler de 2 meses adicionales a la finalización del contrato.

Petitorio.

Solicitó pronunciar la procedencia del recurso y modificar el Auto de Vista recurrido no correspondiendo el pago de la suma de Bs. 5.258 por consumo de energía eléctrica y el pago de $us. 1.400 por canon de alquiler extra contrato.

Contestación al recurso de Erwin David Franco Añez.

Se tiene acreditado que el demandado no ha cumplido de buena fe el contrato de arrendamiento de 1 de noviembre de 2015, al haber abandonado de manera maliciosa el inmueble y no haber efectuado los pagos debidos por los servicios básicos y mucho menos las refacciones y reparaciones por los cambios y deterioros ocasionados convergiendo al efecto el art. 984 del Código Civil, por lo que solicitó declarar infundado el recurso con la condenación de costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor de Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba establece que: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil”.   

En ese entendido, respecto a la actividad valorativa de la prueba por los de instancia, el Auto Supremo N° 240/2015 orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

A continuación, se procede a resolver el agravio planteado por el recurrente del siguiente modo:

Con relación a que la Sentencia N° 43/2018 y el Auto de Vista N° 179/2018 incurren en una incorrecta aplicación del art. 213.I del Código Procesal Civil, donde no se aplica la valoración de la verdad mediante las pruebas del proceso, toda vez que Erwin David Franco Añez no demuestra que el demandado haya permanecido dolosamente en el inmueble y sin prueba se le condena al pago de Bs. 5.258 del consumo de energía eléctrica y $us. 1.400 por canon de alquiler extra contrato. También se aplica erróneamente el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, ante la falta de motivación de los hechos probados y no probados considerando que del contrato de alquiler de 1 de noviembre de 2015 se observa el pago de los servicios hasta la conclusión del acuerdo, según la cláusula octava, por lo que no corresponde pagar el canon de alquiler de 2 meses adicionales.

Corresponde señalar al respecto, en cuanto a la falta de pago por consumo de energía eléctrica de la revisión de las pruebas adjuntadas por el actor se observa las facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017 cursante de fs. 103 a 106, el extracto de la Cooperativa Rural de Electrificación del 9 de febrero de 2017 cursante a fs. 41, en el cual se observa como impagos los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, enero y febrero de 2017 y además, existe una diferencia entre el consumo del mes de enero de Bs. 629 al mes de febrero de apenas Bs. 40, asimismo de la carta notariada de 10 de febrero de 2017 cursante a fs. 40 de obrados, se verifica que el demandante tuvo conocimiento de la falta de pago del servicio de energía eléctrica y además se cuenta con la contestación de Luis Alejandro Cubides Bustamante mediante su representante legal Erick M. Burgos C. de fs. 69 a 70, en el cual señala su predisposición a efectuar los arreglos.

Por toda la prueba mencionada valorada conforme a la doctrina aplicable, se verifica que el demandado no canceló por el consumo de energía eléctrica de los meses octubre, noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017 llegando a la suma total adeudada de Bs. 5.258. De la apreciación realizada de las pruebas mencionadas y del análisis efectuado por el A quo y el Tribunal Ad quem no se verifica la incorrecta aplicación del art. 213.I del Código Procesal Civil, por cuanto en cada instancia se remiten a las pruebas existentes para determinar la deuda del demandado sobre los meses impagos de consumo de energía eléctrica.

Respecto a que la sentencia dispone el pago de alquileres de los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, posteriormente el Auto de Vista confirmó el pago de alquiler en la suma de $us. 1.400, corresponde indicar al respecto sobre la valoración de las pruebas se toman como tal: las facturas de luz de fs. 103 a 106, el extracto de la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz S.R.L. “SAGUAPAC” del 26 de febrero de 2018 cursante a fs. 108. Por lo que se llega a deducir conforme al consumo se los servicios básicos registrados en el bien inmueble arrendado que el demandado no dejó el bien inmueble en los meses de diciembre 2016 y enero de 2017.

Además, que en octubre, noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017 se consumió agua y energía eléctrica regularmente, en cambio en el mes de febrero de 2017, el gasto de los dos servicios rebajó ostensiblemente, debido a que el dispendio de estos servicios es indispensable para el funcionamiento de la procesadora y envasadora de agua mineral y destilada cuyo volumen de uso no rebajó en el consumo, manteniendo el estándar con relación a los meses anteriores tal cual se comprueba del extracto a fs. 108 y las facturas de fs. 103 a 106 de obrados.

La sentencia respecto a los dos meses de alquiler señala que: “…ha dejado impagas las facturas por consumo de luz y agua desde el mes de octubre hasta el mes de enero de 2017 (fecha en que desocupó el bien) obligación ésta que debe cumplirse como también el pago de alquileres por los meses de diciembre de 2016 a enero de 2017, o sea $us. 1.400 por ocupación extra contrato”. Dedujo como lógica consecuencia, que no puede existir una ocupación del bien inmueble sin hacer uso de los servicios básicos de agua y energía eléctrica, por lo que se infiere que el Juez A quo realiza un análisis tomando en cuenta los hechos probados para fundar su decisión conforme a las pruebas existentes en obrados.

Por su parte, el Tribunal Ad quem al definir sobre el reclamo del pago de $us. 1.400 por concepto de alquiler deduce que: “…el apelante no niega expresamente el hecho de haber ocupado el mismo, durante los meses de diciembre de 2016 hasta enero de 2017 inclusive, por tanto no resulta legítimo el agravio invocado, en función a que de la verdad material se extrae que sí continuó usufructuando del objeto, por ende resulta justo el pago por ese tiempo”. El Tribunal de segunda instancia se apoyó en la verdad material a fin de deducir que evidentemente se usó el bien inmueble durante los dos meses no siendo suficiente el hecho de que su obligación de pago de alquiler alcance solo hasta la conclusión del contrato sino hasta que finalizó la detentación, ya que al tener la certeza de la ocupación del bien inmueble por el demandado por dos meses adicionales en justa razón y la buena fe que debe primar en el cumplimiento de las obligaciones conforme al art. 520 del Código Civil.

Igualmente, el Auto de Vista refrenda su fundamentación de derecho mediante los arts. 180 de la Constitución Política del Estado, 519, 520, 1279 del Código Civil y 6 y 213.I del Código Procesal Civil. También se tiene que la deducción de pago de alquiler de dos meses adicionales está conforme a la apreciación de la prueba establecida en la doctrina aplicable desarrollada en el apartado III.1.

Asimismo, de la revisión de la sentencia emitida por el A quo cursante de fs. 174 vta., a 177, se tiene que efectuó el examen de los hechos alegados por las partes; seguidamente se advierte la motivación correspondiente confrontada con las pruebas existentes en el expediente y finalmente realizó las citas legales en el apartado II.3 sobre el derecho, por lo que, la sentencia cuenta con la motivación y fundamentación suficiente, estando dentro de los parámetros establecidos por el por el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil.

En este contexto, no se advierte error en la apreciación de las decisiones asumidas tanto por el juez A quo como del Tribunal Ad quem debido a que el cobro de los alquileres es justificado en función de la existencia de pruebas que determinan la ocupación del demandado no existiendo prueba en contrario para negar dicha situación, en consecuencia, las resoluciones tienen coherencia y no vulneran el art. 213.I.II del Código Procesal Civil.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 200 a 201 vta., interpuesto por Luis Alejandro Cubides Bustamante contra el Auto de Vista N° 179/2018 de 19 de octubre, cursante de fs. 196 a 197, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorarios del profesional que respondió el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.