TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 806/2019

Fecha: 22 de agosto de 2019

Expediente: LP 60 -19 - S

Partes: Paulina Callisaya de Romero c/ Mario Alejandro Pucho Quispe y Sonia

            Mamani de Pucho

Proceso: Reivindicación

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 852 a 854, interpuesto por Mario Alejandro Pucho Quispe y Sonia Mamani Ulo, contra el Auto de Vista Nº 303/2018 de 1 de noviembre, cursante de fs. 801 a 803 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso sobre reivindicación, seguido por Paulina Callisaya de Romero contra los recurrentes; la concesión saliente a fs. 860; el Auto Supremo de admisión Nº 486/2019 - RA cursante de fs. 867 a 868 vta., y todo lo inherente;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1. Paulina Callisaya de Romero, por memorial de fs. 50 a 52, subsanada a fs. 82 y vta., demandó acción de reivindicación en contra de Mario Alejandro Pucho Quispe y Sonia Mamani de Pucho sosteniendo que los demandados ocuparon su bien inmueble ubicado en la Urbanización 10 de Febrero, manzana “D” Lote  N° 96, con una superficie de 257 m2, registrado en la oficina de Derechos Reales bajo el Folio N° 2.01.4.01.0222144, siendo que hace aproximadamente 10 años se efectuó un compromiso verbal con opción a venta de dicho bien inmueble entre su esposo y Mario Marcos Mamani Ulo, ocupando este último el referido inmueble. Posteriormente, en el mes de octubre de 2016, se encontró con la misma persona a quien le solicitó que desocupara su bien inmueble respondiéndole este que le diera un tiempo para avisar a Mario Alejandro Pucho Quispe y Sonia Mamani de Pucho quienes habrían dejado sus materiales de construcción, los que se encuentran en calidad de detentadores en el bien inmueble de la litis negándose a desocupar y además contando ambos con sentencia condenatoria por el delito de despojo.

Citados los demandados contestaron de forma negativa a través del memorial de fs. 94 a 96 vta., tramitándose el proceso hasta pronunciarse la Sentencia Nº 05/2018 de 5 de enero, cursante de fs. 767 a 770 vta., por la Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la ciudad de El Alto, que declaró PROBADA la demanda de reivindicación y dispuso que los demandados en el plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia restituyan el bien inmueble de la litis, bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento.

2. Resolución de primera instancia que al ser apelada por los demandados, mereció el Auto de Vista Nº 303/2018 de 1 de noviembre cursante de fs. 801 a 803 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia impugnada.

El Tribunal de alzada sostuvo sobre la litispendencia que al no haber sido planteada dentro de los plazos no cuenta con sustento, inclusive del análisis efectuado no cumplieron con la trilogía de partes, causa y objeto. Por otra, en relación con la compraventa que supuestamente fue efectuada entre los esposos Callisaya Romero, este tópico no fue objeto de debate, por ende en aplicación del principio de congruencia no puede emitir pronunciamiento so pena de vulnerar garantías constitucionales por lo que no corresponde acoger el reclamo. Sobre la denuncia de que no correspondería la reivindicación por cuanto la actora nunca estuvo en posesión del inmueble, corresponde señalar que no es necesario la posesión natural o corporal, por cuanto el propietario tiene la posesión civil que emerge del título inscrito en el registro de Derechos Reales, mientras que los demandados no presentan ningún derecho real vigente. Finalmente, sobre la acusación de que el certificado emitido por Derechos Reales se trataría de una partida inexistente, en relación a dicho extremo este argumento resulta ilógico e incongruente con lo debatido en la causa, cabe reiterar que el registro se tiene comprobado conforme al certificado de Derechos Reales de fs. 116 a 117, por lo que no corresponde acoger el recurso interpuesto.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA


De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusaron que el auto de vista vulneró el art. 1453 del Código Civil, debido a que el título base de la reivindicación contiene un vicio que invalida su eficacia, por haberse celebrado una venta entre cónyuges, ocasionando la transmisión de derecho patrimonial prohibido, sabida que fue ese extremo debió anular obrados hasta el vicio más antiguo, porque una autoridad judicial no puede sustanciar un proceso en base a un título viciado de nulidad. El supuesto derecho de propiedad reclamado proviene de una declaratoria de heredero, legitimado por actos inmorales de gran cantidad de lotes de terreno pertenecientes a uno de sus tíos.

2. Denunciaron que el auto de vista recurrido desconoció el art. 591 del Código Civil con el argumento de que este aspecto no fue parte del debate, que no se puede tomar decisiones en base a presunciones o meras afirmaciones de las partes, que en el caso resulta ilógico desconocer un título de propiedad. Al respecto adjuntó el certificado de matrimonio que acredita la relación conyugal entre vendedor y compradora.

3. Alegaron que el auto de vista impugnado desconoció la aplicación y observancia del principio de verdad material  descrito en el art. 1 num. 16) del Código Procesal Civil, con el argumento de que la venta entre cónyuges no estuvo en debate y que no había sentencia de nulidad o anulabilidad, cuando por la facultad fiscalizadora tenía la obligación de anular obrados hasta que la demandante explique si su título proviene de venta entre cónyuges.

4. Manifestaron que se vulneró el art. 5 del Código Procesal Civil, en sentido de que cuenta con el certificado matrimonial de Paulina Callisaya de Romero y Eugenio Antonio Romero Castro, ante este hecho la autoridad de primera instancia y el Tribunal Ad quem debieron anular obrados ante la existencia de un contrato viciado de nulidad, base de la demanda de reivindicación, que constituye una especie de fraude procesal consistente en una manifestación de inconducta procesal.

5. Arguyeron que el auto de vista recurrido vulneró el art. 213.II num. 1) con relación al art. 218.I del Código Procesal Civil, por cuanto, en el encabezamiento e identificación de las partes, hacen figurar como demandada a Sonia Quispe de Pucho, por tanto, una persona inexistente en la litis, de manera que el auto de vista no alcanzó sus efectos a Sonia Mamani Ulo.

Petitorio.

Interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma solicitando anular obrados en observancia al art. 220.III inc. c) del Código Procesal Civil.

Respuesta al recurso de casación de Paulina Callisaya de Romero.

En el proceso no se dilucidó la nulidad o anulabilidad de la compra venta del bien inmueble, si bien podrían los recurrentes reconvenir no lo hicieron solo se limitaron a responder negativamente la demanda, por lo que no sería necesario su valoración debido a que fueron convalidados bajo el principio de preclusión. Por otra, la prioridad de la reivindicación es el registro como único justificativo para determinar la calidad de titular de un derecho de propiedad, en conformidad de los arts. 105.II y 1538.I.II del Código Civil.

En cuanto al proceso iniciado por FONVIS en contra de Eugenio Antonio Romero Castro, el auto de vista fue inadmisible debido a que en la litispendencia no concurrió la regla de las partes, causa y objeto. Finalmente, la acción de reivindicación no requiere que se haya perdido la posesión del bien inmueble conforme a la determinación asumida en el A.S. N° 87 de 2 de febrero de 2017.

Solicitó declarar infundado el recurso de casación con las condenaciones de ley.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE


III.1. Respecto a la acción reivindicatoria.

En el Auto Supremo Nº 60/2014 de 11 de marzo, se razonó: “El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee”.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil, al imprimir que esta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo civil, derecho que le confiere a su titular, la posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala:En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetido fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y animus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

III.2. De la congruencia externa de la resolución. 

El Auto Supremo Nº 262/2017 de 9 de marzo, refirió que: “…la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

III.3. Respecto al interés legítimo para demandar nulidad de contrato.

Se debe considerar lo desarrollado en el Auto Supremo Nº 664/2014 de 06 de noviembre, en el que señaló que “La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos

(…)

Que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato

(…).

La parte actora en la demanda de fs. 5 a 7 argumentó que cuenta con “legítimo derecho propietario sobre el inmueble urbano descrito”, también señalo que es “titular y propietaria del inmueble urbano”, por otro lado señaló que se encuentra en posesión del mismo por más de 14 años, argumentos de la parte actora para tratar de avalar su interés legítimo que en el caso de autos fue aceptado por los Tribunales de instancia, sin mayor análisis ni acreditación.

De lo descrito de manera general se debe entender que la presente causa de nulidad fue instaurada por un tercero ajeno a los contratos descritos en la litis, la parte demandante, a más de alegar interés en la causa, debió demostrar ab initio el derecho subjetivo cuya titularidad alegaba y que entre en pugna con los efectos generados por los contratos cuya invalidez pretende, en concreto debió acreditar el pretendido derecho de propiedad que alegaba sobre el inmueble, porque dicha titularidad constituye en la presente causa el derecho subjetivo que entraría en pugna con el derecho del demandado lo que en definitiva constituiría el interés legítimo alegado por la parte actora, aspecto que debió ser exigido a tiempo de admitir la demanda, porque como se indicó, el interés legítimo se constituye en presupuesto de admisibilidad referido precisamente a la legitimación activa que tendría la parte actora; derecho subjetivo que debe ser real y no hipotético y cuya validez y eficacia dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico que se pretende anular, siendo ese el interés legítimo que debió ser analizado por el juez A quo a tiempo de admitir la demanda. Por lo dicho, en el caso presente con la nulidad pretendida la situación jurídica de la parte actora no cambia porque no es titular de ningún derecho subjetivo cuya validez o eficacia dependa de la nulidad pretendida, toda vez que la actora se constituye en detentadora del bien inmueble, del cual no tiene ningún derecho real que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo, no cursa en obrados prueba alguna que haga presumir que la actora cuenta con interés legítimo en la presente demanda de nulidad de contratos suscritos por terceros que no tienen ninguna relación con la actora, por lo que se hace evidente que la pretensión deducida por la misma se subsume a lo que en doctrina se conoce como improponibilidad subjetiva la cual fue desarrollada por este Tribunal en los A.S. Nº 153/2013 de 8 de abril 2013, Nº 346/2013 de 15 de julio 2013, entre otros, los cuales de manera general orientan sobre las condiciones subjetivas, necesarias para interponer una demanda o pretensión, las cuales decantan sobre el interés sustancial (legitimación sustancial) en el actor para proponer la pretensión. La posesión en la que dice encontrarse respecto al inmueble de propiedad del demando no configura interés legítimo para pretender la nulidad demandada, toda vez que son otras las pretensiones que puede originarse en la posesión argüida.

Por dicho motivo, y siendo uno de los motivos por los cuales se recurre en casación, se debe concluir que los Tribunales de instancia soslayaron efectuar el análisis correcto sobre el interés legítimo, legitimación de la parte actora, quien solamente hizo alusión al mismo sin que exista la debida comprobación que le habilitaría a demandar la nulidad de los contratos, motivo por el cual resulta evidente que los tribunales de instancia malinterpretaron los alcances del art. 551 del Código Civil”.

III.4. Del régimen de nulidades procesales.

En  el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.  

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su parágrafo III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.

III.5. Del principio de verdad material.

Sobre dicho principio este Supremo Tribunal de Justicia determinó en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

Así también el Auto Supremo Nº 225/2015 al respecto orientó que: “Para resolver el fondo del asunto es preciso referir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha razonado respecto a la verdad material y la irretroactividad de la norma, a raíz de que el Tribunal de Garantías dispuso resolver el caso en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado; en ese entendido, diremos que respecto a la verdad material en Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que “II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio al respecto estableció que: “El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal. El principio consagrado por la Constitución Política del Estado, exige además a los litigantes y a los abogados que los patrocinan, lealtad procesal e idoneidad profesional, debida precisamente a que sus actuaciones y pretensiones deben encontrar pleno respaldo en la realidad fáctica.”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


A continuación, se resuelven los agravios planteados por los recurrentes en su recurso de casación: 

1. Los reclamos 1 y 2 que tratan vulneraciones de los arts. 591 y 1453 del Código Civil, se absuelven de manera conjunta debido a que estos se concatenan con el título presentado por la actora como base de su demanda de reivindicación sobre su derecho propietario que deviene de venta efectuada entre cónyuges.

En este entendido corresponde señalar que mediante Escritura Pública N° 1050/2015 de 12 de agosto, cursante de fs. 4 a 5, se acredita el contrato de compra venta suscrito entre Eugenio Antonio Romero Castro (esposo) y Paulina Callisaya de Romero (esposa) de un lote de terreno con una superficie de 257 m2, signado con el Lote N° 96, manzana “D”, de la Urbanización 10 de Febrero en la ciudad de El Alto, con registro en Derechos Reales bajo el Folio Real N° 2.01.4.01.0222144 que cursa a fs. 1, siendo objeto de la litis dentro en la presente demanda de reivindicación.

Los recurrentes arguyen que el mencionado título de propiedad celebrado entre cónyuges contiene un vicio de nulidad que invalida su eficacia conforme señala el art. 591 del Código Civil; sin embargo, se debe tomar en cuenta que el art. 546 del mencionado Código determina que  la nulidad contractual debe ser pronunciada judicialmente, bajo este razonamiento nadie puede hacerse justicia por sí mismo estando acorde al art. 1282 del sustantivo civil, por lo que activando el derecho dispositivo debe buscarse mediante el correspondiente proceso la declaración judicial si existe o no la causa de nulidad conforme a los principios sentados por los arts. 1281 y 1449 del Código Civil.

En el caso de autos no existe pretensión de la nulidad del contrato contenido en la Escritura Pública 1050/2015 de 12 de agosto.

Al margen de lo expuesto, la nulidad del contrato no puede ser accionada por un tercero ajeno al contrato, debido a que en primer término se debe demostrar el derecho subjetivo cuya titularidad alega que entre en pugna con los efectos generados por el contrato cuya validez pretende, en concreto debe acreditar el pretendido derecho de propiedad que alega sobre el inmueble, lo que constituye el interés legítimo alegado, siendo presupuesto de admisibilidad referido precisamente a la legitimación activa; derecho subjetivo que debe ser real y no hipotético, cuya validez y eficacia dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico que se pretende anular. Este es el entendimiento conforme al art. 551 del Código Civil y en consonancia a la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.3. 

En este orden de ideas, los demandados Mario Alejandro Pucho Quispe y Sonia Mamani de Pucho no cuentan con la titularidad de ningún derecho subjetivo cuya validez o eficacia dependa de la nulidad alegada, toda vez que los demandados arguyen estar en posesión del bien inmueble, del cual no tienen ningún derecho que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo, no cursa en obrados prueba alguna que haga presumir su titularidad, por lo que se puede deducir que en caso de plantearse la referida acción por los hoy recurrentes, la misma podría calificarse con improponibilidad subjetiva.

Con relación a la vulneración del art. 1453 del Código Civil sobre la acción reivindicatoria, la parte demandante tiene sus documentos de propiedad sobre el bien inmueble objeto de la litis, mientras que el demandado pese a haber alegado en la contestación a la demanda que los compradores fueron sus suegros, los señores Vicente Mamani Conde y Concepción Ulo de Mamani, empero no presentaron documento que acredite algún derecho real. Por otra parte, la demandante en cumplimiento del art. 1538 del Código Civil presenta su Folio Real de fs. 1, del cual se establece su inscripción en Derechos Reales, encontrándose vigente su registro conforme se tiene acreditado.

Por otra, se considera como requisitos de la acción reivindicatoria el cumplimiento de tres supuestos: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada; supuestos que cumple la actora; es decir que, para probar su pretensión acredita su derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales conforme a las pruebas de fs. 1 y 4 a 6, demuestra estar privado de su propiedad de acuerdo a la inspección judicial de fs. 757 a 758, aspecto asumido tanto por la sentencia como el auto de vista, además que el inmueble ha sido plenamente identificado.

En este sentido, la acción reivindicatoria debe otorgarse a aquel propietario que no ostenta posesión de su propiedad y pide restituírsele de aquel que ejerce la posesión y/o detentación, aunque no tenga la posesión corporal del inmueble. Generalmente el propietario aun cuando no esté en posesión natural o actual de su inmueble puede perder la posesión o tenencia misma por acción de terceros como ocurre en el presente caso que está en consonancia a la doctrina aplicable establecida en el apartado III.1. De lo que se infiere, que la actora, al ser titular del derecho propietario cuenta con toda legitimación para solicitar su reivindicación, no estando vulnerado el art. 1453 del Código Civil.

A mayor abundamiento, las decisiones asumidas por los de instancia guardan congruencia ya que se demanda reivindicación de un bien inmueble y ante dicha pretensión el juez decide aplicando el principio de congruencia dentro de la doctrina explicada en el apartado III.2 de la presente resolución. Asimismo, las autoridades jurisdiccionales de instancia se abocan a determinar conforme a las pretensiones de las partes en aplicación del principio dispositivo descrito en el art. 1 num. 3) del Código Procesal Civil.

No existe motivo para proceder a la nulidad de obrados por el supuesto hecho de la existencia de un título viciado de nulidad, siendo que el presente proceso cumple con los pasos procesales tratándose de una acción de reivindicación y no de nulidad de contrato. Además, no se examinan otros asuntos como la forma de obtención del derecho propietario del esposo que tiene un origen hereditario debido a que la presente demanda trata sobre una acción de reivindicación y en audiencia preliminar de fs. 130 vta., la jueza A quo define el objeto del proceso y en correspondencia emite la sentencia.

En conclusión, se establece que la juez A quo y Tribunal Ad quem obraron conforme a ley en sus decisiones asumidas estando dentro de los cánones establecidos no verificándose vulneración de los arts. 591 y 1453 del Código Civil, además no existe motivo fundado para determinar nulidad de obrados careciendo de asidero legal.

2. Con respecto a los reclamos 3 y 4 se toman en cuenta ambos debido a que los mismos mencionan la pretensión de nulidad de obrados teniendo como vulnerados los arts. 1 num. 16) y 6 del Código Procesal Civil, los cuales se absuelven seguidamente.

Se establece que la nulidad procesal procede cuando se detecta un vicio procesal durante el desarrollo del proceso conforme al Capítulo de Nulidad de los Actos Procesales del Código Procesal Civil y especialmente cuando se produce la vulneración al derecho a la defensa conforme señala el art. 16.I de la Ley N° 025, en cambio, la nulidad de un contrato se demanda por existir vicio en el negocio jurídico tomando en cuenta la norma sustantiva civil. En este entendimiento para emitir una decisión de nulidad de obrados necesariamente se debe verificar la existencia de un defecto procesal.

El principio de verdad material establecido en el art. 1 num. 16) del adjetivo civil señala: “La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes”. Se considera un principio procesal que obliga al juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, que observe los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generan, infiriéndose que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, de conformidad a la doctrina aplicable detallada en el apartado III.5.

En este contexto, en la causa la juez de primera instancia no vulnera el principio de verdad material puesto que valora las pruebas de las cuales señala las decisivas y esenciales que permiten resolver la pretensión de la actora, efectuando el análisis correspondiente de los hechos y el derecho relacionando las pruebas aportadas.

Tal como se explica en el agravio primero de la presente resolución sobre la interpretación del art. 546 del Código Civil que determina que la demanda de nulidad o anulabilidad de un contrato está sujeta por imperio de la ley a ser pronunciada judicialmente, por lo que, la juez A quo se aboca a resolver la acción de reivindicación mientras que la nulidad del contrato está sujeta a una pretensión que no fue accionada en la presente causa, por lo que no se advierte la necesidad de anular obrados.

Por otra parte, de la revisión de los actuados no se encuentra vicio procesal para proceder a la nulidad de obrados en función a la vulneración del art. 5 del Código Procesal Civil como señala el recurrente, debido a que este artículo refiere a la aplicación genérica de las normas procesales, empero no se efectúa explicación respecto a la vulneración de los principios procesales puntualizados en el apartado III.4 de la doctrina aplicable ya que tampoco mencionan los arts. 105, 106 y 107 del Código Procesal Civil, por lo que al no señalar con precisión el vicio procesal no existe motivo para anular obrados.

En conclusión, los reclamos analizados sobre la vulneración de la verdad material y las normas procesales contenidos en los arts. 1 num. 16) y 5 ambas normas del Código Procesal Civil específicamente no tienen asidero legal para anular obrados.

3. En cuanto al agravio 5, respecto a que el auto de vista recurrido vulnera el art. 213.II num. 1) con relación al art. 218.I del Código Procesal Civil, por cuanto, en el encabezamiento e identificación de las partes, hacen figurar como demandada a Sonia Quispe de Pucho como parte del proceso, por tanto, una persona inexistente en la litis, de manera que el auto de vista no alcanzó sus efectos a Sonia Mamani Ulo.

Se establece que los demandados notificados con el auto de vista recurrido no plantean aclaración y/o enmienda dentro del marco del art. 226.III del Código Procesal Civil, siendo ese el momento procesal para corregir errores materiales o mecanográficos. En ese sentido, al tener conocimiento del contenido del auto de vista recurrido no solicitan la corrección del apellido de la demandada Sonia Mamani de Pucho en la parte del encabezamiento, dentro de las 24 horas dejan pasar el momento oportuno para su reclamo. Por lo que, los demandados al no solicitar la corrección en su oportunidad de dicho reclamo en consecuencia, operó la preclusión del mismo conforme señala el art. 16.II de la Ley N° 025.

Por otro lado, dicha equivocación no es trascendente, ni cambia el fondo del auto de vista de fs. 801 a 803 vta., no existiendo mayor equívoco en el resto de su estructura en cuanto al nombre de la demandada debido a que se la identifica correctamente a las partes contendientes en el Considerando II.2.1 donde señala: “como demandados a Mario Alejandro Pecho Quispe y Sonia Mamani Pucho” (fs. 803). En ese contexto, la equivocación en el apellido de la demandada no vulnera el art. 213.II num. 1) con relación al art. 218.I del Código Procesal Civil debido a que se solo se trata de un lapsus, que puede ser corregido incluso en ejecución de sentencia.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 852 a 854, interpuesto por Mario Alejandro Pucho Quispe y Sonia Mamani Ulo contra el Auto de Vista Nº 303/2018 de 1 de noviembre, cursante de fs. 801 a 803 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional al abogado de la parte demandante que contestó al recurso en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.