TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              SALA CIVIL


Auto Supremo: 805/2019        

Fecha: 22 de agosto de 2019 

Expediente: O-14-19-S.

Partes: Luis Baspineiro Leaño c/ Margui Sandoval Huanca y otro.  

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.                                    

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 465 a 474, interpuesto por Margui Sandoval Huanca y Cornelio Huarachi Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 31/2019 de 1 de abril saliente de fs. 438 a 450 vta., pronunciado por Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de mejor derecho propietario, cancelación de partida en Derechos Reales y reivindicación a instancia de Luis Baspineiro Leaño en contra de los recurrentes, la concesión a fs. 478, Auto Supremo de Admisión N° 500/2019-RA de 23 de mayo de fs. 484 a 485 y todo lo inherente: 

CONSODERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO. 

1. Luis Baspineiro Leaño mediante su apoderada legal Aida Mamani Gutiérrez de fs. 21 a 26 vta., interpuso demanda de mejor derecho propietario, cancelación de partida en Derechos Reales y reivindicación, contra Margui Sandoval Huanca y Cornelio Huarachi Gutiérrez, de quienes la primera repelió la demanda y al segundo se le asignó defensor de oficio a fs. 140, trámite que concluyó con la Sentencia N° 130/2016 de 27 de septiembre (fs. 243 a 247 vta.), que declaró IMPROBADA la demanda.

2. Resolución que fue apelada por el demandante, (fs. 259 a 262 vta.), originando la emisión del Auto de Vista Nº 31/2019 de 1 de abril, que REVOCÓ la precitada sentencia argumentando en lo principal, que el mejor derecho propietario de acuerdo al estudio del antecedente dominial del bien inmueble (Lote de terreno Nº 1) ubicado en el manzano “S”, de la urbanización Cala Caja-Dora Belaunde, con Matrícula Computarizada N° 4.01.1.02.0007752, le corresponde a Luis Baspineiro Leaño, por cuanto, adquirió el inmueble de Dora Belaunde de Halkyer el año 1983 y registró con prioridad el mismo año, en cambio, Cornelio Huarachi Gutiérrez adquirió el inmueble también de  Dora Belaunde de Halkyer  el año 2004, habiendo posteriormente transfirió a Margui Sandoval Huanca el año 2006. Añadiendo que se trata del mismo inmueble.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En el fondo.

1. Que el Auto de Vista carece de fundamentación normativa, porque no habría sustentado si se trata del mismo lote de terreno (identidad), incumpliendo así el requisito de la singularidad y el art. 1545 del Código Civil, máxime si para la rectificación de los datos técnicos del inmueble se hubieran utilizado informes falsos de las reparticiones del municipio orureño. Consideró un exceso el haber dispuesto la cancelación de la Matricula Nº 4011020001195 y la entrega del inmueble en el plazo de 45 días. Tampoco procedería la averiguación de los daños y perjuicios en ejecución de sentencia, toda vez que no precisó la cuantía del mismo y se impide asumir defensa al respecto.

2. Denunció error de hecho en la apreciación de las pruebas, por una parte, ya que las pruebas de cargo relativos al lote de terreno en cuestión, habrían sufrido tres modificaciones respecto a la ubicación, superficies y colindancias, trámites que se habrían realizado a espaldas de Dora Belaunde de Halkyer y Rolando Delgado Chávez, por otra, de acuerdo a la prueba de descargo se describe que su inmueble sería distinto al reclamado, vulnerando así el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

Contestación.

La contraparte no respondió al recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La prueba documental y su racionalidad.

William Herrera Añez, en su libro: ¨LA PRUEBA EN MATERIA CIVIL¨, Editorial Kipus, 2017, Cochabamba-Bolivia, pág. 176-177, en relación al valor de la prueba documental describe: ¨A propósito del valor de los documentos públicos en general, Montero Aroca considera que estos documentos tienen una eficacia probatoria privilegiada y aclara que los mismos tienen las siguientes características:

a) El hecho de que el documento ha sido realizado por el fedatario y de que en él han intervenido las demás personas cuya identidad se establece en el mismo documento. 

b) Los hechos relativos a las circunstancias exteriores en que se produjo el documento mismo, principalmente fecha y lugar.

c) El hecho de que las partes intervinieron manifestando lo que en el documento se dice. En realidad, éste es el extremo más importante, por cuanto hay que distinguir entre: 1) Las partes manifestaron lo que en el documento dice el funcionario público que dijeron; 2) Se corresponde con la realidad lo que las partes dijeron. Sin embargo el valor legal comprende el primer extremo, pero no el segundo, por la sencilla razón que el Notario lo único que acredita es el hecho que motiva el otorgamiento de la escritura pública y su fecha, así como que los otorgantes han hecho ante él determinadas declaraciones, pero no a la verdad intrínseca de estas, que pueden ser desvirtuadas por prueba en contrario.

d) Todos los hechos y actos que se realizan y se describen por los funcionarios públicos como producidos o existentes ante ellos, en el momento de redacción del documento.

e) Todos los hechos relativos a la constancia documentada en el archivo de la oficina pública; es decir, los documentos públicos solo hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella, pero no impiden la apreciación del juez, en relación con los demás medios de prueba, sobre las consecuencias que pueden derivarse de estas circunstancias. (El subrayado y negrilla nos corresponde.)

De la cita efectuada queda claro que el intérprete de la prueba no debe asignarle el valor dispuesto por la ley, por la sola intervención notarial en el documento, sino deberá apreciarla teniendo en cuenta el resto del material probatorio, mismos que podrían restarle eficacia si comprueban lo contrario, porque en los documentos no siempre está plasmada la verdad, sino también  falsedades, máxime si se trata de actos unilaterales en el que solo consta el pensamiento y actuar de una persona, que no involucra a terceros.

Consecuentemente el valor asignado por la ley a la prueba documental, a la hora de aplicar la ley debe hacerse en el marco de la racionalidad y no mecánica o ciegamente.                   

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1. Respecto a la ausencia de singularidad del lote de terreno y la errónea valoración de la prueba, dada su concatenación se brindará respuesta única.

Prima facie conviene recordar que, en el auto de relación procesal entre los puntos de prueba para el actor, figura comprobar que el lote de terreno Nº1, situado en la calle José J. Mora esquina calle Jesús Urzogosti, de la manzana ¨S¨ y ¨urbanización Cala Caja - Dora Belaunde de Halkyer¨, fue objeto de dos ventas; es decir, por un lado, a Luis Baspineiro Leaño y, por otro a favor de Cornelio Huarachi Gutiérrez, además de resarcimiento de daños y perjuicios.

Ahora bien, los vocales teniendo en cuenta el Testimonio Nº 671/1983 y el informe de Derechos Reales de fs. 405 a 412, efectuaron la relación del antecedente dominial de los títulos confrontados para concluir que Luis Baspineiro Leaño inscribió su derecho propietario en el registro público (1983) con prioridad, a Cornelio Huarachi Gutiérrez y Margui Sandoval Huanca (2004-2006), respectivamente, por cuya razón brindaron protección legal al demandante, advirtiéndose que se limitaron a una actividad probatoria superficial y mecánica de la tradición dominial, soslayando por completo un análisis prolijo de los testimonios que fundan la demanda y las pruebas que sustentan la tesis de la demandada, mismos que también debieron ser valoradas en virtud a la regla de la interpretación integral de la prueba prevista en el art. 145.I del Código Procesal Civil.

En ese plano, del contenido de la prueba (Testimonios Nº 671 y 1521) los cuales sirvieron de sustento legal de la demanda y del fallo recurrido, se establece sin duda alguna que el pretensor adquirió el lote de terreno Nº 8 de la manzana “S” de la urbanización ¨Cala Caja Dora Belaunde de Halkyer¨ el año 1983.

Un tiempo después concretamente el 24 de septiembre de 2008, el demandante (Luis Baspineiro Leaño) activa la demanda de sub-inscripción, aclaración de ubicación, rectificación de manzana y colindancias en la que de manera clara y categórica señala que su lote de terreno debido a las modificaciones en el plano tiene los siguientes datos correctos: LOTE N° 8, MANZANO ¨Q¨, CALLE LIBERTADORES DE AMERICA ENTRE SATURNINO PORCEL Y TOMÁS BARTOLIN, SIENDO SUS COLINDANCIAS AL NORTE  LOTES N° 9 y 10, AL SUD LOTE N° 7, AL ESTE  LOTE N° 13 Y AL OESTE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA…¨(fs. 83 y vta.), afirmación que la sustenta con el Informe Técnico Nº 0834/08, el plano demostrativo aprobado por Catastro Urbano de la Ex Alcaldía Municipal de Oruro y la contestación de la Junta de Vecinos Cala Caja (fs. 79, 80, 81 y 87), pretensión acogida mediante la Sentencia Nº 516/2010 de 6 de diciembre (fs. 113 a 115), procediéndose a su registro en la oficina pública.

Posteriormente, en la gestión 2013 de acuerdo al comprobante de caja que corre a fs. 6, el demandante efectuó un segundo trámite unilateral en el programa de regularización de derecho propietario sobre vivienda (fs. 7 a 14), acompañando al efecto el Testimonio Nº 1512/2013 de 22 de octubre, el informe técnico Nº 946/13 de 26 de septiembre y plano demostrativo legalizado por Catastro Urbano del Municipio orureño,  arguyendo por segunda vez que los datos de su lote son incorrectos porque actualmente estaría ubicado en la Urbanización Cala Caja Dora Belaunde de Halkyer, calle José J. Mora esquina Calle Jesús Urzogosti, manzana S, lote Nº 1, con un frente de 12 m., por un fondo de 25 m., haciendo un total de 300 m2., trámite al que dieron curso en la oficina de Derechos Reales, conforme se puede evidenciar en el asiento 3 de la matrícula computarizada N° 4.01.1.02.0007752 (fs. 14 vta.).        

En conclusión, del estudio de las pruebas documentales se establece que el demandante valiéndose de un trámite judicial y otro administrativo apareció como propietario del lote de terreno Nº 1 de la manzana “S” de la urbanización Cala Caja Dora Belaunde de Halkyer, lo que resulta irracional e ilógico, por cuanto, de acuerdo al Testimonio Nº 671/1983 este adquirió un lote de terreno  ubicado en medio de los lotes Nº 7 y Nº 9, de la manzana “S” aclarando después que es de la manzana “Q”, suponiendo que fuera de la manzana “S”, no se puede concluir que fuera el mismo lote ya que el lote Nº1 está ubicado en plena esquina de la manzana “S” en cambio el lote Nº 8 está ubicado al otro extremo, entonces físicamente es imposible que un lote ubicado al otro extremo de otro, aparezca como el mismo lote. Partiendo de que el lote se encuentra en la manzana “Q”, tampoco puede concluirse que se trata del mismo inmueble, porque sencillamente se trata de una manzana distinta a la “S”. (Ver plano a fs. 216)          

Adviértase que los informes y los planos legalizados por el ente municipal mismos que le sirvieron de sustento para los ¨trámites de regularización de derecho propietario¨ y su título de propiedad en el que sustenta la demanda del caso de autos, carecen de veracidad material, toda vez que entre ellos existen contradicciones ya que en el Informe Técnico Nº0834/08 y plano legalizado de manera textual indica que su propiedad es el Lote Nº 8 ubicada en la manzana “Q”, contradictoriamente en el informe técnico Nº 0946/13 y plano legalizado refiere que dicho lote es el Nº 1 y está ubicado en la manzana “S”, además de acuerdo al plano general de la Urbanización Cala Caja Dora Halkyer aprobado por el departamento de Regularización Urbana de la Alcaldía Municipal (2002), cursante a fs. 216 del expediente, el lote Nº 8 ya sea de la manzana “S” o “Q” no está ubicado en plena esquina, lo que concuerda con el Testimonio 671/1983.

Finalmente, en el expediente no existe prueba alguna que demuestre que la vendedora haya transferido realmente el Lote Nº 1 y no el Lote Nº 8, en otras palabras, se trata de lotes diferentes.

Asimismo, el pago de daños y perjuicios tampoco corresponde, en razón a que el demandante lo postuló como pretensión sucesoria al principio de mejor derecho de propiedad, por lo que al estar desestimada ésta no corresponde su consideración, criterio similar se aplica a las pretensiones de entrega de inmueble y cancelación de matrícula en Derechos Reales al ser estas peticiones accesorias a la demanda principal de mejor derecho de propiedad.

La documentación aparejada por el demandante si bien tiene la forma de documento público, sin embargo, su contenido carece de una representación lógica-real que lleve a la conclusión de que el lote adquirido sea el predio en debate, por lo que la misma no tiene la fuerza legal asignada a los documentos públicos por el art. 1289 del Código Civil. 

Por el contrario, del testimonio y el informe de Derechos Reales se establece que Dora Belaunde Halkyer transfirió el lote Nº 1 de la manzana “S” de la urbanización Cala Caja a Cornelio Huarachi Gutiérrez posteriormente este último a Margui Sandoval Huanca.      

Desde dicho enfoque el razonamiento de la intérprete de primera instancia fue correcto, por ende, los vocales al impartir justicia formal y no material incurrieron en infracción de los arts. 1289, 1453 y 1545 del Código Civil, siendo evidente los reclamos.

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.IV del Código de Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 31/2019 de 1 de abril, saliente de fs. 438 a 450 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y resolviendo en el fondo de clara improbada la demanda.    

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.