TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 803/2019

Fecha: 22 de agosto de 2019

Expediente: CB-35-19-S.

Partes: Miriam, Magaly, María Mabel Gonzales Hinojosa y Ronald Osvaldo

            Fuentes Ramallo c/ María Jenny Flores Hinojosa    

Proceso: Reivindicación de derecho propietario.

Distrito: Cochabamba. 

VISTOS: El recurso de casación planteado por María Jenny Flores Hinojosa representada por Elvia Canaviri Copa cursante de fs. 158 a 161, impugnando el Auto de Vista de 7 de febrero, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cursante de fs. 149 a 153, en el proceso de reivindicación de derecho propietario seguido por Miriam, Magaly y María Isabel todas Gonzales Hinojosa, contra la recurrente; la contestación de fs. 164 a 165, el Auto de concesión de fs. 166, Auto Supremo de Admisión Nº 482/2019-RA de 17 de mayo de fs. 172 a 173 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Miriam, Magaly y María Mabel todas Gonzales Hinojosa, mediante su representante legal Pedro Sergio Delgadillo Torres plantearon demanda ordinaria, por reivindicación de derecho propietario contra María Jenny Flores Hinojosa mediante memorial cursante de fs. 17 a 19 vta., quien una vez citada por escrito de fs. 26 a 27 vta., contestó e interpuso demanda reconvencional por usucapión decenal o extraordinaria, desestimada la misma por Auto de 5 de julio de 2016, porque la parte reconvencionista no cumplió con los requisitos previstos por ley para su admisión, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 3 de mayo de 2017, la Juez Público Civil y Comercial Nº 10 de la ciudad de Cochabamba, dictó la sentencia cursante de fs. 126 a 129 vta., declarando: a) PROBADA en parte la demanda de acción reivindicatoria b) IMPROCEDENTE la petición de desalojo planteada, c) Ordenó que María Jenny Flores Hinojosa entregue a favor de los demandantes el bien inmueble litigado con extensión superficial de 327.25 m2 ubicado en la urbanización “Sarco”, calle Atacama Nº 1048 de la ciudad de Cochabamba, registrado en Derechos Reales con la Matrícula Computarizada Nº 3.01.1.02.0058105 dentro del plazo de treinta días de la ejecutoria.

3. Apelada la sentencia por la demandada María Jenny Flores Hinojosa por memorial de fs. 130 a 131 vta., el 7 de febrero de 2019, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 149 a 153 que CONFIRMÓ totalmente la sentencia, bajo los siguientes fundamentos, que, frente a la decisión del A quo de haber declarado por no presentada la demanda reconvencional, porque la accionante de la misma, no interpuso recurso de apelación contra el referido Auto de rechazo, permitiendo que se ejecutorié el mismo y que el Tribunal de alzada en el marco del art. 265.I del Código Procesal Civil, se encuentre imposibilitado de pronunciarse sobre los fundamentos de fondo referidos a la demanda reconvencional de usucapión decenal, por ello quedó delimitada la pretensión jurídica de las partes únicamente a la demanda y la contestación.

Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por la parte demandada, recurso que pasa a ser considerado.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto en el recurso de casación de María Jenny Flores Hinojosa, se tienen los siguientes reclamos:

1. Denunció que el Auto de Vista recurrido aplicó indebidamente la ley y que incurrió en omisión probatoria, vulnerando los principios de dirección, igualdad procesal y verdad material previstos en el art. 1 de la Ley Nº 439.

a) Vulneró el principio de dirección, porque no consideró que la juez tenía la potestad de encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente con el impulso procesal establecido en el art. 2 de la Ley Nº 439, con relación a que las instituciones emitan las certificaciones requeridas, refirió que en su caso las solicitudes que realizó carecieron de obligatoriedad y que la juez tuvo las facultades y deberes para el efecto, concedidas por la Ley Nº 439, lo cual no fue valorado en la decisión de segunda instancia.

b) Vulneración al principio de igualdad procesal: porque en el Auto de Vista la juez de instancia no veló para que las partes en el ejercicio de sus derechos estén en igualdad de condiciones, pues no concedió un plazo razonable (90 días) para que se recaben las certificaciones probatorias, ni dispuso las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad de las partes prevista en el art. 25 de la Ley Nº 439.

c) Refirió que el Auto de Vista vulneró el principio de verdad material, porque no se percató que la juez en procura de llegar a la verdad material, debió verificar plenamente los hechos que le sirvieron para tomar sus decisiones, así como adoptar todas las medidas necesarias para ello, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes, puesto que al haber rehusado la juez hacer uso de los poderes que disponen la obligatoriedad de sus decisiones judiciales generó agravios ya que de manera evidente no permitió se produzca la prueba de la demandada con el fin de demostrar que cumplió con los requisitos de la usucapión decenal o extraordinaria, cuando para que proceda la misma, conforme lo establece el art. 138 del Código Civil, basta la posesión continuada del bien que se pretende usucapir y no requiere título alguno.

Concluyó solicitando casar y dejar sin efecto el Auto de Vista de 7 de febrero de 2019.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Miriam, Magaly y María Mabel Gonzales Hinojosa representadas por Ronald Osvaldo Fuentes Ramallo y Jorge Rómulo Montaño Muñoz contestaron al recurso de casación de su oponente, en los siguientes términos:

Expresaron que el recurso de casación de la parte recurrente no identificó en que medida el Tribunal de Alzada habría incurrido o errado al pronunciar el Auto de Vista recurrido, puesto que no detalla ni precisa cuales fueron los agravios o vulneraciones sufridas, por lo que el Tribunal de Alzada no puede abrir competencia para determinar la correcta o incorrecta aplicación de las leyes. 

A la conclusión, pidieron que, el recurso de casación sea declarado improcedente y sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. Respecto a la acción reivindicatoria

El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe reembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella”.

Por su parte el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

En el Auto Supremo Nº 60/2014, de 11 de marzo de 2014 se sostuvo que: “El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia  que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetidos fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

III.2. De la valoración de la prueba.

La  doctrina y la jurisprudencia, han establecido que la valoración de la prueba en general es una prerrogativa inherente a los jueces de grado, conferida por la ley,  asumiendo prudente criterio o sana crítica, tal como se encuentra plasmado en el art. 1286 del Código Civil, que refiere “ las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra cosa podrá hacerlo conforme a su prudente criterio, el mismo que contiene como principio la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, cual fue desarrollada en varios Autos Supremos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Auto Supremo Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil  y en su Art. 145 par. II”.

III.3. Congruencia externa.

Para  el trámite de segunda instancia se tiene el art. 265.I del C.P.C. que señala: “El Auto de Vista deberá… y fundamentación”, precepto normativo similar al abrogado Código de Procedimiento Civil, que mereció la interpretación  definiendo la incongruencia externa e interna en el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es por ello que una resolución judicial, en mérito al principio de congruencia, debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que a saber se resume en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, es devuelto cuanto se apela, que establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante” (Las negrillas son nuestras).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1. Denunció que el Auto de Vista recurrido aplicó indebidamente la ley y que incurrió en omisión probatoria, vulnerando los principios de dirección, igualdad procesal y verdad material previstos en el art. 1 de la Ley Nº 439.

a) Vulneró el principio de dirección, porque no consideró que la juez tenía la potestad de encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente con el impulso procesal establecido en el art. 2 de la Ley Nº 439, con relación a que las instituciones emitan las certificaciones requeridas, refirió que en su caso las solicitudes que realizó carecieron de obligatoriedad y que la juez tuvo las facultades y deberes para el efecto, concedidas por la Ley Nº 439, lo cual no fue valorado en la decisión de segunda instancia.

b) Vulneración al principio de igualdad procesal, porque en el Auto de Vista la juez de instancia no veló para que las partes en el ejercicio de sus derechos estén en igualdad de condiciones, pues no concedió un plazo razonable (90 días) para que se recaben las certificaciones probatorias, ni dispuso las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad de las partes prevista en el art. 25 de la Ley Nº 439.

c) Refirió que el Auto de Vista vulneró el principio de verdad material; porque la juez en procura de llegar a la verdad material, debió verificar plenamente los hechos que le sirvieron para tomar sus decisiones, así como adoptar todas las medidas necesarias para ello, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes, puesto que la juez al haber rehusado los poderes que disponen la obligatoriedad de sus decisiones judiciales generó agravios ya que de manera evidente no permitió se produzca la prueba de la demandada con el fin de demostrar que cumplió con los requisitos de la usucapión decenal o extraordinaria, cuando para que proceda la misma, conforme lo establece el art. 138 del Código Civil, basta la posesión continuada del bien que se pretende usucapir y no requiere título alguno.

En atención a los puntos de reclamo, con carácter previo corresponde realizar un análisis cronológico del proceso, para lo cual se tiene que la demanda de fs. 17 a 19 vta., fue presentada con cargo del auxiliar de plataforma el 17 de septiembre de 2015, la contestación con la demanda reconvencional de fs. 26 a 27 vta., fue presentada con cargo de auxiliar de plataforma el 30 de noviembre de 2015, conforme la normativa vigente del Código de Procedimiento Civil (Decreto Ley Nº 12760), normativa que se aplicó todavía hasta la culminación de la gestión 2016 para luego en febrero del 2017 en razón de la audiencia preliminar es cuando recién se tomó la Disposición Adicional Tercera del Código Procesal Civil (Ley Nº 439).

Por lo que la hoy recurrente nos trae reclamos de hechos fácticos correspondientes al rechazo de la demanda reconvencional con normativa del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) que en aquél momento aún no entró con vigencia plena, tomando en cuanto además que el proceso inició con el anterior Código de Procedimiento Civil.

Es así que la demanda reconvencional fue rechazada mediante Auto de 5 de julio de 2016.

Sin embargo, debe tomarse también en cuenta que la demandada hoy recurrente no optó por los recursos que le concedía la ley, puesto que debió apelar tal Auto si es que consideraba que el mismo le era gravoso a sus intereses, al no hacerlo convalidó y dejó pasar la oportunidad de hacerlo, precluyendo su derecho, puesto que todos los agravios hoy traídos en esta instancia procesal se hacen inviables porque atenta a la congruencia que debe existir en toda resolución tanto interna como externa, porque atañe a una situación de fondo que por causa de su rechazo ya no es parte del proceso, por lo que no puede ser considerada en casación, de ahí que todo reclamo tienen un momento procesal oportuno para hacerlo.

El parágrafo II del art. 180 de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, sin embargo, el ejercicio de ese derecho no debe concebirse como una potestad absoluta o ilimitada que faculte al litigante la posibilidad de impugnar cuanta resolución considere es gravosa a sus intereses o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación o en cualquier tiempo y forma, por el contrario ese derecho reconocido a nivel constitucional debe ser ejercido conforme a los requisitos condiciones y previsiones previamente normadas por la ley procesal.

Así de la doctrina y jurisprudencia establecida por este Tribunal debe tomarse en cuenta ciertos principios que rigen en materia procesal tales como: Principio de Convalidación. - Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión. - Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.”.

Por todo lo esgrimido y dado que los reclamos no son válidos para esta instancia, corresponde infundar el recurso.

De la respuesta al recurso de casación.

Se tiene que la mayoría de los puntos respondidos están acordes a infundar el recurso, cuyo criterio es análogo a esta resolución.

Por lo manifestado, corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 158 a 161, planteado por María Jenny Flores Hinojosa, contra el Auto de Vista de 7 de febrero de 2019, cursante de fs. 149 a 153, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos a favor de la parte demandante.

Se regula honorarios en favor del abogado que contestó el recurso, en la suma de Bs. 1.000.- (bolivianos un mil 00/100).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.