TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 802/2019

Fecha: 22 de agosto 2019                                                 

Expediente: CB-29-19-S                                                                                 

Partes: Simona Chávez Ponce c/Abrahan Chávez Ponce y otros.                                

Proceso: Mejor derecho, acción negatoria y reivindicación.                                                                                                       Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 191 a 194, interpuesto por Abrahan Chávez Ponce contra el Auto de Vista de 02 de julio de 2018, cursante de fs. 185 a 188, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso sobre mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación, seguido por Simona Chávez Ponce contra el recurrente y otros; la respuesta al recurso de casación de fs. 199 a 201; el Auto de Concesión de 18 de marzo de 2019 que cursa a fs. 202; el Auto Supremo de Admisión Nº 305/2019-RA de fs. 208 a 209; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, la Juez Publico Mixto Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Nº 1 de Arani perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 26 de octubre de 2016, cursante de fs. 114 a 118, por la que declaró: PROBADA en parte la demanda principal de fs. 11 a 12 de obrados; PROBADA la acción reivindicatoria e IMPROBADAS las acciones sobre mejor derecho propietario y acción negatoria; IMPROBADAS las excepciones de improcedencia, ilegalidad, falsedad y prescripción opuestas por los demandados.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Abrahan Chávez Ponce, mediante memorial de fs. 128 a 131 vta.; a cuyo efecto la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 02 de julio de 2018 de fs. 185 a 188, que CONFIRMÓ la Sentencia mencionada, arguyendo, entre otros, que en el caso de análisis la actora con toda la prueba aportada y producida en el proceso acreditó: 1) su derecho de propiedad debidamente publicitado a través de su registro en Derechos Reales, tornándolo oponible frente a terceros desde su inscripción, en contraposición al título que alegan tener los demandados; 2) que lo demandados se encuentran en posesión del bien inmueble, por lo que actualmente la actora se encuentra privada de su derecho de posesión física sobre el mismo; 3) que el bien inmueble quedó plenamente identificado en el proceso, por consiguiente, se acreditó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la reivindicación.

Esta resolución fue impugnada mediante recurso de casación de fs. 191 a 194, interpuesto por Abrahan Chávez Ponce; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Refirió que el inmueble objeto de controversia correspondía en propiedad a su padre Mauro Chávez Mercado, y a su fallecimiento se aperturó la sucesión hereditaria sobre dicho bien en favor de su persona y sus hermanos Juliana, Luciano y Valeriano Chávez Ponce, por lo que la actora no tiene un derecho exclusivo sobre la totalidad del inmueble, pues su derecho deviene de la inscripción de su declaratoria de herederos a la muerte de su referido padre y en el que además, se salvó los derechos sucesorios de sus hermanos.

2. Indicó que si bien fue identificado el predio en cuestión, el mismo se encuentra en lo proindiviso, por cuanto existen varios herederos y de ninguna manera un heredero puede ser propietario de todo el bien, sino simplemente de las acciones y derechos que le corresponden.

3. En base a lo expresado acusó que el Tribunal de alzada, aplicó indebidamente el art. 1453 del Código Civil a hechos que no corresponden al tenor del citado artículo, por cuanto el bien a reivindicarse es un bien sucesorio y la demandante en su condición de heredera, únicamente es propietaria de una acción del referido predio ya que todos los demandados (que son sus hermanos) tienen igual derecho sobre el bien sucesorio, por lo que la demandante no tiene un derecho exclusivo sobre la totalidad del bien inmueble; situación que importa la improponibilidad objetiva de la demanda de reivindicación por no haberse cumplido con los presupuestos para su procedencia.   

Con todos estos argumentos concluyó solicitando que este Tribunal case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal.

Respuesta al recurso de casación.

1. Señaló que en el recurso de casación del contrario se observa una orfandad de técnica recursiva, ya que no se menciona un solo supuesto de interpretación o errónea aplicación de la norma y ello porque no existe un fundamento factico y jurídico coherente que demuestre, cuál el agravio causando con la Sentencia de primera instancia o el Auto de Vista, por cuanto el recurrente se limita a realizar citas de disposiciones legales sin precisar de forma clara, precisa y concreta que parte de la resolución impugnada procede a atacar, refiriendo de manera genérica y escueta que la Sentencia y el Auto de Vista, es contradictoria, confusa y completamente ilegal, sin precisar donde se halla la contradicción, que norma ha conculcado o transgredido sus derechos para así considerarla ilegal.

En base a lo argumentado solicitó que este Tribunal de casación emita una resolución declarando improcedente e infundado el recurso de casación interpuesto por la parte contraria, y sea con costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Sobre la acción reivindicatoria.

Al respecto, el art. 1453 del Código Civil, instituye que: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta. II.- Si el demandado después de la citación por hecho propio cesa de poseer o detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño”.

El artículo de referencia establece que por esta acción el propietario que ha perdido la posesión puede reivindicarla de quien la posee o detenta, siendo el legitimado activo el propietario que cuente con derecho propietario debidamente registrado respecto al inmueble del cual pretende su reivindicación, asimismo, el propietario debe demostrar que un tercero se encuentre en posesión de su bien inmueble, sin contar con un derecho que respalde su posesión, pudiendo dirigirse esta acción contra un simple poseedor o detentador que no tiene ningún título.

Al respecto el AS Nº 414/2014 de 04 de agosto, razonó lo siguiente: “...La doctrina, relativa a los derechos reales, al igual que la jurisprudencia dictada por la ex Corte Suprema de Justicia con la cual se comparte criterio, expusieron sobre la procedencia de la acción reivindicatoria indicando que ésta nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, se hubiese tenido la posesión o no, por lo cual, en varios Autos Supremos se estableció que para la procedencia de dicha acción basta que el propietario demuestre su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y éste no demuestre título que justifique su posesión que sea oponible al propietario, en ese sentido se estableció: …que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor que no es propietario, incidimos en el tema recurriendo al Autor Puig Brutau citado por Néstor Jorge Musto que en su obra “Derechos Reales” señala reivindicación- “es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión”.(A.S. Nº 266/2013)…”. (el resaltado nos corresponde).

Con similar criterio el Auto Supremo Nº 44/2015 de 26 de enero, estableció que: “Es importante aclarar que en la acción de reivindicación se debe probar el derecho propietario y demostrar también que otras personas que no tienen la propiedad del bien, se encuentren en posesión del inmueble…

Finalmente el Auto Supremo Nº 786/2015-L, orientó respecto a los presupuestos necesarios para esta acción refiriendo lo que sigue: “La doctrina orienta que tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: 1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar, 2) Que esté privado o destituido de ésta 3) Que la cosa se halle plenamente identificada ; respecto a esta acción real, la uniforme jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este Tribunal Supremo expreso con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al “propietario que ha perdido la posesión de una cosa, y que el derecho propietario por su naturaleza conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo”. (El resaltado nos corresponde)

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la lectura del recurso de casación se puede colegir que como principal reclamo, el recurrente cuestiona la aplicación indebida del art. 1453 del CC, señalando que el Tribunal de alzada, no ha tomado en cuenta que el inmueble objeto de litis constituye un bien sucesorio que corresponde a todos los sujetos procesales de la presente causa (actora y demandados), por lo que la parte actora no tendría un derecho exclusivo sobre la totalidad del inmueble, pues su derecho deviene de la inscripción de su declaratoria de herederos a la muerte de su padre Mauro Chávez Mercado y en el que además, se salvó los derechos sucesorios de sus hermanos; situación que haría evidente el incumplimiento de los presupuestos para la procedencia de la reivindicación.

Al respeto, conforme se ha descrito en la doctrina aplicable expuesta en el punto III.1, la acción de reivindicación constituye una acción real de defensa del derecho a la propiedad, la cual de acuerdo a lo establecido por el art. 105.II del CC, en relación a lo dispuesto por el art. 1453 del mismo Código, corresponde al propietario que ha perdido la posesión de una cosa frente a la persona que tenga la posesión o detentación de la misma, sin tener ningún derecho o título que justifique tal posesión.

Nótese entonces, que entre los diversos requisitos que exige esta acción, se encuentra aquella en virtud de la cual, se deba demostrar que el demandado se encuentra en posesión de su bien, sin contar con un derecho que lo respalde, es decir, que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien frente al poseedor que no es propietario; de ahí que la jurisprudencia ordinaria en los diferentes fallos de este Tribunal de Casación haya establecido que entre los presupuestos para la procedencia de esta acción, deba probarse también que el demandado no tiene un derecho o un título que explique su posesión, pues de ser así otra seria la situación jurídica en debate; a saber el Auto Supremo Nº 44/2015 de 26 de enero, estableció lo siguiente: “…Es importante aclarar que en la acción de reivindicación se debe probar el derecho propietario y demostrar también que otras personas que no tienen la propiedad del bien, se encuentren en posesión del inmueble…” (el resaltado nos corresponde).

Si esto es así, la acción reivindicatoria no procede en contra de la o las personas que ostenten un título o un derecho que justifique su posesión, pues de serlo, se estaría incumpliendo uno de los requerimientos establecidos por el art. 1453 del CC, cual indica que quien se encuentre en posesión de la cosa no cuente con un título o derecho que justifique su posesión.

En ese marco, en el caso de autos, de la lectura de la demanda que cursa de fs. 11 a 12 vta., se tiene que la actora Simona Chávez Ponce, entre los argumentos de su acción, refiere ser propietaria de un inmueble de 130 m2, ubicado en la calle Bolívar de la zona Chinguiri, provincia Arani del departamento de Cochabamba; inmueble que indica fue adquirido a titulo hereditario de quien en vida fue su padre Mauro Chávez Mercado y que producto de una declaratoria de herederos se encuentra registrado en la oficina de Derecho Reales del referido distrito, bajo la Matricula N° 3.05.1.01.0002223.       

Empero, que al hallarse dicho inmueble a lado del predio de su hermano Abrahan Chávez Ponce (demandado), este de manera arbitraria habría ingresado en el mismo, sin que hasta la fecha le haya permitido ingresar en posesión, limitando el ejercicio de su derecho propietario; solicitando en tal mérito la declaratoria de mejor derecho, acción negatoria y reivindicación del mismo.

Por su parte el codemandado y recurrente Abrahan Chávez Ponce, en su memorial de contestación de fs. 19 a 21 vta., entre otros, argumentó que lo aseverado por la parte actora carece de asidero, debido a que el inmueble en cuestión constituye un bien sucesorio perteneciente a todos los hijos de Mauro Chávez Mercado, por lo que su persona y sus hermanos gozan de iguales derechos que la demandante y el hecho de que la misma, tenga registrado su derecho sucesorio no le da prelación para negar tales derechos ni para impetrar las acciones descritas.

Con similar argumento, los codemandados Luciano Chávez Ponce y Valeriano Chávez Ponce, responden a la acción descrita e interpusieron excepciones perentorias de improcedencia, ilegalidad, falsedad y prescripción, a través de los memoriales que cursan de fs. 29 a 31 vta., y 52 a 54 vta., sin que se advierta respuesta por parte de la codemandada Juliana Chávez Ponce.     

En ese contexto, fue emitida la Sentencia de 26 de octubre de 2016 de fs. 114 a 118, que en su parte dispositiva declaró probada en parte la demanda principal. Probada únicamente respecto a la acción reivindicatoria, donde la juez A quo, sostuvo que la actora acreditó mediante documentación expedida por la oficina de DDRR, que es la única que hubiera procedido a realizar todos los tramites respecto al fallecimiento de su padre (registro de su declaratoria de herederos) acreditando así su derecho propietario, y que además, existe un documento de fecha 11 de noviembre de 2008 (de fs. 23), debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas, en la cual Leonarda Ponce Vda. de Chavez (madre de las partes), otorgó en venta el inmueble en cuestión a favor de la actora; y considerando que en el proceso se ha demostrado que el inmueble se encuentra ocupado por el codemandado Abrahan Chávez Ponce, sin que este tenga título legítimo que lo justifique, corresponde dar curso a la solicitud de reivindicación. Determinación que se tiene fue confirmada por el Tribunal de apelación a través del Auto de Vista de 02 de julio de 2018 cursante de fs. 185 a 188 de obrados.

Todos estos antecedentes nos permitirán corroborar si lo aseverado por el recurrente resulta evidente o no, pues conforme se expuso en el recurso de casación el recurrente propugna una tesis en la cual sostiene que el inmueble objeto de litis constituye un bien sucesorio que pertenece a todos los sujetos procesales de esta causa, es decir, que tanto la demandante como los demandados serian copropietarios de dicho predio, situación que impediría la procedencia de la acción reivindicatoria, pues el actora únicamente seria propietaria de una acción de la misma, mas no de la totalidad del inmueble.

Ahora bien, revisado la documentación que sustenta la presente acción, se puede advertir que lo aseverado por el recurrente resulta evidente, pues basta remitirnos al asiento A-2 del Folio Real de fs. 2 a 3 de obrados, donde claramente  podemos constatar que el derecho de propiedad que alega tener la accionante, deviene de la sucesión hereditaria del que en vida fue Mauro Chávez Mercado, (padre de la actora y los demandados), situación que demuestra que la demandante únicamente inscribió, en registro público de la propiedad, la cuota parte que le correspondería del inmueble objeto de litis, más ello no constituye un registro que pueda otorgar la titularidad sobre la totalidad del inmueble pretendido, por lo que mal podría, a través este proceso, pretender reivindicar dicho predio de manos de quienes también constituyen herederos de Mauro Chávez Mercado, como es el caso del codemandado y recurrente Abrahan Chávez Ponce, quien conforme la declaratoria de herederos aparejada de fs. 125 a 127 y el folio real de fs. 176 a 177, constituye también sucesor del mencionado sujeto y titular del bien; lo que en consecuencia justifica la posesión que tiene sobre este inmueble y da cuenta del incumplimiento de uno de los presupuestos de la acción reivindicatoria, cual es, que el demandado se encuentre en posesión sin un derecho que lo justifique (conforme se ha expuesto supra).

En efecto, en el asiento A-2 del folio real de fs. 2 a 3, fue consignado que la inscripción realizada por la demandante deviene de una declaratoria de herederos realizada ante el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de Arani, donde además, se salvan los derechos de los demás sucesores lo que comprueba que la actora no cuenta con un derecho real exclusivo sobre el inmueble en cuestión, pues el mismo constituye un predio sucesorio que pertenece a todos los herederos de Mauro Chávez Mercado, y si bien la actora alega contar con el documento privado de fecha 11 de noviembre de 2008 (fs. 23 a 24), mediante el cual su madre de nombre Leonarda Ponce Vda. de Chávez, le transfiere dicho predio, ello no justifica ni sustenta las pretensiones deducidas en este proceso, pues el titulo presentado para respaldar la demanda (folio de fs. 2 a 3), no es este documento privado, sino la declaratoria de herederos que se encuentra registrada en DDRR, lo que significa que en el presente proceso, las pretensiones de la actora no se encuentran amparadas en el documento privado de fs. 23 a 24, en cuyo entendido si la actora pretende exigir el cumplimiento de dicho contrato, deberá acudir a la vía salvada por ley, mas no pretenda exigir su validez en la presente causa que tiene como origen otro documento.

Consiguientemente, lo asumido por las autoridades judiciales de instancia resulta errado, debido a que la actora no ha demostrado ser la única titular del inmueble que pretende ser reivindicado en razón a que los demandados son copropietarios de este predio por efectos de la sucesión aperturada a la muerte de su padre Mauro Chávez Mercado, lo que en consecuencia hace evidente la indebida aplicación del art. 1453 del CC, en relación al incumplimiento de los presupuestos que la acción reivindicatoria exige.  

Conviene en este punto señalar que si bien el derecho de propiedad permite al propietario reivindicar la cosa de manos de un tercero, a efectos de ejercitar todos los elementos que esta concierne; a saber el ius utendi, fuendi ete abutendi (art. 105 del CC), la definición dada normalmente se basa en un concepto donde el titular del derecho propietario es una sola persona, pero cuando en los hechos el derecho propietario pertenece a varias personas en acciones o derechos, la doctrina denomina a este hecho como condóminos, comunero o copropietarios; copropiedad que no implica la división del derecho propietario, sino que cada uno cuenta con la totalidad del derecho, conforme establecen los arts. 158 y 159 del Código Civil.

Teniendo en claro estos extremos, corresponde señalar que la jurisprudencia ordinaria, concretamente el Auto Supremo N° 268/2015 de 24 de abril, ha establecido la posibilidad de activar la “acción reivindicatoria ideal” entre comuneros, condóminos o copropietarios, bajo la óptica de que al existir un propietario ya sea en acciones y derechos dentro la universalidad del bien, este adquiere la legitimación activa, puesto que como se dijo supra, la acción reivindicatoria tiene por fin la protección del derecho propietario, de manera que el copropietario que se encuentre en posesión del total del bien adquiere la legitimación pasiva de este proceso.

Entonces, lo que el copropietario persigue con el ejercicio de esta acción es el reconocimiento de que le corresponde una cuota determinada en la cosa singular que individualiza en la demanda, mas no pide la entrega de una parte material determinada de la cosa, mucho menos de la totalidad de la cosa, sino únicamente el reconocimiento de su derecho de copropiedad; extremo que establece la diferenciación entre una reivindicación material y una reivindicación ideal; ya que, la acción reivindicatoria material se originará cuando no existen comuneros, copropietarios o condóminos y el sujeto pasivo es un tercero poseedor no propietario y en cuyo caso el Juez comúnmente dispone la devolución de la cosa al titular del derecho propietario.

Pero en una reivindicación ideal, es decir, la que se ejerce entre un co-propietario frente a otro co-propietario, puede declararse judicialmente solo el reconocimiento del derecho propietario del demandante en la proporción de sus cuotas y no así de la totalidad del bien ni el desapoderamiento del mismo, ya que, en la reivindicación ideal, solicitar el desapoderamiento del otro copropietario, seria pretender que el Juez de la causa proceda de manera incorrecta a una división de la cosa, extremo que no condice con este tipo de acción, desnaturalizando la esencia del mismo que es de protección del derecho real, así como tampoco se podría condenar al copropietario demandado a la entrega de la cosa, porque los otros copropietarios también son titulares del bien, ya que, lo contrario sería atentar a la universalidad de los derechos de los otros copropietarios que cuentan con el mismo derecho. 

En suma, se puede concluir que si en el presente caso, la actora pretendía reivindicar el inmueble objeto de litis, únicamente podía hacerlo en la cuota parte que le correspondía en la sucesión hereditaria, mas no podría solicitar la restitución de la totalidad del predio que tiene también como titulares a sus hermanos que constituyen copropietarios del mismo, y si su pretensión tiene como fin la ejecución de un posible desapoderamiento, la demandante previamente deberá solicitar una división y partición de dicho bien, en otra demanda, al no ser conexa con esta acción.

En lo que respecta a la respuesta al recurso de casación de fs. 199 a 201.

De la lectura y análisis del memorial de respuesta al recurso de casación, se puede colegir que a objeto de rebatir los fundamentos del recurrente, la actora señaló que en el recurso de casación se observa una orfandad de técnica recursiva, ya que no se menciona un solo supuesto de interpretación o errónea aplicación de la norma y ello porque no existe un fundamento factico y jurídico coherente que demuestre, cuál es el agravio causando por las resoluciones impugnadas, por cuanto el recurrente se limitaría a realizar citas de disposiciones legales sin precisar de forma clara y concreta que parte del Auto de Vista procede atacar.

Al respecto, corresponde tener presente que de acuerdo al nuevo orden constitucional que rige nuestro sistema jurídico, conforme a lo estipulado por el art. 180.II de la CPE, la jurisdicción ordinaria sustenta sus actuaciones bajo determinados principios entre los que se encuentra el principio de impugnación que garantiza a las partes recurrir las resoluciones que diriman sus conflictos, previsión que no se reducen a una simple declaración programática, sino que materializa la vocación constitucional y el sustento del cual debe emerger la tarea de administrar justicia; por lo que el proceder de los juzgadores debe ser coherente con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional.

Bajo este lineamiento se debe señalar que el reclamo formulado en casación, juega un papel gravitante a momento de la resolución de casación, pues esta abre materialmente la competencia de este máximo Tribunal, por lo que se debe tener prudencia en considerar su tratamiento, lo cual supone que este recurso debe ser examinado con el rigorismo que la ley exige, empero, ello siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales establecidos en la citada norma.

En ese contexto, cabe señalar que el recurso de casación de la parte demandada, ha cumplido con los parámetros de admisibilidad establecidos en los arts. 270 y siguientes del Código Procesal Civil, razón por la cual ha merecido la emisión del Auto Supremo de Admisión Nº 305/2019-RA de 03 de abril, en donde claramente se advierte que cumple con la técnica recursiva exigida para el efecto, situación que importa la improcedencia del argumento de defensa vertido por el demandante.

En consecuencia, corresponde resolver conforme señala el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.IV del citado adjetivo Civil, CASA el Auto de Vista de 02 de julio de 2018, cursante de fs. 185 a 188, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y en su lugar se declara IMPROBADA la demanda de fs. 11 a 12  vta., interpuesta por Simona Chávez Ponce. Con costas y costos.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.

PCQ.